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martes, 17 de noviembre de 2026

“DETENGAN a los ASESINOS: FCH ACUSA HOMICIDIO de DEMOCRACIA en MÉXICO y DESCALIFICAR al TESTIGO NO DESAPARECE el CADÁVER”… El informe sueco de V-DEM 2026 lo dijo antes.


El expresidente Felipe Calderón no necesita una aureola para que una denuncia suya merezca examinarse. No fue un dechado de virtudes en el gobierno ni hace falta tramitarle una absolución histórica al amo y señor de las masacres para reconocerle razón en un señalamiento concreto. Confundir la credibilidad del denunciante con la existencia de las pruebas es una coartada demasiado cómoda: permite discutir durante horas quién llamó a la policía mientras nadie revisa la escena del crimen.

Y aquí el expediente no se agota en la declaración del expresidente.

Durante la presentación en Madrid del libro Sebastián Piñera Echenique. En 50 voces globales, Calderón acusó que en México se consumó un “homicidio de la democracia”. Señaló la captura de las instituciones electorales y el sometimiento de la Suprema Corte al poder presidencial. Es su acusación política; corresponde contrastarla, no canonizarla. Pero tampoco desecharla con el recurso perezoso de gritar su apellido como si fuera una prueba de descargo.

Porque antes de ese alegato ya había un peritaje sobre la mesa.

El Informe V-Dem 2026, elaborado en la Universidad de Gotemburgo, clasifica a México como una autocracia electoral desde 2024.

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Además, identifica el viraje autocrático posterior a la elección de Andrés Manuel López Obrador y Morena en 2018, y señala que la reforma para elegir al Poder Judicial mediante elecciones generales politizó los tribunales. No es una sentencia penal ni emplea la expresión “homicidio de la democracia”; es un diagnóstico académico que da sustento al fondo de la denuncia.

La diferencia importa: Calderón pone la metáfora; el informe aporta elementos al expediente.

El arma no necesita echar humo

En este tipo de crimen político, el arma no tiene que ser una pistola. Puede adoptar la forma de una reforma, una mayoría legislativa o una transformación institucional que conserve los membretes mientras debilita los controles.

El propio V-Dem 2026 explica que la democracia liberal no consiste únicamente en celebrar elecciones: requiere contrapesos legislativos y judiciales, Estado de derecho y garantías efectivas para las libertades civiles.

Por eso resulta tan pobre la coartada de que “el pueblo votó”. Ganar una elección permite gobernar; no convierte cualquier concentración posterior de poder en una credencial democrática. Las urnas no son una lavadora constitucional donde se mete el abuso y sale legitimidad.

El informe ubica a México entre los diez procesos de autocratización de su categoría con mayor deterioro y registra una caída de 0.207 puntos en su Índice de Democracia Liberal respecto de 2019, el año de referencia del episodio. No describe simplemente una discusión áspera entre adversarios: documenta una regresión institucional.

Ahí está el cuerpo del delito, en sentido político: no en que el gobierno resulte antipático para sus opositores, sino en que disminuyan las barreras que deben impedirle disponer del Estado como propiedad particular.

Tampoco hace falta convertir a Calderón en paladín inmaculado. Sus críticos pueden mantener intacto el juicio sobre su gobierno y, al mismo tiempo, reconocer que esta advertencia tiene respaldo independiente. La congruencia no consiste en negarle siempre la razón al adversario; consiste en no cambiar las reglas de la evidencia según quién declare.

La discusión seria, entonces, no es si Calderón nos cae bien. Es qué hacemos con un diagnóstico que sitúa a México fuera de la categoría democrática y vincula su deterioro con la concentración del poder y la politización de los tribunales.

Podemos interrogar al testigo cuanto haga falta. Lo que no podemos es usar sus antecedentes como bolsa negra para esconder las pruebas.

Con información: ELNORTE/

«BAJÓ 8 LUGARES: a AMÉRICO le VA IR MEJOR el NARANJA del UNIFORME de PRISIÓN GRINGA que el GRIS de su DESEMPEÑO»… Tamaulipas ya no necesita un góber con el color de la pared.


De acuerdo con la publicación de México Elige correspondiente a octubre de 2026 (Ranking de Aprobación de los Ejecutivos Locales), el aun gobernador de morena en Tamaulipas, el expriista Américo Villarreal Anaya ,registró un descenso en la medición de aceptación ciudadana.

Ocho escalones menos y el gris en todo su esplendor

Américo Villarreal, que AVanza vertiginosamente para cambiar el uniforme guindo a un tono naranja carcelario en EE. UU., parece decidido a demostrar que también se puede hacer carrera política en reversa, porque la reversa también es cambio.

El gobernador morenista de Tamaulipas cayó del lugar 16 al 24 en el ranking de aprobación de México Elige correspondiente a octubre de 2026: ocho escalones abajo, con 40.4% de aprobación y una caída de 3.6 puntos porcentuales respecto de la medición anterior.

Al «mediocráta» de tiempo completo, el gris ya no le funciona como discreción: empieza a parecerle uniforme. Porque una cosa es gobernar sin estridencias y otra conseguir que el entusiasmo público tenga la intensidad de un foco fundido.

Su descenso admite una lectura incómoda: la imagen del mandatario perdió respaldo frente a la medición anterior.

¿Y qué les dice esta posición a sus gobernados?

Que el discurso oficial y la aprobación ciudadana no necesariamente viajan en el mismo vehículo. Mientras el poder puede presentarse con solemnidad, la tabla lo acomoda en el puesto 24 de 32: una ubicación bastante menos lucidora que cualquier templete.[

Ocho lugares menos no son una sentencia definitiva, pero tampoco una condecoración. Son material suficiente para que Américo deje de contemplar su propia parsimonia como virtud y se pregunte si, de tanto administrar el perfil bajo, terminó administrando también las expectativas a ras de suelo.

Porque Tamaulipas no necesita un gobernador moreno-nostalgico con un color que combine con las paredes. Necesita uno al que se le note el gobierno, no solamente el cargo.

Con información: MEXICO ELIGE/

«YA NADIE PELA los CADÁVERES: HALLAN TIRADOS 7 SUJETOS EMBOLSADOS en CARRETERA de TEPIC-MAZATLÁN: YA son CASI 53 MIL»… presumen tenian semanas de muertos.


Si creíamos que lo único que se queda atorado en la autopista Tepic-Mazatlán son los tráileres cuando hay bloqueos, la realidad del norte de Nayarit te tiene noticias (y no precisamente buenas). Ayer lunes 16 de noviembre, la Fiscalía estatal tuvo que salir a confirmar lo que ya era secreto a voces en redes sociales: alguien fue a dejar «siete encargos» envueltos en plástico negro en una brecha conocida como el Callejón de La Guásima, allá en Acaponeta.

Lo más surrealista del asunto no es solo el hallazgo en sí, sino el nivel de abandono y cinismo: los peritos calcularon que los siete hombres llevaban entre una y tres semanas fallecidos. Es decir, pasaron casi un mes ahí tirados, prácticamente haciendo antigüedad, antes de que una llamada al 911 alertara a las autoridades.

Por supuesto, la Fiscalía ya desempolvó su manual de hipótesis favoritas y sospecha que «probablemente los mataron en otro lado y solo los fueron a tirar ahí».

Una deducción digna de detectives sesudos, considerando que el kilómetro 111+600 de esa vía está pegadito a Escuinapa, Sinaloa, y que los propios vecinos ya bautizaron esa brecha como un «tiradero» recurrente de los últimos meses.

Mientras la Agencia de Investigación Criminal y Servicios Periciales hacen su chamba para averiguar quiénes son y qué pasó, la frontera entre Nayarit y Sinaloa sigue operando como zona de descarga libre.

Ubicación del hallazgo

El punto reportado se encuentra en el kilómetro 111+600 de la Autopista Tepic-Mazatlán (México 15D), en una brecha de terracería que conduce a la localidad de La Guásima, municipio de Acaponeta, Nayarit (muy cerca de la caseta de Acaponeta y a pocos kilómetros de los límites con Sinaloa)

Con información: LATINUS/ TRESEARCH/

«¿QUIERO que lo SEPAN de MI BOCA?: YAHLEEL ACUSA INTIMIDACIÓN de la FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN CORRUPTA que NO TOCA a la ESPOSA del GOBERNADOR»… AVA ha usado y abusado de la justicia, al estilo del CDV.


La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas,bajo el gobierno corrupto de Morena y Americo Villarreal, tiene ahora un señalamiento que no puede despachar con otro comunicado sobre su compromiso con la legalidad: Yahleel Abdala Carmona anunció que denunció a integrantes de esa institución por presunto abuso de autoridad y violencia política contra las mujeres en razón de género.

La exsecretaria de Bienestar Social bajo el gobierno de Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca (2016-2022) sostiene que le fabricaron una investigación para intimidarla y apartarla de la política.

El anuncio fue difundido desde sus redes ayer 16 de noviembre y coloca bajo cuestionamiento a la institución encabezada por Andrés Norberto García Repper Favila,una curricula con experticia electoral que llego al cargo por encargo del gobernador.

Aunque Abdala, por mesura, solo afirma que denunció a “miembros de la Fiscalía Anticorrupción”, sin identificar a los servidores públicos señalados ni precisar si denunció personalmente al titular, el antecedente apunta al exrepresentante de Morena en tareas jurídicas,ungido por el congreso por ordenes del mandatario.

“Me inventaron una carpeta”: una acusación que necesita expediente, no aplausómetro

“Hago este video para hablar claro y de frente”, comienza Abdala, antes de sostener que la investigación en su contra contiene una acusación falsa, sin pruebas y relacionada con acontecimientos que, asegura, estaban fuera de sus facultades, responsabilidades o atribuciones. Atribuye a esas actuaciones un propósito concreto: “sacarme del camino”.

Y es que el gobierno de Américo Villarreal y Morena tenían un problema: como ya se sabe, Yahleel Abdala buscaba participar como candidata a la alcaldía de Nuevo Laredo en la próxima elección de 2027. La maquinaria de Morena sabe que es una adversaria digna de tomarse en cuenta, si consideramos el resultado de la elección de 2024, en la que perdió por un margen estrecho.

«En la elección municipal de Nuevo Laredo de 2024, Carmen Lilia Canturosas obtuvo 94,584 votos frente a los 89,907 de Yahleel Abdala. Fueron 4,677 votos de diferencia. «…El Mañana de Nuevo Laredo.

De acuerdo con el señalamiento de YAC, una jueza de control tuvo que frenar a los fiscales durante una audiencia y advertirles que no estaban actuando con objetividad,un pasaje del que se puede conseguir el registro audiovisual para identificar la audiencia y revisar las palabras exactas de la juzgadora.

La diferencia importa

El artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales exige investigar tanto los elementos de cargo como los de descargo. El Ministerio Público no cumple su función reuniendo únicamente lo que perjudica a una persona y escondiendo debajo del escritorio lo que podría favorecerla.

La Fiscalía no tiene licencia para inventar culpables y la defensa no obtiene una absolución por denunciar a sus acusadores.

El contraste incómodo: cuando el expediente toca a la familia del gobernador

El cuestionamiento sobre la actuación de Garcia Repper en Anticorrupción adquiere otra dimensión frente al antecedente publicado el 23 de octubre: una denuncia presentada por el empresario Israel Alejandro Valdéz Sánchez el 7 de septiembre de 2026 y que señala a María de la Luz Santiago Diez de Bonilla, esposa del gobernador Américo Villarreal; a su hijo Américo Villarreal Santiago y a otros personajes, por hechos que el denunciante considera constitutivos de extorsión agravada, intimidación, amenazas y uso ilícito de atribuciones.

El mismo empresario ha acudido al amparo federal al mismo tiempo que cuestiona la falta de diligencia de la Fiscalía frente a su denuncia.

El antecedente permite formular una exigencia perfectamente legítima: que García Repper explique, por las vías y ante las personas legalmente procedentes, si la institución aplica el mismo estándar de diligencia cuando los señalamientos alcanzan a antiguos funcionarios y cuando llegan a la familia del gobernador acusada de extorsion.

Porque una fiscalía autónoma no acredita independencia por el volumen con que habla de los de ayer, sino por la seriedad con que investiga también a los de hoy por las mismas conductas de ayer.

El parentesco no demuestra culpabilidad. Tampoco debería funcionar como suspensión de actividades del Ministerio Público.

La denuncia de Yahleel sí tiene cauce; su éxito no viene incluido

Abdala asegura que acudió a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y a la Fiscalía de Delitos Electorales por abuso de autoridad y violencia política en razón de género. Describe acoso, intimidación, difamación, invención de hechos, persecución y represión.

En el frente de abuso de autoridad, su planteamiento puede tener viabilidad si logra traducir las acusaciones generales en actuaciones concretas que encuadren en alguna conducta prevista por el Código Penal de Tamaulipas. Este contempla, entre otros supuestos, violencia sin causa legítima, vejaciones o insultos cometidos por servidores públicos con motivo de sus funciones, así como determinadas negativas o retrasos indebidos de protección o servicios. No todo acto ministerial que una investigada considere injusto constituye automáticamente ese delito.

Para sostener esa vertiente habría que establecer quién hizo qué, cuándo lo hizo, con qué atribuciones actuó y qué datos permiten considerar ilícita su conducta. Una investigación deficiente, una interpretación jurídica equivocada y una fabricación deliberada no son lo mismo.

Violencia política de género

La segunda vertiente enfrenta una exigencia adicional. La legislación define la violencia política contra las mujeres en razón de género a partir de acciones u omisiones que menoscaban derechos políticos y electorales y que contienen elementos de género: que se dirijan contra una mujer por ser mujer, la afecten desproporcionadamente o produzcan un impacto diferenciado. El artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece las conductas penalmente sancionables.

Esto significa que demostrar hostilidad política no basta, por sí solo, para demostrar violencia política en razón de género.

Si Abdala acredita amenazas, intimidación u otros actos dirigidos a impedir el ejercicio de sus derechos políticos, y además demuestra el componente de género y su encuadre en una conducta penal concreta, la denuncia puede adquirir consistencia. Si únicamente acredita una confrontación partidista o irregularidades ministeriales sin ese componente, la clasificación de género podría no sostenerse, aunque los hechos todavía pudieran examinarse desde otras responsabilidades.

La comparación con la denuncia y la inaccion contra la esposa del gobernador justifica el escrutinio de una posible aplicación selectiva de la justicia.

Abdala cierra su mensaje con una advertencia política —“no me escondo, no me callo y no me rindo”— y responsabiliza anticipadamente a quienes acusa si los ataques aumentan.

Si Anticorrupción tiene pruebas contra Yahleel, debe sostenerlas ante un juez sin encono partidista,la especialidad de la «caza». Si sus funcionarios abusaron del cargo, deben responder por ello. Y si existen denuncias contra la familia del gobernador, deben recibir el tratamiento legal que corresponda, sin linchamiento, pero también sin servicio de guardarropa para expedientes incómodos de la parentela en el poder que gobierna sin haber sido votados en las urnas.

La justicia no puede presumir dientes frente a la oposición y pedir anestesia cuando el expediente se acerca a Palacio. Esa selectividad hay que demostrarla; exigir que se esclarezca no requiere permiso del fiscal.

¿Por qué fiscalía corrupta?

Una fiscalía puede incurrir en corrupción no solo por fabricar acusaciones o cobrar sobornos, sino también por proteger deliberadamente a determinadas personas mediante el uso —o el abandono calculado— de sus atribuciones.

Si Garcia Repper evita investigar a familiares del gobernador precisamente por su parentesco, deja de administrar una función pública con imparcialidad y la convierte en una ventaja privada: protección frente al escrutinio penal. La obligación ministerial es investigar los hechos con objetividad y diligencia, no seleccionar a los investigables según su cercanía con el poder al que se arrastra a sus ordenes.

Con información: @YahleelAbdalaC/

«REPUNTA el SECUESTRO: le CRECEN las CIFRAS a HARFUCH y CRIMINALES YA lo USAN de ARMA de GUERRA»…ahora tambien es ajuste de cuentas.


El secuestro no necesita anunciar su regreso: nunca se fue. Lo que cambió fue el uso que le da el crimen organizado. Además de cobrar rescates, ahora sirve para disputar carreteras, controlar rutas fronterizas, presionar autoridades y ajustar cuentas. En ese escenario, las víctimas de secuestro del fuero federal aumentaron 31 por ciento entre enero y septiembre de 2026: pasaron de 70 a 92 personas, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la República (FGR).

El repunte ocurre mientras las organizaciones criminales se disputan territorios y actividades económicas, y extienden las privaciones de la libertad a migrantes, trabajadores, familias y hasta presidentes municipales. Para los grupos delictivos, las personas también pueden convertirse en instrumento de presión.

Los casos investigados por la Federación son aquellos que, por sus características, quedaron bajo competencia de la FGR, entre ellos los vinculados con la delincuencia organizada. No representan todo el universo del secuestro: otros plagios fueron investigados por las fiscalías estatales. Son registros distintos, no piezas que puedan amontonarse sin revisar qué cuenta cada una.

Entre las víctimas figuran grupos de migrantes interceptados durante su tránsito hacia Estados Unidos, trabajadores sacados de sus instalaciones y autoridades municipales o civiles que viajaban por carretera. En distintos casos, los responsables fueron hombres armados con equipo de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Sinaloa y Puebla encabezaron los focos rojos del secuestro federal: acumularon 15 y 14 víctimas, respectivamente, entre enero y septiembre de 2026. Juntas concentraron 29 de las 92 personas registradas por la FGR, equivalentes al 31.5 por ciento del total nacional de ese registro.

En Sinaloa, la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, facciones del Cártel de Sinaloa, coincidió con una ola de personas levantadas o plagiadas con violencia. En Puebla, las autoridades investigaron redes criminales relacionadas con secuestros y otras actividades ilícitas en corredores carreteros.

En Chihuahua, los secuestros de migrantes exhibieron el control que las redes criminales buscaron ejercer sobre las rutas fronterizas. En Guerrero, las investigaciones por plagios alcanzaron a estructuras de La Familia Michoacana.

El delito tuvo distintas caras, pero una utilidad persistente para sus perpetradores: obtener dinero, presionar a las víctimas o imponer condiciones en territorios donde se disputan actividades ilícitas, de acuerdo con fuentes federales.

Alcaldes: el cargo tampoco sirve de blindaje

La violencia alcanzó incluso a los presidentes municipales. Ni el cargo público los dejó fuera de la lista.

El pasado 7 de noviembre, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, fue privado de la libertad cuando viajaba por una carretera de Zacatecas, cerca de los límites con San Luis Potosí.

Hombres armados interceptaron su vehículo y se llevaron al funcionario. Sus acompañantes quedaron abandonados.

La desaparición movilizó a corporaciones de seguridad de distintas entidades y a fuerzas federales, que desplegaron labores de búsqueda en la región. El presidente municipal fue localizado con vida al día siguiente. Las autoridades iniciaron investigaciones para identificar a sus captores y establecer el motivo de la privación de la libertad.

Meses antes, en abril, el alcalde de Taxco, Guerrero, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, Juan Vega Arredondo, también fueron privados de la libertad.

Ambos fueron localizados con vida después de una operación de búsqueda en la que participaron autoridades federales y estatales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló entonces a La Familia Michoacana como una de las principales líneas de investigación sobre los responsables.

El caso adquirió otra dimensión cuando las pesquisas alcanzaron a funcionarios del propio Ayuntamiento de Taxco, señalados por su presunta participación en actividades delictivas. La investigación ya no miraba únicamente hacia los captores: también alcanzaba al gobierno municipal.

Trabajadores: salir a ganarse la vida y no volver

El secuestro también golpeó a quienes estaban trabajando.

En enero de 2026, hombres armados privaron de la libertad a 10 empleados de la minera canadiense Vizsla Silver en Concordia, Sinaloa, una región disputada por Los Chapitos y La Mayiza.

Para marzo, las autoridades habían identificado los cuerpos de siete de las víctimas, mientras continuaba la búsqueda de las restantes.

La empresa suspendió temporalmente sus operaciones en Concordia. Las familias, mientras tanto, exigieron resultados de las investigaciones y la localización de sus seres queridos.

Culiacán: la concentración del horror

Alto al Secuestro colocó a Sinaloa como el principal foco rojo del país, particularmente a su capital.

Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, la organización documentó 893 eventos en Culiacán. La concentración superó ampliamente la de cualquier otro municipio y representó más de una cuarta parte de todos los secuestros identificados por el organismo durante esos dos años.

Mazatlán apareció con 69 eventos y Navolato con 25. Los tres municipios reunieron 987 de los mil 39 secuestros documentados en Sinaloa.

La concentración coincidió con la disputa interna del Cártel de Sinaloa, que se extendió desde Culiacán hacia otras regiones del estado, particularmente los corredores carreteros y las zonas de influencia de las facciones enfrentadas.

En esa confrontación, el control territorial, las rutas de traslado y las redes de apoyo de cada organización adquirieron importancia. No sólo se peleaba el terreno: también quién podía moverse, por dónde y con ayuda de quién.

En ese contexto, la privación de la libertad pudo utilizarse para obtener información, intimidar adversarios o presionar a personas relacionadas, real o supuestamente, con grupos rivales, consideran las fuentes. La sospecha de un vínculo también podía colocar a una persona en riesgo.

Chihuahua: migrantes atrapados en la disputa fronteriza

Después de Sinaloa, Chihuahua se convirtió en otro de los principales focos rojos.

Alto al Secuestro documentó 266 plagios en la entidad entre octubre de 2024 y septiembre de 2026. De ellos, 203 se concentraron en Ciudad Juárez, donde las redes criminales también aprovecharon las rutas migratorias hacia Estados Unidos.

Tan sólo en septiembre, la organización identificó a 27 migrantes secuestrados en tres episodios ocurridos en Chihuahua.

El tránsito hacia la frontera quedó atravesado por otro peligro: las organizaciones que buscaron controlar las rutas también encontraron en quienes las recorrían personas a las que podían retener.

Veracruz: carreteras, actividad económica y grupos en disputa

Fuera de Sinaloa y Chihuahua, las privaciones de la libertad se distribuyeron entre ciudades industriales, regiones petroleras, zonas metropolitanas y corredores utilizados por organizaciones criminales.

Veracruz acumuló 238 eventos de secuestro entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, de acuerdo con Alto al Secuestro.

Poza Rica encabezó la concentración municipal con 47 casos. El puerto de Veracruz registró 15; Minatitlán y Tuxpan contabilizaron ocho cada uno.

Estos municipios se ubicaron en regiones con actividades económicas y rutas carreteras relevantes para el movimiento de mercancías y personas.

En distintas zonas de la entidad, las autoridades identificaron estructuras vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y células delictivas locales, involucradas en disputas por actividades ilícitas y espacios de control territorial.

La extorsión, las amenazas y las privaciones de la libertad formaron parte de los delitos investigados en esas regiones.

Pero el mapa criminal no sustituye una investigación: la presencia de esas organizaciones no permitió establecer automáticamente quién cometió cada secuestro documentado.

Estado de México, Guanajuato y Sonora: distintos mapas, el mismo delito

En el Estado de México, Alto al Secuestro registró 155 eventos durante el mismo periodo. Cuautitlán Izcalli acumuló 14; Ecatepec y Toluca, 11 cada uno, y Tecámac, ocho.

A diferencia de Sinaloa, donde destacó la concentración en Culiacán, los casos mexiquenses aparecieron repartidos entre municipios metropolitanos y zonas conectadas con corredores carreteros.

En distintas regiones del estado, las investigaciones identificaron células vinculadas con La Familia Michoacana y otras organizaciones dedicadas a la extorsión, el secuestro y diversos delitos.

En Guanajuato, Salamanca destacó con 48 secuestros documentados durante los primeros dos años de la administración federal.

El municipio, sede de infraestructura petrolera e industrial, formó parte de una región marcada por la confrontación entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el CJNG. La disputa por actividades criminales se extendió durante años a municipios del corredor industrial.

Sonora también figuró entre las entidades con una presencia relevante del delito. Alto al Secuestro documentó 141 eventos: 42 correspondieron a Cajeme, 37 a Hermosillo y 27 a Nogales.

El rescate ya no explica todo

El secuestro extorsivo, asociado tradicionalmente con exigir dinero a cambio de liberar a una persona, permaneció como una de las modalidades más frecuentes.

Pero los registros de 2026 también mostraron secuestros exprés, retenciones de rehenes y privaciones de la libertad con la finalidad de causar daño. La exigencia de un rescate no agotó las motivaciones del delito.

En septiembre, las fiscalías estatales contabilizaron 56 víctimas:

  • 36 fueron clasificadas como víctimas de secuestro extorsivo.
  • 15 correspondieron a secuestro exprés.
  • Cuatro fueron registradas como víctimas de secuestro para causar daño.
  • Una correspondió a secuestro con calidad de rehén.

Septiembre: el mes que torció la tendencia

Los registros de las fiscalías estatales también encendieron alertas durante 2026, aunque su comportamiento no fue idéntico al de las cifras federales.

Entre enero y septiembre se contabilizaron 427 víctimas del fuero común, frente a 555 del mismo periodo de 2025: una reducción de 23 por ciento.

Septiembre, sin embargo, rompió la dirección del acumulado. Las víctimas pasaron de 44 en agosto a 56 en septiembre, un incremento de 27 por ciento.

Una baja en nueve meses y un repunte mensual pueden coexistir. Lo que no corresponde es convertirlos en la misma historia, ni asumir que el aumento federal se reprodujo de manera idéntica en los registros estatales.

El monitoreo de Alto al Secuestro también detectó un incremento durante septiembre. La organización identificó 180 víctimas, frente a 120 en agosto: un crecimiento de 50 por ciento.

De esas 180 personas, 34 fueron migrantes y 28 estuvieron involucradas en secuestros colectivos. Ambas categorías podían coincidir: una persona migrante también podía haber sido secuestrada junto con otras.

El organismo señaló, además, que 109 víctimas fueron identificadas mediante reportes periodísticos y no aparecieron en el subconjunto de registros oficiales utilizado para su comparación mensual.

La diferencia refleja las dificultades para medir un delito atravesado por denuncias tardías, investigaciones con distintas clasificaciones y hechos conocidos inicialmente por familiares o medios de comunicación.

En términos generales, el secuestro había mantenido una trayectoria descendente respecto de los niveles registrados años atrás. En 2019, las fiscalías estatales contabilizaron mil 629 víctimas; durante todo 2025 registraron 725.

La reducción histórica mostró una pérdida de peso del delito en las estadísticas oficiales. Pero esa trayectoria no impidió que, entre enero y septiembre de 2026, las víctimas de los casos investigados por la Federación aumentaran 31 por ciento.

Del laboratorio al secuestro: células que cambian de negocio

Para Eduardo Vázquez Rossainz, especialista en inteligencia y seguridad nacional, la fragmentación de organizaciones criminales por operativos federales y las disputas entre cárteles provocaron que células antes dedicadas al narcotráfico y al sicariato diversificaran sus actividades hacia el secuestro y la desaparición de personas.

La destrucción de laboratorios de drogas, la captura de dirigentes y la desarticulación de estructuras delictivas dejaron grupos dispersos que encontraron en el secuestro una nueva fuente de ingresos y un instrumento para enfrentar a organizaciones rivales, explica.

Golpear una estructura, bajo ese diagnóstico, no necesariamente termina con las actividades de quienes la integraban: algunos cambian de delito.

Esta transformación representa, sostiene, uno de los principales riesgos para la seguridad nacional durante 2027, particularmente en regiones donde la confrontación criminal debilitó la presencia de las autoridades.

“Cuando opera el Gobierno federal y neutraliza organizaciones, se atomizan, pero diversifican su actividad delictiva”, señala.

Vázquez Rossainz explica que el fenómeno ocurrió con células que anteriormente participaron en la producción de metanfetaminas y que, tras la intervención de las fuerzas federales, buscaron otras actividades criminales.

“Aquellos que estaban involucrados en la producción de metanfetaminas en los laboratorios, cuando se desarticulan los laboratorios y se desarticula la banda, hay casos donde las células que quedan dispersas (…) se diversifican”, expone.

Una situación semejante ocurrió, añade, con grupos de sicarios que perdieron a sus dirigentes o fueron desarticulados parcialmente y encontraron nuevas oportunidades en delitos como el secuestro.

El especialista vincula también el fenómeno con la confrontación entre organizaciones de alto impacto, que utilizan la privación de la libertad como mecanismo de presión contra adversarios y autoridades.

“El País vive desde hace al menos tres años en una situación crítica de confrontación de grupos delictivos de alto impacto que están utilizando el secuestro, la desaparición o la privación ilegal de la libertad como un método delictivo bastante socorrido por estas organizaciones”, afirma.

De acuerdo con su diagnóstico, parte de las víctimas fueron policías municipales, estatales y ministeriales privados de la libertad en medio de las disputas criminales.

La diversificación delictiva también se manifestó, aclara, en la reactivación de pequeñas células locales que retomaron el secuestro después de años de reducción de esta actividad.

Unidades debilitadas y policías del otro lado

Vázquez Rossainz identifica otro factor en el resurgimiento del delito: el debilitamiento de las unidades antisecuestro de los gobiernos estatales y la pérdida de capacidades federales especializadas.

A ello añade la participación de policías y expolicías en organizaciones dedicadas a la privación ilegal de la libertad. El problema, según su diagnóstico, no sólo estuvo en las capacidades que se perdieron, sino en los agentes que terminaron involucrados.

El especialista menciona casos de debilidad institucional en Puebla y señala que la participación de antiguos integrantes de corporaciones de seguridad también apareció en las dinámicas criminales de Sinaloa, Michoacán y Guerrero.

“El común denominador son expolicías involucrados o policías en activo involucrados con esto”, afirma.

Incluso advierte que algunos participantes fueron agentes ministeriales o de investigación que anteriormente habían formado parte de unidades especializadas en combatir el secuestro.

El secuestro como arma de guerra

David Ordaz, experto en prevención del delito, advierte que el secuestro en México cambió de modalidad y se convirtió en una herramienta de las organizaciones criminales para disputar territorios, someter comunidades, castigar adversarios y obtener recursos.

Desde su perspectiva, el incremento de víctimas en determinadas regiones responde principalmente a las confrontaciones entre grupos delictivos, más que al resurgimiento de las bandas tradicionales que exigían rescates millonarios.

El fenómeno adquirió características distintas a las observadas en los años noventa y a principios de los dos mil, cuando las organizaciones de secuestradores buscaban principalmente beneficios económicos mediante el cautiverio de empresarios y ciudadanos.

“Hablar de que el secuestro regresó, desde mi punto de vista, es una premisa inexacta. El fenómeno nunca desapareció, sino que de alguna manera mutó en su dinámica y se concentró en focos muy específicos”, señala.

Ordaz considera que la concentración de casos en Sinaloa, Chihuahua y Baja California refleja el uso de la privación de la libertad como mecanismo de presión en las disputas por corredores estratégicos del narcotráfico.

Menciona, en particular, la confrontación entre facciones criminales en Sinaloa y las disputas en ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez, donde las organizaciones recurrieron a esta práctica para imponer condiciones a sus adversarios.

“Cuando estalla una confrontación entre facciones criminales, como en el caso de Sinaloa, o de Ciudad Juárez o Tijuana, donde podemos ver que se han intensificado disputas en corredores fronterizos, el secuestro se dispara más como un arma de guerra, como terror y control territorial”, explica.

La transformación permitió utilizar el secuestro para levantar a integrantes de organizaciones rivales, reclutar personas por la fuerza y castigar a comunidades consideradas contrarias a los intereses de los grupos criminales, señala.

Bajo esa lógica, el cautiverio no sólo busca dinero: también busca obediencia.

Ordaz considera que esta dinámica podría contribuir a explicar el incremento de víctimas de secuestro en el ámbito federal durante los primeros nueve meses de 2026, por la participación de estructuras criminales de mayor complejidad.

La explicación, sin embargo, no dispensa de revisar los registros. El especialista aclara que las variaciones estadísticas deben examinarse a partir de las diferencias entre las cifras federales y estatales, así como de las metodologías utilizadas para contabilizar los delitos.

Extorsión para el ingreso constante; secuestro para la urgencia

Otro factor, señala Ordaz, fue la transformación de las economías criminales.

Diversas organizaciones ampliaron sus actividades hacia la extorsión y el cobro de piso, delitos que les permitieron obtener ingresos constantes con menores riesgos operativos que mantener personas cautivas.

Eso no eliminó el secuestro de su repertorio. El especialista reconoce que las detenciones de integrantes relevantes de organizaciones delictivas realizadas por el Gobierno federal afectaron su funcionamiento y provocaron desajustes en sus estructuras de mando.

“Cuando los operativos de seguridad que lleva a cabo el Gobierno federal golpean las finanzas o se desatan o provocan pugnas internas, es posible que se recurra nuevamente a la privación ilegal de la libertad para obtener liquidez inmediata o someter territorios”, expone.

En ese diagnóstico, el secuestro no es únicamente un negocio que cobra por liberar: también es una herramienta para financiarse con urgencia, imponer condiciones y disputar el control. El dinero sigue en la ecuación, pero ya no la explica completa.

Con informacion: REFORMA/