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martes, 17 de noviembre de 2026

«ESO es COMPLICIDAD: la GUARDIA NACIONAL DESTITUYE en VEZ de METER al BOTE a 17 de sus ELEMENTOS»… que falsearon documentos.


En un despliegue de magnanimidad institucional que raya en la complicidad, la Guardia Nacional ha decidido que falsificar documentos oficiales para portar un uniforme, un arma y ejercer la fuerza del Estado no es una afrenta al pacto social, sino una mera travesura burocrática. Destituir a 17 elementos por presentar certificados de estudios apócrifos y enviarlos a casa sin siquiera asomarlos por la barandilla del Ministerio Público es, en términos llanos, extenderles una carta de impunidad con sello oficial.

Desde la más elemental técnica jurídica —esa que parece haber sido archivada junto con los expedientes de estos exagentes—, la conducta desplegada encuadra con precisión quirúrgica en el tipo penal de falsificación de documentos y uso de documento falso, previsto y sancionado en los artículos 243, 244 y 246 del Código Penal Federal.

No estamos ante una omisión culposa ni un error de captura en recursos humanos; existe un dolo directo, manifiesto y consumado al momento en que el sujeto activo presenta un instrumento público o privado alterado a sabiendas de su falsedad para obtener un lucro indebido: en este caso, una plaza, un salario erogado del erario y la investidura de autoridad.

Reducir un delito perseguible de oficio a un simple procedimiento administrativo de separación del cargo —bajo el amparo de la Ley de la Guardia Nacional o la Ley General de Responsabilidades Administrativas— constituye una aberración dogmática.

El derecho administrativo sancionador y el derecho penal operan en esferas autónomas; la destitución no purga el ilícito penal ni extingue la acción persecutoria del Estado. Al omitir la vista obligatoria a la Fiscalía General de la República, los mandos administrativos no solo incumplen con el deber legal de denunciar hechos probablemente constitutivos de delito (como mandata el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales), sino que se colocan peligrosamente cerca del encubrimiento y el ejercicio ilícito del servicio público.

La lógica es elemental y la criminología la confirma a diario: conducta ilícita que no se persigue, se institucionaliza. Cuando el aparato estatal renuncia al ejercicio del ius puniendi frente a quienes pretendieron infiltrar sus filas mediante el engaño, envía un mensaje inequívoco al resto de la tropa y a los aspirantes: el costo máximo de defraudar a la Federación es perder el empleo, sin antecedentes penales, sin prisión y sin reparación del daño por los sueldos devengados ilícitamente.

Llamar «sanción» a un despido por falsificación documental es un insulto a la inteligencia jurídica. No hubo castigo; hubo un finiquito silencioso. Y en un país donde la legalidad pende de un hilo, solapar el delito desde adentro con el pretexto de la depuración administrativa es, sencillamente, pavimentar el camino para que el próximo falsificador lo intente con mayor descaro.

Con información: EL FINANCIERO/

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