La intervención de Claudia Sheinbaum contra el dirigente nacional el PRI, Alejandro “Alito” Moreno no es una argumentación: es una ceremonia de linchamiento verbal con estampitas de Juárez, Hidalgo y Morelos. En vez de responder si existen denuncias atendibles, pruebas o responsabilidades institucionales, la presidenta escoge la ruta más rentable de la plaza pública: convertir a su adversario en un extranjero moral, un apátrida de utilería y, de paso, en heredero directo de Santa Anna, Maximiliano, Huerta y quizá de algún villano pendiente en la próxima mañanera.
El contexto importa: Sheinbaum cuestionó que Moreno recurriera a autoridades estadounidenses para solicitar el retiro de visas de actores mexicanos y sostuvo que los partidos deben convencer a los ciudadanos dentro del país, no buscar respaldo externo. Pero una cosa es defender que las disputas políticas y judiciales se resuelvan con instituciones mexicanas; otra, muy distinta, es transformar esa postura en un arrebato nacionalista de alta temperatura y precisión argumentativa de cartón.
El argumento que se deshace
“Es el pueblo quien define. El apoyo, el reconocimiento. No es una visa.”
Correcto, presidenta: una visa no sustituye votos, legitimidad ni Estado de derecho. El problema es que tampoco una consigna sobre “el pueblo” sustituye investigaciones independientes, expedientes públicos, jueces imparciales y resultados verificables.
“La gente decide” es una frase democrática hasta que se usa como ambientador para tapar cualquier pregunta incómoda. El pueblo elige gobiernos; no absuelve funcionarios por aclamación ni vuelve ficticias las denuncias sólo porque fueron expuestas ante una autoridad extranjera. La soberanía no es una estampilla que se pega sobre el expediente para que deje de oler a problema.
“Ahí tienen al presidente del PRI, yendo a Estados Unidos, es vergonzoso, a pedir que le quiten visa a los mexicanos.”
Hay una discusión válida: pedir sanciones migratorias extranjeras contra mexicanos plantea problemas políticos, jurídicos y de proporcionalidad. Pero el discurso presidencial no desarrolla esa discusión; la abandona en la banqueta y corre a buscar la palabra “vergonzoso”.
¿Es una práctica cuestionable? Sí. ¿Eso vuelve automáticamente falso el contenido de una denuncia? No. ¿Impide que el gobierno responda con datos? Tampoco. Un presidente de partido puede ser oportunista, impopular o incluso impresentable, sin que eso releve a la Presidencia de contestar el fondo cuando hay acusaciones de por medio.
El atajo psicológico
“¿Qué político mexicano va a agacharse, a arrodillarse frente a Estados Unidos?”
Aquí aparece el reflejo más elemental del discurso de poder:sustituir la idea por la postura corporal. Ya no se discute qué se denunció, ante quién, con qué pruebas ni bajo qué procedimiento. Se discute quién está “de pie”, quién se “agacha” y quién merece entrar al salón de los patriotas.
Ese lenguaje revela una respuesta emocional, no una respuesta institucional. No permite diagnosticar clínicamente a nadie —y sería irresponsable convertir una arenga en diagnóstico neurobiológico—, pero sí se puede analizar la retórica: hay irritación, desprecio, antagonismo y una necesidad visible de jerarquizar moralmente al adversario. Es decir, una inteligencia emocional pública con calificación de recuperación: el enojo manda, el argumento llega tarde y la mesura se queda esperando turno.
La emoción no es el problema. Una presidenta puede indignarse. El problema es gobernar desde la indignación como si fuera evidencia. Cuando el poder se siente agraviado, pero responde reduciendo al crítico a un ser arrodillado, deja de hablar como Estado y empieza a hablar como facción.
Historia como garrote
“Son herederos de Santana, son herederos de Maximiliano… nosotros somos herederos de Juárez… de Madero…”
En la escuela del oficialismo, cualquier desacuerdo contemporáneo se resuelve con un viaje exprés al siglo XIX: el crítico entra como opositor y sale convertido en agente del imperio. La historia deja de ser una herramienta para comprender procesos y se vuelve un catálogo de insultos con próceres incluidos.
El recurso es tan grandilocuente como pobre. Pedir o presentar denuncias en Estados Unidos no equivale, por definición, a invitar a un monarca extranjero a gobernar México. Comparar una estrategia política de presión internacional con la intervención francesa es una hipérbole diseñada para incendiar identidades, no para iluminar hechos.
Y hay una ironía inevitable: México mantiene una relación estructural, comercial, migratoria, de seguridad y diplomática con Estados Unidos. La frontera no se administra recitando a Juárez; se administra con negociación, tratados, cooperación, tensiones y, sí, también con una diplomacia que obliga a tratar con Washington aunque a la épica mañanera le arruine el encuadre.
La soberanía de utilería
“No somos herederos de los que se arrodillan frente a los poderosos.”
La frase habría sido más sólida si no viniera de un gobierno cuya relación cotidiana con Estados Unidos exige diálogo constante sobre comercio, migración, seguridad, fentanilo, agua, aranceles, inversiones y fronteras. La soberanía seria no consiste en gritar que nadie nos domina; consiste en defender intereses nacionales con instituciones capaces, información pública y negociación competente.
Hay soberanía cuando el Estado investiga y sanciona con autonomía. Hay soberanía cuando no necesita que la popularidad presidencial funcione como certificado de inocencia. Hay soberanía cuando una acusación se responde con documentación, no con una procesión verbal de Hidalgo, Morelos y los veracruzanos del 5 de mayo.
Sheinbaum insiste en que la disputa debe centrarse en el respaldo ciudadano y el funcionamiento institucional interno. Bien. Entonces que la respuesta esté a la altura de esa tesis: menos melodrama de rodillas y más claridad sobre los hechos denunciados, las autoridades competentes y los mecanismos de rendición de cuentas.
El remate del poder
“Pásale, compadre, síguele Alito… ahí la llevas, síguele Salinas Pliego…”
El remate pretende ser humor, pero revela otra cosa: la comodidad de quien habla desde el micrófono más poderoso del país y convierte la tribuna presidencial en una mesa de burlas,en un arguende de lavadero de vecindad politica. No hay debate, hay apodo; no hay refutación, hay desprecio; no hay prudencia de Estado, hay palmada sarcástica para el adversario caricaturizado.
La presidenta tiene razón en una parte: la política mexicana no debería buscar tutelas extranjeras para resolver lo que corresponde a sus instituciones. Pero cuando esa verdad se envuelve en insulto, maniqueísmo y patriotismo de megáfono, pierde estatura. Defender la soberanía no exige gritar; exige demostrar que el país puede investigar, juzgar y corregirse sin necesitar ni la venia de Washington ni la furia escénica de Palacio Nacional.
Con información: VIDEO/REFORMA
