La frase fue lapidaria: “Ya sabrán ellos por qué”. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se refería así a la entrega elegida del general Gerardo Mérida a autoridades de Estados Unidos a mediados de mayo. En el plural incluía al excompañero de gabinete de Mérida en Sinaloa, Enrique Díaz, antiguo secretario de Finanzas, cuyo destino parecía idéntico al de Mérida, pero que todavía hoy resulta un misterio: no ha comparecido ante ningún juez y no está claro dónde está ni en calidad de qué.
Asi inicia el texto de la autoría del periodista Pablo Ferri, publicado hoy por el diario español,el EL PAÍS,donde dibuja a Gerardo Mérida como el primer general mexicano que cruza la frontera encadenado hacia una corte de Nueva York mientras en México la élite política y castrense finge demencia patriótica y mira para otro lado.
El cuadro central: un general encadenado y un país fingiendo demencia
La pieza arranca con la escena incómoda: el general en retiro Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, compareciendo en una corte de Nueva York, con grilletes, como cualquier capo al que el discurso oficial presume haber “combatido sin tregua”.
Esa imagen, dice el texto, contrasta brutalmente con la narrativa soberanista del gobierno de Claudia Sheinbaum, que en público vende dignidad nacional mientras en privado dejó que el general cruzara por Nogales, Arizona, el 11 de mayo, para entregarse sin un solo aspaviento público.
La entrega no fue una captura espectacular, no hubo marinos encapuchados ni helicópteros sobrevolando Culiacán o Michoacan donde radicaba: el hombre simplemente pasó la garita fronteriza, caja de documentos en mano, directo a los brazos del mismo “imperio” al que el gobierno acusa de intervencionista, pero al que le manda sus expedientes tóxicos envueltos para regalo.
El artículo subraya que, en la historia reciente de la relación México‑Estados Unidos, no hay precedente de un general de ese rango que tome esa ruta: la rendición silenciosa, casi administrativa, ante la justicia gringa.
De héroe institucional a botín judicial de Nueva York
El texto recuerda que Mérida no era un General cualquiera,era uno de División,el grado máximo en la jerarquía castrense y fue colocado al mando de una plaza que no es cualquier cosa: Sinaloa, corazón histórico del narcotráfico mexicano. Desde ahí, fue secretario de Seguridad Pública del gobernador Rubén Rocha Moya, un morenista que llegó con el sello de la “Cuarta Transformación” y hoy comparte expediente en la Corte del Distrito Sur de Nueva York como presunto facilitador del Cártel de Sinaloa, específicamente la facción de Los Chapitos.
Estados Unidos acusa a Mérida de conspirar con esa facción para traficar drogas al norte de la frontera, recibir sobornos millonarios y brindar protección institucional, justo el tipo de esquema que el discurso oficial mexicano insiste en negar cada mañanera mientras repite el mantra de “no somos iguales”. El artículo menciona que Mérida forma parte de una lista de diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados por el Departamento de Justicia, un inventario incómodo que exhibe cómo la “guerra contra el narco” también fue, para algunos mandos, un excelente modelo de negocio.
Soberanía selectiva: gritos en público, silencios en privado
En el texto se rescatan las declaraciones previas de Sheinbaum, que había exigido una “carga de prueba sólida” a Estados Unidos, en un tono de dignidad nacionalista que se vende muy bien en conferencia de prensa. Pero apenas días después de esas palabras, el general cruza la frontera y se entrega, mientras el gobierno mexicano administra el episodio con pinzas: sin conferencia urgente, sin comunicado detallado, sin explicaciones de fondo sobre cómo un jefe de seguridad estatal terminó acusado de proteger a Los Chapitos.
Lo que resalta el artículo es la disonancia: en México se arma el numerito discursivo de “no aceptaremos presiones externas”, pero en los hechos el país acaba cooperando de manera silenciosa cuando el acusado ya no es un capo, sino un general del propio sistema. La soberanía se ejerce como un botón de mute: se sube el volumen cuando el acusado es ajeno al aparato de gobierno, se apaga cuando el señalado viene con fuero simbólico, uniforme y relaciones políticas.
La soledad del general y la disciplina del silencio
El texto insiste en la dimensión simbólica de esa comparecencia:Mérida aparece solo, encadenado, sin coro de apoyo, sin defensa política explícita de la Sedena ni del gobierno que lo encumbró. Esa soledad, explica la crónica, refleja la regla no escrita de las Fuerzas Armadas mexicanas: mientras sirves al relato del Estado, eres “héroe de la patria”; cuando te conviertes en pasivo tóxico ante la justicia de Estados Unidos, el uniforme se diluye y el sistema te desconoce.
No hay desplegados de solidaridad de los mandos, no hay generales indignados frente a una corte extranjera “humillando” a uno de los suyos: hay, más bien, una herida silenciosa en el corazón de las Fuerzas Armadas, que miran hacia otro lado para no abrir la caja de Pandora de cuántos más podrían estar en la mira de Washington.
El artículo sugiere que el caso Mérida no es una anomalía aislada, sino un aviso: los militares desplegados en zonas calientes y colocados en cargos civiles de seguridad ya no sólo se juegan la carrera, también la jurisdicción donde podrían terminar siendo juzgados.
Diez nombres, un mismo guion de impunidad exportada
La pieza inserta a Mérida en una lista más amplia: diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos formalmente acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por colaborar con el Cártel de Sinaloa. No se trata de policías municipales perdidos en el organigrama, sino de cuadros de alto rango, secretarios de seguridad, operadores con firma y sello institucional, lo que vuelve insostenible la narrativa de “manzanas podridas”.
En ese inventario, el general comparte espacio con políticos y mandos sinaloenses señalados por brindar protección, filtrar información de operativos y convertir las instituciones en ventanilla de servicio al crimen organizado. El texto sugiere que, más que excepciones, estos casos parecen sintetizar el modelo mexicano: el narco no penetra al Estado desde afuera; el narco y el Estado negocian, se mezclan y, cuando la presión externa se vuelve irresistible, sacrifiquen a uno en Nueva York mientras el resto sigue en funciones.
El cálculo político: dejar que Washington haga el trabajo sucio
El artículo apunta a un patrón claro: las grandes causas contra mandos mexicanos por narcotráfico no se construyen en México, sino en cortes federales estadounidenses, que hacen la chamba que los gobiernos locales no quieren o no pueden hacer contra sus propios aliados. En el caso Mérida, la entrega “voluntaria” en Nogales permite al gobierno mexicano lavarse las manos: no hubo cateos, no hubo escándalo de captura, no hubo ruptura abierta con el general; simplemente se dejó que el vecino se encargara.
Mientras tanto, en territorio nacional, la investigación propia brilla por su ausencia: las autoridades mexicanas no han explicado si hay indagatorias paralelas, sanciones administrativas, auditorías a contratos o siquiera una narrativa oficial coherente más allá de “estamos recabando información”. El resultado es un doble cinismo institucional: México presume defensa de la soberanía mientras externaliza sus problemas de corrupción militar; Estados Unidos presume combate al narco mientras capitaliza políticamente la exhibición de generales mexicanos encadenados.
El mensaje para los otros uniformes
En el subtexto, la crónica funciona como advertencia implícita a todo aquel militar que hoy ocupa un cargo de seguridad civil o que opera en territorios dominados por cárteles: los ojos de las agencias estadounidenses están sobre ellos y la lealtad nacional tiene fecha de caducidad cuando el expediente cruza de la embajada a la corte.
i el general Mérida, con su rango, sus conexiones y su paso por la cúspide del aparato castrense, terminó encadenado en Nueva York, ¿qué pueden esperar los mandos medios que hoy se creen intocables al amparo del discurso de “abrazo, no balazo”?
El texto subraya que este caso abre una herida profunda en el pacto tácito entre políticos,criminales y militares: antes, el uniforme blindaba; ahora, puede convertirse en evidencia. Y mientras la presidencia administra silencios y la Defensa baja la mirada, el mensaje real lo dicta un juez al otro lado de la frontera, no una mañanera en Palacio Nacional.
Con informacion: PABLO FERRI/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS
