«CREATIVIDAD CRIMINAL SIN LIMITES»: «CARTELES CREAN FICHAS de BUSQUEDA APOCRIFAS sus VICTIMAS y DESATAN PLEITO de ESTADOS por los MUERTOS «…nadie los quiere en su estadística.

El crimen organizado ya no solo desaparece personas: ahora también imprime la papelería oficial del Estado fallido y fabrica sus propias fichas de búsqueda, mientras las autoridades se pelean por ver quién “no” tuvo homicidios ese día.

Creatividad criminal, Estado recortado

En Zacatecas y Aguascalientes el narco estrenó una joya de ingeniería político-criminal: abandona siete cuerpos en la raya entre estados y, horas antes, lanza fichas de búsqueda falsas de sus propias víctimas, con logos, nombres, fotos y hasta “lugar de extravío”, mejor producidas que muchos boletines oficiales. 

El experto Rafael Cortés Medellín lo llama una estrategia “muy grave” para generar incertidumbre, confusión y pugnas entre autoridades; en cristiano: el crimen produce caos y el gobierno le hace segunda con su desorden institucional.

La perversión es quirúrgica: lucran con el dolor de las familias y, de paso, montan una narrativa conveniente donde pareciera que hay desaparecidos, pero no muertos, justo el tipo de maquillaje estadístico que también obsesiona al gobierno federal. Al fin y al cabo, tanto los grupos criminales como las administraciones estatales y federales tienen un interés común: que los homicidios “bajen”, aunque bajen nada más en el Excel, no en las fosas.

Narco-fichas y usurpación de funciones

El 30 de abril por la noche aparecen en redes cinco fichas de búsqueda apócrifas: rostros, nombres, características físicas, fechas y lugares de desaparición, distribuidas desde perfiles ligados a grupos delictivos, como si fueran campañas oficiales de “marca-país: narcoestado”. 

El 1 de mayo en la mañana localizan siete cuerpos —cinco hombres y dos mujeres— en Mesillas, Tepezalá, en los límites entre Zacatecas y Aguascalientes, y las familias, aterradas, llegan a la fiscalía zacatecana porque reconocen a sus desaparecidos en esas fichas que ni siquiera había emitido la autoridad.

El propio fiscal Cristian Camacho admite que el crimen está usurpando funciones de las instituciones al fabricar cédulas con el logo del Protocolo Alba en fichas de hombres, como si se burlaran a carcajadas de la burocracia de género y de los manuales de actuación oficial. Para rematar, las fichas estaban mejor informadas que muchas carpetas de investigación: datos específicos, fotografías, detalles de contexto que dejan claro que quien mata es quien diseña la narrativa del supuesto “búsqueda y no homicidio”.

Los muertos que no son de nadie

El show macabro no termina en el tiradero de cuerpos: cuando toca registrar homicidios, Zacatecas y Aguascalientes se avientan la bolita para que ningún estado cargue con la mancha en las cifras diarias de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Resultado: siete cadáveres que existieron lo suficiente para ser torturados, asesinados y abandonados, pero no lo suficiente para aparecer en el Informe Nacional de Homicidios Dolosos; oficialmente, son muertos sin papeles, muertos sin dueño, muertos que estorban en las estadísticas.

El especialista lo resume: los muertos los debería contar la entidad donde se encuentran, pero la disputa convierte los cuerpos en “muertos que no son de nadie”, perfectos para un país donde las cifras valen más que la vida y la prioridad es no salir mal en la mañanera o en el reporte de la seguridad subjetiva. 

La contabilidad real, la del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, llega tarde, desfasada y sin impacto mediático, ideal para que la ciudadanía ya no recuerde qué se reportó ni cuántos cuerpos quedaron colgando en la raya entre un estado y otro.

Tabla del cinismo institucional

Elemento	Crimen organizado	Estado “limitado”
Fichas de búsqueda	Fabrica cédulas apócrifas con fotos, datos y logos oficiales.	Ni siquiera emite algunas fichas por “falta de autorización”.
Manejo de víctimas	Lucra con el dolor y usa a los desaparecidos como propaganda.	Reduce a las víctimas a números disputados en reportes.
Control del relato	Crea narrativa de desaparecidos, no muertos, para bajar “homicidios”.	Minimiza cifras diarias para aparentar paz estadística.
Frontera entre estados	Usa límites estatales para borrar indicios y entorpecer pesquisas.	Se pelea por no cargar con los cuerpos en las cifras.

Mientras el crimen afina su marketing del terror, el Estado se especializa en desaparecer homicidios del reporte oficial, aunque los cadáveres sigan apareciendo a montones en carreteras, brechas y límites territoriales. Ahí están los nombres de las víctimas —José Eduardo Jara Elías, Manuel de Jesús Jacobo Castro, Coral Esmeralda Muños Vargas, Miguel Adán Mena Saucedo, Antony Sifuentes Redin y Frida Michel Muro Espinoza—, no para que se haga justicia, sino para alimentar una guerra de cifras donde el único ganador es la impunidad.

Con informacion: ELUNIVERSAL/

SE «RAJO como los MACHOS»: «DIPUTADO NO NIEGA que lo DIJO pero NIEGA como lo DIJO TRAS REGAÑO de SHEINBAUM DEFENDIENDO a AMERICO de ser HUACHICOLERO»…diferendo tendra que ser resuelto del otro lado del Río.

En la república del “yo no fui, pero sí dije”, el poder politico y gubernamental en Morena,se ha vuelto un ejercicio de malabares discursivos donde la verdad estorba y la estética manda. Arriba, la presidenta Claudia Sheinbaum,regañona, ensaya su papel de autoridad moral frente al espejo: corrige tonos, pule gestos, administra indignaciones. Gobernar, en cambio, parece un asunto secundario. La prioridad es verse bien, aunque el país funcione mal; posar firme, aunque las instituciones crujan. El regaño sustituye a la rendición de cuentas y el discurso a la evidencia.

Mientras tanto, en Tamaulipas, el libreto se descompone y deja ver los hilos. 

Mario Lopez Herndez,Diputado del Partido Verde,aliado del oficialismo Moreno,suelta nombres, afirma vínculos y apunta al Gobernador Americo Villarreal y otra figuras relevantes —incluida la Senadora,tambien de Morena, Olga Sosa— y desliza la idea de una política “criminalmente organizada” que tiene sustento en la evidencia publica.

No es poca cosa: son palabras que presumen ser mas ciertas que falsas y que implican responsabilidades graves. Pero aquí viene el giro tragicómico: el mismo actor que prendio la mecha ahora forzado por el calculo presidencial intenta apagarla con un balde de ambigüedad. “No lo dije”, “no en ese sentido”, “no era público”. La confesión sin confesión, el señalamiento con reversa.

El problema no es solo la contradicción; es la coreografía Morena. Primero se lanza el mensaje ,el audio es contundente y ahora que mide los costos se repliega para evitarlos. Se juega a filtrar sin asumir, a sugerir sin sostener. Y en medio queda el ciudadano, obligado a descifrar si lo que oyó fue verdad, rumor o ensayo de daño controlado. La política convertida en globo sonda permanente: si vuela, se capitaliza; si estalla, se niega.

Las frases chocan con la moralidad de los actos porque revelan un patrón: decir sin decir, acusar sin acusar, gobernar sin gobernar. La presidenta regaña para encuadrar el relato; el legislador recula para protegerse; y el aparato repite que todo está bajo control mientras la evidencia —documentos, declaraciones, contextos— sugiere lo contrario. No hay transparencia de nadie, ni de la presidenta, hay narrativa. No hay responsabilidad, hay manejo de crisis,no hay honestidad.

Y así, entre regaños performativos y desmentidos de utilería, los poderes se confabulan en algo más eficaz que cualquier pacto formal: la administración de la confusión. Porque un ciudadano confundido cuestiona menos, exige menos, recuerda menos. El truco no es ocultar la verdad, sino diluirla en versiones contradictorias hasta que parezca irrelevante y lo hacen con todo el dinero y el poder del gobierno, son muy peligrosos.

Pero hay un detalle incómodo: las hemerotecas no olvidan. Las declaraciones quedan, los videos circulan, los dichos se cotejan. Y cuando la realidad alcanza al discurso, el “no lo dije” se convierte en evidencia de algo peor que el error: la voluntad de engañar. Ahí es donde el teatro se cae y lo que queda ya no es narrativa, sino responsabilidad pendiente,reposnsabilidad penal y criminal que otra vez tendrá que llegar desde el otro lado del Río o la valla.

Con informacion: HoyTamaulipas/

«YA ESTUVO,ENCIERRENLOS a TODOS»: EL «MAYELO LLAMA HUACHICOLERO a AMERICO pero su CARNAL NO CANTABA MAL las RANCHERAS»…se pudrió todo porque se pudrieron todos.

El Diputado Panista de Tamaulipas y tambien ex-senador de la republica,Ismael García Cabeza de Vaca,como es costumbre, escupio fuego contra el aun gobernador de Morena (…por muy poco tiempo) Américo Villarreal Anaya, le dice “administrador huachicolero” y jura tener diez denuncias en su contra, pero convenientemente olvida que en su propio establo panista, su canalizo consentido, pastaba como beneficiario del mismo negocio de la gasolina contrabandeada desde Texas, hoy prófugo y con expediente «choncho», aunque no del tamaño de un oleoducto.

El diputado que ve el huachicol en casa ajena

En la entrevista, el panista arranca quejándose de los diputados tamaulipecos, que según él no hacen las “preguntas correctas” y se doblan ante los secretarios del gobierno estatal que estan compareciendo por la glosa del informe del «gobernador huachicolero», a los que rebaja a simples “peones”, lo que es totalmente cierto.

Aunque lo dijo para justificar que él ni se para a cuestionar a ningún secretario, porque según su propio relato estos “solo obedecen una directriz muy clara del «administrador huichicolero» Américo Villarreal Anaya”, a quien responsabiliza de la violencia y del desorden.

En su discurso de cruzado de la moral, Ismael Garcia Cabeza de Vaca con lo «moditos clonados de Pancho», versión diputado, remata que no se queda en “palabras ni cuestionamientos”: él “señala y denuncia” y asegura tener ya “diez denuncias” interpuestas contra el “administrador huichicolero” Villarreal,que seguramente no le preocupan ante su futuro «rochamoyano» en puerta.

Dicho así, suena a fiscal implacable; el problema es que el mismo ecosistema de huachicol que presume combatir salpica, y feo, a su propio grupo político y a su círculo de poder más cercano.

Américo, señalado con nombre, apodo y expediente

Del lado de Villarreal, el expediente ya no cabe en la caja del archivo muerto: del otro lado de la frontera ya lo tienen encuadrado en la película del huachicol, con libreto, reparto y pruebas que solo se verán completas cuando lo sienten frente a un juez en Estados Unidos,no cuando la presidenta que fue su beneficiaria, pida pruebas.

No es una acusación lanzada al aire: se habla de una estructura criminal “políticamente organizada” donde Américo no es comparsa, sino pieza del engranaje junto a Mario Delgado y una red de operadores que han sido exhibidos en investigaciones, audios y documentos oficiales.

En esa misma trama aparecen nombres que repiten sus propios aliados y no son como mala racha: Adriana Lozano operando finanzas y litros a medias con el Cartel del Golfo; el “Calabazo” Villegas reciclado en el Gobierno de Tamaulipas tras pasar por Aduanas con los Carmona; Erasmo “El Capitán” como operador político; Olga Sosa señalada en denuncias públicas por presunto lavado y negocios turbios; Carmen Lilia metiendo hasta a su propia madre en depósitos de la red Carmona.

A Villarreal lo enmarcan además en el “Superbowl del narco” construido con testimonios en Sinaloa y casi diez mil menciones en un solo día lo colocan como coprotagonista de la franquicia que mezcla narco, huachicol y política a nivel nacional.

El club huachicolero… pero del lado azul

El pequeño detalle que el diputado olvida –o finge olvidar– es que el huachicol no es patrimonio exclusivo de la 4T: en su propia casa panista hubo “huachicol fiscal” con sede en Tamaulipas, operado al amparo del gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Ahí entra José Víctor Pablos Vélez, alias “El Güero Marvic”, descrito como pieza clave en una red de contrabando de combustibles que movía pipas entre Texas, Nuevo León y Tamaulipas, con explosiones en Cadereyta, decomisos de 10 millones de litros en Altamira y 550 carros tanque asegurados en Nuevo Laredo como si fueran una flota de guerra privada.

Los informes periodísticos y las denuncias apuntan a que el “Güero Marvic” operaba con protección política: pagos millonarios a Francisco García Cabeza de Vaca y a su operador César Verástegui “El Truko” para garantizar el paso de pipas ilegales, moches de 400 a 800 dólares por unidad y una evasión fiscal de más de 500 millones de pesos al año.

Tanto Marvic como sus socios estadounidenses compartían domicilio corporativo en edificios fifí de San Pedro Garza García, mientras sus empresas sin permisos de la CRE se “reciclaban” de nombre para seguir moviendo gasolina ilegal como si nada.

No lo dice ningún “chairo ardido”: la FGR y autoridades fiscales han investigado desde al menos 2021 una red de más de 200 empresas de importación, transporte y gasolineras que vendían combustible por debajo del precio de Pemex, clonando pedimentos y maquillando excedentes de gasolina como aceite o aditivos para evadir el IEPS.

En esas indagatorias se documentan las comunicaciones entre el secretario de Gobierno de Cabeza de Vaca y el propio “Güero Marvic”, negociando las cuotas para dejar pasar autotanques sin problema, lo que desmonta el cuento del PAN como víctima y lo ubica más bien como socio de una franquicia criminal similar a la que hoy le imputan a Américo que salio igual o peor de sinverguenza.

Huachicol para todos: la doble moral del denunciante

Mientras Cabeza de Vaca diputado jura que Américo es “administrador huachicolero” y posa como paladín de la ley, en paralelo los reportes periodísticos y financieros exhiben que el huachicol funcionó como negocio bipartidista: primero con la red de Marvic y compañía bajo el PAN, luego con la versión “huachicol del bienestar” bautizada en tiempos de Morena.

La misma lógica: aduanas capturadas, pipas que entran “de a dos por una”, facturas maquilladas, operadores empresariales que cambian de razón social y políticos que mutan de partido pero mantienen intactas sus rutas y sus socios en el crimen organizado.

Así que sí, Américo Villarreal aparece en la evidencia como parte de una estructura huachicolera con conexiones con carteles que cruzaron la frontera y los partidos, y el señalamiento ya no es solo ruido de redes sociales, sino pieza de un patrón que Washington estuvo armando con paciencia de fiscal.

Pero que el encargado de dictar la sentencia moral sea el hermano político de quienes también lucraron con el combustible robado, y cuyo propio entorno está ligado a un capo del huachicol fiscal hoy prófugo, convierte la indignación del diputado en un acto de equilibrismo: habla de tráfico de gasolina con las manos todavía oliendo a tanque recién llenado.

Aunque se entiende,no se trata de ver quien es mas decente,sino,quien lo finge mejor.

Con informacion: @Redes/

«ELLA TAMBIÉN HA PEDIDO EXTRADITADOS»:»SHEINBAUM en SOLO 5 DESMAÑANADAS PIDIÓ 103 VECES PRUEBAS a EE.UU del O_CASO ROCHA»….pero ninguna con 90 capos que ya cruzaron el rio.

La presidenta Claudia Sheinbaum salió otra vez al ruedo con su acto de circo favorito: malabares con la palabra “pruebas” mientras intenta justificar lo injustificable, la protección política disfrazada de trámite burocrático y de “soberanía” en favor del Morenista gobernador con licencia de Sinaloa,Ruben Rocha Moya.

El show de “las pruebas”

Según el recuento, en cinco mañaneras la presidenta Shamos ha dicho “pruebas” 103 veces, como si repetirla muchas veces la convirtiera mágicamente en estado de derecho y no en coartada mediática.

Ayer el fiscal de Estados Unidos anunció que van por más narcopolíticos mexicanos y hoy, en lugar de entrarle al tema de fondo, ella volvió a su libreto: pruebas, pruebas, la prueba, y más pruebas.

Se burló otra vez de las listas de sobornos presentadas por el Departamento de Justicia, las mismas que apuntan a un pacto entre “los Chapitos” del cártel de Sinaloa y funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa. Es decir, hay indicios serios de narcopolítica… pero para la presidenta, mientras no diga “Juanito, credencial, CURP, RFC y comprobante de domicilio”, no cuenta.

Cuando la hoja de “Juanito 30 mil pesos” es la gran prueba

Luego vino la parte surrealista: “la única prueba que tienen la mostramos aquí, una hoja de papel que dice Juanito 30 mil pesos”. Es un nivel de desdén tan grotesco que hasta da para darle, en primera instancia, la razón: sí, si todo el caso fuera una servilleta con “Juanito 30 mil pesos”, cualquiera con tantita seriedad diría “oigan, esto no aguanta ni en juzgado civil, menos en penal”.

Pero entonces recuerdas que no es un meme de Twitter, es la presidenta hablando de investigaciones de la justicia de otro país contra narcopolíticos mexicanos. Ahí es donde se le cae el truco: caricaturiza las listas de sobornos para minimizar el fondo, que es una red de dinero, favores y protección política al narco, no un post‑it perdido en la oficina.

La extradición como pelota de ping pong

Para rematar, Sheinbaum reclama que Estados Unidos “también haga su parte”, que México ha pedido extradiciones y “nada”, sacando la lista: más de 90 personas enviadas por México, cuatro por huachicol que no han mandado, dos por Ayotzinapa que tampoco han llegado. 

Ahí, de nuevo, habría que concederle un punto: el tratado de extradición es de ida y vuelta, y Washington suele ser muy hábil para exigir y muy lento para cumplir cuando se trata de sus propios protegidos.

Hasta ahí, bien: sí, es legítimo reclamar reciprocidad. El problema es usar esa queja como cortina de humo para no responder lo esencial: por qué el gobierno mexicano no ha entregado –ni tocado– a ciertos personajes políticos señalados en esas listas de sobornos, y por qué cada vez que se menciona a un gobernador, exgobernador o funcionario, la respuesta automática es “pruebas, pruebas, pruebas” mientras se protege el statu quo.

Violentando de paso las formalidades del tratado firmado por Mexico que con 90 anteriores, no le importó.

“No protegemos a nadie”… pero

La frase estrella: “nosotros no protegemos a nadie, pero para detener a alguien tiene que cumplirse con la ley mexicana”. Le compras la primera parte tres segundos… hasta que recuerdas que esa “ley mexicana” se invoca selectivamente: para enemigos políticos, basta una carpeta mal armada; para amigos incómodos con cola que les pisen, exigen estándar suizo de evidencia.

Y ahí es donde la razón que parecía tener la presidenta se desmorona: sí, no se trata de venganzas ni de entregar mexicanos por capricho de otro país, pero tampoco de blindar narcopolíticos bajo el pretexto de “pruebas” mientras el propio gobierno se burla de indicios serios que, por lo menos, ameritan investigación real y no chiste mañanero que no nos hace reír y algo peor, hace enojar a EE.UU.

Con informacion: Carlos Loret/

"ESO es EFICIENCIA CORRUPTORA": "CHAPITOS RECLUTARÓN GENERAL que DIRIGIA ESCUELA MILITAR de INTELIGENCIA y CUARTETO de MANDOS de POLICIAS de CARRERA"...todos subieron como las palmas y todos van a caer como cocos.

En Sinaloa no se improvisa la corrupción: se profesionaliza. La acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York no describe a un puñado de policías descarriados, sino a un cuadro directivo completo, con currículum, antigüedad y, sobre todo, tarifa mensual bien definida al servicio de “Los Chapitos”.

Porque aquí no hablamos de novatos. Los cinco mandos policiacos requeridos por la justicia estadounidense no llegaron por accidente ni por error administrativo: son producto de décadas dentro del aparato estatal y, en algunos casos, de formación militar. Es decir, el Estado no fue infiltrado; fue reciclado.

Encabezando esta nómina paralela aparece el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya. 

Un perfil que, en teoría, representa disciplina, inteligencia y control institucional… y que, según el gran jurado neoyorquino, cobraba alrededor de 100 mil dólares mensuales por garantizar exactamente lo contrario. No es menor el detalle: Mérida fue director de la Escuela Militar de Inteligencia. En otras palabras, el encargado de formar cerebros para la seguridad nacional terminó rentando el suyo al mejor postor.

El modelo no era aislado, sino sistemático. Marco Antonio Almanza, con tres décadas en la Policía de Investigación, habría encontrado en “Los Chapitos” un patrón más generoso: 300 mil pesos mensuales por permitir la producción de drogas y, de paso, usar la fuerza pública como brazo selectivo para detener rivales. No es corrupción, es outsourcing criminal con placa.

La estafeta no se cayó cuando lo relevaron. Alberto Jorge Contreras Núñez tomó el cargo… y también la mensualidad. La continuidad institucional, pero aplicada al cobro de sobornos. Entre 2022 y 2026, según la acusación, el flujo de dinero siguió tan estable como cualquier programa gubernamental que sí recibe presupuesto.

El entramado se completa con perfiles igualmente “experimentados”: José Antonio Dionisio Hipólito, subdirector de la Policía Estatal durante cinco años, y Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, comandante municipal en Culiacán por seis años. Trayectorias largas, responsabilidades altas y, presuntamente, una misma línea de mando real: la del crimen organizado.

La constante no es solo la corrupción, sino la calidad del reclutamiento. “Los Chapitos” no necesitan infiltrarse en instituciones débiles; seleccionan cuadros ya formados por el propio Estado. Policías de carrera, mandos con experiencia, militares con entrenamiento en inteligencia. El mensaje es claro: el problema no es la falta de capacidad institucional, sino para quién se utiliza.

Y mientras tanto, la narrativa oficial seguirá hablando de “casos aislados”, como si cinco mandos de alto nivel, operando durante años y cobrando de manera sistemática, fueran una coincidencia estadística y no una estructura funcional.

En Sinaloa, al parecer, la lealtad institucional sí existe. Solo que tiene precio… y se paga en dólares.

Con informacion: ELNORTE/ Imagen.Valenzuela Millan/@Crux1469