Andrés Manuel López Obrador sabía de los canales de comunicación entre el Cártel de Sinaloa y el gobierno de Rubén Rocha Moya. Se los contó el propio gobernador, según me revelan fuentes de primer nivel. No implicaba una contradicción con la instrucción del entonces presidente de México para combatir la violencia: abrazos, no balazos. Rocha siguió las instrucciones y las aterrizó.
Según las mismas fuentes, AMLO estuvo enterado de la reunión que tuvieron Rocha Moya y el Cártel de Sinaloa antes de la elección para gobernador. Se trata de la reunión que menciona el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la que sellaron el pacto: el cártel lo ayudaría en las elecciones y a cambio él los dejaría operar a sus anchas. ¿Cómo se enteró AMLO? Igualito: se lo contó Rocha Moya.
La comunicación, según las mismas fuentes, quedó establecida entre el secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, y Los Chapitos. Circulaba el diálogo y circulaban también los contratos. Es más, me refieren que incluso desde el gobierno le llegaron a mandar apoyo médico al Mayo Zambada para ayudarlo con sus padecimientos crónicos. Las autoridades sabían dónde estaban los capos del cártel y a dónde se movían. Había comunicación, coordinación y negocio.
Durante los primeros años, aquello funcionó como relojito. El control de Sinaloa lo tenía el cártel y López Obrador podía presumir que había paz en la entidad.
El promedio de asesinatos era de 1.4 al día. Cuando se pelearon en el cártel y empezó la guerra entre Chapitos y Mayiza, el gobierno nunca pudo recuperar el control que había cedido. Los asesinatos escalaron a 6.9 al día. Ahorita van en 2.5. La lección es clara: si como Estado entregas el control de la gobernabilidad, no lo puedas exigir de vuelta.
Con el visto bueno de López Obrador, Rubén Rocha Moya entregó el control del gobierno al cártel. Cuando secuestraron al Mayo Zambada y se lo llevaron a Estados Unidos, y se desató la guerra, ya nunca pudieron recuperar ese control. Menos aún si el gobernador mintió descaradamente y decidió participar del encubrimiento para esconder el asesinato -ese mismo día, en ese mismo lugar- de su principal rival político, Héctor Melesio Cuén, tratando de hacerlo pasar por un robo de vehículo.
Lo demás fue una larga agonía: los 19 meses que pasaron con un gobernador inoperante, que todo mundo sabía que estaba coludido con el narco y que representaba una bomba de tiempo… que finalmente estalló. ¿Pudieron desactivarla desde Palacio Nacional? A lo mejor no. Porque había compromisos comunes, complicidades.
Y funcionó… hasta que dejó de funcionar.
Durante un tiempo, Sinaloa se vendió como ejemplo de “pacificación”. Los números acompañaban la narrativa: homicidios a la baja, estabilidad aparente. Pero era una paz concesionada, no construida. El Estado no estaba imponiendo orden; estaba rentando la plaza.
Y aquí es donde la historia deja de ser exclusiva de Sinaloa.
El caso de Americo en Tamaulipas.
Ahí está documentado —y no por rumores, sino por testimonios y patrones reiterados— cómo actores políticos han sostenido relaciones funcionales con grupos criminales, con la venia tácita o explícita de las estructuras de poder.
El caso fue expuesto en noviembre de 2023 y describe justo eso que relata Carlos Loret: un esquema donde gobierno, operadores y el propio Hector Joel Villegas,alias «El Calabazo” y mandos de organizaciones criminales no se enfrentarón… se coordinarón.
Con informacion: ELUNIVERSAL+/Carlos Loret/
