Múltiples daños materiales dejó enésimo ataque armado directo contra una vivienda de la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán, la cual también fue incendiada por los responsables que llegaron a plomear con ametralladoras el domicilio ayer domingo a las 11:00 hrs, ubicado en la calle Fray Bernardo de Sahagún, entre Fray Andrés Tello y avenida José Valadez.
Pero casi al mismo tiempo y en mismo país donde la guerra se mide en boletines y balas, la FGR salió a presumir su gran victoria: la extinción de dominio de una sola propiedad en Culiacán, valuada en 4.3 millones. Un logro “histórico” si se considera que en más de un año de guerra contra el narco, los comunicados han sido más abundantes que las sentencias.
Mientras tanto, a unas cuantas cuadras, las dos facciones de su majestad impune, el Cártel de Sinaloa lleva su propio registro catastral: “extinguished” —como dirían los reportes internacionales— decenas, quizá cientos, de inmuebles. Sin jueces, sin sellos, sin firmas; solo fuego, ráfagas y miedo. La eficacia no se presume, se escucha.
La FGR celebra una victoria simbólica con cinta y tijeras. El cártel, por su parte, celebra con llamas y metralla la extinción literal: casas reducidas a ceniza, colonias marcadas con el sello invisible del terror. Dos modelos de gestión de bienes: el del Estado, burocrático y tardío; y el del narco, inmediato, contundente, sin necesidad de gacetas oficiales.
En esa línea fina entre el legalismo y la barbarie, el ciudadano mira cómo los comunicados de prensa y las ráfagas nocturnas se turnan el protagonismo de la realidad. La justicia, al parecer, sigue esperando su propia acta de extinción.
En un decomiso considerado histórico, agentes estadounidenses aseguraron 400 armas y miles de cartuchos cuando buscaban ser internados ilegalmente a México por el Puente Internacional II de esta ciudad fronteriza texana que conduce a Nuevo Laredo,en Tamaulipas,considerado el centro de operaciones del Cartel del Noreste,cuyo abogado era nada mas y nada menos que asesor del gobernador de Morena,Americo Villarreal Anaya.
En un breve comunicado, las Oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en Laredo, informaron ayer que el decomiso se realizó el pasado jueves y que en el operativo detuvieron a un padre y a su hijo.
En un breve comunicado, las Oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en Laredo, informaron ayer que el decomiso se realizó el pasado jueves y que en el operativo detuvieron a un padre y a su hijo.
Los sospechosos viajaban en dos vehículos con remolques en los que, tras una inspección de los agentes fronterizos, se descubrió que escondían las armas en compartimentos ocultos.
Aunque la HSI no los nombró, medios estadounidenses identificaron a los detenidos como Emilio Ramírez-Cortez, residente legal, y su hijo Edgar Ramírez-Díaz,ciudadano de ese país.
Se añadió que en el arsenal había armas de diferentes calibres, incluidos rifles; cargadores de alta capacidad y miles de cartuchos, pero no se detalló el decomiso ni se nombró a alguna organización criminal.
De acuerdo con una revisión periodística, no hay registro de un decomiso de armas de este tamaño, al menos en la frontera de Texas con Tamaulipas, siendo el antecedente más importante el aseguramiento del 6 de septiembre del 2023 de 270 armas en la fronteriza texana Donna.
Los capos mexicanos no solo trafican toneladas de cocaína y poder, también acumulan multas que ni el mismísimo Jeff Bezos, el fundador de Amazon podría pagar sin echarle mano a los vales de despensa. En Nueva York, el juez federal Brian Cogan repartió castigos como si fuera lotería de condenas: a Joaquín “El Chapo” Guzmán le encajó cadena perpetua y una factura por 12 mil 600 millones de dólares; a Ismael “El Mayo” Zambada, más generoso con su imperio, le tocó una multa de 15 mil millones. Traducido al sistema métrico mexicano: casi 280 mil millones de pesos, lo suficiente para financiar todo el presupuesto anual de la Ciudad de México y aún sobraría para arreglar el titipuchal de baches en Insurgentes en la CDMX.
Pero nadie se engañe: ni el Chapo guardaba ese dinero en una caja de zapatos ,ni El Mayo tenía una cuenta en Suiza con esos ceros. Son cifras simbólicas, castigos de utilería que permiten a las autoridades estadounidenses quedarse con ranchos, jets y joyas que encuentren a su nombre (o al de su primo, o al del compadre del primo).
Pero si hablamos de capos que realmente pagaron para salir, el único con recibo y comprobante es el tamaulipeco Osiel Cárdenas Guillén, el legendario líder del Cártel del Golfo,el corruptor de las elites del ejercito que se fueron a servirlo y sin pensarle mucho.
El mismo hombre que mandaba y aun manda desde Almoloya,ahora el Altiplano, como si fuera su sucursal, negoció con el Departamento de Justicia un “descuento penitenciario”: 50 millones de dólares por ocho años menos de cárcel. A 6.25 millones por año, su libertad salía más cara que el pase anual de Disneyland.
El acuerdo que fue ventilado por The Dallas Morning News fue tan discreto como escabroso. Los billetes los reunió su abogado, Juan Jesús Guerrero Chapa, quien se dedicó a descarapelar propiedades, vender helicópteros y transportar maletines con millones rumbo a Reynosa, en plena complicidad con Los Zetas.
Ese abogado era una especie de cajero automático del infierno: cobraba, entregaba y delataba. Acabó asesinado en Dallas en 2013, acribillado por órdenes de José Rodolfo Villarreal “El Gato” —un ex-judicial federal y exjefe de plaza de los Beltrán Leyva en San Pedro de las Ejecuciones N.L,le estaba cobrando un viejo agravio por el que ahora va pagar,pues ya esta mascando barrotes en USA,donde como el resto, se va doblar antes de romperse.
La historia de Osiel es un manual de reincidencia: empieza en 2003, cuando lo capturan; sigue mandando desde Almoloya; lo extraditan en 2007; negocia en 2009; y para 2024 ya estaba de vuelta en México, esta vez recluido en el Altiplano, el mismo penal donde antes dictaba órdenes y todo indicabas sigue dictando, pues aun le quedo dinero. Ironías del sistema: vuelve a su vieja oficina, con chance de retomar el negocio con aval oficial de quienes gobiernan el penal a las ordenes de García Harfuch.
Mientras tanto, el Cártel del Golfo se fragmentó como rompecabezas mojado: El Coss traicionó a Tony Tormenta, los Zetas se independizaron a balazos tras la muerte del «Concord» en Reynosa y Tamaulipas se convirtió en un tablero de guerra.
Pero Matamoros —esa joya sangrienta del norte— sigue siendo feudo de la familia Cárdenas. El último en la línea, “El Contador”, sobrino de Osiel, salió del Reclusorio Oriente con ayuda de Morena y el alcalde de Matamoros que hasta funge como supervisor de su medida cautelar,es decir, con el se reporta.
Pero Osiel Cardenas es toda una mente criminal y el clan esta listo para el regreso del Barón,aunque todo indica que ya no encontrara al sobrino que anda de insubordinado y anda cuidándose de la segura extradición.
Y aunque parezca una broma macabra, su retorno no es una fantasía tropical. Estados Unidos en la búsqueda del bien mayor,suele perdonar a quienes les sirven de testigos o donan parte del botín y si Osiel Cardenas fue capaz de ir y venirnos duden que con el control que ya ejerce en el penal gobernando al gobierno del reclusorio, ya encarrerado le va seguir con el resto, pues ese penal es una escuelita del crimen, donde el capo formará mas capos y hasta los va graduar, todo era cuestión de que el gobierno hiciera lo que esta haciendo, ser su gato (…otra vez) y eso huele a violencia de los que no estaran conformes.
Así que si Osiel volvio a mover los hilos desde su celda, sólo confirma lo que el país ya sabe: en México, las cárceles tienen puertas giratorias y los narcos, cláusulas de retorno donde no importa que piso del gobierno sea, el dinero manda y abre cualquier cerradura,asi sea de alta seguridad.
Qué vergüenza la metamorfosis paternalista que está protagonizando el gobierno mexicano a cargo de Claudia Sheinbaum, presentándose como benefactor altruista mientras celebra un negocio que, en la práctica, alimenta a una dictadura.
Según el informe de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad(MCCI), el gobierno de Claudia Sheinbaum ha enviado a Cuba combustible por valor de más de 3 000 millones de dólares entre mayo y agosto de 2025. Lo han disfrazado de “iniciativa humanitaria”, pero hagamos cuentas.
Violación de sanciones, falta de transparencia y sumisión diplomática
Primero, recordemos que existe un embargo económico integral de Cuba por parte de Estados Unidos que prohíbe transacciones comerciales – importaciones, exportaciones, servicios financieros – con la isla salvo excepciones muy puntuales y debidamente autorizadas.
Segundo, el informe de Breitbart señala que México habría utilizado un barco sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU., el “Sandino”, para transportar el combustible desde Veracruz a Cuba.
Tercero, la empresa privada señalada, Gasolinas Bienestar S.A. de C.V., aparentemente creada para este fin, aparece con pérdidas que coinciden exactamente con los montos enviados. Esto huele a maquila de favores internacionales, no a “solidaridad”.
Cuarto, el discurso: “Ayuda humanitaria porque tenemos sobreproducción”, cuando la madre patria petrolera, Petróleos Mexicanos (Pemex), históricamente ha sido deficitaria y dependiente de importaciones. Es un cuento chino para justificar lo injustificable.
Quinto, el papel de México no es de país soberano que actúa por convicción balanceada: es de vasallo diplomático que hace el trabajo sucio para un régimen que oprime y controla, usando la excusa de ayuda para disfrazar una intervención económica.
¿Paternalismo o sumisión?
México está actuando como si decidiera por Cuba qué debe recibir y de dónde. Un Estado soberano, una dictadura que —seamos claros— encarcela disidentes, reprime protestas, limita libertades. Y aun así, ahí está México permitiendo que su combustible y sus recursos fluyan hacia ese sistema, como buen padrino complaciente.
Si el discurso fuera real: “Vamos a apoyar a la población cubana bajo miseria energética”, primero exigirías transparencia total de dónde va ese combustible, quién lo distribuye, quién lo administra, qué garantía hay de que llegue al pueblo y no al aparato de represión. Pero no: se ocultan datos, se utilizan empresas ad hoc, y el Estado mexicano se pone de perfil diciendo “sí, nosotros ayudamos”.
Eso no es solidaridad: es complicidad. México no está haciendo una operación de ayuda humanitaria. Está participando en el engranaje económico de una dictadura, y lo hace bajo la máscara del altruismo.
Violación del embargo (al menos moralmente, si no legalmente)
Aunque el embargo de EE.UU. no aplica directamente para México (al menos oficialmente no del mismo modo que para empresas bajo jurisdicción estadounidense), la política internacional dicta que cuando un país facilita eludir sanciones —o al menos actúa en esa zona gris— está participando en la erosión de un régimen de restricciones que se supone diseñado para presionar a gobiernos autoritarios. La información del barco sancionado lo pone en evidencia: si un barco está en la lista negra del Tesoro de EE.UU. y se usa para transportar petróleo hacia Cuba, y México lo deja salir de Veracruz… estamos hablando de un acto que raya en la impunidad diplomática y técnica. Tal comportamiento requiere explicaciones serias, no eufemismos sobre “solidaridad latinoamericana”.
Exijo claridad y rendición de cuentas
Queremos ver:
Un desglose público de cuántos litros de combustible se enviaron, a qué precio, con qué intermediarios, y qué porcentaje llegó efectivamente al consumo civil cubano en vez de al aparato militar-policial.
Un informe de auditoría internacional independiente para verificar que los recursos no estén siendo desviados o cooptados por el régimen cubano.
Que México, en vez de actuar como comandante del padrinazgo, reconozca que entregar combustible a una dictadura es una decisión política grave y no solo un acto de caridad: que sea debatida, votada, con transparencia parlamentaria.
Que se garantice que la ayuda humanitaria no se presta como instrumento geopolítico o como intercambio simbólico para ganar favores diplomáticos.
En resumen: el gobierno mexicano ha trocado la dignidad de la relaciones internacionales por un papel de padrino complaciente ante una dictadura que representa justamente lo contrario de los valores de libertad, apertura y rendición de cuentas que dices defender. El embargo a Cuba existe por razones que van más allá de la ideología: busca provocar que aquel sistema autoritario tenga costos reales por el daño que hace a su pueblo. México parece haber decidido ignorar ese principio para jugar a la “solidaridad” mientras entrega combustible por miles de millones de dólares sin que nadie explique bien el circuito. No es un gesto noble. Es un negocio político diplomático con los pobres como excusa.
El Cártel de Sinaloa, que parece no tener días santos ni descanso dominical, volvió a recordarle al gobierno y a los soldados empapados de sudor —y de estrategia— que en Culiacán el ruido que manda sigue siendo el de las balas.
A eso de las 10:40 de la mañana, cuando muchos apenas iban por el menudo o la birria, las calles de la colonia 7 Gotas se convirtieron en escenario de una ráfaga matutina. En plena Enrique Martínez, entre Juan de la Cabada y Arroyo 2, los vecinos escucharon desde el bullicioso bulevar Agricultores un concierto metálico de detonaciones. Resultado: un hombre herido y tres carros que ya pueden presumir perforaciones sin costo extra.
Los presuntos tiradores iban montados en una motocicleta —porque la discreción también se conduce sobre dos ruedas— y, sin más ceremonia, abrieron fuego contra su objetivo. Las balas alcanzaron al hombre y rebotaron en tres vehículos que estaban estacionados frente a las casas. Dos Chevrolet rojos y un sedán gris quedaron tatuados con impactos de plomo, testimonio de otro domingo en Culiacán.
El Ejército y la Policía Estatal llegaron al punto con el manual de coordinación en mano y pusieron cinta amarilla como quien intenta sostener un secreto. Paramédicos recogieron al herido, cuya identidad sigue guardada bajo llave, y peritos de la Fiscalía General del Estado comenzaron la liturgia de medir, fotografiar y levantar casquillos como si fueran flores de un jardín torcido.
Los carros baleados, ya inservibles pero valiosos para la investigación, fueron remolcados a la pensión oficial, ese limbo donde terminan los vehículos que vieron demasiado.
Así amaneció Culiacán: con sol, soldados, y un recordatorio estridente de que, por mucho operativo y discurso, el plomo sigue marcando los domingos a casi 14 meses de guerra y contando.
Parece mentira, pero los fantasmas de la censura que creíamos sepultados junto a la era soviética están rondando otra vez —y no en Moscú, sino en Matamoros. El periodista Jorge Pérez, con toda razón, advierte el tufo de una embestida oficial contra la prensa libre. No exagera: los signos son claros y el guion es viejo. Primero se intenta desacreditar, luego se amedrenta, después se criminaliza. Es la receta del poder «enmarranado hasta el cogote» que teme a la verdad.
Y no es casualidad que sea el alcalde Alberto “Beto” Granados, ese personaje que perdió la visa estadounidense —no por turismo excesivo sino por vínculos oscuros, pues su pertenencia al Cartel del Golfo se dio desde antes,durante y después de que estos lo erigieran alcalde de Morena con el AVA_l del Gobernador convencido por Americo Villarreal Santiago,apodado «El Ameriking».
En cualquier país con un mínimo de decencia judicial ya estaría rindiendo cuentas ante tribunales, no inaugurando obras con sonrisa de campaña. Pero en el México del “Bienestar selectivo”, la justicia se negocia por militancia y las leyes se doblan cuando el acusado lleva el logo de Morena, ese conglomerado que, a estas alturas, funciona más como una organización criminal de facto que como partido político.
Granados no gobierna: administra los intereses de la facción “Escorpiones” del Cártel del Golfo, disfrazada de estructura municipal.
Desde esa trinchera,dice Jorge Perez, se prepara un “operativo mediático” para neutralizar a los comunicadores incómodos. La estrategia es arcaica, casi arqueológica: demandas infundadas, campañas de difamación y una jauría de bots rentados para ensuciar reputaciones. Una reedición tropical del realismo soviético: que la prensa hable sólo del sol que sale sobre el rostro del líder.
Lo trágico —y lo risible— es que los nuevos censores no entienden el siglo en que viven. Pretenden silenciar con amenazas a quienes tienen más credibilidad que todos sus comunicados oficiales juntos. Les falta historia, academia y sentido del ridículo. No saben que los tiempos de quemar libros pasaron, y que hoy quien censura se quema solo.
Mientras tanto, el periodismo local de Matamoros se sostiene con dignidad precaria, enfrentando no sólo el riesgo físico del plata o plomo, sino la lapidación digital bajo la complicidad de un municipio que AVAlado por el estado narco, ya no se disfraza de democrático, ya se descaró.
El mensaje es claro: en Matamoros se busca castigar la palabra libre porque hiere los intereses de los nuevos virreyes del narcopoder que lo mismo le entrega nombramientos de la estructura municipal, que les paga una segunda nomina.
Pero, como bien dice Pérez, no podrán imponer la censura. Porque si algo distingue al periodista verdadero no es el sueldo, ni la pauta, ni la comodidad del silencio: es el instinto de exponer la mugre aunque cueste el pellejo. Y hoy, en esta fronera que sangra por corrupción y miedo, cada línea escrita con verdad es un acto de resistencia y en eso ya llevamos mas de 10 años y siempre en medio de esta pelicula,antes enfrentando a los vientos de cambio y hoy de frente contra el humanismo podrido hasta la medula.
