México acumula una cadena de tragedias que parece no tener finques ayer miércoles, colectivos de familiares desaparecidos en Veracruz denunciaron la muerte de Magdaleno Pérez Santes, el padre de Diana Paloma Pérez Vargas, una estudiante de bachillerato que desapareció en noviembre de 2019 cuando se dirigía a su escuela.
Maleno, como sus familiares y amigos se refieren a él, fue detenido el lunes por policías municipales de Poza Rica, un municipio a unos 20 kilómetros de su hogar en Tres Cruces, en la vecina Papantla.
De acuerdo con organizaciones civiles, a Magdaleno lo detuvieron en Poza Rica y lo golpearon brutalmente, para liberarlo unas horas después. Ya en su casa, este martes, le dijo a su familia que se sentía mal y murió más tarde.
Pérez Santes era integrante del colectivo de búsqueda María Herrera, el mismo al que pertenecía otro padre buscador, Héctor Aparicio, reportado como desaparecido el 26 de enero y del que aún no se sabe nada.
Como otras cientos de miles de personas que han renunciado a todo para buscar a sus familiares desaparecidos en México, y ante la falta de avances en sus investigaciones por parte de las autoridades, Magdaleno Pérez comenzó la búsqueda de su hija después de que el 22 de noviembre de 2019, la joven, de 16 años, se subiera a un taxi colectivo para ir a su escuela. Del coche, que la trasladaría desde su casa hacia su preparatoria, en Poza Rica, no se supo nada. Tampoco del conductor. A Diana Paloma se le perdió el rastro y no volvieron a saber de ella.
Maricel Torres, la líder del colectivo María Herrera en Veracruz, ha preferido no dar todavía una declaración formal sobre la muerte de Magdaleno, sin embargo, ha confirmado que ya hay una investigación en marcha y que esa es una de las razones por las que no quieren emitir un posicionamiento, “para no obstaculizar” el proceso. “[Magdaleno] era una gran persona, un luchador incansable buscando a su hija, el compromiso que nos queda es seguir luchando en honor a él. Siempre estaba muy activo… son momentos muy difíciles”, ha dicho Torres en una conversación telefónica.
El Consejo Estatal Ciudadano de Veracruz fue una de las primeras organizaciones en dar a conocer la muerte de Pérez Santes, a través de un comunicado en el que acusaban de tortura a los policías de Poza Rica y de haber detenido por motivos aún no claros al padre de familia. Sin embargo, unos minutos después el texto fue borrado de sus redes sociales y más tarde compartieron el pésame publicado por la página del colectivo: “Querido hermano, te vamos a extrañar mucho, dejas un gran vacío en nuestros corazones, nuestro gran guerrero. Tu familia de dolor seguirá tu legado y la búsqueda de tu niña Diana Paola. Informamos que a petición de la familia y por respeto a su duelo, el colectivo emitirá comunicado sobre la muerte y exigencia de justicia hasta el día de mañana jueves, después de su sepelio”.
Más tarde, Pedro Lobato, actual coordinador del Consejo, dijo que estaba en comunicación con el colectivo y que sería una decisión común esperar a publicar un posicionamiento “debido a lo reciente de los hechos y la posible situación de riesgo”: “Nos duele profundamente que Magdaleno nos haya sido arrebatado sin haber logrado conocer el paradero de Diana Paola”, dijo Lobato.
Maleno era un hombre trabajador y optimista, a pesar de la desesperación de no encontrar a su hija en una búsqueda que tenía ya más de cinco años. De acuerdo con algunos allegados, el padre de familia lavaba coches a domicilio como una forma de sustento para él y su familia, y es descrito como una persona honesta, noble y solidaria.
Medios locales han asegurado que existe una boleta de ingreso al ministerio público en donde Maleno fue presuntamente golpeado en varias partes del cuerpo. También han reportado durante la mañana de este miércoles la llegada de elementos de la policía municipal y del fiscal regional a la casa del padre buscador, en la que ya se encontraban sus compañeras del colectivo María Herrera.
La Fiscalía de Veracruz, liderada por Verónica Hernández Giadáns, recibió este martes una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tras negarse a aceptar una recomendación previa emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos “por la deficiente investigación de desaparición de una persona, ocurrida en enero del 2011″. Con esta, es la tercera vez, desde febrero, que la Fiscalía es reprendida por no llevar a cabo correctamente los procesos de justicia en distintos casos en el Estado.
El diagnóstico de seguridad elaborado en 2024 por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México registra que entre 2011 y 2024 han sido asesinados 22 familiares de personas desaparecidas; además, desde 2018 nueve buscadores han sufrido desaparición forzada: cinco han sido localizados sin vida, tres con vida y también falta Lorenza Cano, la madre buscadora que fue sacada de su casa por hombres armados en Salamanca, en enero de 2023 y que aún no ha sido encontrada.
A la lista se suma, además de Magdaleno, desde este martes, su compañero de colectivo, Héctor Aparicio, que desde el 5 de febrero de 2017 buscaba a su hijo José Alfredo, de 17 años, en Tihuatlán, al norte de Veracruz y que desapareció en enero.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ERIKA ROSETE
