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martes, 11 de marzo de 2025

“ANDY el SOBERBIO”: EL “UNICO que NO se DISCULPÓ por DESAIRE a la PRESIDENTA FUE el LIDER AMORAL de MORENA”…se siente hecho a mano y bajado de un cuento,mas bien cuentero.


Andrés López Beltrán se siente más allá del bien y del mal. No sólo por encima de Luisa María Alcalde, la líder nacional de Morena, sino por encima de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sólo así se puede explicar su actitud soberbia, alzada y falta de humildad desplegada tras el revelador incidente en el que cinco líderes morenistas -con él al frente- acabaron por ningunear -dicen que por descuido- a la inquilina de Palacio Nacional, a su llegada del domingo pasado, al Zócalo de la Ciudad de México.

La escena capturada en video y viralizada en todas las redes, muestra a Andy López Beltrán, Luisa María Alcalde, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Manuel Velasco tomándose la foto de la cúpula morenista en el Zócalo. El poder absoluto estampado en cinco rostros eufóricos que departían en torno a quien ya se está impulsando como la opción 2030, la del nepotismo poco ilustrado. Con él se aglutinaban los jerarcas morenistas en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Partido y en su anexo -el Partido Verde-. Tan eufóricos estaban que no se percataron de que la estrella del festival dominical, la presidenta Claudia Sheinbaum, hacía su entrada en solitario, poco triunfal.

Tan evidente fue la descortesía que, frente al accidentado desliz, la inquilina de Palacio Nacional acabó por pagar con el no saludo de mano a ninguno de ellos. Sólo un distante “hola” a mano alzada. “Síganse divirtiendo”, fue su mensaje.

Y eso lo sintieron todos.

Todos, menos Andy López Beltrán. Tal fue el nivel del desaire, que Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Luisa María Alcalde y Manuel Velasco enviaron mensajes de disculpas por sus redes sociales a la presidenta Claudia Sheinbaum. Con humildad aceptaron lo que calificaron como una “involuntaria descortesía”. Y buscaron enmendar la plana. Todos los de la foto fueron humildes y prestos a aceptar lo sucedido. Todos, menos Andrés López Beltrán. Él no mandó mensaje ni dio explicación alguna.

El episodio podría no pasar de ser una simple anécdota, un “chisme político de banqueta”, a no ser porque estamos testificando las personalidades de quienes desde Morena dirigen los destinos de la Nación. Y la actitud de Andrés López Beltrán, como secretario de Organización de Morena e hijo de Andrés Manuel López Obrador, dejó mucho qué desear y exhibió la soberbia de quien “desde ya” se siente el heredero, el amo y señor del partido en el Poder.

Su falta de empatía para enviar un mensaje de “usted disculpe” -que hubiese sido lo políticamente correcto- pasa por los complejos y por la genética autoritaria que distingue al clan de las familias López Obrador-López Beltrán, que al final son una misma. Porque ese “yo no me disculpo con nadie” -así se trate de la presidenta Claudia Sheinbaum- sólo tiene una de dos explicaciones.

UNA. Andy tocó base con su papá, recluido en Palenque, en la Ciudad de México o en Cuba -elija el “exilio silencioso” que mejor le acomode- y el ex presidente le dijo a su retoño que no tenía por qué pasar por esa “humillación”. Que aquello fue un desliz que no llegaba a mayores y que el “usted disculpe, señora presidenta” salía sobrando. Que lo debilitaría. “Los López no cometemos errores, mucho menos pedimos disculpas”.

DOS, Andy ni siquiera consultó con su progenitor en Palenque. Sencillamente se siente por encima de todo y de todos, y a pesar de que sus todavía pares Adán Augusto, Monreal, Luisa María y Velasco sí se dignaron a enviar sus mensajes aceptando el involuntario desaire, el aspirante a ser el candidato presidencial de Morena le tomó prestada aquella famosa frase al panista Vicente Fox: “¿Y yo por qué?”.

Nada de rebajarse, porque piensa que su poder está a la par o incluso por arriba de la primera mujer presidenta en la historia de México. Puede más la soberbia, la actitud del político “mirreynista”, la infalibilidad que les viene en la sangre a los López Obrador y a los López Beltrán. Ellos jamás se equivocan. Siempre existe un culpable, un tercero que es el responsable de todas sus desdichas. Sea desde la oposición, desde los medios de comunicación, con los empresarios conspiradores o las agencias de inteligencia norteamericanas. “Todos, menos yo”. Y la definición de ese perfil del infalible altanero dibuja el liderazgo que podría significarse a futuro, si Andrés López Beltrán -como lo están perfilando- acaba siendo el candidato presidencial de Morena en 2030… O el interino, si antes es necesario.

Por eso es trascendente, digno de estudio, “La Fotografía del Desaire” en el Zócalo. Porque retrata a los líderes morenistas más preocupados por arropar al hijo del líder amoral de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que por cuidar a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la que ya le prodigaron en estos primeros cinco meses de su gobierno una media docena de desaires y contras. En la Cámara de Senadores, en la de Diputados, en Morena. En la designación del gabinete dominado por lopezobradoristas, en la forzosa ratificación de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los artículos no consultados de la Reforma Judicial, en los interescuadras morenistas en el Senado y la Cámara de Diputados, en el golpe a la ley del nepotismo, aplazada hasta el 2030 para cuidar a Andy.

Después del incidente del domingo, en el Zócalo, no echemos al olvido la soberbia de Andrés López Beltrán. Es un signo de personalidad ominoso que retrata, de carne y hueso, al heredero del autoritario infalible que siempre distinguió el estilo personal de gobernar de su controvertido padre.

Con informacion: CODIGO MAGENTA/

“YA NO son TAN NARCOS”: “CARTELES de CRIMINALES TERRORISTAS GANAN MAS JODIENDO a la GENTE que se JODE el LOMO que TRAFICANDOLA”…y eso se lo puedes agradecer todo a todas tus autoridades.


Los cárteles del narcotráfico en México, recientemente declarados por el Departamento de Estado de Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras, han diversificado susnegocios ilegales al punto que para varios de ellos el trasiego de drogas a ese país ha dejado de ser la principal fuente de ingresos.

El pasado 20 de febrero, el Departamento de Estado declaró a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste (antes Los Zetas), La Nueva Familia MichoacanaCártel de Golfo y Cárteles Unidos.

De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, estas seis organizaciones mantienen sus tentáculos en delitos como el tráfico de personas, el cobro de extorsiones por derecho de piso, la venta ilegal de tabaco y hasta la exportación ilegal de productos agroalimenticios.

Cártel del Golfo

Además de ser uno de los principales exportadores de cocaína a Estados Unidos y Europa, según documentos de la DEA, el Cártel del Golfo está relacionado con la extorsión pesca ilegal de varias especies en el golfo de México.

La organización fue catalogada por el Departamento del Tesoro como la que principalmente amenaza y ejerce la extorsión contra pescadores de huachinango en Veracruz y Tamaulipas.

El huachinango es uno de los alimentos de origen animal que más exporta México a Estados Unidos, donde un kilo de este pescado se vende hasta en el equivalente a mil pesos en supermercados.

Además de esos negocios, el Cártel del Golfo se ha relacionado con la pesca ilegal de tiburón y trata de personas a Europa, gracias al control que ejerce sobre la navegación en el golfo de México.

Para el Cártel de Sinaloa y el CJNG su principal fuente de ingresos sigue siendo sin embargo el tráfico de drogas, de acuerdo con documentos de la DEA y del Tesoro, aunque la trata de personas y el robo de combustible, respectivamente, generan también ganancias importantes para dichas organizaciones.

En cambio, para el Cártel del Noreste, la Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos la extorsión, el cobro de piso y la trata de personas, así como la explotación ilegal de especies y tierras genera incluso más ganancias que el tráfico ilegal de sustancias.

Datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revelaron, en 2023, que tan solo en operaciones ilegales hacia Estados Unidos, los grupos del crimen organizado en México tuvieron ganancias de entre 19 mil y 29 mil millones de dólares anuales.

Un estudio de la UNAM afirmó en 2024 que las ganancias podrían ascender a 33 mil millones de dólares anuales. La DEA sostiene que las ganancias de los cárteles del narcotráfico suman “miles de millones de dólares” por sus actividades criminales en México y EU.

Cártel de Sinaloa

De acuerdo con la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, publicada por la DEA en mayo de ese año, uno de los principales negocios del Cártel de Sinaloa es lavar —en México y Estados Unidos— el dinero que opera una compleja red de “brokers financieros” en China, producto de su inversión en los precursores químicos necesarios para la producción de metanfetaminas, cocaína y fentanilo.

Según el informe de la DEA, la exportación de estos precursores químicos permite a “empresarios” chinos generar ganancias mayores a las que les permite la ley bancaria de ese país, enfocada en revertir la fuga de capitales. El dinero obtenido de la venta de drogas en Estados Unidos se blanquea en negocios supuestamente legales en ese país y en México, volviendo a China en inversiones.

En julio de 2024, el Departamento del Tesoro sancionó a supuestos empresarios mexicanos y chinos por estar relacionados con lavado de dinero de operaciones ilícitas relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

Entre 2020 y 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP reveló que se bloquearon cuentas bancarias relacionadas con lavado de dinero de esta organización, así como con negocios de joyería en México y Estados Unidos, además de una cadena de cines en Sinaloa.

Cártel Jalisco Nueva Generación

Sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la DEA detalla en su informe que la organización funciona “como una franquicia”, donde mientras se cumpla con las recaudaciones pactadas, cada “franquiciatario” puede introducir tantos negocios como quiera.

En noviembre de 2024, el Departamento del Tesoro y la UIF en México alertaron sobre la relevancia que el robo de combustible tiene para el CJNG y acusaron directamente a Iván Cazarín Molina, alias El Tanque, de manejar para Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, los negocios de robo de combustible en Jalisco, Puebla y Veracruz.

“El Tanque, que estuvo involucrado en el ascenso y la consolidación del CJNG, opera en los estados mexicanos de Jalisco y Veracruz. Aunque se dedica principalmente al robo de combustible, El Tanque también se ha involucrado en el tráfico de drogas, la extorsión y el homicidio”, señaló el Departamento del Tesoro en ese momento.

Además, una investigación de la revista digital InSight Crime, publicada en 2022, afirmó que el Cártel Jalisco ha incursionado en negocios como el tráfico ilegal de cigarros en México y Estados Unidos, a través de su franquicia conocida como el Cártel del Tabaco.

Cártel del Noreste

El Cártel del Noreste —una facción del grupo Los Zetas— ha encontrado un negocio de ganancias millonarias en la trata de personas, la mayoría migrantes centroamericanos en ruta hacia Estados Unidos, con fines de explotación sexual.

Para esta organización, según el Departamento del Tesoro, sus principales ganancias radican en el cobro de extorsiones a polleros y personas migrantes que buscan usar el paso entre Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Laredo, en Texas.

No obstante, el grupo sigue siendo identificado por la DEA como uno de los principales exportadores de cocaína a Estados Unidos, además de mantener el cobro de piso a agricultores y ganaderos en estados como Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Coahuila.

Cárteles Unidos

Recientemente fue detenido Gerardo Valencia Barajas, alias El señor de la silla, operador de la franquicia de Cárteles Unidos Los blancos de Troya (el modelo franquicia del CJNG ha sido adoptado por otras organizaciones, de acuerdo con la DEA), uno de los principales extorsionadores a limoneros en Michoacán.

El Departamento del Tesoro calificó a Cárteles Unidos como el principal responsable de la extorsión y cobro de piso a productores de limón y aguacate en Michoacán.

Con informacion: ELUNIVERSAL/

“QUIEN NO BUSCA,NO ENCUENTRA”: LA “ESPERANZA en MEXICO para ENCONTRAR MAS de 110 MIL DESAPARECIDOS en el SEGUNDO PISO cabe en la PALMA de TU MANO”…no solo son incapaces, son cómplices.


El cuerpo del periodista Jesús Alberto Camacho estuvo tres años en la morgue del Instituto Médico Forense de Culiacán, en Sinaloa, pero nadie sabía quien era. En 2021 aquel cuerpo había llegado a la Fiscalía sin ninguna identificación. No había denuncia. No había señas particulares. 

Era casi un fantasma, un desaparecido más en un país que ya supera los 110.000. Tres años después de aquello, su plena identificación se pudo realizar gracias a un escáner que permite cotejar las huellas dactilares con la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE). Hace unas semanas, la Fiscalía de Sinaloa hizo pública la información de aquel hombre: Jesús Alberto Camacho, originario de Sonora, 68 años, fotografía a color y fecha de nacimiento. Su historia ha puesto cara a un avance mayúsculo en la identificación de los más de 70.000 cuerpos que se acumulan en los servicios forenses del país.

El Fondo Nacional de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) donó a México 300 de estos escáneres para la identificación humana. Un año después, los resultados son notorios. Más de 6.000 personas han podido ser identificadas en los servicios forenses o en fosas comunes. También ha servido para localizar a personas con vida. El dispositivo, diseñado por México y el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Hamburgo, en Alemania, cuesta alrededor de 1.200 dólares y cabe en la palma de la mano. Su tamaño es similar al de un celular y su sistema operativo lo vuelve muy fácil de utilizar. Sus creadores e impulsores lo consideran un avance muy importante. “La identificación humana no es algo sencillo, pero no es una tarea sin solución”, comenta Maximilian Murck, coordinador de Identificación Humana de UNFPA en México y uno de los responsables del proyecto.

La ONU entregó los dispositivos portátiles a las 32 fiscalías del país y a las comisiones de búsqueda estatales, gracias a la coordinación de la Comisión Nacional de Búsqueda, en el marco del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. “El escáner procesa las huellas, dedo por dedo, y crea un perfil para que luego la información pueda ser cotejada con la base de datos del INE”, agregan desde UNFPA. Las fiscalías realizan una solicitud de la información al instituto electoral, quien devuelve en un plazo de dos semanas la identidad de la persona, su fecha de nacimiento, su fotografía, CURP y dirección. “La identificación de huellas dactilares se había dejado un poco de lado, sin embargo, se trata de una metodología más barata, segura y eficiente que los análisis de ADN”, señala Murck.

Este sistema funciona también para analizar las huellas dactilares de los expedientes en casos de larga data. “Las familias muchas veces piensan que las huellas solo sirven para los casos recientes, pero no. El escáner analiza las huellas en un papel o directamente del cadáver”, dice Murck. La Fiscalía de Tamaulipas junto con la organización Data Cívica desarrollaron un sistema para poder escanear y procesar esta información y cruzarla con los datos del INE. En la mayoría de casos, el protocolo marca que los servicios forenses deben tomar las huellas dactilares de los cuerpos, aunque en muchas ocasiones esto no suceda.

Los resultados han permitido encontrar a víctimas que llevaban fallecidas más de una década y de las que se desconocía su paradero. “En el INE está el registro de 98 millones de personas, eso significa que es la mayor base de datos del país, y que podemos acercarnos a miles de identificaciones a corto plazo y no solo en casos de muertes recientes”, aclara el coordinador de UNFPA. Esta nueva herramienta ofrece a las fiscalías, en su mayoría desbordadas ante la violencia, una manera más rápida y eficiente de trabajar.

En el caso de Zacatecas, un Estado fuertemente azotado por la violencia, en los últimos seis meses, las autoridades han entregado 208 cuerpos de los 247 que han sido identificados. Colima, Morelos, Sinaloa o Jalisco también se han sumado a esta tarea y han comenzado a publicar la identidad de las personas identificadas en su página web. “Reconocemos el compromiso por parte del Estado mexicano, el Gobierno federal y las fiscalías de implementar un sistema de cotejo de huellas dactilares”, señala Murck. “Esto muestra que puede avanzarse en la identificación dactilar, aunque todavía no se avance en temas de genética”, apunta.

Entre mayo de 2024 y febrero de 2025, el Servicio Médico Forense de Culiacán solicitó al INE la información de 450 personas de las que se obtuvo un resultado positivo de 191. De ellos, 44 personas fueron entregadas a sus familiares, según datos oficiales. El resto no pudo ser devuelto. Pese a los avances, el reto continúa siendo enorme. Todo suma a los esfuerzos de los colectivos de víctimas, quienes han localizado a cientos de desaparecidos en el último año. Ese es el caso, por ejemplo, de Julio César Cervantes, a quien se le perdió la pista en Ciudad de México una tarde de 2021. Tres años después fue localizado en el Instituto de Ciencias Forenses de la capital gracias a sus huellas dactilares.

Maximilian Murck reconoce que pese al avance, la tecnología tiene sus límites, por ejemplo, en el caso de niños, niñas y adolescentes que todavía no tienen un INE por ser menores de 18 años. Tampoco funciona en el caso de personas migrantes que desaparecieron en México durante su camino a Estados Unidos. Es difícil rastrearlas en las bases de datos y sus familias viven muy lejos. “El siguiente esfuerzo es que esta información pueda cruzarse con los consulados de Honduras, El Salvador o Guatemala por si ellos pueden aportar información sobre sus ciudadanos que desaparecieron en México”, comenta. Mientras tanto, el reto de la identificación humana continúa siendo inmenso y refleja un gran desafío humanitario y estructural para el Estado mexicano, principal responsable de dar respuesta a las víctimas y sus familias. Estas nuevas herramientas tratan de arrojar un poco de luz entre tanta oscuridad.

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ALMUDENA BARRAGAN

“TIENEN MANOS de ESTOMAGO ?”: “PEMEX YA estaba TRONADO,AMLO lo TRONÓ MAS y SHEINBAUM PERSISTE en la IDEA de QUEBRARLO”…y aun asi andamos de obsequiosos con la dictadura Cubana.


La deuda que Pemex mantiene con sus proveedores y contratistas creció 103.3 mil millones de pesos sólo en tres meses,lo que equivale a un alza de 25.6 por ciento de octubre a diciembre del 2024.

Al cierre del tercer trimestre del 2024, la deuda ascendía a 402.9 mil millones de pesos, pero al término del año pasado se situó en 506.2 mil millones de pesos, según datos de la petrolera.

Ramiro Espino de la Peña, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amespac), dijo en entrevista que el adeudo superior a 500 mil millones de pesos no tiene precedente y el aumento del último trimestre es alarmante.

“Nosotros estuvimos alertando esta situación, en la cual cerraron los pagos en la transición de Gobierno, a pesar de que hubo un cambio en el Gobierno federal del mismo partido, es evidente que no fue una transición tersa; y luego también cerraron el sistema de facturación,entonces no sólo dejaron de pagar, sino que cerraron el sistema y pues el resultado fue un aumento en más de un 25 por ciento de lo que se debe a la proveeduría.

“Es una cantidad muy grande, y desde nuestro punto de vista es simplemente inaceptable, no hay negocio de ningún ámbito que pueda funcionar cuando hay una relación rota con la proveeduría, como en este caso”, puntualizó.

Durante la presentación de resultados al cierre del 2024, el pasado jueves, el director de Finanzas de Pemex, Juan Carlos Carpio, aseguró que el año pasado se realizaron pagos por 404 mil 454 millones de pesos y se mantiene la implementación de programas de pago en coordinación con la Secretaría de Hacienda.

“Para Petróleos Mexicanos, sus proveedores y contratistas son socios y fundamentales para la concepción de las metas operativas; el pago a proveedores no se ha detenido y se intensificará de manera importante en 2025. La deuda con proveedores se reducirá de manera significativa en los siguientes meses”.

La situación financiera de Pemex evidencia un deterioro estructural agudo, con una deuda que supera su valor en libros y un desbalance crítico entre activos y pasivos. 

Bajo las administraciones de AMLO (2018-2024) y Claudia Sheinbaum (2024-actual), la empresa enfrenta su peor crisis en décadas:

Deuda con proveedores: crecimiento récord

  • Aumento del 25.6% en tres meses: La deuda con proveedores saltó de 402,900 MDP en septiembre 2024 a 506,200 MDP en diciembre 2024, un incremento de 103,300 MDP. Este monto equivale al 22% del PIB de Tabasco (MX$459,000 MDP en 2023).
  • Causas inmediatas:
  • Paralización de pagos durante la transición gubernamental (octubre-diciembre 2024).
  • Colapso del sistema de facturación en el cambio administrativo.
  • Estrategia de contención de gastos para priorizar deuda financiera.

Impacto operativo:

  • 120 empresas directas y miles de subcontratistas afectados, principalmente en Tabasco y Campeche.
  • Proveedores recurren a factoring con tasas de interés del 11-15% anual usando facturas Pemex como colateral.

Balance financiero en picada

  • Activos vs. pasivos:
  • Pasivos totales: MX$4.1 billones (1.8 veces sus activos).
  • Valor neto negativo: -MX$1.74 billones en 2024 vs. MX$118,000 millones en 2011.
  • Deuda total: USD$97,600 millones (MX$1.978 billones), equivalente al 5.6% del PIB nacional.

Deterioro bajo AMLO y Sheinbaum

  • Periodo AMLO (2018-2024):
  • Pérdidas acumuladas de USD$30,000 millones en 2024.
  • Producción crudo: caída del 44% vs. pico histórico (3.4 Mbd en 2004 a 1.67 Mbd en 2024).
  • Administración Sheinbaum (2024-):
  • Q4/2024: Pérdida neta de MX$190,500 millones.
  • Refinerías operando al 48% de capacidad.
  • Recorte presupuestal del 7.5% para 2025, limitando inversión en campos nuevos.

Esfuerzos fallidos de estabilización

  • Promesas incumplidas:
  • Pagos parciales de 3-5% en diciembre 2024.
  • Transferencia federal de MX$136,000 millones para amortización 2025, insuficiente frente a vencimientos de USD$20,000 millones (2025-2027).
  • Reforma energética 2025: Busca asociaciones público-privadas, pero limita participación accionaria a 10%, desincentivando inversiones.

Críticas sectoriales:

  • Ramiro Espino (Amespac): “La relación rota con proveedores hace inviable el modelo de negocio”.
  • Oscar Ocampo (IMCO): “Pemex refinancia pérdidas, no genera valor”.

Este escenario refleja una crisis sistémica donde los rescates gubernamentales sólo mitigan síntomas sin atajar causas estructurales: obsolescencia tecnológica, gestión ineficiente y dependencia crónica de subsidios bajo otro malísimo gobierno.

Con informacion: ELNORTE/

“APARTE de LLORON INUTIL”: “MEDIO_CREE FISCAL de la REPUBLICA que TARDO 4 AÑOS para JUDICIALIZAR EX-GOBERNADOR FUGITIVO ahora se duele QUE le AYUDARON a ESCAPAR”…eso es demasiada erudicion en una sola persona.


El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, dijo que el ex Gobernador de Michoacán Silvano Aureoles se dio a la fuga con protecciones de la “vieja administración” que tenía.

Gertz aseguró que el Gabinete de Seguridad sa seguimiento al caso y que “tarde o temprano” lo detendrán.

“Como usted sabe es una investigación que viene ya desde hace tiempo por una serie de denuncias por la construcción de una serie de cárceles locales en las que hubo un evidente peculado, de unas enormes dimensiones y después de muchos problemas procesales frente a los jueces federales, por fin la Fiscalía pudo ya judicializar el caso”, explicó el Fiscal.

“Eran cinco personas en primera instancia las que estaban involucradas, entre ellos el ex Gobernador, los cuatro primeros ya fueron detenidos, están procesados”.

“Inclusive cuando ellos supieron de esta investigación trataron de evitar las responsabilidades penales a través de una oferta de criterio de oportunidad que finalmente no fue más que un encubrimiento de la situación que tenían”.

“El ex Gobernador que se dio a la fuga con una serie de protecciones de la vieja administración que él tenía está siendo seguido con mucha atención por todo el Gabinete de Seguridad y tarde o temprano lo vamos a detener, no me cabe la menor duda”, aseguró Gertz.

REFORMA publicó el domingo que autoridades federales presumen que Aureoles no ha salido de territorio nacional, al menos por puertos y aeropuertos.

De acuerdo con funcionarios que le siguen el rastro, el pasado 28 de febrero, un día después de que una Juez federal librara la orden de aprehensión en contra de su persona y de otros siete ex funcionarios, el perredista estaba en Morelia.

Uno de sus ex colaboradores, detenido ese mismo día, lo alertó de que la FGR también iba por él, por la adquisición aparentemente ilegal de siete cuarteles de la policía estatal a un costo de 3 mil 412 millones de pesos.

Tras el aviso, Aureoles habría salido de incógnito de la capital michoacana a Jalisco y presumiblemente regresó a Michoacán, donde las autoridades le perdieron el rastro.

Reconocimiento de complicidad institucional sin responsables

La posición del Fiscal General Alejandro Gertz Manero ha generado críticas por varias razones vinculadas a contradicciones en su discurso, omisiones procesales y posibles fallas operativas. A continuación, los puntos clave:

Gertz admitió que el exgobernador Silvano Aureoles Conejo escapó con apoyo de la “vieja administración”, lo que implica:

  • Colaboración activa de funcionarios anteriores para evadir la justicia
  • Ausencia de acciones legales contra estos presuntos cómplices
  • Falta de especificidad sobre qué instancias o personas facilitaron la fuga

Contradicción central: Se señala la existencia de redes de protección, pero no hay detenidos por este delito (encubrimiento o abuso de autoridad).

Deficiencias en el operativo de captura

Aunque el fiscal asegura que hay seguimiento del Gabinete de Seguridad, se evidencian fallas:

  • Aureoles fue alertado por un excolaborador detenido el 28 de febrero, lo que sugiere filtraciones en el proceso
  • Las autoridades perdieron su rastro tras su huida de Morelia a Jalisco y posterior regreso a Michoacán
  • No se ha utilizado exitosamente la alerta migratoria, pese a que presumen que sigue en México

Cuestionamientos al manejo procesal

El caso arrastra irregularidades que facilitaron la impunidad:

  • Demora de 4 años en judicializar las denuncias por peculado en construcción de cárceles
  • Intento inicial de los implicados por usar “criterio de oportunidad” (figura legal para reducir penas), que Gertz consideró encubrimiento
  • Sólo 4 de 5 imputados están detenidos, pese a órdenes de aprehensión desde febrero

Impacto en percepción de impunidad

La situación refuerza narrativas de colusión entre autoridades y poder político:

  • Un exmandatario estatal evade acciones judiciales con apoyo institucional
  • Ausencia de sanciones a funcionarios que brindaron protección
  • Tiempo prolongado de fuga (11 días según el contexto) sin avances públicos

Estos elementos generan cuestionamientos sobre la capacidad real de la FGR para combatir corrupción de alto nivel, particularmente cuando involucra a exfuncionarios con redes de influencia activas.

Con informacion: ELNORTE/

LE “DIERON GANAS de VOMITAR”: “TRAFICANTE de METANFETAMINA,ASESINOS y ABOGADOS de NARCOS se COLARON a la BOLETA JUDICIAL y seran TUS PROXIMOS JUECES y MAGISTRADOS”…seran el brazo justiciero de Morena,la mayor organizacion criminal del pais.


Dos noticias brutales marcaron el inicio del 2024 en el Estado de Sonora. El 14 de enero, la joven Paula Josette Arizona, de 23 años,ingresaba en una cárcel de Hermosillo para hacer una visita conyugal a un preso, y tres horas después salía muerta del penal. No tenía permiso de entrada, pero el reo al que visitaba le aseguró que ya había pagado para que autorizaran el encuentro, y antes se vería con el comandante de la prisión. 

Esa fue la primera irregularidad de todas las que se sucederían en un caso que continúa sin resolverse. Cuatro días después, el 18 de enero, dos presos murieron y otros cuatro resultaron intoxicados en otra cárcel estatal, esta vez en Ciudad Obregón, en Cajeme, tras consumir un narcótico mezclado con fentanilo. 

No se sabe quién o cómo ingresaron las drogas al lugar. Todo ello ocurría bajo la supervisión del coordinador de las prisiones estatales, Nicollino Cangiamilla, hoy candidato a magistrado del quinto circuito de Sonora tras ser incluido en la lista de aspirantes del Poder Legislativo.

No es un caso aislado. En las últimas semanas, los ciudadanos se han puesto manos a la obra para revisar exhaustivamente las listas que los tres poderes han configurado para las elecciones del 1 de junio, en las que se renovará por voto popular la mitad del plantel judicial del país. 

El escrutinio de las organizaciones civiles está dejando en evidencia las fallas de un sistema de evaluaciones mal concebido desde un inicio y ejecutado después de forma laxa y poco responsable, según los expertos consultados. El resultado es un goteo de casos que, en el mejor escenario, cuestionan la idoneidad de los postulantes y, en el peor, revelan la inclusión en las listas de presuntos criminales.

En el caso de Cangiamilla, fue la mamá de Paula Josette quien dio la voz de alarma tras enterarse de su candidatura, de la que le avisaron unos amigos que trabajan en el Poder Judicial. “Se me revolvió el estómago, me dieron ganas de vomitar. Sentí mucha impotencia, frustración, enojo”, explica Briceida Arizona por teléfono. “Nicollino ha estado envuelto en una serie de situaciones que dejan mucho que desear como para que sea candidato a magistrado”, sintetiza la mujer, que hizo llegar su hallazgo al colectivo Ni una más Hermosillo, desde donde hacen oposición a la candidatura.

La plataforma Defensorxs, fundada por el abogado Miguel Alfonso Meza, ha reportado otros cuatro casos similares, todos contrastados con documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Jesús Humberto Padilla Briones, exdirector del departamento jurídico del Ayuntamiento de Los Ramones, en Nuevo León, fue detenido en 2023 por narcomenudeo de metanfetaminas y portación ilegal de armas de fuego. Hoy es candidato a juez del cuarto circuito de este Estado en materia penal, también aprobado por el Legislativo.

Fernando Escamilla Villareal fue detenido en 2016 por portar un arma de fuego sin licencia, y está vinculado a la defensa legal de Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z-40, líder del cártel de los Zetas,enviado a Estados Unidos la semana pasada junto a otros 28 narcos. Entre los crímenes que se le imputan está la masacre de 300 habitantes en Allende, Coahuila, y la tortura y asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. 

En una conferencia de prensa en la que se puede ver al candidato sentado con los abogados del capo, él mismo reconoce que años antes representó al narcotraficante Eleazar Medina Rojas, El Chelelo, también integrante de los Zetas y extraditado al vecino del norte en 2023. Hoy es candidato a juez de distrito del cuarto circuito especializado en el sistema penal gracias a la validación del Poder Ejecutivo.

El tercer caso denunciado por la plataforma corresponde a Pablo Andrei Zamudio Díaz, que fue detenido por extorsión el año pasado. Aunque después de hablar personalmente con él, Meza considera que su situación “tiene una explicación razonable”, Zamudio Díaz ya había reprobado dos veces las oposiciones para ser juez, lo que ilustra otro de los problemas que ha quedado patente en el proceso de evaluación y que el investigador jurídico de la UNAM Javier Martín Reyes resume así: “Ninguna de las personas que están hoy en la boleta a nivel federal presentó siquiera un examen general de conocimiento. Ni una”. Pero Zamudio Díaz es candidato a magistrado del primer circuito de Ciudad de México en materia administrativa con la aprobación del Poder Judicial.

El cuarto y último aspirante que ha reprobado la evaluación paralela es Sabas Santiago Ipiña, expolicía vinculado con el asesinato de los hijos de una antigua compañera, Rosalinda Ávalos, que consiguió que lo sacaran de la lista elaborada por el Congreso de San Luis Potosí al oír su nombre durante la sesión en la que realizaban la tómbola de la que saldrían los aspirantes finales.

Santiago Ipiña ya no podrá contender, pero los demás forman parte del listado definitivo que competirá en junio por alguno de los casi 900 cargos judiciales que estarán en juego. “No estoy seguro de que alguien dentro de los comités quisiera impulsar a estas personas. Es que simplemente no se hizo una revisión”, lamenta Meza. Su plataforma está analizando otras 17 denuncias específicas, aunque el objetivo es examinar el mayor número de perfiles posibles.

“Todo esto que estamos viendo ahora se pudo haber incorporado al proceso de evaluación”, considera el investigador de la UNAM. “Los comités pudieron haber dicho: sociedad civil, quiero que ustedes me ayuden y que me proporcionen información y les vamos a abrir espacios”, desarrolla. No se hizo, y los criterios de evaluación fueron insuficientes, imprecisos y dispares entre los tres comités.

“El Poder Judicial tenía la ruta más precisa, con un criterio basado en puntaje, información, trayectoria y exámenes, pero desafortunadamente renunció y ahí tuvimos uno de los problemas”, explica Josafat Cortez, de la misma universidad. Tras una paralización de sus labores por orden de un juzgado de distrito de Michoacán, el Tribunal Electoral finalmente facultó al Senado para sustituir a la Suprema Corte en la tarea. Con el tiempo encima, la Cámara terminó por elaborar la lista mediante una tómbola, eliminando los criterios que inicialmente iban a sentar las bases del proceso del comité del Judicial.

Ambos analistas concuerdan en que este contaba con los criterios más robustos, frente a los de los otros dos poderes, con requisitos que “rayan en lo ridículo”, en palabras de Martín Reyes, y que tienen su origen en el vacío legal que dejó la polémica reforma judicial. “La puerta primero la abrió el diseño institucional, y luego la discrecionalidad de los comités”, abunda Cortez.

Ahora, con el plazo de impugnaciones cerrado (apenas era de cuatro días desde la publicación de las listas), la única opción es promover a unos candidatos y disuadir a la población de votar a otros, una labor titánica y una batalla que se librará casi exclusivamente en la opinión pública. “Es un reto enorme. Hay perfiles muy buenos, otros malísimos, y otros donde ni siquiera sabemos quiénes son, qué han hecho y cuál es su trayectoria”, dice Javier Martín Reyes. “La ciudadanía no conoce a los candidatos”, incide el otro analista, “las ONGs, la propia ciudadanía y la academia tienen ahora la tarea de ubicar los mejores perfiles para permitir que la gente se oriente”.

En Defensorxs preparan un sitio web en el que la población podrá consultar quiénes son los candidatos y cuál es su historial. La labor de los próximos dos meses definirá gran parte del paisaje judicial del país de la próxima década, a la espera de culminar el proceso en 2027, con la renovación del resto de la judicatura. Entonces se abrirá una nueva oportunidad para enmendar los errores que han marcado el paso de estos comicios. Sin embargo, y por ahora, dice Martín Reyes, “seguiremos escuchando casos así, y habrá muchas cosas que desgraciadamente conoceremos después de la elección”.

Con informacion: ELENA SAN JOSE/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS