La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Guerrero,informó que, de acuerdo a la ficha de búsqueda del protocolo de Alerta Violeta, la desaparición de la joven de 25 años Rigoberta Damián Olguín y sus tres hijos, un hombre y dos niñas, fue reportada desde el 24 de enero.
La desaparición de Rigoberta Damián Olguín y sus tres hijos forma parte de un preocupante contexto de violencia en la entidad que obligó a activar la Alerta Violeta tras su desaparición reportada el 24 de enero, cuando fueron vistos por última vez en la cabecera municipal.
Damián Olguín, de 25 años, mide 1.50 metros, tiene cabello rizado negro, y vestía pantalón negro con blusa y tenis rosas al momento de su desaparición. Sus hijos -un niño y dos niñas- permanecen sin localizar.
Casos relacionados en Guerrero
Carolina Juárez, de 36 años y originaria de Tixtla, desapareció el 28 de enero en el centro de Teloloapan durante un viaje.
Yoana Guadalupe Zamudio, adolescente de 16 años, fue reportada como desaparecida el 29 de enero en Chilpancingo. Su último paradero conocido fue al abordar una combi de la ruta Centro-Colonia Indeco.
Contexto de crisis humanitaria
La dirigente de la colectiva “Memoria, Justicia y Verdad”, Socorro Gil, denuncia que Guerrero registra un aumento del 40% en desapariciones durante 2024, vinculando esta situación a la inacción gubernamental y su complicidad con grupos criminales. Gil, quien busca a su hijo Jonathan desaparecido desde 2018, señaló que las autoridades obstaculizan las campañas ciudadanas de búsqueda.
Acciones recientes:
Pegado de fichas de desaparecidos en colonias de Acapulco
Planes de búsqueda en terrenos baldíos y predios abandonados
Denuncia pública de fosas clandestinas no investigadas
Hallazgos recientes en otros estados
Estado
Hallazgo
Fecha
Sonora
26 fosas con restos humanos
Febrero 2025
Chihuahua
56 cuerpos en 38 fosas
Enero 2025
Chiapas
31 cuerpos en fosas clandestinas
Diciembre 2024
Estos casos reflejan la emergencia nacional en materia de desapariciones, donde México supera las 100,000 personas no localizadas según datos oficiales. Las colectivas ciudadanas siguen siendo cruciales para localizar víctimas ante la insuficiencia de protocolos oficiales.
Carlos Ranses Neri Rodríguez, secretario del Ayuntamiento de Paso del Macho, Veracruz, y precandidato del PVEM a la alcaldía municipal, fue hallado sin vida junto a su hermano Juan Daniel Neri Rodríguez.
Al funcionario,los criminales primero lo convirtieron en uno mas de 122 mil desaparecidos tras ser reportado al sistema la noche del 7 de febrero de 2025,aunque ambos habían sido reportados como desaparecidos desde el 6 de febrero.
Pero ayer, al ser localizados sin vida, ahora son parte de los casi 10 mil asesinados durante el segundo nefasto piso de la “calca presidencial que igual que su antecesor narco,nos tira su choro mareador todas las mañanas.
Contexto del caso
Carlos Ranses (43 años) se desempeñaba como secretario del Ayuntamiento de Paso del Macho y aspiraba a la alcaldía por la alianza PVEM-Morena.
Su hermano Juan Daniel (45 años) lo acompañaba en un viaje a Soledad de Doblado para un evento con agricultores cuando desaparecieron.
Desaparición y hallazgo
Último contacto: Fueron vistos por última vez el 6 de febrero en Camarón de Tejeda, a bordo de un vehículo KIA Sportage blanco (placas YTZ-408-A).
Movilizaciones: Familiares y simpatizantes bloquearon la caseta de La Antigua y marcharon en Paso del Macho exigiendo su localización, con consignas como “Presidenta Claudia Sheinbaum, ayuda, los queremos vivos”.
Hallazgo: La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que los cuerpos fueron encontrados en un camino de terracería hacia Paso Grande, con huellas de violencia[3][6][8]. El sitio corresponde al ejido Actopan, entre Paso del Macho y Camarón de Tejeda.
Investigación y reacciones
Equipo multidisciplinario: Peritos y policías ministeriales aseguraron evidencias en el lugar, trasladando los cuerpos al Servicio Médico Forense de Córdoba.
PVEM: El partido emitió un comunicado exigiendo agilizar las investigaciones: “Velar por la seguridad es tarea ineludible del Estado”
Contexto electoral: El hecho ocurre durante el proceso de precampañas para las 212 alcaldías veracruzanas que se renovarán en junio de 2025. Este sería el segundo ataque a miembros del PVEM en tres meses, tras el asesinato del diputado federal Benito Aguas en diciembre de 2024
Cronología clave
Fecha
Evento
6 feb 2025
Desaparecen tras salir de Paso del Macho hacia Soledad de Doblado
7 feb 2025
Bloqueo en caseta La Antigua y movilizaciones
7 feb 2025
Fiscalía confirma hallazgo de cuerpos con violencia
Impacto político: El caso expone los riesgos de seguridad en el proceso electoral veracruzano, particularmente para candidatos de municipios con historial de violencia y deja ver que las acusaciones de Donald Trump se acercan mas a la realidad que al infundio.
El mas reciente asesinato,el de Mateo Santiago Ramírez Martínez, de 12 años, hallado sin vida en Jalisco tras cuatro días de búsqueda al reportarse su desaparición, expone con crudeza la epidemia de violencia contra menores en México y la incapacidad estructural del Estado para garantizar seguridad.
La señora María Teresa, madre del adolescente, compartió el pasado 4 de febrero, que “Toto”, como lo llamaba con cariño, fue a tomar clases a su escuela secundaria, donde cursaba el primer grado. Salió a las 14:00 horas, como habitualmente lo hacía, pero dejó de reportarse y no volvió a casa.
“Ayúdenme a localizarlo. No ha llegado a casa y ya estoy preocupada (…) ya me comuniqué con todos sus amigos y no está con ninguno. Es buen niño“, publicó en redes sociales ese día.
“Si tú tienes a mi hijo Mateo, te suplica una madre que no ha dejado de pedir a Dios su regreso sano y salvo, lo dejes en libertad para que él pueda llegar a casa. Te prometo que no habrá represalias. Solo quiero tener a mi hijo en casa. Apiádate de esta Madre que te lo suplica”, posteó posteriormente.
Pero su caso, ocurrido en León, Guanajuato—epicentro de la violencia criminal—, refleja patrones sistémicos:
1. Brutalidad contra la infancia: un problema estructural
Guanajuato lidera asesinatos de niños y adolescentes en México, con 28 casos registrados solo entre enero y mayo de 2021. En junio de 2024, seis miembros de una familia, incluidos un bebé de ocho meses y un niño de dos años, fueron masacrados en la misma entidad
La participación de menores como victimarios también es alarmante. Investigadores señalan que muchos crímenes son cometidos por adolescentes reclutados por grupos criminales, un fenómeno alimentado por la impunidad y la falta de políticas preventivas.
2. Fallas en la respuesta gubernamental
Operativos reactivos, no preventivos: Aunque autoridades detuvieron a un presunto responsable (un dentista vinculado a abuso sexual), la Fiscalía sugiere la participación de un cómplice aún no capturado.
Promesas incumplidas: La gobernadora Libia Denisse García aseguró que “no habrá impunidad”, pero Guanajuato registra una tasa de impunidad del 94% en homicidios, según organizaciones civiles. Además, el estado ocupa el primer lugar nacional en asesinatos de policías, evidenciando la infiltración del crimen en instituciones.
3. Contexto de colusión y violencia organizada
Guanajuato es escenario de la guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Santa Rosa de Lima, que disputan rutas de narcotráfico y huachicoleo. Solo en enero de 2025, 10 presuntos integrantes del CJNG murieron en un enfrentamiento con fuerzas federales en Yuriria.
Estos grupos utilizan violencia performativa (masacres, ejecuciones públicas) para intimidar. En 2024, un ataque con granadas y fusiles .50 calibre en Culiacán obligó al gobierno a liberar a Ovidio Guzmán, mostrando la capacidad de coacción del crimen.
El caso de Mateo no es aislado: es síntoma de un Estado que prioriza narrativas de control sobre acciones concretas. Mientras las víctimas son reducidas a cifras, la violencia se normaliza, perpetuando un ciclo donde niños como “Toto” pagan el precio de la indiferencia institucional.
La reciente administración de Claudia Sheinbaum enfrenta escepticismo: tras el asesinato de la alcaldesa de Celaya en octubre de 2024, organizaciones civiles cuestionaron su capacidad para romper vínculos entre autoridades y crimen.
Ayer nuevamente la violencia incontenible que azota Culiacan, en el estado de Sinaloa,aun gobernado por RUBEN ROCHA MOYA ,un “narco aliado moreno” de los Chapitos”, tres hombres fueron asesinados a balazos durante la noche de ayer viernes en Culiacán,exhibiendo que esta pujante ciudad que lucha por sobrevivir se ha convertido en un pueblo vaquero del viejo oeste, donde pistoleros se desafian en sus calles para ver quien es mas rápido y son tan atrevidos que lo hacen hasta en frente del “Sheriff”.
Los hechos se reportaron a las 23:00 horas por la esquina entre las calles Bahía de Agiabampo y Jesús Terán Sur, frente a un expendio de la colonia.
Y aunque hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas, si es posible establecer con certeza que despues de que la Presidenta Claudia Sheinbaum,enviara a su pupilo de “curricula mañosa” a controlar a la maña del CDS,claro esta con un REFORZAMIENTO MILITAR,pues resulta que el CARTEL de SINALOA REFORZO las EJECUCIONES.
La llegada de refuerzos militares a Culiacán, Sinaloa, desde finales de 2024 y particularmente tras la llegada de Garcia Harfuch,han coincidido con un repunte histórico de violencia, incluyendo ejecuciones, enfrentamientos y ataques a infraestructura.
Los hechos de ayer viernes 7 de febrero de 2025 —donde tres hombres fueron asesinados a balazos en la colonia Nuevo Culiacán— ejemplifican esta paradoja. A continuación, el análisis basado en datos y contextos:
1. Refuerzos militares vs. escalada de violencia
Entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, tras la llegada de “Omarcito”, más de 1,200 elementos militares y de la Guardia Nacional fueron desplegados en Sinaloa, según reportes de Milenio, Reforma y Luz Noticias.
Pese a esto, Culiacán registró 31 asesinatos en una semanadurante septiembre de 2024, 15 homicidos en un solo fin de semana en octubre, y 8 ejecuciones en 12 horas el 12 de octubre.
En enero de 2025, se reportaron tres hombres decapitados en la carretera Culiacán-Eldorado y pare de contar que balance no ayuda desde ningun ángulo.
2. El caso de la colonia Nuevo Culiacán
El asesinato de tres hombres este 7 de febrero ocurrió en un contexto de operativos fallidos y disputas territoriales:
Detalles del evento: Los cuerpos fueron hallados frente a un expendio de cerveza en la esquina de Bahía de Agiabampo y Jesús Terán Sur. Las víctimas presentaban impactos de bala a quemarropa, y no se identificó a los agresores.
Patrón criminal: Este enesimo episodio y muchísimos mas se han sumado a una ola de ataques en zonas comerciales y residenciales, como el incendio de una gasolinera, 8 ejecuciones el jueves como cita NOROESTE,casas y negocios incendiados.
3. Factores que explican la paradoja
Disputas internas del Cártel de Sinaloa: Tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López en julio de 2024, las facciones lideradas por Los Chapitos y Los Mayoshan librado una guerra interna con “V” de venganza, en medio del contexto narcopolitico,pues a la traición del ahijado al “Mayo Zamabada”,le antecedió otra del Gobernador Rocha Moya a Melesio Cuen,cuyos ecos retumban hasta Tamaulipas con Americo Villarreal.
Respuesta insuficiente: Aunque las autoridades aseguran y presumen sin evidencia que los refuerzos, por cierto muy frecuentes, buscan “inteligencia y prevención”, los operativos suelen llegar posteriormente a las balaceras, como ocurrió en el ataque al restaurante de sushi e incluso han culpado a ciudadanos por reportarlos tardiamente.
Militarización vs. estrategia integral: Expertos señalan que el enfoque puramente reactivo (más soldados, menos inteligencia policial) no aborda raíces como colusión del gobierno y sus autoridades locales que han quedado múltiples veces en evidencia en el contexto de esta guerra donde el ejercito minimiza las acusaciones,igual que el gobierno federal.
4. Impacto social y desconfianza ciudadana
Suspensión de actividades: En septiembre de 2024, se cancelaron clases en Culiacán tras enfrentamientos en La Campiña, mientras que en febrero de 2025, comercios cerraron temprano por temor a represalias.
Cifras oficiales vs. realidad: Aunque el gobierno estatal insiste en que “la situación está controlada”, organizaciones civiles documentan subregistro de desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales.
Conclusión
Aun con la llegada de “Harfuch” y el acompañamiento militar en Culiacán ,han sido no solo incapaces de contener la violencia, esta se ha recrudecido en medio de la complicidad del gobernAdor y la complejidad del conflicto entre cárteles, la falta de estrategias integrales y la adaptación táctica del crimen organizado que ya se sabe todas las estrategias, pues cuando se combate al enemigo por mucho tiempo, este termina acostumbrándose a todas.
Los homicidios en Nuevo Culiacán no son un caso aislado, sino parte de un ciclo de violencia estructural donde la presencia castrense, lejos de disuadir, parece coincidir con picos de brutalidad como método de desafío a las autoridades y ya ha sido materia de escrutinio en el pasado, pero el gobierno ni lo atiende ,ni lo entiende, mas militares es igual a mas asesinatos y asi pasa por todo el pais.
El periodista Jesús Esquivel informó en ‘Aristegui en Vivo’ que un integrante del Consejo Asesor de Seguridad Nacional habló a la prensa sobre la posibilidad de que Donald Trump recurra a la Ley de Insurrección de 1807 para combatir a los cárteles mexicanos.
Esta ley, que permite al presidente desplegar fuerzas militares en suelo estadounidense en casos de insurrección o violencia doméstica, ha cobrado relevancia tras las recientes órdenes ejecutivas de Trump que declaran una emergencia nacional en la frontera sur.
Contexto clave:
Declaración de emergencia en la frontera: Trump firmó una proclamación que describe la situación en la frontera como una “invasión” liderada por cárteles, crimen organizado y narcotráfico. El texto acusa a estas organizaciones de controlar el tráfico ilegal y amenazar la seguridad nacional.
Atribuciones del Pentágono bajo la Ley de Insurrección:
La ley permite al presidente movilizar a la Guardia Nacional y a las fuerzas armadas regulares para tareas de aplicación de la ley en casos donde se considere impracticable hacerlo por medios civiles.
Según Esquivel, esto podría traducirse en operativos militares contra cárteles, incluso sin el consentimiento de los gobiernos estatales.
Implicaciones para México:
Expertos advierten que la militarización de tareas policiales —como sucedió en México durante la “guerra contra el narcotráfico”— podría exacerbar la violencia y violaciones a derechos humanos[.
La experiencia mexicana muestra que el uso de fuerzas armadas en roles civiles ha derivado en colusión con cárteles, desplazamientos forzados y crímenes contra migrantes.
Críticas y riesgos:
Definición amplia de “insurrección”: La administración Trump ha vinculado migración, cárteles y terrorismo en su narrativa, lo que legalmente es cuestionable. La Ley de Insurrección se diseñó para rebeliones, no para control fronterizo.
Posible judicialización: Organizaciones civiles y legisladores demócratas argumentan que usar tropas en labores policiales viola el Posse Comitatus Act, salvo bajo la excepción de la Ley de Insurrección. Cortes federales podrían intervenir si se exceden las atribuciones.
Impacto bilateral: México ha rechazado categóricamente operativos militares estadounidenses en su territorio. Designar cárteles como “organizaciones terroristas” también complicaría la cooperación financiera y diplomática.
En síntesis:
La invocación de la Ley de Insurrección no es un escenario hipotético, sino una opción explícitamente mencionada en las órdenes ejecutivas de Trump. De aplicarse, el Pentágono asumiría un rol central en labores fronterizas, con facultades para desplegar tropas, construir muros y realizar detenciones. Sin embargo, esta estrategia enfrenta obstáculos legales, políticos y humanitarios que podrían limitar su alcance real.
Que dice la Ley de Insurrección
La Ley de Insurrección de 1807, firmada por Thomas Jefferson, establece en su texto original:
«En todos los casos de insurrección u obstrucción a las leyes, ya sea de los Estados Unidos o de cualquier estado o territorio individual, cuando sea legal que el Presidente de los Estados Unidos convoque a la milicia con el propósito de suprimir dicha insurrección o hacer cumplir debidamente las leyes, será legal para él emplear, con los mismos propósitos, tal parte de la fuerza terrestre o naval de los Estados Unidos que se considere necesaria, habiendo observado primero todos los requisitos previos de la ley al respecto».
Contenido actualizado (Título 10 del Código de EE.UU.)
La ley ha sido modificada en múltiples ocasiones, pero sus disposiciones centrales se mantienen en las siguientes secciones:
§252: Uso de la milicia y fuerzas armadas para hacer cumplir la autoridad federal
«Cuando el Presidente considere que obstrucciones ilegales, combinaciones o rebeliones contra la autoridad de EE.UU. hacen impracticable hacer cumplir las leyes mediante procesos judiciales ordinarios, podrá llamar al servicio federal a la milicia de cualquier estado y usar a las fuerzas armadas que considere necesarias»
§254: Proclamación para dispersar
«El Presidente debe emitir una proclamación ordenando a los insurgentes dispersarse y retirarse pacíficamente a sus hogares dentro de un tiempo limitado antes de desplegar fuerzas militares»
§333: Interferencia con leyes estatales y federales
«El Presidente puede emplear la milicia o fuerzas armadas para suprimir insurrecciones, violencia doméstica o conspiraciones que priven a cualquier grupo de derechos constitucionales, especialmente si las autoridades estatales no actúan»
Contexto histórico y modificaciones
1861: Se añadió una sección para responder a rebeliones contra el gobierno federal, como durante la Guerra Civil.
1871: Reformada durante la Reconstrucción para proteger derechos de afroamericanos frente al Ku Klux Klan, incorporando la Cláusula de Protección Igualitaria de la 14ª Enmienda.
2006-2007: Se propusieron modificaciones para ampliar su uso en desastres naturales, pero fueron derogadas tras críticas por riesgo de militarización excesiva.
La ley sigue siendo un instrumento controvertido, con límites establecidos por el Posse Comitatus Act de 1878, que restringe el uso de fuerzas armadas en labores policiales salvo bajo excepciones como esta.
