Visitanos tambien en:

martes, 21 de enero de 2025

“QUE DEBIO DECIR y NO DIJO”: “SHEINBAUM se ENREDO y NOS VOLVIO a ENREDAR en la SOBERANIA pero SOBERANIA seria que CARTELES NO CONTROLEN el TERRITORIO”…mas parece su abogada.


Ante la designación de cárteles como organizaciones terroristas, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo esta mañana durante la conferencia habitual que Estados Unidos puede actuar dentro de su país y que México defenderá su soberanía e independencia. 

“Los cárteles como organizaciones terroristas, ¿en este caso qué planteamos nosotros? El decreto establece que ellos tienen dos semanas por lo menos para estudiar a quién llamarían organización terrorista. ¿Qué decimos nosotros? Ellos pueden actuar en su territorio, su marco de actuación y de su Constitución

Nosotros lo que decimos es la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. Por eso siempre dijimos: nos coordinamos, pero somos un País libre, independiente y soberano. Y lo que vamos a buscar es la coordinación, como mencionó en su momento el Secretario de Estado, Marco Rubio”.

“Entonces, en su territorio, ellos actúan frente a México y nosotros la defensa de nuestra soberanía y buscar siempre el diálogo para la cooperación sin subordinación, como lo hemos manifestado en otras ocasiones”, mencionó. 

Lo que vamos a buscar nosotros es la coordinación en materia de seguridad con respecto a nuestra soberanía, eso es lo que estamos planteando y tiene que abrirse el espacio de comunicación a partir de ahora. Te repito: ellos hacia dentro de su territorio pueden actuar y deben actuar. 

Que no dijo, pero pudo haber dicho

Las declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, es evidente que sus palabras no se ajustan completamente a la realidad de violencia que enfrenta México,parece desconectada y alineada más con una postura de complicidad gubernamental. A continuación, argumentamos cómo debió haber respondido para reflejar de manera más precisa la grave situación del país que acumula entre ella y sus antecesor Andres Manuel Lopez Obrador,casi 210 mil muertos y 121 mil desapreciaos.

Reconocimiento de la crisis de seguridad

En lugar de enfocarse únicamente en la defensa de la soberanía, Sheinbaum debió haber reconocido abiertamente la grave crisis de seguridad que enfrenta México debido al crimen organizado y pudo haber dicho:

“Reconocemos que México enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes debido a la violencia del crimen organizado, porque en 2024 se registraron más de 30,000 homicidios y casi 200 mil durante la gestión de mi antecesor ,eso es inaceptable y entendemos la preocupación de Estados Unidos y estamos comprometidos a combatir junto con ellos este flagelo de manera decidida.”

Autocrítica y compromiso de acción

En vez de adoptar una postura defensiva, con soberanías mal entendidas,la Presidenta debió haber hecho una autocrítica sobre las fallas en la estrategia de seguridad y comprometerse a tomar acciones concretas:

“Reconocemos que nuestra estrategia de seguridad no ha dado los resultados esperados y si nos comprometemos a fortalecer nuestras instituciones de seguridad y justicia, combatir la corrupción e impunidad, con ayuda de EE.UU,podriamos desarticular las estructuras financieras de los grupos criminales,su apoyo en los partidos politicos,incluidos aquellos gobernadores involucrados directamente y todos aquellos que actúan como facilitadores,e Implementar una nueva estrategia conjunta e integral que no solo aborde el uso de la fuerza.”

Cooperación internacional efectiva

En lugar de enfatizar la no subordinación, Sheinbaum debió haber propuesto una cooperación internacional más efectiva:

“Estamos abiertos a fortalecer la cooperación con Estados Unidos y otros países para combatir al crimen organizado transnacional, para eso les vamos a proponer establecer mecanismos de inteligencia compartida, operativos conjuntos en nuestro territorio dejando que seamos nosotros quienes lideremos el esfuerzo para respetar nuestra soberanía, pero con acciones coordinadas donde nosotros aportaremos toda nuestra voluntad y fuerza, para que ellos nos ayuden con inteligencia, ademas de manera conjunta vamos atacar las finanzas del crimen organizado.”

Atención a las causas principales

La Presidenta debió haber abordado que detras de las causas de la violencia y el crimen organizado, estuvo el gobierno como complice: 

“Reconocemos que la violencia se profundice durante el gobierno de mi antecesor que privilegio los abrazos y no lo balazos,se equivoco y aunque sabemos que hay otras causas estructurales, como desigualdad o falta de oportunidades, ha sido la debilidad Y la complicidad institucional la principal responsable del crecimiento de carteles.

Compromiso con el Estado de Derecho

Finalmente, Sheinbaum debió haber enfatizado el compromiso con fortalecer el Estado de Derecho:

“Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con el Estado de Derecho. Fortaleceremos nuestro sistema de justicia, combatiremos la corrupción e impunidad con protección institucional, y garantizaremos que ningún grupo criminal tenga control sobre territorios o instituciones del Estado mexicano, porque esto es soberanía.

En resumen, la respuesta de la Presidenta Sheinbaum debió haber sido más franca, menos confortadora como lo hace siempre y mas autocrítica para reconocer la gravedad de la situación, las fallas en la estrategia de seguridad, y poco propositiva en cuanto a acciones concretas de cooperación internacional que puede ser muy efectiva, si ella fuera mas afectiva,sin dejar de lado la defensa de la soberanía nacional.

Con informacion: ELNORTE/

“OTRO MARTILLAZO”: “JUEZ FEDERAL de DOS PLUMAZOS le INVALIDA al LEGISLATIVO,MORENA y el GOBIERNO la REFORMA JUDICIAL y de SUPREMACIA CONSTITUCIONAL”…gobernadores borregos las aprobaron sin leerlas y en menos de 24 horas.


Al otorgar un amparo a Leonel Castillo González, ex presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), un juez federal invalidó las reformas judicial y de supremacía constitucional porque el Poder Legislativo violó el principio de deliberación democrática a la hora de aprobarlas.

Agustín Gaspar Buenrostro Massieu, Juez Cuarto de Distrito enMateria de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales de Querétaro, concedió al ex magistrado el primer amparo contra la reforma de supremacía constitucional y, al mismo tiempo, el segundo contra la judicial.

En su fallo explica que la deliberación democrática se refiere a decisiones que se toman por una mayoría determinada de votos de los representantes ciudadanos y a la discusión de los asuntos que se votan tanto por las mayorías como por las minorías políticas.

El peso representativo y la naturaleza de la deliberación pública es, precisamente, lo que otorga todo su sentido a la reglamentación del procedimiento legislativo y a la necesidad de imponer su respeto, procedimiento que en este caso no fue cumplido, según el juez.

“Ello en virtud de que los debates sostenidos en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión no cumplió con su función primordial que era analizar en estricto sentido la reforma constitucional propuesta, pues, como ya se evidenció, se limitaron a entablar discusiones sobre las posibles manipulaciones de los votos a favor de la reforma, pero jamás se realizó un debate centrado en analizar los pros y contras de tal reforma”, señala la sentencia.

“Tampoco cumplieron su función constitucional las legislaturas locales, pues en muchos casos, en menos de 24 horas, votaron las reformas sin lectura de los dictámenes respectivos, dispensando los trámites legislativos sin justificarlo, e incluso sin debatir el tema”.

“Lo anterior evidencia que en el procedimiento (legislativo) se cometieron violaciones trascendentales que conculcan el principio de deliberación democrática, por lo que provocan la invalidez total de las reformas reclamadas”.

El juzgador precisa que este fallo implica también dejar sin efectos todos los actos posteriores de ambas reformas, realizados en vía de consecuencia, por “ser frutos de actos viciados”.

A principios de diciembre, la Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa de Jalisco, María Gabriela Ruiz Márquez, dictó la primera sentencia de amparo contra la reforma judicial, publicada el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación.

La dictada por el juez Buenrostro es la segunda contra dicho decreto, pero al mismo tiempo es la primera contra la reforma de supremacía constitucional y que trasciende públicamente.

Esta disposición, publicada el 31 de octubre, prohíbe impugnar las reformas a la Constitución impuestas por la mayoría en el Congreso.

Los alcances de la Invalidación de reformas constitucionales

El fallo del juez Agustín Gaspar Buenrostro Massieu tiene importantes implicaciones y alcances en el ámbito jurídico y constitucional de México:

El juez invalidó dos reformas constitucionales de gran relevancia:

  1. La reforma judicial, publicada el 15 de septiembre de 2024.
  2. La reforma de supremacía constitucional, publicada el 31 de octubre de 2024.

Esta decisión es trascendental porque:

  • Es el primer amparo concedido contra la reforma de supremacía constitucional.
  • Es el segundo amparo otorgado contra la reforma judicial.

Fundamento de la invalidación

El juez basó su decisión en la violación del principio de deliberación democrática durante el proceso legislativo. Este principio implica que:

  • Las decisiones deben tomarse por una mayoría determinada de votos de los representantes ciudadanos.
  • Debe haber una discusión adecuada de los asuntos por parte de las mayorías y minorías políticas.

Deficiencias en el proceso legislativo

El juez señaló varias irregularidades en el procedimiento:

  1. En la Cámara de Senadores:
  • No se analizó adecuadamente la reforma constitucional propuesta.
  • Los debates se centraron en discusiones sobre posibles manipulaciones de votos, en lugar de analizar los pros y contras de la reforma.
  1. En las legislaturas locales:
  • Muchas votaron las reformas en menos de 24 horas.
  • No se leyeron los dictámenes respectivos.
  • Se dispensaron trámites legislativos sin justificación.
  • En algunos casos, ni siquiera hubo debate sobre el tema.

Alcances de la sentencia

La decisión del juez tiene amplias repercusiones:

  1. Invalida totalmente las reformas reclamadas.
  2. Deja sin efecto todos los actos posteriores derivados de ambas reformas, por considerarlos “frutos de actos viciados”.

Importancia del fallo

Esta sentencia es significativa porque:

  1. Reafirma la importancia del proceso deliberativo en la democracia mexicana.
  2. Cuestiona la constitucionalidad de reformas aprobadas sin el debido debate y análisis.
  3. Representa un contrapeso judicial a las acciones del Poder Legislativo.

Contexto legal

Es importante notar que esta sentencia se da en un contexto donde:

  1. La reforma de supremacía constitucional buscaba prohibir la impugnación de reformas constitucionales.
  2. Ya existía una sentencia previa contra la reforma judicial, dictada por la Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa de Jalisco.

Implicaciones futuras

Este fallo podría tener importantes consecuencias:

  1. Podría sentar un precedente para futuros cuestionamientos a reformas constitucionales.
  2. Podría generar un debate sobre los límites del poder legislativo y la importancia de la deliberación democrática.
  3. Podría llevar a una revisión de los procedimientos legislativos para garantizar un debate más profundo y representativo.

Procedimiento de ejecución forzosa

Si el gobierno y otras autoridades no acatan una sentencia de amparo, se pueden presentar las siguientes consecuencias:

  1. Requerimientos y apercibimientos
  • El juez requerirá a la autoridad responsable para que cumpla la sentencia en un plazo determinado.
  • Se le apercibirá con la imposición de multas o sanciones más severas en caso de incumplimiento.
  1. Imposición de multas
  • Si persiste el incumplimiento, el juez podrá imponer multas a los funcionarios responsables.
  1. Separación del cargo
  • En casos de incumplimiento inexcusable, la Suprema Corte de Justicia podrá ordenar la separación inmediata del funcionario de su cargo.
  1. Consignación penal
  • La autoridad incumplidora podrá ser consignada ante un juez penal por el delito de abuso de autoridad.

Consecuencias jurídicas

  • Incidente de inejecución de sentencia
  • Se tramita ante la Suprema Corte para determinar si el incumplimiento es excusable o inexcusable.
  • Repetición del acto reclamado
  • Si la autoridad emite un nuevo acto similar al anulado, se puede denunciar la repetición.
  • Cumplimiento sustituto
  • En ciertos casos, se puede ordenar el pago de una indemnización en lugar del cumplimiento directo.

Implicaciones institucionales

  • Afectación al Estado de Derecho
  • El desacato a las sentencias de amparo debilita la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos.
  • Pérdida de confianza ciudadana
  • La falta de acatamiento de resoluciones judiciales erosiona la credibilidad de las instituciones.
  • Posibles crisis constitucionales
  • El enfrentamiento entre poderes puede derivar en situaciones de inestabilidad política.

En resumen, existen mecanismos legales para forzar el cumplimiento, pero el desacato persistente puede tener graves consecuencias para el sistema jurídico y la gobernabilidad democrática del país.

En resumen, esta sentencia representa un hito en la jurisprudencia mexicana, al cuestionar la validez de reformas constitucionales basándose en la calidad del proceso deliberativo, lo que podría tener profundas implicaciones para el sistema político y jurídico del país.

Con informacion: ELNORTE/

“NI ADAN AUGUSTO,NI REQUENA,FUE TOMASIN”: LA “FGR ATORA LUGARTENIENTE del LUGARTENIENTE de SENADOR NARCO de MORENA LIGADOS a la VIOLENCIA en TABASCO”…un mejoralito para la infeccion guinda.


Carlos Tomás Díaz Rodríguez, uno de los líderes de la organización criminal “La Barredora” en Tabasco, fue detenido por autoridades federales durante el pasado domingo.

El delegado de la FGR en Tabasco, Marín Rivera Cisneros,informó que “El Tomasín” o “El Licenciado”, señalado dentro del grupo cercano al ex Secretario de Seguridad Pública estatal Hernán Bermúdez Requena, fue capturado en Puebla.

“Lo único que les puedo comentar es que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada solicitó la orden de aprehensión en contra de Tomás N, misma que fue ejecutada el 19 de enero. Será puesto a disposición de un Juez de Distrito en funciones de un Juez de Control federal de Tabasco”, declaró este lunes en la conferencia de prensa del Gobernador Javier May (Morena).

“La Barredora” es considerada por autoridades como un grupo criminal liderado principalmente por ex policías que incrementó su poder a partir de que Bermúdez Requena tomó el control de la Seguridad estatal durante la Gubernatura de Adán Augusto López (Morena), actual senador.

Desde diciembre de 2023, a “La Barredora” la ligan con el tráfico de droga, migrantes, trata de personas, y también la narcoviolencia en la entidad por una pugna contra integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre 2016 y 2017, Tomás Díaz trabajó bajo la clave de puesto 131 como ayudante de la Presidencia Municipal de Macuspana, que entonces estaba a cargo del priista José Eduardo “Cuco” Rovirosa, actualmente detenido por peculado.

Durante ese período, los recibos de nómina a nombre de Díaz Rodríguez indican que su salario oscilaba entre 2 mil pesos mensuales y 14 mil, de acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia.

¿Cómo fue la detención de ‘El Tomasín?

 Tomás Díaz fue detenido la noche del 19 de enero, en inmediaciones de la Ex Hacienda San Lorenzo, en Tehuacán, de acuerdo con el informe semanal de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC).

Durante el operativo también se aprehendió a cuatro personas más y decomisaron 20 envoltorios de marihuana, 91 dosis de metanfetamina, 29 dosis de cocaína, un cargador, siete cartuchos y dos motocicletas con reporte de robo.

Por su parte, el titular de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, detalló en conferencia de prensa que durante 15 días se diseñó el operativo para su captura.

“La Barredora”, conocida en sus inicios como “La Hermandad” operó como un cártel policiaco y en 2022, cuando Hernán Bermúdez fue ratificado en el cargo por el morenista Carlos Merino, informes de inteligencia militar señalaron al “Comandante H” como el líder de esta organización.

Con informacion.-ELNORTE/

EL “OTRO ANGULO de la GUERRA”: “PERIODISTA INQUIETO PRESUME en DIARIO ESPAÑOL que en NUEVO EMBATE de EE.UU VS. CARTELES NO solo CAERAN NARCOS”…tambien muchos inocentes(…la vieja especialidad en Mexico)


Sin necesidad de más detalles sobre la designación de los carteles de la droga como organizaciones de terrorismo internacional, incluidos sus retos legales e implicaciones logísticas, se puede adelantar que se trata de una pésima noticia para muchas comunidades mexicanas.

En esta nueva guerra, porque eso será, una guerra, otra vez México pondrá muchas —demasiadas— víctimas mortales. Porque la unilateral medida del nuevo presidente de Estados Unidos se traducirá en operativos en poblaciones donde no solo caerán “narcos”.

¿Quién define lo que es un “narco” mexicano? ¿Qué fatales alcances tendrá esa denominación que pretende Donald Trump, según confirmó este lunes, en poblados donde por múltiples razones, o sinrazones, los criminales fuerzan a inocentes a ser parte de su oscuro emporio?

El terreno de la legalidad en México es gelatinoso, sin duda. La batalla por instalar el Estado de derecho es, en muchas regiones, poco más que un bonito discurso de la capital de la República. Pero tiene que ser una aspiración permanente, no un pretexto para machacar leyes.

¿Un aguacatero o un limonero de Michoacán, será tratado por Washington como criminal por pagar cuota a un cartel que le tiene amenazado? ¿Los mineros y los transportistas, también? ¿Los restauranteros, los constructores? ¡¿Los gobiernos estatales que se dejan tomar recursos, maquinaria, personal, y hasta territorios?!

Sin hablar con sus vecinos del sur, sin interesarse en cómo ayudar en vez de perjudicar, el magnate neoyorquino quiere ahora definir —con una pluma que tiene detrás de sí al ejército más grande del planeta, y a poderosas agencias que compiten dando golpes, sin reparar en la legalidad, como el del Mayo, por más presupuesto— quién es un narco y quién no en México.

¿Eso llamado base social del narco también es parte de lo que incluirá esta medida que suena a una fase más del expansionismo adelantado por Trump? Escuece este apetito de la Casa Blanca por extralimitarse al perseguir criminales, violando leyes y pisoteando soberanías.

En México, le toca solo a las y los mexicanos perseguir y castigar a quienes quebrantan la ley. Si los actos de tales individuos o colectivos llegaran a generar problemas allende las fronteras, no es el intervencionismo una medida legítima, sino una venganza ilegal.

Al perseguir objetivos comunes, el diálogo y la cooperación entre países tienen que ser agotados. Agotados supone explorar de buena fe, que de igual a igual se desarrollen estrategias conjuntas, que se reconozcan los mutuos derechos, y se acepte la corresponsabilidad en el origen del problema, como es en el caso de los estupefacientes.

No solo porque pueda ser violatoria del marco legal, es inaceptable la pretensión de Trump en este terreno. También porque no somos colonia, ni país sin gobierno al que hay que tutelar. Es que encima se tiene que rechazar una acción que solo traerá problemas y muerte.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en una coyuntura de máxima gravedad. El embate trumpiano le tomará con legitimidad democrática, pero con asideros internacionales muy endebles y argumentos nacionales demasiado incipientes.

En los años morenos, México ha desdeñado organismos multilaterales, particularmente esos que revisan parámetros democráticos o de derechos humanos. De la ONU no se cansaron de decir lo anacrónica que es, así le hayan pedido luego que les comprara medicinas.

Claro, articular un discurso multilateral implica, antes que nada, cultivar esas relaciones, mismas a las que en seis años se les dio la espalda. Y, en segundo lugar, estar dispuestos a cubrir los costos de pedir: aceptar que otros van a observarnos cosas también.

Escuchar que Trump declarará como terroristas a los cárteles no debe erizar la epidermis nacionalista; debe, sobre todo, activar la conciencia de no volverse un criminal combatiendo a los líderes criminales, y sobre todo, preservar el entorno en donde han crecido esos grupos: generar en la criminalización, no discriminar, nos llevará a conflictos impredecibles, ¿a un Vietnam?, así Estados Unidos en este escenario tenga menos bajas por la sofisticación actual de armas y tecnología.

Reducir la capacidad criminal no debe pasar por arrasar con poblados o aceptar ni minimizar las mal llamadas víctimas colaterales. Los narcos no son unos bandoleros perdidos en la montaña, sino un sistema de negocios estructurado y, en muchos casos, con apoyo social.

Junto con llamados a respetar la ley y los principios de la diplomacia, hay que denunciar que medidas como las anunciadas están lejos de ser una solución; igualmente, hay que enunciar los riesgos para la población, sobre todo para jóvenes y gente de pocos recursos.

Nadie está defiendo a los narcos. Al contrario: se trata de exigir muy claramente que cualquier idea o plan que se quiera poner en acción no desdeñe la complejidad de fenómenos en donde, por cierto, intereses criminales de EEUU también han de ser expuestos y atacados.

México no debe poner los muertos en esta hora en que se revive lo peor, que ya es mucho decir, de Nixon y de Reagan, sea en la hipocresía de la supuesta lucha de Estados Unidos contra las drogas, sea en la forma de intervenir en América Latina.

A quienes pidan esperar a ver los detalles de lo que pretende Trump, hay que contraponer lo que él mismo dijo en su toma de posesión sobre el canal de Panamá. Usó mentiras para comenzar a pavimentar algo que regresaría el reloj, y la ley, décadas atrás.

No hay que esperar para insistir en que la política en contra de los criminales debe ser producto de la ley y sus mecanismos, no la imposición de un voluntarismo injerencista que hará que países como México pongan los muertos, y en EEUU sigan disfrutando mercancías ilegales y hasta una tajada de las ganancias de las mismas.

Con informacion.-SALVADOR CAMARENA/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS

LOS “TRAGABILLETES y las TRAGAMONEDAS”: “TRIBUNAL FEDERAL le DIO BUENAS NOTICIAS al CONTADOR MORENO del CDG y CASINEROS del PAIS para QUE OPEREN CASINOS como en LAS VEGAS”…podran expandir maquinitas como las que incauta la farsa militar en Culiacán.


Un tribunal avaló que casinos en México puedan operar como en Las Vegas con juegos de naipes, ruleta y dados, así como expandir sus máquinas tragamonedas.

Casino MidasGrand ToreoFlamingo y Casino Gran Palacio, además del casino en línea Netabet, operados todos por la empresa Espectáculos Deportivos de Occidente (EDOSA), podrán ofrecer los nuevos juegos tras ganar el amparo que promovieron contra la 4T.

Los casinos ParadiseJubilee y Vivento, de la operadora Atracciones y Emociones Vallarta (AEV), y Rocks Casino, de Eventos Festivos de México (EFM), también ganaron su amparo en tribunales.

En 1998, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, el entonces Secretario de Gobernación, Francisco Labastida, otorgó a EDOSA su primer permiso por 21 años para un frontón y cuatro salas.

En 2018, un año antes de que venciera, y a punto de concluir el Gobierno de Enrique Peña, el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, les autorizó 30 salas adicionales y les prorrogó el permiso hasta 2034.

El director de EDOSA es Marcos Maceira Cortaberri, y su apoderado es Juan Francisco Aguirre Daw, aunque los documentos publicados por Segob no aclaran si los dueños siguen siendo los fundadores, Carlos del Paso Maza y Jesús Escobar Sahagún, o si en realidad son prestanombres de inversionistas albaneses señalados por vínculos con la mafia.

José Luis Rangel Martínez es director y representante de EFM, mientras que por AEV aparecen como accionistas el poblano Ricardo Henaine Mezher y José Manuel Martínez Garza, como los primeros accionistas.

La nueva sentencia que obtuvieron es inapelable, pues el tribunal declaró inconstitucional la reforma reglamentaria de noviembre de 2023, por la cual el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador prohibió nuevas tragamonedas en los casinos, endureció los requisitos para abrir salas de apuestas y vetó que éstas sean manejadas por operadores distintos de los permisionarios, pero sospechosamente lo hizo hasta el final el gobierno,despues de que también se beneficio de ellos.

El tribunal confirmó el criterio del juez Martín Santos, en el sentido de que la Corte estableció, desde 2016, que las “máquinas de sorteos de números” o tragamonedas, sí están permitidas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos (LFJS).

Pero, además, la reforma de AMLO permitió a los casineros alegar que naipes, ruletas y dados también están permitidos por la ley porque el resultado final del juego depende en mayor o menor medida del azar, y no de la destreza del participante.

Con informacion: ELNORTE/