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miércoles, 28 de julio de 2021

PARA "NO DEJAR CABOS SUELTOS": EL "EJERCITO,POLICIAS y CRIMINALES" RECIBIERON la ORDEN de MATAR a los 43 de AYOTZINAPA "REVELA TESTIGO"...los uniformes manchados,luego mancharon los informes.



El testimonio actualizado del testigo protegido de la Fiscalía General de la República conocido como Juan plantea que, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, tanto los integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, como las fuerzas del orden que los ayudaron a realizar ataques y detenciones recibieron la orden de "matarlos a todos".

El gobierno de la Cuarta Transformación ha basado sus hallazgos sobre el caso Ayotzinapa en desacreditar la llamada "verdad histórica" del gobierno de Enrique Peña Nieto y lo ha logrado al hacerse de un testigo protegido a quien se le conoce como Juan, quien en febrero del año 2020 realizó una declaración ministerial que se difundió posteriormente, y en la que presentó una narrativa alterna de lo ocurrido. 

El testigo Juan volvió a declarar recientemente. Lo hizo en mayo de 2021, en una audiencia relacionada con el secuestro de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, testimonio que MILENIO tiene en su poder. 



En este nuevo relato de 2021 en poder de MILENIO, el testigo Juan presenta detalles, agregados, precisiones, omisiones y revelaciones en comparación con su declaración del 2020.

Su versión sigue contrastando con la llamada verdad histórica sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la cual menciona que habían sido privados de la vida, incinerados y sus cenizas a arrojadas al río San Juan, en Cocula, pero reafirma que no hubo sobrevivientes.

Fue el 20 de mayo de 2021, cuando el testigo Juan participó en una audiencia judicial relacionada con el secuestro de los 43 normalistas, en la que actualizó la declaración que emitió ante el Ministerio Público en febrero de 2020.


El testigo Juan detalla que las acciones de aquella noche se hicieron con ayuda de miembros del Ejército, de la Policía Federal, de la Policía Estatal y de la municipal, las cuales respondían a las órdenes de Jesús Pérez Lagunas, El Güero Mugres, a quien señala como el líder criminal que dio la indicación de "matarlos a todos" para no dejar ningún cabo suelto, líder criminal que las autoridades jamás relacionaron con la desaparición de los estudiantes y quien fue ejecutado en 2018.

En el interrogatorio posterior a la declaración del testigo protegido, el defensor de las víctimas preguntó:

"Que nos diga el testigo si se enteró en esa reunión de que alguna de las personas privadas de la libertad la noche del 26 de septiembre de 2014 siguiera con vida", preguntó.
"No que yo haiga sabido, ahí solamente se habló de personas muertas", respondió el testigo Juan.

El testigo Juan narra que los estudiantes murieron tras ser detenidos en Iguala por fuerzas del orden y por integrantes de Guerreros Unidos, durante diversos enfrentamientos que se generaron por la llegada de hombres armados en seis camionetas del grupo contrario liderado conocido como el Cártel de la Sierra, liderado por Onésimo Martínez.

El relato refiere que como "los contras" se revolvieron con los estudiantes, terminaron atacándolos a todos. Tras los enfrentamientos, los integrantes de Guerreros se encargaron de disolverlos, cremarlos y esparcir los restos en distintos puntos, incluida la zona de Cocula

En su nuevo testimonio, Juan enlista a las autoridades que en 2014 supuestamente estaban en la nómina de Guerreros Unidos y que le rendían cuentas al Güero Mugres, entre ellos el secretario de Seguridad Pública del estado, Leonardo Octavio Pérez, así como el procurador Iñaki Blanco Cabrera, el capitán José Martínez Crespo del Ejército; de la base de la Policía Federal Ministerial estaban todos los comandantes y los ministerios públicos adscritos en ese momento en la ciudad de Iguala, federales y del fuero común; y de la Policía Federal estaban en la base de Iguala el capitán Dorantes, mismo que en su declaración previa Juan había asegurado que "no se dejaba sobornar", ahora en este relato evita mencionar a Omar García Harfuch, de quien había asegurado que recibía pagos de Guerreros Unidos en 2014, cuando era coordinador regional de la Policía Federal en Guerrero, señalamientos que el actual secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México negó. 

Miguel Ángel Landa Bahena.

De las personas que Juan dice que las autoridades involucradas entregaron a Guerreros Unidos, ahora en este relato da a entender que ya estaban muertas.

"Una vez que los tuvieron muertos había algunos que se habían llevado los miembros del Ejército, de la Policía Federal, de la Estatal, de la Municipal (actuaron bajo el mando de Francisco Salgado Valladares, subdirector de la Policía Municipal, le reconocía la voz en indicaciones por radio) y les fueron entregados a Nicolás Nájera Salgado y a los hermanos Benítez Palacios. Los cuales, días después, en una reunión que tuvimos los hermanos Benítez Palacios y yo, supe que habían hecho agua a los estudiantes mediante el uso de ácido y químicos y que algunos otros fueron llevados a algunos crematorios", se lee en su declaración y en las respuesta que dio durante el interrogatorio de la audiencia judicial.

En su nuevo relato, Juan detalla algunos de los lugares utilizados por Guerreros Unidos para ocultar a los muertos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Dice que Nicolás Nájera manifestó que había utilizado una casa en la colonia Granjeles para llevar ahí algunos de los estudiantes y los hermanos Benítez Palacios una casa a espaldas de la plaza Galerías de Iguala.

Sobre la cremación de los restos aquella noche, Juan insiste en que se utilizó un crematorio en la salida de Iguala hacia Chilpancingo, pero agrega que no sabe cuántas personas fueron llevadas ahí ni si se distribuyeron a otros hornos crematorios, porque la persona que lo administraba o era el dueño o tenía el control sobre otros crematorios.

Juan refiere que como el caso empezó a ponerse mediático en esas horas de la madrugada, no alcanzaron a calcinar o disolver todos los cuerpos y algunos restos fueron esparcidos en diferentes puntos de las zonas aledañas a Iguala, entre ellos un poblado que se llama Coacoyula, del cual dijo no tener el punto exacto, y una mina abandonada en el municipio de Taxco, de la que dijo desconocer su ubicación.

Dijo que en un primer momento habían pensado junto con el fiscal del estado, Iñaki Blanco, armar unas fosas en un cerro que se llama Cerro Grande, en Pueblo Viejo, para que las familias o los padres se conformaran. Pero como el asunto se volvió muy mediático optaron por regresar y tratar de recolectar lo más que se pudieran de restos y así fue como los llevaron por el rumbo del basurero de Cocula.

Para ello, señala que ocuparon a un comandante de la policía ministerial del estado que se llamaba Wenceslao Elizalde, que era amigo de los hermanos Benítez Palacios, quienes le entregaron los restos para transportarlos por los filtros que había de autoridades ajenas a Iguala y que los llevaron a tirar por el rumbo de Cocula, de acuerdo a lo que años después le dijo Miguel Ángel Landa El Duva, quien estuvo detenido acusado de la desaparición de los estudiantes y fue liberado en septiembre de 2018 por fallas al debido proceso. 

¿Cómo obtuvo el testigo Juan la información?

El testigo Juan obtuvo la información de lo que ocurrió en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre por radio y mensajes de Blackberry que recibió en su teléfono esa noche y en una reunión que tuvo con quienes participaron en los hechos, la cual se llevó a cabo el 30 de septiembre de 2014 en un salón de fiestas que estaba a la entrada de un restaurante de mariscos que se llamaba La Jaiba

Sobre la participación del Ejército en los hechos, su más reciente declaración dice que, los primeros días de octubre de 2014, en la pozolería Cazadores de la calle de Juárez, en Iguala, platicó personalmente con el capitán José Martínez Crespo y él le refirió que había colaborado a la detención y a entregar a algunos muchachos. 

"Lo único que me dijo fue que había apoyado a detener algunas personas que venían en los autobuses y que los habían llevado al interior del 27 batallón para interrogarlos, que posteriormente él se los había entregado a Nicolás Nájera Salgado y a los hermanos Benítez Palacios, no me dio más detalles y no se los pedí", dijo durante la audiencia judicial de mayo pasado. 

Línea del tiempo del 26 y 27 de septiembre, según el testigo Juan

  • 26 de septiembre por la tarde. Se recibe un reporte por parte de los halcones que había en la carretera de las ciudades Zumpango, Guerrero, a Iguala, Guerrero, un lugar reconocido como territorio de Guerreros Unidos.
  • Entre las 16:00 o las 17:00 horas, los halcones informaron que habían pasado unos dos o tres camiones con estudiantes, pero que detrás de ellos habían bajado de la carretera de Xochipala unas seis camionetas cerradas, entre ellas una Urban blanca, con gente armada que portaban cuernos de chivo, presuntos miembros del Cártel de la Sierraque dirige Onésimo Martínez.
  • Se les perdió el rastro en un tramo que va de Sabana al crucero de Santa Teresa, a las afueras de Iguala, en un pueblo que está rumbo al crucero de Tepecoacuilco.
  • A las 21:00 horas, aproximadamente, los halcones empezaron a reportar que había disturbios en la central de autobuses Estrella Blanca, "en un primer momento no se dio ninguna indicación por parte de los líderes para atacar a los normalistas", testificó Juan.
  • Alrededor de las 22:00 horas, las camionetas que se habían perdido ingresaron a la ciudad de Iguala, generándose varios enfrentamientos en toda la ciudad: en la colonia Pajaritos, la colonia Ruffo Figueroa, la colonia 24 de febrero -donde halcones reportaban actividad de la policía estatal en los alrededores del mercado municipal. Reportaron que había movimiento, patrullas y estaban deteniendo personas.
  • En ese punto, el testigo Juan contó que había muchas bajas entre las personas de Onésimo Martínez, por lo que empezaron a correr, otros trataron de robarse vehículos.
  • Ahí contó que Víctor Hugo Benítez Palacios, El Primo o El Pelón, mandó el reporte diciendo que las personas que se habían bajado de los vehículos corriendo se habían revuelto con los estudiantes que iban en los camiones. Y entonces empiezan a perseguirlos y atacarlos.

Al frente de esos operativos estaba: Jesús Pérez Lagunas El Güero Mugres.

  • Por esa persecución, el testigo Juan narró que balacearon un autobús en el crucero Santa Teresa donde iba un equipo de futbol, ataques que dirigieron Ramón Aponte y Elmer Salgado y un taxi de servicio público que iba de Iguala a Chilpancingo. También estuvo ahí Alejandro Benítez Palacios, El Cholo, y gente operativa.

El testigo Juan detalló que también estaban persiguiendo a las personas que iban en los autobuses, "en un primer momento para interrogarlos", persecución en la que participaron: policías municipales, estatales, federales (había patrullas en la autopista México-Acapulco adelante del Palacio de Justicia, según los reportes que mandaban los halcones a Víctor Hugo Benítez Palacios) y algunos miembros del Ejército. 

  • En el transcurso de la noche se empezó a reportar que muchas de las personas detenidas ya habían fallecido a consecuencia de disparos de armas de fuego y golpes que les dieron cuando los estaban interrogando.
  • En el ataque a los estudiantes participaron: Nicolás Nájera Salgado, los hermanos Benítez Palacios (Oziel, Víctor Hugo, Orvelín, Salvador y Mateo). Estaba en Iguala gente de Nicolás Nájera Salgado y la de los Tilos.

Juan Salgado Guzmán dio indicaciones ordenando a Nicolás Nájera atacar a los estudiantes que estaban dando una conferencia de prensa sobre el Periférico de Iguala, después de haber sido atacados.

"Juan Salgado le dijo a Nicolás Nájera que ahí es donde se estaban organizando los contras con los estudiantes y que fuera a partirles su madre", detalló Juan en su testimonio. 

Fue cuando empiezan a reportar que muchas personas habían fallecido, que "Jesús Pérez Lagunas les dio la indicación de matarlos a todos para no dejar ningún cabo suelto".

Contó que como se estaba llamando mucho la atención pública buscaban la manera de esparcir los restos. No sólo de los estudiantes de Ayotzinapa, sino de otras personas que hubo en los enfrentamientos en diferentes puntos de las zonas aledañas a Iguala. Dijo que en total sumaban 80 muertos.

Los restos, según el testigo Juan

En su último testimonio, Juan explicó que la agrupación de Guerreros Unidos no pensaba que este asunto se fuera hacer tan mediático o que tuviera tanto impacto, con el paso de los días empezó a salir en las noticias y empezó a llamar más la atención y en un primer momento habían pensado junto con el fiscal del estado "armar unas fosas en un cerro que se llama Cerro Grande en Pueblo Viejo", pues como la Fiscalía iba a hacer las pruebas de esos restos "era de alguna manera como para que las familias o los padres se conformaran". Posteriormente, optaron por "regresar y tratar de recolectar lo más que se pudieran de restos y así fue como los llevaron por el rumbo del basurero de Cocula". 

Según el testigo, las policías municipal y estatal estuvieron involucradas en los hechos del 26 y 27 de septiembre. (Especial)

Para ello, Juan dijo que "ocuparon a un comandante de la policías ministerial del estado que se llamaba Wenceslao Elizalde", que era amigo de los hermanos Benítez Palacios, quienes entregaron los restos y de alguna manera se encargaron de transportarlos por los filtros "porque ya estaba llena la ciudad de filtros de las autoridades que habían llegado de afuera".

El testigo Juan detalló que esos fueron los restos "que llevaron a tirar por el rumbo de Cocula", lo cual le confirmó Miguel Ángel Landa, El Duva, que ese día estuvo dando seguridad a ese grupo de la Policía Ministerial para que no llegaran otras autoridades ahí a entorpecer lo que se estaba haciendo, y con quien se reunió hace un año y medio o dos años luego de que fue liberado.

"Me reuní con él en dos ocasiones, en los primeros días de octubre de 2014, pero hasta después de que él obtuvo su libertad hace año y medio o dos años que lo volví a ver por aquí en la cuidad donde radico y hablando más extensamente. Me manifestó de algunos puntos más precisos de la posible ubicación de los restos", relató el testigo Juan. 

Quién es el testigo Juan, según su testimonio

De acuerdo con su testimonio, Juan perteneció a Guerreros Unidos desde 2013, bajo el mando de Marcos Cuevas, el Mini Cooper, y de su primo Omar. A mediados de 2014, cuando falleció Marcos Cuevas, asumió Mario Casarrubias Salgado y sus hermanos Adán y Ángel. Mario fue detenido en 2014 y quedó al mando Sidronio Casarrubias Salgado, quien manda a Juan Salgado Guzmán –que era su pariente– a hacerse cargo de la plaza de Iguala

Juan dice que el 26 de septiembre estuvo todo el día, de las 8:00 a las 22:00, en casa de sus hermanas, donde su papá tenía un taller de orfebrería, en el que se quedó trabajando ayudándole. Y que al salir del taller fue a comprar cena para su esposa y sus hijos, cuando se escuchaban algunas detonaciones no muy cercanas, en el centro de Iguala, y lo único que pudo apreciar fue toda la gente corriendo, "no vi nada más". 

Dice que no recuerda si esa noche se comunicó con alguien, "probablemente así haya sido, pero no fue una conversación como tal, fue sobre preguntas de que si sabía qué estaba sucediendo" y que como estaba en su casa solo, sabía lo que les estaban reportando los halcones y la persona que se encargaba de recabar la información para el grupo criminal. 

Dice que toda la comunicación que se tuvo en esos días era a través de radios portátiles y mensajes Blackberry.

De los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, Juan dijo que se los contaron en una "reunión que hubo entre varios miembros del grupo, yo no estuve presente para decirle ni cuántas personas le entregaron, ni qué autoridades exactamente entregaron", qué se habló en términos generales y no fue testigo presencial de lo ocurrido aquella noche en que los jóvenes desaparecieron. 

Y dijo que si antes no declaró esto fue porque temía por su vida y la de sus familiares.

La reunión en la que Juan supo cómo ocurrieron los hechos

En un salón de fiestas a una o dos cuadras de Periférico Norte, estaba a la entrada de un restaurante de mariscos que se llamaba La Jaiba, ahí el 30 de septiembre, algunos de los participantes de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 hablaron de lo ocurrido. 

Participaron Juan Salgado Guzmán, Jesús Pérez Lagunas, los hermanos Benítez Palacios (Víctor Hugo, Oziel, Chava, Orvelín, Mateo, así como El Pelón llamado Gabriel, jefe de plaza de Cuetzala, la persona que le decían El Nueve y su hermano Ismael El Payo

Ahí, Juan supo que "habían hecho agua a los estudiantes mediante el uso de ácido y químicos y que algunos otros fueron llevados a algunos crematorios".

En la reunión, Juan Salgado Guzmán dijo que Valladares había defendido la plaza de los contras y que de alguna manera "se la había rifado", así lo dijo tal cual. También mencionó al comandante Adame Bautista, de la Policía Estatal, una persona que Juan describe "como de 50 años, moreno como de 1.70 de altura, robusto y puedo reconocer".

En la reunión se estaban discutiendo qué acciones se iban a tomar para tratar de minimizar el impacto que lo ocurrido iba a tener en la organización criminal.

Nicolás Nájera y Oziel Benítez mencionaron que, aquella noche del 26 de septiembre, habían recibido personas de parte de la Policía Federal, personas de las que venían en los autobuses. También en esa reunión se habló de la participación del Ejército.

Juan Salgado le dijo de manera personal al testigo Juan "que había habido más de 80 personas fallecidas entre los que iban en los autobuses con las personas que habían ingresado en las camionetas". Algunos fueron sometidos a procedimientos químicos para disolverlos, otros fueron llevados a los crematorios, no tuvieron el tiempo de realizar esos procedimientos y los restos fueron esparcidos en los alrededores de las comunidades cercanas a Iguala. 

Nicolás Nájera manifestó que había utilizado una casa en la colonia Granjeles para llevar ahí algunos de los estudiantes. Los hermanos BenítezPalacios habían utilizado una casa a espaldas de la plaza galerías de Iguala.

En la reunión se habló de un crematorio que se había utilizado que se encuentra en la salida de Iguala hacia Chilpancingo, donde había una persona que lo administraba o era el dueño, y de alguna manera tenía el control sobre otros crematorios y funerarias en la ciudad, que en eventos anteriores había hecho el trabajo de cremar algunos cuerpos. 

Juan dijo que en la reunión "se tocó ese tema y dijeron que habían llevado ahí algunas de las personas que habían agarrado, sin saber cuántas ni si se distribuyeron ahí o si los mandaron a otros hornos crematorios".

También hablaron de los posibles puntos donde fueron a esparcir algunos de los restos: "tengo entendido que fue en diferentes puntos aledaños a Iguala, entre ellos en un primer momento habían optado por llevarlos a un poblado que se llama Coacoyula (no pedí más explicaciones, ni un punto exacto) y hablaban de una mina abandonada en el municipio de Taxco (que no conozco, ni sé dónde está)", reveló el testigo Juan en su más reciente testimonio.

El testigo protegido fue claro en reiterar que en la reunión "solo se habló de personas muertas". 

Encuentro con el capitán José Martínez Crespo

"En días posteriores yo tuve la oportunidad de platicar personalmente con el capitán José Martínez Crespo y él me refirió que había colaborado a la detención y a entregar a algunos muchachos a Nicolás Nájera Salgado y a los hermanos Benítez Palacios
"Lo único que me dijo fue que había apoyado a detener algunas personas que venían en los autobuses y que los habían llevado al interior del 27 batallón para interrogarlos, que posteriormente él se los había entregado a Nicolás Nájera Salgado y a los hermanos Benítez Palacios, no me dio más detalles y no se los pedí. 
"Fue en una pozolería que se llama Cazadores en la calle de Juárez, en Iguala, los primeros días de octubre", reveló el testigo Juan en su más reciente declaración (mayo 2021).

Organigrama de Guerreros Unidos, según el testigo Juan

Organigrama previo:

Líderes antes del 2014: Marcos Cuevas El Mini Cooper y su primo Omar. A mediados de 2014 falleció Marcos Cuevas, encargado de la zona de Tuxpan, de la plaza de Iguala. Al morir asume Mario Casarrubias Salgado y sus hermanos Adán y Ángel . Cuando detienen a Mario queda Sidronio al mando. Mandan a Juan Salgado Guzmán, pariente de ellos, a Iguala. 

Organigrama noche de Iguala:

En la punta de la pirámide estaban los hermanos Casarrubias Salgadoencabezados por Sidronio. Debajo de ellos: Juan Salgado Guzmán, a cargo de Iguala, y Jesús Pérez Lagunas. Después seguían los jefes de plaza, cada uno tenía asignado cierto número de personas y ellos mantenían sus comunicaciones. 


Todos los jefes de plaza de Iguala obedecían a los hermanos Casarrubias Salgado a través de Jesús Pérez Lagunas, pues era una persona de alto rango muy cercano a los Casarrubias Salgado y ellos no respondían, era a través de Jesús Pérez Lagunas que daban las indicaciones. 

Jesús Pérez Lagunas era enlace entre los Casarrubias Salgado y las autoridades. Tenía el enlace de todas las corporaciones policiacas que recibían dinero de parte de Guerreros Unidos como: la base de la Policía Federal en Iguala, la delegación de la Policía Federal Ministerial en Iguala, algunos miembros del Ejército, la Policía Municipal y la Policía Estatal. Tenía el control sobre los arreglos que había con algunas autoridades no sólo en Iguala, también tenía influencia en Morelos y el Estado de México, pues residía en Ixtapan de la Sal. 

Nicolás Nájera Salgado era jefe de todos los sicarios que había en Iguala y los hermanos Benítez Palacios eran jefes de los halcones, encabezados por Víctor Hugo Benítez Palacios, su jefe. Los demás hermanos Benítez Palacios: Oziel, Salvador, Orvelín y Mateo, tenían gente bajo su mando que les servía para vender droga al mayoreo y también eran sicarios.

La noche de Iguala también participaron en los ataques Elmer Salgado y Ramón Aponte, que estaban bajo las órdenes de Alejandro Benítez Palacios, o Palacios Benítez, El Cholo Palacios, pariente de Víctor Hugo Benítez Palacios.

Las células de Guerreros Unidos no hacían un trabajo en común, tenían cierta independencia, lo que hacía una muchas veces no lo sabía la otra. 

VIDEO REPORTAJE COMPLETO

Fuente.-



"GOLFOS y ZETAS SIEMBRAN de CADAVERES una FOSA CLANDESTINA "GRANDOTA" LLAMADA TAMAULIPAS,VAN 57 SITIOS de EXTERMINO y la "BARTOLINA" del "CONTADOR CARDENAS la MAS GRANDE del PAIS...el viento de cambio tambien traia olor a muerte.


Buscadoras de personas desaparecidas detectaron el primer centro de exterminio en 2012. Hasta ahora han localizado estos sitios en el suroeste, centro y norte del Estado. Los colectivos reclaman que estos lugares no están resguardados por las autoridades federales o estatales, por lo que existe el riesgo de que los fragmentos óseos e indicios sean removidos y se pierda la posibilidad de identificar a personas desaparecidas.

EL SEÑOR de las TRAICIONES:


Colectivos de familiares de personas desaparecidas en Tamaulipas han documentado la existencia de, por lo menos, 57 campos de exterminio en donde los grupos criminales asesinaron a personas, incineraron sus cuerpos, destruyeron y ocultaron fragmentos óseos. Sitios en donde, además, enterraron cadáveres en fosas clandestinas.

En el suroeste tamaulipeco, los colectivos han identificado 53 sitios en los municipios de Mante, Xicoténcatl, Llera de Canales, Gómez Farías y Ocampo; en el centro de la entidad, uno de gran tamaño en la localidad de Abasolo y dos en Victoria, y en la frontera con Estados Unidos, uno en Matamoros. Las autoridades federales y estatales han intervenido, en forma parcial, con búsquedas o levantamientos de restos en 56 de esos lugares. 

El pasado 12 de julio, Elefante Blanco y A dónde van los desaparecidos dieron a conocer que los gobiernos federal y estatal ocultaron durante cinco años la existencia de un campo de exterminio en La Bartolina, ya que a inicios de abril de 2016 este lugar había sido descubierto por soldados. Personal de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas recolectó huesos que, posteriormente, señaló que podrían ser de animales.

En conferencia de prensa, realizada el pasado 7 de julio, la Comisión Nacional de Búsqueda aceptó la existencia del sitio e informó que en el lugar se han recolectado más de media tonelada de huesos. Familiares de personas desaparecidas y la Fiscalía General de la República (FGR) han buscado en La Bartolina entre 2019 y 2021.

A tres semanas del anuncio de reconocimiento, el colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos San Fernando, quien encontró y lidera la búsqueda en La Bartolina, informó que han recibido amenazas a través de llamadas telefónicas y que la FGR no ha agendado nuevas búsquedas en el centro de destrucción de cuerpos localizado en la franja fronteriza.

Integrantes de los colectivos Milynali Red, Madres Unidas por Nuestros Hijos San Fernando y Red de Desaparecidos en Tamaulipas —que piden proteger sus identidades al temer por su seguridad—, aseguran que ninguno de los 57 sitios de exterminio que han localizado se encuentra resguardado por las autoridades, por lo que  se corre el riesgo de que los restos e indicios sean removidos de los lugares por las personas que cometieron las atrocidades o por quienes tengan interés en borrar evidencias.  

Una búsqueda en un sitio entre cañaverales. Crédito: Carlos Manuel Juárez

“No se les puede llamar solo fosas”

Elefante Blanco consultó a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) sobre si existe una definición o una descripción precisa de lo que es un centro de exterminio en México, pero respondieron que no cuenta con una. Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos y académico de la Universidad Iberoamericana, explicó que el concepto está vinculado a los campos de la Alemania nazi. La ONU afirma que un sitio de exterminio es el lugar donde se aniquila masivamente a personas.

La doctora May-ek Querales, integrante del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF), menciona que el concepto de sitio de exterminio ha sido planteado por las buscadores y los buscadores de la región noreste. “El primer impacto que esto tuvo para las familias buscadoras es pensar que ya ni siquiera era la posibilidad de recuperar un cuerpo, ya ni siquiera se habla de fragmentos, sino kilos de restos”.

Aunque no hay un acuerdo común, los grupos de búsqueda consideran un centro de exterminio al lugar que reúne, por lo menos, hallazgos de fosas clandestinas, tambos de 200 litros usados como incineradores ilegales de cuerpos, campamentos de la delincuencia, áreas de privación ilegal de la libertad de personas y las evidencias —restos óseos, ropa y otros objetos— se ocultan bajo tierra o debajo de la hojarasca o ramas de árboles.

En Tamaulipas, Milynali Red ha detectado, analizado, documentado y nombrado 53 sitios de exterminio. Durante los primeros recorridos de búsqueda que realizaron por el suroeste tamaulipeco, integrantes del colectivo los hallaron:

“Los primeros que encontramos fueron en septiembre de 2012 —recuerda un integrante del colectivo—, cuando una persona que fue detenida señaló un lugar en el que encontramos fosas clandestinas”. 

En ese momento, explica, se registró que seis personas fueron exhumadas en ese lugar, “pero cuando fui al municipio donde ocurrió esto, el Ministerio Público que estaba de guardia en ese fin de semana me dijo que habían sido como 12 ó 13 cuerpos”.

Tiempo después, la persona buscadora volvió al mismo paraje y encontró montículos de tierra, pero también ropa, autos desmantelados, un área adaptada como dormitorios y otra para cocinar alimentos. Todo eso en un terreno de gran superficie a la intemperie, en medio de la nada. 

“De ahí fue que empezamos a darnos cuenta que a esos lugares no se le podía llamar solo fosa clandestina... Recorrimos más de 300 ranchos en cinco municipios alrededor de la zona cañera. Nuestro comienzo fue en 2012. Ahí empezamos a documentar los lugares que nosotros, ahora puedo decírtelo, desde hace algunos años hemos llamado: sitios de exterminio”.

Una zona de alimentación en un sitio de exterminio. Crédito: Carlos Manuel Juárez


Ante autoridades omisas, búsqueda ciudadana

Los integrantes del colectivo Milynali Red han localizado y documentado 53 sitios de exterminio, todos ya fueron intervenidos parcialmente por las Fiscalías federal y local, en conjunto con la Comisión Estatal de Búsqueda. “Hemos ido y las autoridades recolectaron lo que estaba a la vista como osamentas y armas”, explica la persona entrevistada.

“La ubicación de un centro de exterminio implica lo que hemos llamado la búsqueda prospectiva ciudadana, que es volver a un lugar las veces que sean necesarias hasta dar con los puntos con indicios, porque puedes tener una coordenada y no encontrar el sitio, por eso hay que caminar entre el monte hasta encontrar”, detalla la persona buscadora.

En la actualidad, Milynali Red realiza búsquedas en tres sitios de exterminio, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. En el más grande, llevan tres años trabajando; el segundo se ubica detrás de una casa habitada, donde incineraron cuerpos junto con ramas de árboles: “La dificultad para poder distinguir entre un cabrón y un resto óseo calcinado ha sido un reto”.  El tercer sitio está en medio de una zona de sembradíos de caña. En ese lugar, primero se detectó un pequeño montículo de huesos; pero al observar con más detalle, se descubrieron más restos. 

El colectivo junto con la fiscalía está en espera de poder intervenir en un cuarto sitio, ubicado dentro del potrero de un rancho. Las lluvias no han permitido realizar los trabajos de exploración, comenta la buscadora. 

Milynali Red ha tomado la decisión de no solicitar la intervención en nuevos sitios hasta no concluir el recorrido, la  localización de posibles áreas y recolectar los restos óseos calcinados en los cuatro sitios. 

“Antes —comenta la persona del colectivo— no nos prestaban los peritos expertos en arqueología y antropología, eran solamente el criminólogo, el fotógrafo y el ministerio público, tampoco había agendas de visitas y se cuestionaba el gasto y el por qué regresar tantas veces, pero es lo necesario en un sitio de exterminio".
 

Los restos recolectados en una mesa de indicios. Crédito: Carlos Manuel Juárez

Rancho El Papalote, trabajos desde 2013

Uno de los sitios en donde las mismas autoridades hicieron pública su ubicación es el rancho El Papalote, localizado por elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas en 2013. Al año siguiente, los colectivos Voz y Dignidad por los Nuestros y Milynali Red encontraron en ese mismo lugar tambos con combustible, pedazos de cuerpos, ceniza y ropa. 

El centro de exterminio El Papalote se encuentra en las faldas de la sierra de Cucharas y tiene una extensión de dos campos de futbol, de acuerdo con el colectivo Milynali Red. 

A partir de septiembre de 2017, en el sitio se realizaron diligencias de 10 días continuos por mes, para recolectar fragmentos de huesos. En febrero de 2019, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, recorrió el lugar y observó cómo las buscadoras se concentraban en cribar la tierra. Hace dos años, el funcionario federal señaló que ese era el centro de exterminio más grande de Tamaulipas.

Una buscadora identifica restos óseos calcinados tras cribar la tierra. Crédito: Carlos Manuel Juárez

Sin embargo, en entrevista, la comisionada nacional de búsqueda Karla Quintana Osuna aseguró que La Bartolina es la zona de exterminio más grande del país que hasta ahora se tenga registrada. El colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos aseguró que se han recolectado, por lo menos, 750 kilogramos de huesos, de acuerdo con la información que registraron en tres de las cinco búsquedas realizadas por la FGR de 2019 a 2021.

La funcionaria federal mencionó que la comisión tiene registro de más centros de exterminio en lugares como Abasolo, El Mante, El Papalote, en Tamaulipas; así como en Moctezuma, en San Luis Potosí; en Patrocinio, Coahuila; y en Estación Claudio, en la Comarca Lagunera y en La Mano y Las Abejas, en Nuevo León.  

En un comunicado difundido el lunes 26 de julio, integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León aseguraron que en la entidad se han identificado cinco sitios de exterminio: “Grutas de García”, “Las Abejas”, “Carboneras”,  “Los Arcos”, “Vallecillo” y “La Mano”. Además, solicitaron a la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de Justicia del estado que definan un plan de intervención detallado para estos lugares. 

En la entrevista para este reportaje, Quintana Osuna explicó que en el noroeste del país “el modus operandi parece ser el mismo”. El análisis de contexto, comentó, apunta a la probable participación del Cártel del Golfo o Los Zetas. Además, por la información preliminar que tiene la comisión, “la mayoría de los hechos que dieron origen a estos sitios se dieron entre 2009 y 2012; esto se tiene que corroborar por fuentes y ciencia, con el análisis de los restos”.

La comisionada aseguró que decidieron hacer pública la existencia de La Bartolina  “por la dimensión” que tiene el lugar.

A mediados de julio de 2021, familiares de personas desaparecidas, integrantes de diferentes dependencias federales y estatales participaron en acciones de búsqueda en Tamaulipas. Crédito: Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.  

Prioritario acelerar trabajos en La Bartolina

En dos años y medio, la Fiscalía General de la República ha acudido en cinco ocasiones a La Bartolina. Esta dependencia federal tomó el caso a petición de Madres Unidas por Nuestros Hijos. El colectivo solicitó el resguardo permanente del terreno y un plan de intervención urgente y extraordinario para levantar los restos esparcidos por los 600 metros cuadrados del terreno.

“Es prioritario que se aceleren los trabajos por la Fiscalía, quien es la única que tiene legalmente la posibilidad de hacerlo. Nosotros colaboraremos si se nos solicita. En segundo término, tiene que ser uno de los sitios, entre otros muchos, a revisar por el Mecanismo de Identificación Forense para que determine lo que corresponda”, explicó la comisionada.

El martes 13 de julio la Comisión Nacional de Búsqueda envió dos solicitudes a las fiscalías estatal y federal para conocer los trabajos que cada una realizó en el lugar, los resultados en materia de identificación de restos y si hay hipótesis del modus operandi, junto con los posibles responsables de los delitos cometidos en el centro de exterminio.

A finales de mayo de 2021, Quintana Osuna recorrió una parte del terreno de 600 metros cuadrados, ubicado en Matamoros, Tamaulipas. Sobre la visita, dijo que a diferencia con zonas similares en Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila, en La Bartolina los restos están en la superficie y enterrados, incluso debajo del agua.

“Siempre estás viendo restos calcinados y no todos están enterrados, muchos están a ras de suelo... Uno puede ir caminando en este sitio que está cerca del mar y vas detectando dónde puede haber restos para hacer pozos de sondeo. Incluso, bajo del agua; el día que fui había 20 centímetros de profundidad y se podían ver los huesos bajo el agua. Falta mucho por trabajar en este lugar”, contó la comisionada nacional.

Además, confirmó que hubo recolección e identificación de huesos —como piezas dentales— que son importantes para los análisis genéticos, aunado a la recolección de monedas, prendas, relojes y cadenas. Todos los objetos y restos humanos, recalcó, están en poder de la Fiscalía General de la República. 

Familias y personal de la FGR trabajan durante la visita del subsecretario Alejandro Encinas al centro de exterminio en la zona de El Mante en febrero de 2019. Crédito: Carlos Manuel Juárez

“Tamaulipas sigue estando solo”

Los colectivos Madres Unidas por Nuestros Hijos San Fernando y Red de Desaparecidos en Tamaulipas (RedTam) han identificado cuatro sitios de exterminio, entre ellos el localizado en La Bartolina. Sin embargo, señalan que a casi tres semanas de que se reconoció oficialmente la existencia del lugar,  las autoridades federales y estatales no han regresado al terreno para resguardarlo, buscar más restos y recolectarlos.

“Qué bueno que lo reconocen, pero nos hace ruido que las familias vayan a estar en un riesgo o que el sitio vaya a estar en un riesgo. Si las familias no lo habían hecho público es por algo, tienen años trabajando allí y no acaban; en un momento dado, cualquiera puede llegar y destruir lo que todavía queda”, destacó un integrante de  la RedTam. El colectivo lamenta que no existan acciones más contundentes para agilizar los trabajos de identificación.

“Tamaulipas sigue estando solo. No hemos visto que la ONU se haya pronunciado, tampoco las organizaciones de ningún tipo. Nadie ha dicho nada. Y mucho menos habrá recursos para identificar cada uno de esos fragmentos. No hemos visto a nadie que, desde el momento en que la comisionada dijo ‘sitios de exterminio’, venga y apoye a las familias, a nadie. Entonces para nosotros es un show  lamentable, porque las familias han trabajado mucho y se han jugado el pellejo allí y se lo van a seguir jugando, y (ahora) peor porque están en la mira de todo el mundo”.

La RedTam, organización de la sociedad civil con sede en la capital tamaulipeca, ha documentado que en la entidad la desaparición de personas se dio en centros de exterminio, fosas clandestinas y en cuerpos de agua, como lagunas y presas. Por ejemplo, en la presa Vicente Guerrero, ubicada en el municipio de Padilla, desde 2019 y a partir de información derivada de investigaciones judiciales, se han realizado búsquedas con cámaras submarinas.

Recientemente, esta organización también registró la recolección de 1,900 piezas dentales en un predio que se localiza a medio camino por carretera, entre Victoria y San Fernando, del municipio de Abasolo, al norte del estado. En el sitio, además, se encontraron crematorios ilegales y  fosas clandestinas. 

Acciones de búsqueda en Tamaulipas realizadas a mediados de julio de 2021.  Crédito: Comisión Nacional de Personas Desaparecidas. 

El colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos San Fernando, quien encontró y lidera la búsqueda en La Bartolina, informó que han recibido amenazas a través de llamadas telefónicas. Aunque no quisieron abundar en esto, las y los integrantes relacionan las llamadas con el anuncio del centro de exterminio. Esta situación la reportaron a la Secretaría de Gobernación. Actualmente, algunos de sus integrantes son parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin embargo, al cierre del reportaje no se les había notificado si tendrán más protección que el botón de pánico.

Integrantes de este colectivo informaron que la Fiscalía General de la República no ha agendado nuevas fechas de búsqueda en La Bartolina. Ellas, por su parte, estudian la posibilidad de solicitar que se realicen reformas legales para incluir al exterminio como un nuevo delito dentro del Código Penal o presentar una denuncia por crímenes de lesa humanidad relacionados con lugares como La Bartolina. 

Mientras tanto, las integrantes del colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos realizaron tomas de ADN a familiares de personas desaparecidas. Con ayuda de personal de la Fiscalía estatal, durante la semana del 13 al 16 de julio, recolectaron 211 muestras genéticas vinculadas con casos denunciados, aunque recriminaron que las autoridades no permitieron tomar muestras de sangre a familiares de personas secuestradas.

Un familiar carga una cubeta con tierra y restos mezclados, al fondo personal de la FGR estudia la zona del hallazgo. Crédito: Carlos Manuel Juárez 

Crean  protocolo especial 

Ante el alto número de sitios de exterminio que han localizado, personas buscadoras en Tamaulipas elaboraron el primer protocolo estandarizado de búsqueda en estos lugares, el cual  ya se implementó en seis sitios ubicados en la zona de El Mante. 

El protocolo es el primero en su tipo en México y apunta a la especialización en el reconocimiento, recolección, tratamiento e identificación de restos humanos. El documento fue compartido con los integrantes de 14 colectivos de búsqueda en el Segundo encuentro de buscador@s México, realizado en marzo de 2020, en Tlaxcala.

“La localización de los sitios de exterminio implica replantear los retos de la búsqueda e identificación de personas; redimensionar el escenario de terror y horror con que se infunde el miedo para paralizar a nuestra sociedad; y, sobre todo, repensar nuestras instituciones y procesos para acceder a la verdad y a la justicia en el tenor de la seguridad pública”, se explica en el documento “Protocolo Estandarizado de Búsqueda Ciudadana en Sitios de Exterminio”, que tiene como autores a  Graciela Pérez, Sara López y Evencio Pérez.

El protocolo señala que la cadena de custodia de los restos recolectados en los sitios de exterminio es el proceso más importante para garantizar y dar continuidad a los trabajos en dichas zonas de inhumación de cadáveres. 

“Quizás muchos dirán que para qué un resto óseo calcinado sino vamos a poder sacar algún ADN, pero para las madres que estamos buscando a nuestros familiares, yo lo pongo así, si es un familiar suyo imagínate que es un pedazo de la persona que estás buscando no quisieras que se quedara allí”, refiere una de las personas que aportó información para el protocolo.

En el documento se destaca que un obstáculo es la falta de personal técnico y especializado. Eso, reconocen, no permite agilizar los procesos de identificación. 

El protocolo también subraya que las autoridades federales y estatales deben clasificar y contabilizar de forma distinta las fosas clandestinas y los sitios de exterminio, ya que en estos últimos lo que se busca es destruir los cuerpos e imposibilitar su identificación.

Se plantea, además, la necesidad del reconocimiento de las técnicas del cribado o tamizado, como parte de los procesos técnicos específicos para el levantamiento de indicios vinculados con el análisis geológico y arqueológico de los sitios.

*Carlos Manuel Juárez es reportero. Ha publicado crónicas y reportajes sobre víctimas y victimarios de la guerra contra el narcotráfico. Acompaña a familias que buscan a sus desaparecidos en el territorio tamaulipeco.

www.elefanteblanco.mx es un medio para el periodismo, la memoria y la conversación sobre Tamaulipas, uno de los territorios más silenciados del planeta. (@MxElefante)

 www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las dinámicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito del autor y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

fuente.-


LA "CABALLADA FLACA de las VACAS GORDAS": SUSPIRANTES a GOBERNAR TAMAULIPAS en 2022 y de la FRANQUICIA ELECTORAL de CABEZA de VACA "TODOS estan EMBRONCADOS"...huelen a carcel.



Por el lado del Partido de Acción Nacional,hay "suspirantes" por la silla de gobierno de Tamaulipas,en un partido que opera como franquicia electorera y que enteramente administra Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca, cuya permanencia hasta el fin de su sexenio aún está en duda, ya que a partir del 1 de septiembre Morena será mayoría en el Congreso estatal y tiene los votos suficientes para terminar de quitarle el fuero que ya le arrebató la Cámara de Diputados.

QUE SIRVA LA LECCION MAS QUE LA ELECCION:


Uno de los aspirantes es el hoy senador y hermano del gobernador, Ismael García Cabeza de Vaca, quien parecía un sucesor natural… hasta que su nombre e incluido el de su esposa Evelyn Aimee Rodriguez Garza  también apareció en las denuncias de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada que interpuso la FGR contra su hermano Francisco Javier.


El segundo es la “mano derecha” del gobernador Cabeza de Vaca, César Augusto Verástegui Ostos, alias “El Truco”, quien actualmente es el secretario general de Gobierno en Tamaulipas y cuenta con una amplia infraestructura electoral y "mañosa' que pondría en un brete a los "morenistas".

QUIEREN ACABAR CON LOS TRUCOS:

“El Truco” –un apodo que, dicen los reporteros locales, le pusieron sus amigos en el crimen organizado por su capacidad para desaparecer fondos públicos– también parecía un candidato en automático, pero también tiene cuentas penales pendientes con la FGR, que ya le prepararía una orden de aprehensión por peculado y lavado de dinero.

La tercera y cuarta opción que dicen considera Garcia Cabeza de Vaca, dicen, no emociona ni a los panistas: a Víctor Hugo Guerra García, secretario de Administración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y primo de los Cabeza de Vaca, a quien le falta mucho carisma, acusado de desviar mas de 450 millones d pesos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y que en estos momentos huye del acecho de la FGR refugiado en Estados Unidos,aunque cuenta con amparo federal.


Gerardo Peña Flores, líder de la bancada panista en el Congreso local, un personaje incapaz de ganar una elección en las urnas, pues ha perdido tres veces y por eso lo pusieron de plurinominal en las últimas elecciones.

INCAPAZ DE GANAR UNA CONTIENDA POR LA VIA DE LAS URNAS:


Con la caballada tan flaca en la oposición, aunque tuvieron tiempos de "Vacas gordas",en Morena crece la idea de que, basta con elegir al candidato ideal en una contienda interna, para que Tamaulipas se vuelva guinda en 2022. 

Con informacion de.-@Emeequis/


martes, 27 de julio de 2021

"CUAL PAZ NARCA ?": EL "CONTADOR" del CARTEL del GOLFO ORDENA TRAICION y EJECUCION del "MAESTRIN" en TAMAULIPAS "DONDE MATAR y LUEGO ser DETENIDO es POCO PROBABLE o CASI NULO"...impunidad es del 96.4% advierte ONG.



En octubre de 2020,el periodico Milenio publico un estudio de la ONG MEXICO EVALUA que situaba a Tamaulipas bajo el Gobierno de Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca con una IMPUNIDAD del 96.4%,un año antes del orden del 99.9%,la mayor de todo el pais y sostenía que "cuando el propósito del sistema de justicia no es cumplido, surge la impunidad, que se traduce en el principal indicador del fracaso de la justicia". 

Y esa constante tiene vigencia en cada ejecución u asesinato doloso cometido por criminales en una entidad,donde matar y luego ser castigado es poco probable casi nulo.

Esa parecer ser la suerte que correra la mas reciente ejecución atribuida a la "TRAICION de ALFREDO CARDENAS alias "El Contador y/el Mataprimos" que habria ordenado matar a su subalterno en Rio Bravo identificado como EDGAR VALLADARES HERNANDEZ alias "ElMaistrin" y otro sujeto que se presume su escolta e identificado como "El Vale" ,cuyos cuerpos fueron localizados hoy por la madrugada, alrededor de las 01:20 horas, cuando se reportó una camioneta Dodge Ram de color verde,atravesada en un desnivel de la carretera Reynosa a Río Bravo y en el interior los dos cuerpos asesinados a balazos.

ACUSAN la TRAICION:

Anónimo27 de julio de 2021, 21:46

No nos equivocamos , panilo la chima juan camelia .vaquero y ahora comandante maestrin contador la paz se acabara la raza es mas que tu reinado nada ganas con seguir poniendo ala gente que te a dado un cargo de jefe de plaza del cual no mereces altiro miguelito pezón .calamoargo M27 comándate paquiro comandante Sánchez comándate M1 M22 comándate pezón comandante alemán gente de la plaza de rojo para que sepan el comandante Primito le dio su palabra al contador de entregar a m27 al m22 y a gama 16 esta con ellos para entregarlos así que pilas con el mono si se tiene que romper ´pangasen pilas ya esta el arreglo de entregar como ahora le paso al jefe maestrin no confíen ni en el contador menos en el primito ellos ya traen sus arreglos 111 a toda la raza pilas y con los fierrros por delante y si el primito no se retira hay que correrlo de Tamaulipas somos mas los dela gente somos de Tamaulipas arriba m44 m4 m3 putos no podrán con nosotros.

EL RIO YA SONABA:


Con informacion:Medios/redes/

"MEXICANOS CONTRA la CORRUPCION" NOS DICE para que SIRVE el FUERO que CABEZA de VACA USA para QUEDARSE cuando en su PARENTELA YA TODOS se FUERON"...la inmunidad procesal traducida a impunidad.



Dentro de un mes comenzará una nueva legislatura y en la Cámara de Diputados aún no se han podido poner de acuerdo en convocar a un periodo extraordinario para desaforar a dos de sus integrantes. El fuero tiene muy mala fama en nuestro imaginario colectivo: existe la percepción de que esta figura ha sido abusada por políticos que cometen actos de corrupción y quedan impunes.

«Ojalá y se quiten todos los fueros, no sólo el del presidente, sino que se les quite el fuero a los gobernadores, a los diputados, a los senadores, a todos»,

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México (conferencia de prensa del 25 de junio de 2021).

La exigencia por eliminar el fuero tiene un gran respaldo no solo en la ciudadanía, sino también entre los representantes populares. En los últimos 10 años, han sido presentadas mas de media docena de iniciativas para eliminarlo. Algunas incluso han pasado la aprobación por una de las dos cámaras del Congreso; la más reciente fue en abril de 2018. Todas, sin embargo, han terminado en la congeladora. Si bien es indiscutible que en algunos casos concretos, el fuero ha permitido a ciertos funcionaros quedar impunes, lo cierto es que la realidad es más compleja que una simple alternativa entre dejar las cosas como están y eliminar por completo esta protección.

Los tipos de inmunidad parlamentaria

Lo que en México conocemos como fuero proviene de la inmunidad parlamentaria existente en prácticamente todos los regímenes democráticos. Un estudio realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, coordinado por María Amparo Casar, revisó las constituciones de 32 países y encontró que, salvo por Reino Unido, el resto de las naciones refieren algún tipo de protección constitucional para sus funcionarios públicos.

Existen dos tipos de protección constitucional. La primera es la inviolabilidad de las opiniones de sus legisladores (Artículo 61 de la Constitución). Esta declaración es una herencia del proceso de democratización europeo de siglos anteriores, que garantizaba la libertad de expresión de los miembros del parlamento. Como extensión de esta libertad está la protección a la sede del Poder Legislativo en México. Por ejemplo, cualquier fuerza pública está impedida a entrar a la sede de las cámaras sin el permiso de su presidencia (Ley Orgánica del Congreso).

La segunda protección es la inmunidad procesal. Esta abarca a los funcionarios públicos mencionados en el artículo 111 de la Constitución, quienes no pueden ser detenidos ni sujetos a una acción penal sin una declaración previa por parte de la Cámara de Diputados. Esta inmunidad distingue tres tipos de funcionarios públicos: los federales, los locales y al Presidente de la República.

Para iniciar un proceso penal, ya sea del orden federal o del orden común (a nivel estatal), en contra de cualquier funcionario federal es necesario que la Cámara de Diputados declare por mayoría absoluta —la mitad más uno de los presentes— que se puede proceder. Este fue el caso del diputado federal por Morena, Cipriano Charrez, quien fue acusado por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo de cometer un homicidio culposo. La Cámara de Diputados le retiró el fuero en abril de 2019; eso detono el proceso penal en su contra hasta su detención en septiembre de ese mismo año.[1]

En tanto, la protección constitucional a funcionarios estatales únicamente considera acusaciones por delitos federales. La constitución señala que «la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda» (Artículo 111 CPEUM).

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, representa uno de estos casos. De acuerdo con el Congreso de Tamaulipas, suya es la decisión de mantener en su cargo no al mandatario estatal —José Ramón Cossío explicó este razonamiento jurídico con mucha claridad—; sin embargo, tanto la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, como funcionarios del gobierno federal consideraron que la declaración de la Cámara de Diputados federal es suficiente para remover a Cabeza de Vaca de su cargo para que pueda ser procesado. El 8 de julio, la Primera Sala de la Suprema Corte admitió la controversia constitucional del Congreso de Tamaulipas. A partir de la resolución de la Suprema Corte será posible determinar si los Congresos locales tienen la última palabra o no.

El tercer régimen de inmunidad corresponde exclusivamente al Presidente de la República. Desde su texto original, la Constitución de 1917 señalaba que el mandatario solo podía ser acusado por «traición a la patria y delitos graves del orden común». En febrero de 2021, fue publicada una reforma que permite acusar al presidente por los delitos de «traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que se podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana». Ahora es posible acusar al mandatario de cualquier delito, pero la investigación no la lleva una fiscalía ni es presentada ante un juez. La autoridad responsable de determinar si el presidente en funciones es culpable o no es la Cámara de Diputados y toca a la de Senadores determinar la sanción, en caso de ser encontrado culpable.

Considerando a todos los funcionarios federales señalados en el artículo 111 de la Constitución y contabilizando a los funcionarios de las 32 entidades federativas, se trata de por lo menos 2,544 puestos con inmunidad procesal (Tabla 1). Es importante enfatizar que esta estimación no está considerando al número de funcionarios locales que forman parte de organismos constitucionalmente autónomos, como los fiscales de los estados.[2]



El proceso de desafuero o declaración de procedencia

El proceso para retirar la inmunidad de los funcionarios públicos es conocido comúnmente como desafuero y, formalmente, se llama declaración de procedencia (Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos). El proceso comienza con una denuncia por parte de un ministerio público contra alguno de los funcionarios públicos mencionados antes. Esta denuncia es presentada ante la Cámara de Diputados. Al interior, es enviada a la Sección Instructura, una subcomisión integrada por cuatro legisladores.

La Sección Instructura tiene 60 días hábiles para presentar un dictamen a la Presidencia de la Cámara de Diputados, en el que señala si existe el delito del que es acusado el funcionario y la probable responsabilidad del imputado. Una vez recibido el dictamen, el presidente de la Cámara de Diputados debe convocar al día siguiente al pleno para erigirse en Jurado de Procedencia. Durante esa sesión, debe ser presentado el dictamen de la Sección, una declaración de la parte denunciante y otra del servidor público acusado o su defensa. Posteriormente, estas dos partes deben retirarse del pleno para que inicie la discusión entre legisladores. La mitad más uno de los diputados presentes debe aprobar el dictamen para declarar que ha lugar a proceder contra la persona inculpada.

Si la persona acusada es un funcionario federal, esta es inmediatamente separada de su cargo y puesto a disposición de los tribunales competentes. Si se trata de funcionarios locales, la declaración de procedencia se envía a la Cámara de Diputados de esa entidad para que «proceda como corresponde» (Artículo 28 LFRSP). En todos los casos, la Constitución establece que la inmunidad procesal es vigente únicamente mientras la persona se mantenga en su cargo; al término de su responsabilidad, puede ser procesada sin ningún impedimento.

En este punto es necesario hacer algunos apuntes. La ley establece que los proyectos de dictamen de la Sección Instructura deben ser votados por la mayoría de sus integrantes (Artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso); es decir, al menos 3 de 4. Al tratarse de un número par de integrantes, el escenario de un empate es probable, por lo que los dictámenes pueden verse detenidos en esta aduana del proceso. En cuanto a su conformación, un criterio general del Congreso es que las comisiones se constituyan conforme a la integración del pleno por partido político (Artículo 43, LOCGEUM). Sin embargo, la integración actual corresponde a dos diputados de Morena, uno del PRI y uno del PT; la segunda fuerza política en el pleno, el PAN, no tiene representación.

Durante los primeros 100 años de la Constitución de 1917, fueron realizados apenas siete casos de desafuero. Casar, et al. (2017) revisaron cada caso y su desenlace, desde Manuel Riva Palacio en 1935, hasta Lucero Guadalupe Sánchez, en 2016. Entre 2018 y 2021, se han realizado dos más —el diputado Cipriano Charrez y el gobernador Cabeza de Vaca— y están pendientes tres casos potenciales.

Las solicitudes de desafuero solo en 2021 apuntan a que el proceso parece correr velocidades distintas en la Cámara de Diputados: el gobernador de Tamaulipas fue acusado por la Fiscalía General de la República el 24 de febrero de 2021 y la declaración de procedencia sucedió el 30 de abril de 2021, 61 días más tarde. Mientras tanto, la Fiscalía de la Ciudad de México solicitó el desafuero del diputado federal de MORENA, Mauricio Toledo, el 25 de enero de 2021; posteriormente, el 27 de abril, la misma Fiscalía solicitó el desafuero del también diputado federal de Morena, Saúl Huerta. Han pasado más de 90 días desde entonces. Hasta este momento, la Comisión Permanente aún no logra un acuerdo para convocar a un periodo extraordinario en el que la Cámara de Diputados se erija en Juzgado de Procedencia, a pesar de que la Sección Instructura ya presentó un dictamen en favor de retirar la inmunidad a estos dos legisladores.

La inmunidad procesal no está pensada como una garantía de impunidad. Es una pieza clave de la separación de poderes al evitar que el sistema de justicia sea utilizado contra algún funcionario público que resulte incómodo al titular del Ejecutivo. Es cierto que el proceso actual ofrece espacios de discrecionalidad para detener acusaciones en contra de funcionarios acusados de delitos concretos, pero rara vez la solución a algo que no funciona bien es eliminarlo por completo.

En su lugar, resulta necesario ajustar ahí donde el proceso no funciona. La experiencia registrada en otros países apunta a la necesidad de trasladar el momento de la declaratoria de la Cámara de Diputados. En nuestro marco legal actual, el desafuero sucede al inicio del proceso, cuando la Fiscalía cuenta con una denuncia penal. Antes de ser presentado ante un juez, la culpabilidad o inocencia del funcionario público es determinada por las diputadas y los diputados federales. Y, sin esta declaratoria de la Cámara, el proceso penal no puede continuar. Esto permite a la cámara, y en concreto a 4 legisladores en la Sección Instructora, a detener o no un proceso penal contra los funcionarios públicos que están protegidos en la Constitución. Entre 2003 y 2016, fueron recibidas 53 solicitudes de desafuero y solo fueron dictaminadas cuatro.

Es posible trasladar la decisión de la Cámara de Diputados a otro momento del proceso penal para evitar el uso discrecional de esta protección. En lugar de ser al inicio de la denuncia, podría ser al momento de judicializarla, para que una vez que sea revisada por un juez de control, la Fiscalía solicité el desafuero; inclusive, la decisión podría ser tomada al momento de que un juez dicté sentencia condenatoria y la Cámara de Diputados decida si debe ser retirada la persona funcionaria pública inmediatamente para comenzar a pagar su sentencia o esperar a que concluya su encargo público, como ya sucede en algunos países.

Con cada nuevo caso de desafuero, más aprendemos para encontrar un mejor marco legal sobre este proceso. Lo que hoy decida la Comisión Permanente nos permitirá entender mejor hacía donde tenemos que apuntar los cambios.

Autor.-Ricardo Alvarado

[1] Apenas el 14 de julio, Charrez Pedraza terminó una huelga de hambre de 77 días aludiendo anomalías en su proceso y colusión de juezas con el gobierno del estado.

[2] Este asunto es aún polémico. A partir del caso del Fiscal General de Justicia de Morelos, Uriel Carmona Gándara, la sección instructora de la Cámara de Diputados consideró que el fiscal no tiene fuero. Esta declaración podría sentar el precedente de que ningún fiscal estatal autónomo cuenta con fuero constitucional. La resolución final por parte de la Cámara de Diputados aún está pendiente.