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martes, 1 de diciembre de 2020

LA "UIF,el EXPEDIENTE VIDEGARAY y las OPERACIONES FINANCIERAS del Ex-SECRETARIO de HACIENDA"...que las autoridades dejen hablar a las pruebas.

En la Unidad de Inteligencia Financiera existe ya un expediente de Luis Videgaray, actualmente señalado de supuestamente operar los sobornos de Odebrecht para la campaña de Peña Nieto y la estrategia de la llamada “estafa maestra”. Con el folio UIF/SAT/2577/2009, el archivo revela operaciones financieras presuntamente irregulares que habría cometido el exsecretario de Hacienda desde que era secretario de Finanzas del Estado México

Mientras el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, se pone de acuerdo con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en la investigación de las cuentas bancarias del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, en un viejo expediente –con folio UIF/SAT/2577/2009– se da cuenta de operaciones financieras presuntamente irregulares que habría cometido Videgaray desde que era secretario de Finanzas del Estado México (2005-2009), cuando era gobernador Enrique Peña Nieto.

Este nuevo “villano favorito” de algunos testigos colaboradores –como la exsecretaria Rosario Robles Berlanga, presa por participar en la maquinación de la llamada “estafa maestra” y desviar recursos públicos de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial, dinero que debió destinarse a los mexicanos más pobres de todo el país– fue reportado por la UIF desde 2009 por un depósito de 3 millones 400 mil pesos que hizo en Vector Casa de Bolsa, “operación que se sale de los parámetros establecidos por el comité de comunicación y control de dicha institución”.

Dicho reporte elaborado por la UIF con información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), precisa que de la consulta sobre la información de contraprestaciones o donativos en efectivo superiores a 100 mil pesos o su equivalente, se conoció que Videgaray Caso realizó una operación en el ejercicio 2006 que llamó la atención de las autoridades, con la distribuidora de automóviles PF Tollocan, SA de CV, por un importe de 1 millón 70 mil 786 pesos, cantidad que corresponde al 54 por ciento de los ingresos declarados en ese ejercicio por el entonces secretario de Finanzas del gobierno mexiquense.

Entre las inconsistencias que mostraban los movimientos financieros que Luis Videgaray hacía desde aquellos años y que permitieron al gobierno panista de Felipe Calderón establecer acuerdos de impunidad con el entonces gobernador priísta Enrique Peña Nieto y su secretario de Finanzas, éste manifestó ante el Registro Federal de Contribuyentes tener obligaciones fiscales por concepto de servicios profesionales federal y estatal, declarando ingresos anuales en 2002, 2006 y 2007 de 2 millones de pesos, pero en 2003 y 2004 se incrementaron a 5 millones, y en 2005 el ingreso rebasó los 13.6 millones de pesos.

La UIF precisa que la información supuesta fue extraída de los reportes de operaciones remitidos por los sujetos obligados conforme a disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dar cuenta de operaciones, actos u omisiones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos previstos en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal, o que  pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis (lavado de dinero) del mismo Código, así como de otras bases de datos y fuentes documentales.

Videgaray había sido secretario de Finanzas del Estado de México desde 2005 hasta marzo de 2009, cuando pasó a ser diputado federal del 1 de septiembre de ese mismo año hasta marzo de 2011, y según investigaciones “seguía utilizando recursos del gobierno del Estado de México, porque Pablo Díaz Gómez, coordinador administrativo, brindaba apoyo económico a Videgaray, además de proporcionarle tres chóferes, dos secretarias, cuatro vehículos y equipos de radiocomunicación, además de mobiliario y papelería de la Secretaría de Finanzas, pese a haber dejado el cargo”.

De acuerdo con la información proporcionada a la UIF por Vector Casa de Bolsa, “la transaccionalidad del cliente es incongruente con el conocimiento que se tiene del mismo, toda vez que realizó un depósito por $3’400,000.00 M.N. [sic] con documentos o valores. La institución financiera lo reportó por ser una Persona Políticamente Expuesta y por la operación de depósito que se sale de los parámetros establecidos por el comité de comunicación y control de dicha institución”.

El expediente UIF/SAT/2577/2009 establece haber localizado en el Registro Federal de Contribuyentes con clave VICL680810SG1, fecha de inicio de operaciones 1 de enero de 1993, actividad preponderante “Servicios Técnicos Especializados de Gobiernos Federal y Estatal”, localizándose declaraciones anuales con ingresos acumulables como a continuación se detalla: año 2002, 1 millón 949 mil 35 pesos; 2003, 5 millones 439 mil 621 pesos; 2004, 5 millones 29 mil 485 pesos; 2005, 13 millones 650 mil 288 pesos; 2006, 1 millón 978 mil 699 pesos; 2007, 2 millones 105 mil 365 pesos.

Nueva investigación en la UIF

Luego de que la exsecretaria Rosario Robles manifestara su intención de acogerse al beneficio del criterio de oportunidad y señalara a Videgaray como orquestador de la llamada “estafa maestra”, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que es probable que la UIF inicie una nueva investigación sobre la situación financiera del exsecretario de Estado. En este caso, dijo, “tiene que haber coordinación entre la Fiscalía [General de la República] y la oficina de Inteligencia Financiera, no se puede actuar por separado”.

En su conferencia del pasado 26 de noviembre, el primer mandatario indicó: “nosotros hemos decidido apoyar la autonomía de la Fiscalía. Ellos son los que se hacen cargo de las investigaciones, no el Poder Ejecutivo; sólo que la Fiscalía solicite a la oficina de Inteligencia Financiera información, se puede hacer la investigación y proporcionar esa información a la Fiscalía. No podemos nosotros, como Poder Ejecutivo, no puede Inteligencia Financiera estar investigando si no existe una solicitud de la Fiscalía o un acto notorio de corrupción denunciado que requiera saber sobre el manejo del dinero, darle seguimiento al dinero en el sistema financiero”.

No obstante, Videgaray aseguró el pasado 24 de noviembre que es inocente: “el mecanismo de moda de ‘me salvo culpando a Videgaray’ tiene un límite, y ese límite son la verdad y la ley”.

Asimismo, lamentó profundamente “que Rosario Robles opte por acusarme sin argumentos para tratar de librar su situación legal. Desde el punto de vista humano entiendo lo extraordinariamente difícil de su condición, incluyendo la perspectiva de enfrentar órdenes de aprehensión por delitos muy graves. Sin embargo, la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar inocentes. Ese no debe ser el camino para conseguir su libertad”.

El exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores en el sexenio de Enrique Peña Nieto agregó: “lo que dijo el abogado Ramírez sobre mí es completamente falso, y carece por ello de sustento alguno. Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer es probar mentiras. Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta, en la llamada ‘estafa maestra’, y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo. Como servidor público siempre actué dentro del marco legal, y las únicas pruebas que han surgido en mi contra respecto al supuesto desvío de recursos públicos son los dichos de personas que quieren eludir su responsabilidad”.

Puntos suspensivos… En las investigaciones en contra de Rosario Robles, la Fiscalía General de la República debería citar al exsecretario José Antonio Meade, quien posee pruebas contundentes de la corrupción en Sedesol, por eso ahora la experredista sólo apunta sus acusaciones en contra de su excompañero de gabinete Luis Videgaray. La siguiente anécdota fue contada por un miembro del equipo de Meade y publicada anteriormente en Contralínea: el 28 de agosto de 2015, por instrucciones presidenciales, José Antonio Meade asumía el control de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Ese día al llegar a lo que sería su nueva oficina durante el siguiente año, se sorprendió al encontrar un amplio cuarto vacío, sin escritorio, sillas, sillones ni una mesa donde empezar a trabajar. De inmediato, un empleado de esa dependencia dijo que por instrucciones de la anterior secretaria Rosario Robles habían vaciado la oficina y que la señora se había llevado todos los muebles. En ese momento, el secretario Meade dio instrucciones precisas a miembros de su equipo: quiero auditorías a todos los programas sociales y una revisión minuciosa a todos los contratos que haya hecho Robles y su grupo durante los 3 años que estuvo al frente de la Sedesol. Un miembro del equipo de Meade recuerda que al revisar archivos y expedientes empezaron a salir anomalías en el manejo del presupuesto en casi todas las áreas: “Toda la información que salía se le entregaba al secretario Meade, aunque después supimos que por instrucciones de Los Pinos (Peña Nieto) todo debía archivarse”… Después de aquel salvavidas que le lanzara Enrique Peña Nieto: “no te preocupes Rosario”, la misma exsecretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, enfrentó muchas presiones de varios secretarios de Estado y hasta de la misma Presidencia de la República para que cerrara las investigaciones que involucraban a Rosario. Desde que asumió el cargo, aquel 27 de octubre de 2016, la contralora empezó a recibir llamadas de miembros del gabinete de Peña Nieto, entre otros de la misma Rosario Robles, para que cesara cualquier investigación en su contra. Otro funcionario que presionó a Arely Gómez fue el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien en varias ocasiones le pidió a la entonces contralora que cerrara el caso, que Rosario “era una mujer honesta”. Ahora todo cambia y a Rosario la han abandonado sus “amigos” y cómplices.

Fuente.-



"ASI la MOVIA GARCIA LUNA": REVELAN la RED que DESVIO MAS de 2,600 MILLONES de PESOS con PEÑA NIETO...y ahora esta bien gordo en el chiquero.


Pese a que Genaro García Luna dejó el servicio público en el año 2012, durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto continuó operando una red de desvío de recursos federales por más de 2 mil 600 millones de pesos.

Así lo detectó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que el 24 de diciembre de 2019 presentó dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exsecretario de Seguridad Pública federal (SSP), actualmente acusado en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Según las pesquisas, el esquema de desvíos que supuestamente benefició a García Luna fue diseñado desde el año 2005, es decir, en el sexenio de Vicente Fox Quesada, cuando ocupaba el cargo de director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que realizó el montaje de la captura de la francesa Florence Cassez, acusada de presunto secuestro.

La UIF, encabezada por Santiago Nieto Castillo, identificó que el esquema consistió en la constitución de diversas empresas, entre las que destaca Nunvav, Inc., señalada como una compañía fachada, para ingresar recursos al sistema financiero nacional que después fueron enviados a paraísos fiscales o a centros financieros offshore.

Dicha empresa recibió nueve contratos de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante el sexenio de Peña Nieto y, según las pesquisas, también recibió recursos de la Tesorería de la Federación y del gobierno de la Ciudad de México, entonces encabezado por Miguel Ángel Mancera Espinosa.

De los contratos con la Segob, Nunvav recibió recursos en los años 2013, 2017 y 2018 por 2 mil 623 millones de pesos y 77 millones de dólares que fueron enviados a Israel, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos, Barbados y Curazao, con los que García Luna pagó su lujoso estilo de vida en Miami antes de ser detenido.

VIERNES, 27 DE DICIEMBRE DE 2019

LA INTELIGENCIA FINANCIERA REVELA TRIANGULACION del DINERO de GARCIA LUNA y "NUMVAV" la EMPRESA que HIZO NEGOCIOS con CABEZA de VACA en TAMAULIPAS...las transas afloran.


Los recursos de estos contratos provienen de la partida de Seguridad Pública Nacional, misma que forma parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) contra exfuncionarios del sexenio pasado por contrataciones irregulares.

Las dos denuncias que presentó la UIF por estos hechos están en la Fiscalía Anticorrupción federal y en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, donde se radicó en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros.

Asimismo, la FGR ordenó dar vista a la Contraloría General de la Ciudad de México, al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El pasado 13 de octubre, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio a conocer que el gobierno federal tiene una deuda pendiente con Nunvav, Inc., que derivó de un contrato que data de la administración de Felipe Calderón Hinojosa por suministro, instalación, capacitación y puesta en marcha de equipo tecnológico en el Cefereso 12 de Guanajuato y del que quedan pendientes por pagar casi 6 millones de dólares.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fueron detectadas potenciales irregularidades en la administración del contrato y procedimientos de pago, pues no hay evidencia de que los trabajos realizados por Nunvav ya le fueron pagados y que en el anexo técnico ni en el contrato se especificaron los componentes del sistema ni los alcances de las capacitaciones técnicas y operativas.

García Luna fue detenido en Texas, Estados Unidos, el 19 de diciembre de 2019, por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa y actualmente espera el inicio de su juicio ante una Corte de Nueva York, la misma que sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder de la organización criminal con la que se vincula al exfuncionario federal.

Casi un año después, el pasado 27 de noviembre, la FGR obtuvo una orden para capturar a García Luna y abrir la posibilidad de que, una vez que sea viable legalmente, sea extraditado a México.

Esta orden fue emitida por un juez de Control en el Estado de México, por el delito de enriquecimiento ilícito pues, de acuerdo con fuentes allegadas al caso, García Luna no justificó el legal origen de 27 millones de pesos con los que adquirió diversos bienes inmuebles en México.

Las fuentes consultadas señalaron que esta orden no derivó de las denuncias presentadas por la UIF contra García Luna.

Fuente.-


"ARCANGELES y DEMONIOS": QUE SABIA el GENERAL CIENFUEGOS de las OPERACIONES GRINGAS en TERRITORIO MEXICANO...lo que no debia saberse,terminara sabiendose.


Ni México tiene el monopolio de los demonios, ni Estados Unidos acapara el monopolio de los arcángeles.

Viene a cuento esta reflexión después de lo sucedido con la captura y liberación en los Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos.


Por el lado que se le vea, el caso del ex secretario de la Defensa Nacional del gobierno de Enrique Peña Nieto es atípico, fuera de todo sentido común y del que difícilmente se conocerán los entretelones de una negociación tan sui géneris.

Primero, porque para las autoridades judiciales norteamericanas existían las suficientes y contundentes pruebas que les permitieron detener al general Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles.

Esas evidencias habría sido recolectadas –de acuerdo a lo revelado por los servicios de inteligencia norteamericanos- a lo largo de diez años en los que se sospechaba de presuntos vínculos entre el general mexicano y el crimen organizado.

Eso significaría que la sobrevigilancia sobre Cienfuegos se dio desde finales del sexenio de Felipe Calderón, transitó por toda la administración de Enrique Peña Nieto y casi los dos primeros años de Andrés Manuel López Obrador.

Por eso decimos que en el momento en que se le detuvo, las presuntas pruebas ya habían pasado la prueba del ácido de todos los organismos norteamericanos vinculados a las fuerzas armadas y a los servicios de inteligencia, como la DEA, el FBI y la CIA.

El golpe de la captura de quien fuera el más alto mando castrense sacudió las entrañas del sistema político mexicano y colocó al general Cienfuegos como par de otros famosos detenidos en Estados Unidos, como Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, Rubén “El Menchito” Oseguera y Édgar “El Diablo” Veytia.

¿Qué sucedió en las semanas que transcurrieron entre la detención y la liberación del general Cienfuegos?

La versión oficial es que se trató de una negociación diplomática de muy alto nivel que comandó el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard.

De acuerdo con esa narrativa, el General Secretario Luis Crescencio Sandoval se reunió con el presidente López Obrador para externarle la molestia de los altos mandos de la Secretaría de la Defensa por lo que consideraban era una pobre actuación del gobierno mexicano en los días inmediatos a la detención.

No sería la primera vez. Cuestión de recordar el severo discurso de tinte golpista que el general Carlos Gaytán Ochoa pronunciara frente a 500 militares de alto rango,  cuestionando la efectividad y las prácticas del gobierno de la Cuarta Transformación.

Tras su dura conversación con el General Sandoval, el inquilino de Palacio Nacional habría instruido a Marcelo Ebrard no solo a protestar oficialmente por la afrenta que significó el desconocer por anticipado la detención, sino a buscar la repatriación del acusado para que enfrentara en México su juicio.

La pieza que no cuadra en ese ajedrez es que el sistema norteamericano funciona distinto al mexicano. No es presa fácil de las presiones políticas o diplomáticas, cuando se trata de procesar a personaje de muy elevado perfil.

Esas negociaciones solo suelen suceder cuando las autoridades norteamericanas evalúan que el beneficio que lograrán será digno del canje –como en el caso de rehenes- o también si estiman que lo que se generará tras el juicio podría significar un peligro para el Estado.

¿Qué sabría el general Cienfuegos sobre las operaciones norteamericanas en territorio mexicano? ¿Qué evidencias habría mostrado a sus fiscales norteamericanos como para obligar a desistirse de sus muy delicados cargos y devolverlo a México sin acusación alguna?

Sobran quienes apuestan a que el general Cienfuegos no es manco y que jamás fue ingenuo de saberse investigado por los norteamericanos. Las operaciones encubiertas, y en algunos casos en la frontera de la ilegalidad, se hacían de  mutuo consentimiento.

De ahí que el general Cienfuegos también acumulara evidencia de los desplantes de algunos organismos estadounidenses. Y en el momento oportuno, luego de su detención, las puso sobre la mesa.

Solo así puede explicarse, más allá de la negociación diplomática que fue el pretexto perfecto, que el duro y difícilmente negociable sistema judicial de los Estados Unidos imputara el nombre del ex secretario de la Defensa y acabara por retirarle los severos cargos.

Sea como fuere, el presidente López Obrador y su canciller Ebrard se anotaron la victoria y de paso tranquilizaron, al menos temporalmente, lo que ya parecía una tormenta con nubarrones verde olivo. 

Lo dicho, ni allá está todos los arcángeles ni acá todos los demonios.

Fuente.-Ramon Alberto Garza/


GERTZ MANERO AHORA es FISCAL de la REPUBLICA y "AHORA SI AVANZA su DENUNCIA CONTRA FAMILIA POLITICA por MUERTE de su HERMANO"...ya sabe que justicia no gobierna a poderosos, poderosos la gobiernan.



La muerte del abogado Federico Gertz, hermano del fiscal general de México, Alejandro Gertz, sigue dando que hablar. Abogado y contable, el hermano del fiscal murió en Ciudad de México en septiembre de 2015. Tenía 82 años. 

El estudio de los forenses señaló como causa una “congestión visceral generalizada”, producto de una neumonía y un choque séptico por una úlcera en la espalda. Pero Alejandro Gertz, que entonces dirigía la Universidad de las Américas en la capital, denunció que aquella congestión había resultado del maltrato infringido por parte de la pareja de Federico y las hijas de esta. En aquel entonces, Gertz señaló que la Fiscalía de la capital evitaba investigar el caso por asuntos políticos. Ahora, cinco años después, una de las hijas está en prisión acusada de homicidio.

Durante años, el fiscal Gertz criticó que el único motivo por el que las denunciadas no estaban en prisión era su parentesco con Alfredo del Mazo, primo del entonces presidente, Enrique Peña Nieto (2012-2018), diputado federal y aspirante al Gobierno del Estado de México: la nieta de la pareja de su hermano Federico es la esposa de Del Mazo. Gertz argumentaba que el aparato de Peña Nieto, coludido con las autoridades de Ciudad de México, encabezadas por Miguel Ángel Mancera, estaban tapando el escándalo. “Lo que se buscaba era proteger al señor que quería ser gobernador y que no quería un escándalo a ningún precio en una situación de esta naturaleza”, dijo Gertz a la revista Proceso en una entrevista en agosto de 2017.

EL PAÍS ha accedido a documentos del caso de Gertz contra su familia política, desde la denuncia, registrada por el abogado de Gertz, Javier Coello Trejo, en agosto de 2015, hasta el auto de prisión contra una de las hijas de la pareja de Federico, Alejandra Cuevas, el pasado 16 de octubre. Alejandra Cuevas es la tía de la esposa de Del Mazo. La documentación dibuja las tiranteces entre Alejandro Gertz y sus abogados y el sistema de justicia. Primero, cuando los fiscales decidieron no actuar contra la pareja y las hijas de Federico Gertz. Y ahora, cuando una juez ha decidido mandar a prisión a una de las hijas.

En estos años, el contexto alrededor del caso ha cambiado. Del Mazo fue elegido gobernador del Estado de México, Peña Nieto ya no es el presidente, Mancera salió del Gobierno de Ciudad de México y la Procuraduría local cambió de manos. Alejandro Gertz cambió igualmente de encargo. Dejó la Universidad de las Américas y se convirtió, en diciembre de 2018, en fiscal general de México. EL PAÍS ha tratado de contactar a los abogados de Alejandro Gertz y de Laura Morán, la pareja de su hermano, que ahora tiene 93 años. Ninguna de las partes contestó llamadas ni mensajes.


Federico Gertz Manero, hermano del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.REDES SOCIALES

La sonda y el dinero

Todo empezó en agosto de 2015. El día 24, Laura Morán, pareja de Federico, llamó a Alejandro Gertz. Le dijo que su hermano estaba muy mal, con neumonía. Gertz, extrañado, fue a la casa de su hermano. Se habían visto no hacía tres semanas y Federico “se encontraba perfectamente”, según dijo el propio Gertz en un escrito que su abogado, Jesús Coello, presentó ante la Fiscalía de Ciudad de México en 2015. Cuando llegó, lo vio medio inconsciente, en la cama, “en estado de abandono y sin atención médica acorde a su situación”, según consta en el mismo escrito. Alejandro Gertz mandó a varios especialistas a la casa. Los médicos atendieron a Federico, le pusieron una sonda para alimentarlo, un catéter y le limpiaron una úlcera que le había salido en la espalda. Ahí empezó la ruptura.

Según el relato de Alejandro Gertz y sus abogados a la fiscalía, Laura Morán y sus hijas, sobre todo Alejandra, insistían en que Federico estaba sufriendo mucho y era mejor dejarle descansar. Tan es así que denuncian que en esos días, las mujeres le arrancaron la sonda que alimentaba al enfermo, para ayudarle a morir. Gertz se negaba y exigió que llevaran a Federico a un hospital.

A finales de agosto, el ahora fiscal mandó al abogado Coello Trejo a la Procuraduría. El letrado presentó el escrito en que denunciaba el intento de homicidio de su hermano y pedía a la agencia investigadora que mandara peritos para que determinara su situación y lo mandaran al hospital. Ella se habían negado hasta entonces. En el escrito, Gertz pedía también que se solicitara a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que inmovilizara las cuentas bancarias y de valores de Federico hasta que se resolviera la indagatoria.

Más allá de la salud del enfermo, el problema era el dinero. En esa entrevista de 2017 con Proceso, Gertz dijo que él era albacea de los bienes de su hermano y acusaba a su pareja y las hijas de ella de haber aprovechado su agonía para saquear sus chequeras, su casa y su oficina. Gertz no dio más detalles en su día y en la documentación del caso no aparecen menciones a la fortuna del hermano. En 2017, la investigación sobre paraísos fiscales del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, ICIJ por sus siglas en inglés, descubrió una sociedad de inversión a nombre de Federico en las Islas Caimán. Su hermano Alejandro era el vicepresidente. EL PAÍS ha tratado de contactar a Javier Coello Trejo, abogado de Gertz, vía mensaje y llamada, pero no ha podido ponerse en contacto con él.


Alfredo Del Mazo, gobernador del Estado de México, con su esposa Fernanda Castillo de Del Mazo en 2018.REDES SOCIALES

Risperidona y el secuestro

Federico Gertz y su pareja, Laura Morán, se conocían desde hacía 50 años y habían convivido los últimos 40. Nunca se casaron. Las hijas de ella eran de una relación anterior. En su declaración a la Fiscalía, en 2015, Morán, que entonces contaba 88 años, dibujaba un panorama médico distinto al de Gertz. Federico Gertz usaba marcapasos, tenía problemas de visión por un herpes antiguo y “había comenzado a presentar conductas referentes a que manifestaba que veía cosas inexistentes, ya que decía que veía ángeles y diablos en el piso”. Desde principios de agosto, un cuidador le ayudaba a vestirse, a comer o ir al baño.

En su declaración, Morán cuenta que en la mañana del 4 de agosto, el día en que se vio con Alejandro, Federico se golpeó en la cabeza. La mujer dice que cuando volvió, estaba “muy alterado, diciendo que estaba raptado y que necesitaba dinero para sus raptores”. Al día siguiente, le llevaron al médico. El doctor le recetó risperidona, un tranquilizante señalado para pacientes con esquizofrenia. El fármaco golpeó a Federico Gertz, completamente sedado. Morán dice que el 8 de agosto le llevaron a otro médico, que le recetó otro medicamento, quetiapina, un antipsicótico señalado igualmente para personas con esquizofrenia. Federico Gertz siguió con esa medicación por 10 días.

En su declaración de 2015, Alejandra Cuevas, una de las hijas de Morán, hoy presa, niega cualquier implicación en el caso y dice que ella no era la encargada de cuidar a Federico, como señalan Alejandro Gertz y sus abogados. El fiscal general plantea que durante ese mes de agosto, hasta su intervención el día 24, Laura Morán y sobre todo su hija Alejandra fueron las encargadas de Federico, de administrarle tranquilizantes y antipsicóticos que, en último término, empeoraron su situación. Alejandra apunta a la condición previa de Federico: “El 13 o 14 de agosto, Federico me llamó por teléfono y dijo que tenía ‘más de 100 empresas y que todo está muy raro, porque hay gente en casa y que creo que es cosa de secuestro”. Alejandra, interna en el penal de Santa Martha, en la capital, aseguró que ella no intentó matarlo.

Los peritos de la entonces Procuraduría, requeridos por Alejandro Gertz, llegaron a la casa del enfermo a finales de agosto. Enseguida se decidió su traslado a un hospital al sur de la ciudad, pero su cuerpo no aguantó demasiado. Murió apenas un mes después, el 27 de septiembre. La “congestión visceral generalizada” que señalaron los peritos escondía condiciones previas, una neumonía bacteriana y un choque séptico, producto de la úlcera en la espalda.

En las semanas posteriores a su muerte, los médicos que atendieron a Federico Gertz declararon ante los fiscales. También familiares y allegados. Los médicos, cercanos a Alejandro Gertz, señalaron que la falta de cuidados y la ingesta de antipsicóticos y tranquilizantes fueron clave. En marzo de 2016, la Procuraduría decidió, sin embargo, que no había motivo para procesar a nadie. En estos años, el actual fiscal Alejandro Gertz promovió recursos y amparos para evitar el cierre del caso. En septiembre de este año, el caso llegó a la juez 67 penal de Ciudad de México, Marcela Ángeles Arrieta. El 2 de octubre, la juez ordenó detener a Alejandra Cuevas Morán. El 16 de octubre ingresó en prisión. En la documentación no aparece argumento alguno de por qué solo ella ingresó a prisión y no su hermana. EL PAÍS ha contactado a su abogado, Alfonso Jiménez O’Farrill, a través de un auxiliar, pero no ha recibido respuesta.

fuente.-Pablo Ferri/Diario Español/

AUN en "CIERNES": LA "INTELIGENCIA a la MEXICANA es una ASIGNATURA PENDIENTE"...dispersa y sin estructura.

México enfrenta el desafío de contar con un sistema de inteligencia integral para la seguridad nacional, que ayude a enfrentar la crisis de violencia endémica y la incertidumbre post pandemia

México debe contar con una comunidad de inteligencia integral al servicio de los intereses superiores del Estado y de la sociedad a la que se debe, y no al poder en turno; y debe estar acompañada por una clara diferenciación y separación entre la inteligencia para la seguridad nacional y la inteligencia criminal, afirman expertos.

“El desafío de México es contar con una comunidad de inteligencia integrada por agencias profesionales que responda al Estado y que coadyuve al proceso de toma de decisiones al más alto nivel de conducción política del país, asegura Mario Vignettes del Olmo, exdirector de la Escuela de Inteligencia de Seguridad Nacional.

Considera que un factor que impide la coordinación entre los servicios de seguridad del país y sus agencias de inteligencia, es la falta de criterios uniformes para otorgar acceso a productos de inteligencia y regular su intercambio y explotación, para enfrentar riesgos y amenazas a la seguridad nacional, como la crisis de seguridad y del Covid-19.

Subraya que el sistema nacional de inteligencia, en construcción bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, debe articular todas las áreas especializadas (CNI, Sedena, Marina, UIF, Hacienda y SRE), como objetivo explícito del Programa de Seguridad Nacional para enfrentar riesgos y amenazas a la sociedad.

Inteligencia dispersa

Los trabajos de seguridad e inteligencia se dispersan en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tarea que debía ser compartida con las secretarías de Defensa Nacional y Marina Armada de México y, en el ámbito civil, con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), asegura Abelardo Rodríguez Sumano, profesor de la cátedra en investigación en seguridad nacional en la Universidad de Guadalajara.

En entrevista, plantea que el CNI debe estar en la Presidencia de la República para trazar la información, cruzarla con todo el gabinete y concentrarla en la figura de un consejero de seguridad nacional, para la toma de decisiones de defensa del Estado.

“La estrategia de seguridad e inteligencia del gobierno de López Obrador resulta insuficiente para enfrentar a la delincuencia, que puede poner jaque al Estado y llevar al país a una crisis más profunda, de prevalecer una seguridad nacional disfuncional en el estado de derecho”, advierte Rodríguez Sumano.

Fortalecer instituciones de inteligencia

México requiere de fortalecer las instituciones de inteligencia con recursos financieros y humanos, para enfrentar violencia, pandemia, desastres naturales, crimen organizado y otras amenazas presentes, pues no se puede pensar en operativos sin inteligencia, ni sin capacidad operativa y de coordinación conjunta, indica el doctor en ciencias políticas por la UNAM, Emilio Vizarretea Rosales.

“Si bien el CNI cumple una función importante, realmente no es tan fundamental en estas decisiones; las áreas fundamentales para la seguridad nacional son las de inteligencia militar y naval. Las otras, entre las que debiera estar la Unidad de Inteligencia Financiera, “parece que andan más en cuestiones de venganzas”, arguye en entrevista.

La capacidad existe, aunque se necesita fortalecerla; sobre todo, requiere de la comprensión del titular del Ejecutivo federal sobre el tipo de áreas, tareas y operaciones de inteligencia para la seguridad nacional, afirma el catedrático.

Agrega que “la interrelación entre las ideas del desarrollo, de la seguridad nacional y la defensa se requieren mutuamente. De nada nos serviría tener un Ejército de primer de mundo si no tenemos un país de primer mundo: el tipo de apoyo y actividades de cada área de inteligencia está sujeto al desarrollo”.

Por ello, observa que la esencia del CNI debe ser el trabajo de prevención a partir de diagnósticos, de investigación no sólo de gabinete, sino de campo. “Ése es el punto fundamental, por ejemplo, lo que hacía en materia de encuestas el Cisen; no se ha visto que en el CNI hagan algo interesante”, enfatiza por su parte Vizarreta Rosales.

Indica que el CNI está en una etapa en la que apenas están encontrando las necesidades gubernamentales y los intereses de la sociedad, factores importantes que aún no han definido del todo.

La inteligencia es un tema de necesaria coordinación. Mientras no se coordinen el CNI y otras áreas de Defensa y Marina no puede hacer gran cosa. Falta esa parte de trabajo decampo que siempre es necesaria y de los que disponen ambas secretarías, y lo que se esperaba de los datos relativos al lavado de dinero en poder de la Unidad de Inteligencia Financiera, “pues no los comparten, cada quien tiene su parcela de información”.

Combate al crimen organizado

En el marco del Sistema Nacional de Inteligencia, la Sedena da cuenta en el Segundo informe de gobierno de que “se elaboraron 374 productos de inteligencia de carácter estratégico, para proporcionar un panorama internacional y nacional de los campos del poder, temas del dominio marítimo, delincuencia organizada, narcotráfico y seguridad interior”.

Se elaboraron 374 productos de inteligencia de carácter estratégico, para proporcionar un panorama internacional y nacional de los campos del poder, en temas del dominio marítimo, delincuencia organizada, narcotráfico y seguridad interior.

El apartado del Informe sobre las Fuerzas Armadas refiere que se reforzaron los Centros Regionales de Inteligencia Naval para fortalecer operaciones de mandos navales, a través de la identificación y prevención de riesgos y amenazas que afectan a la seguridad nacional, con lo que se generaron 627 productos de inteligencia para apoyar a la planificación de operaciones navales.

“Para garantizar la integridad y la soberanía nacional, entre el 1 de septiembre de 2019 y el 30 de junio de 2020, se generaron 362 productos de inteligencia geoespacial de 15 entidades federativas, en apoyo a mandos y unidades navales para la georreferenciación de pistas clandestinas, ranchos, campamentos de entrenamiento de la delincuencia organizada, mapas delictivos, robo de combustible”, señala el texto.

Inteligencia, asignatura pendiente

Al balance histórico de la agencia civil de inteligencia mexicana, y al tránsito y consolidación de la democracia como asignatura pendiente en México, se suma un conjunto de retos en el ámbito de la inteligencia, considera Marcos Pablo Moloeznik, doctor en ciencia política por la Universidad de Guadalajara.

Profesor huésped en las universidades de Colonia y Libre de Berlín, Alemania; Buenos Aires y Rosario, Argentina; y Varsovia, Polonia, destaca que México necesita contar con una comunidad de inteligencia, “un sistema bajo una visión común que responda al Estado y que coadyuve a la toma de decisiones que puedan influir en la dirección a seguir por la sociedad en el futuro”.

En especial, para enfrentar la violencia endémica se erige en un asunto crítico que cuestiona severamente el derecho a la vida y cuya atención debería estar encaminada a reducir la tasa de homicidios intencionales por cada cien mil habitantes, apunta.

Distinguir y separar las dimensiones operativa, táctica y estratégica, para que el sistema cumpla con las expectativas de su función, otorgando prioridad a lo estratégico, refiere en su análisis Balance del derrotero histórico de la agencia civil de inteligencia mexicana, publicado en Interticios Sociales, revista del Colegio de Jalisco (septiembre 2020-febrero 2021).

Vignettes del Olmo plantea articular un modelo nacional de inteligencia estratégica que integre la información de todas las instancias de seguridad nacional, entidades federativas y municipios, a partir de la identificación de capacidades y necesidades, y cultivar la retroalimentación entre productores y consumidores de inteligencia para el funcionamiento óptimo del sistema.

Afirma que, al margen de los vaivenes de la política partidista, la comunidad de inteligencia debe estar integrada por académicos, como responsables de la orientación conceptual y doctrinaria; y por científicos a cargo del desarrollo de algoritmos especializados para medir el impacto de temas de la Agenda Nacional de Riesgos.

Subraya importante recorrer los distintos peldaños hasta lograr que los ciudadanos sientan la comunidad nacional de inteligencia como suya, así como invertir en formación y capacitación de personal de inteligencia de gobiernos estatal y municipal, orientados a la recolección de inteligencia, mientras desarrollan capacidades para la producción de inteligencia.

Inteligencia militar y naval, ausencia de articulación

Actualmente, la inteligencia militar de la Sedena y Semar, bajo el mando supremo del presidente de la República, ponen de relieve la ausencia de una articulación de jefes de Estado Mayor o una agencia de inteligencia militar unificada, asegura Vignettes del Olmo.

La comunidad de inteligencia militar “enfrenta desafíos sin precedentes por amenazas trasnacionales y elementos estructurales de la sociedad mexicana, como desigualdades sociales y regionales, y el crecimiento de inseguridad derivada de actividades del crimen organizado”, destaca el experto en su ensayo Comunidad de inteligencia de México: una descripción crítica.

El análisis del experto, publicado en la Revista Internacional de Inteligencia y Contrainteligencia, sugiere que para que el aparato de inteligencia logre resultados, necesario generar un sistema de seguridad, sobre la base de verificación de antecedentes, pruebas psicológicas, poligráficas, y criterios para determinar si existe un estado de “necesidad de saber” para cada puesto en las agencias que producen inteligencia.

Plantea que la comunidad de inteligencia requiere enfocarse en seis áreas fundamentales en futuro inmediato:

-Coordinación de acciones ejecutivas, un paso en esta dirección ha sido la creación de cinco centros regionales de fusión de inteligencia, bajo la coordinación del Consejo de Seguridad Nacional, centrado en la inteligencia táctica para contener grupos del crimen organizado.

-Visión estratégica común entre los miembros de la comunidad de inteligencia, esencial para coordinar el intercambio y acciones ejecutivas que promuevan los intereses nacionales de México en el exterior.

-Intercambio de inteligencia con servicios extranjeros, actualmente, se lleva a cabo bajo incompletos protocolos y caso por caso; y autorización de seguridad de enlace al sistema común a la comunidad de inteligencia, para generar criterios colectivos entre agencias mexicanas y extranjeras.

-Un sistema de contrainteligencia (CI) para proteger cada componente de la comunidad con sólidas medidas y procedimientos de contrainteligencia imprescindibles, pues México carece de una autoridad nacional de CI, para reducir la vulnerabilidad del personal, instalaciones y sistemas informáticos, y para proteger la seguridad difusión de productos de inteligencia.

Vignettes del Olmo estima que en la próxima década podría haber una confluencia de esfuerzos federales para llegar a un acuerdo en común sobre protocolos estándar para la coordinación y el intercambio de inteligencia, junto con mandatos coordinados, misiones y capacidades, elementos relevantes para construir una comunidad de inteligencia más fuerte.

“La comunidad de inteligencia debe abordar el proceso para reforzar, a veces adoptando un sistema de contrainteligencia, y proteger la información de seguridad nacional, construir una mayor capacidad de autocrítica y profesionalización, desarrollar una doctrina uniforme, diseñar criterios comunes para compartir inteligencia, y agilizar la coordinación de operaciones impulsadas por inteligencia.”

Inteligencia como profesión

Los sistemas de inteligencia trabajan en torno a las estructuras de poder y agendas de riesgos y oportunidades, por lo que muy poco se puede comparar la realidad de países desarrollados con la de países llamados emergentes, cavila Jorge Tello Peón, co-director del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza (Cesig) del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Afirma que en México “permanece una enorme confusión de conceptos y vicios en la práctica, que dejan a la inteligencia en el nivel de oficio y todavía muy lejos de alcanzar las características de una profesión madura”, y se pregunta ¿Por qué la primera agencia de inteligencia civil mexicana, el Cisen, se formalizó hasta 1986?

Responde que los esfuerzos previos, la creación del Departamento Confidencial de la Secretaría de Gobernación (1929), el Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales (1942), la Dirección Federal de Seguridad (1947), “tenían pocos elementos de una organización formal de inteligencia y respondían más a intereses de grupos y facciones, no tuvieron los alcances, la visión o la necesidad para institucionalizar la función” de inteligencia.

Así, dice, “la inteligencia operativa, el oficio de la obtención de información privilegiada de uso inmediato, ocupó tradicionalmente los espacios y satisfizo las expectativas”. Importante y útil en su momento, “resolvió y atendió la urgencia”.

Sin embargo, el país en materia de inteligencia se quedó solo con lo superficial, con las tareas de poco valor agregado. Lo otro, lo sofisticado, lo elaborado, lo superior, “eso se importó del extranjero”, resalta.

“El inconveniente es que, en este caso [los órganos de inteligencia] no solo es un tema de interés económico: alta tecnología o alto valor agregado. Conlleva los intereses y prioridades de las naciones y de la región: es el destino del país lo que está en juego”, sostiene.

Tello Peón, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, indica que “la inteligencia tiene por objetivo eliminar incertidumbre: “conocer, es un tema de supervivencia y de supremacía”. En su artículo Inteligencia como profesión: ¿ser o estar?, publicado por del Cesig, afirma que la inteligencia no es espionaje.

“Sin menoscabo de la tarea como método de obtención de información confidencial y secreta, es, en cualquier caso, apenas el principio de la producción de inteligencia: recolección de información o investigación, la inteligencia estratégica es una profesión de temple”, argumenta.

fuente.-Jose Reyes/