La historia de Julio César Cervantes empieza por el final, en su funeral. Tenía 47 años y una leve discapacidad cuando desapareció en Ciudad de México.
Era 20 de septiembre de 2021 y había salido a la tienda a comprar un refresco. Su familia no volvió a saber nada de él hasta ahora. La policía encontró el cuerpo sin vida en una banqueta de la delegación de Coyoacán, a principios de este año. “Creo que después de muerto lo sacaron de donde lo tuvieran y lo fueron a aventar ahí”, dice la madre.
Las autoridades han tardado 10 meses en devolver el cadáver a la familia porque el cuerpo había sido donado sin consentimiento a la escuela de medicina del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El Instituto de Ciencias Forenses de la capital, el Incifo, nunca cotejó la información genética que la familia había entregado en caso de encontrar a Julio César. La larga cadena de errores, omisiones y negligencias que se cometieron son una muestra más de la enorme crisis forense que vive México, con más de 70.000 cuerpos sin identificar en las morgues y más de 110.000 desaparecidos, según las organizaciones de la sociedad civil.
Las familias, mientras tanto, ante la desesperación y la falta de atención de las autoridades, se lanzan a la calle a buscar a los suyos con la esperanza de encontrarlos y llevarlos de nuevo a casa.
Es martes, 12 de noviembre de 2024. El cortejo fúnebre avanza por la avenida Constituyentes y entra por la segunda puerta del panteón capitalino de Dolores, el más grande del país. Decenas de personas se congregan entre las tumbas para acompañar a la familia de Julio César Cervantes. El mariachi entona los primeros acordes de despedida y un grupo cristiano eleva una plegaria por el alma del fallecido. “Señor, acompaña a tu hijo Julio César y dale la paz de tu descanso eterno”, dice uno de los pastores presentes en la ceremonia. Laura Cabañas y Leopoldo Cervantes se abrazan y lloran desconsolados frente al ataúd de su hijo. Junto a ellos, el grupo de madres buscadoras Una Luz en el Camino, al que pertenece Cabañas, ha llegado para acompañarla y rezar a su lado. “Julio César, por fin te hemos encontrado, promesa cumplida”, dice Jaqueline Palmeros, presidenta del colectivo. Todas ellas buscan a sus hijos. Estos grupos se han convertido en un lugar donde las familias encuentran el acompañamiento y la solidaridad que muchas veces no reciben de las autoridades.
Mientras tanto, varias preguntas que rodean a la desaparición y muerte del hombre siguen sin resolverse: ¿Qué fue lo que verdaderamente le sucedió a Julio César Cervantes? ¿Por qué nadie avisó a la familia cuando encontraron el cuerpo si había una denuncia por desaparición? ¿Cómo es posible que tres años después llevara la misma ropa con la que desapareció? Como en la mayoría de casos de desaparición, el dolor y la desesperanza de no saber se mezclan con el maltrato de las autoridades y una extensa burocracia que vuelve aún más tortuoso el camino de las víctimas. “El trabajo de las madres buscadoras es la prueba de que el Estado no funciona”, señala Tania del Río, socióloga y autora del libro Las buscadoras.
Laura Cabañas responde el teléfono dos días después de haber enterrado a su hijo con más preguntas que respuestas, pero sobre todo, con una gran indignación por el trato que ella y su familia han recibido. De acuerdo con una investigación pericial independiente, la familia sostiene que Julio César fue torturado antes de morir. A lo largo de la conversación repite varias veces: “No se vale”, el sinónimo en México para decir que algo no es justo. “No se vale”, repite. “Yo que estuve picando piedra con pico, pala y varilla por los cerros, buscándole, y estaba en una escuela de Medicina, mientras lo hurgaban como rana. Es indignante y me llena de coraje”, dice la mujer con un gran enfado.
Falló la investigación sobre la desaparición, falló la investigación genética y fallaron las autoridades judiciales. También, una vez más, la forma en la que el sistema trata a las víctimas. Las dependencias policiales donde recogieron el cadáver cotejaron las huellas con el extenso archivo digital del Instituto Nacional Electoral (INE) donde emergió la identidad de Julio César. Por eso se enteró la familia del paradero del hombre, en la otra punta de la ciudad, aunque relativamente cerca. “Vinieron del INE a mi casa para comunicármelo y para decirme que acudiera al Incifo”, dice la señora Cabañas. La sorpresa fue mayúscula cuando quisieron reclamar el cuerpo, era viernes 1 de noviembre, festivo por ser Día de Muertos. “Me dijeron que era festivo y que mejor me presentara el martes 5. ¿Usted cree que una madre que está buscando a su hijo va a esperar cuatro días después de todo lo que hemos pasado?”, vuelve a decir indignada.
Acompañada de sus abogados, la Comisión de Búsqueda y otras integrantes del colectivo, Cabañas llegó al Incifo a reclamar el cuerpo de su hijo. “Me dijeron: ‘Julio César estuvo aquí, pero ya no está’, porque habían donado su cuerpo a la escuela de Medicina del Politécnico”, explica. El Instituto de Ciencias Forenses de Ciudad de México mantiene un convenio de colaboración con universidades públicas y privadas para la donación de cuerpos sin identificar para fines de docencia e investigación. “La doctora que nos atendió me dijo que le diera ‘gracias a Dios’ porque ‘al menos’ iba a poder enterrar a mi hijo y que podría haber acabado en la fosa común”, agrega. “No quiero ni pensar a cuántas personas les ha podido pasar eso mismo”, dice la mujer.
Aunque no llevaba identificación, la madre reconoció de inmediato a Julio César por las fotografías que le mostraron. Era él. Traía la misma ropa y los mismos tenis con los que desapareció. Sin embargo, ella cree que todos estos años fue duramente maltratado. “Si viera cómo nos lo entregaron, pesaba 15 kilos y cuando desapareció pesaba 90. Mi hijo tenía una leve discapacidad mental y era como un niño, un ser muy inocente”, dice con la voz desgarrada. “Yo creo que lo dejaron morir de hambre, tenía golpes, quemaduras de cigarro y señales de que estuvo amarrado de pies y manos”, apunta.
La familia Cervantes Cabañas dice que emprenderá acciones legales por toda la cadena de errores que se cometieron en el caso. “Me duele el alma de saber cómo masacraron a mi hijo y esto no se va a quedar así”, asegura. “Quiero que las autoridades investiguen qué sucedió con él y que se haga justicia. No quiero que le vuelva a pasar esto mismo a otras madres. No puede ser que yo estuviera buscando a mi hijo en Guerrero, en Querétaro, en Michoacán y él estuviera en la morgue solo a 30 kilómetros de su casa”.
Fuente.-ALMUDENA BARRAGAN/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS
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