El reclutamiento de muchachos también sirve para engrosar filas de sicarios y "halcones".
Un estudiante universitario que pudo huir de los campos de concentración del narco relató a REFORMA el infierno que viven en la sierra.
El joven --quien pidió omitir su nombre porque penden amenazas sobre su vida y la de su familia-- fue secuestrado en las calles de Iguala; trabajó durante seis meses en jornadas de sol a sol, sometido constantemente a torturas, se alimentó con sobras de comida, hierbas y hojas de árboles. Bajó 20 kilos durante su reclutamiento forzado.
"Salíamos varios de una casa casi en la madrugada; caminábamos por el cerro durante dos horas y luego llegábamos al lugar donde nos obligaban a sembrar (amapola) donde éramos vigilados por la gente armada", relata.
El muchacho cuenta que fue privado de su libertad por varios hombres en marzo de 2019 en las calles de Iguala.
"No recuerdo cómo fue y dónde, tengo todo eso muy confuso y lo que sí recuerdo fue cómo me tenían en el campo sembrando eso (amapola) en un campo", dice.
El joven de 23 años cursaba su último semestre en una facultad de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Luchan en la Sierra por control de droga
Activistas humanitarios advirtieron que dos grupos de la delincuencia se disputan la siembra y trasiego de la droga en la zona de la Sierra en Guerrero.
Fuentes estatales señalaron que en esa región operan el Cártel de la Sierra del Sur, que dirige Isaac Navarrete Celis, alias "El señor de la I", y la organización de Onésimo Marquina Chapa, "El Nencho".
Ambos grupos delincuenciales obligan a jóvenes a reclutarse en sus filas, como ocurre en otras regiones del estado.
Tras la detención en noviembre pasado de más de 30 integrantes del grupo "Los Dumbos", vecinos de la comunidad de Xaltianguis, del Municipio de Acapulco, relataron las atrocidades que cometía esa organización contra ellos.
Acusaron que "Los Dumbos" obligaban a los padres de familia a que sus hijos se unieran a sus filas e irse al monte para sembrar droga y también los utilizaban como "halcones" en las entradas y salidas de la comunidad.
Por ese motivo, decenas de familias huyeron y se desplazaron a Acapulco.
Sin ninguna protección social, económica y de seguridad es como viven cientos de familias desplazadas por la violencia en Guerrero.
Huyen de sus comunidades, pero hasta en el lugar donde están refugiadas son perseguidas por los delincuentes.
Es el caso de integrantes de una familia de la comunidad de Linda Vista, del Municipio de San Miguel Totolapan.
En Guerrero, en al menos otros nueve municipios familias están fuera de sus comunidades.
Las demarcaciones afectadas con Zirándaro, Coyuca de Catalán, Teloloapan, Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, Chilapa, Zitlala, Vallecitos de Zaragoza, del Municipio de José Azueta, y Petatlán.
Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública, compareció hoy ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.
En audiencia, de acuerdo con el periodista del New York Times Alan Feuer, los fiscales reiteraron que tienen "toneladas de evidencia" contra el ex funcionario, que incluyen documentos financieros, información de dispositivos electrónicos y material clasificado.
El Juez Brian Cogan determinó programar una nueva audiencia para el 2 de abril.
Los abogados del imputado, se indicó, informaron sobre el bloqueo de cuentas de su cliente y su familia en México.
García Luna, detenido desde el 9 de diciembre pasado, enfrenta tres cargos por narcotráfico por supuesta protección al Cártel de Sinaloa cuando encabezó la SSP, en el sexenio de Felipe Calderón, y uno más por falsedad de declaración en su solicitud para naturalizarse estadounidense.
El 3 de enero, el ex Secretario se declaró inocente de los cargos, pero puede declararse culpable en cualquier momento del proceso, lo que le ahorraría todo el proceso del juicio y le daría oportunidad de recibir una pena relativamente reducida.
El coordinador estatal del Programa de Desarrollo, José Ramón Gómez Leal, dio a conocer que la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador que se encontraba programada para este sábado 25 de enero, en esta capital, habría sido reprogramada hasta nuevo aviso debido a causas de fuerza mayor.
El mandatario federal estaría a las 12:30 horas en la Unidad Deportiva ´Adolfo Ruiz Cortines´ en donde se reuniría con jóvenes becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, esto como parte de la gira por el primer año de la implementación de ese programa; sin embargo, el delegado federal reveló a través de su página oficial de Facebook que el evento se llevará a cabo en una fecha aún no programada.
"El evento del programa JCF que se tenía agendado para el próximo sábado 25 de enero en Ciudad Victoria, se pospone hasta nuevo aviso, quedamos en espera de la fecha para reagendar la visita", cita textual del comunicado publicado a través de la red social Facebook.
La camioneta Yukón fue adquirida por el anterior Gobierno -del priista Benjamín Medrano- en 2 millones de pesos y se puso a la venta desde octubre del 2018, pero nadie se ha interesado.
A nivel federal, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que está dispuesto a rifar el TP-01.
El Mandatario explicó que la idea es que la Lotería Nacional organice un sorteo con 6 millones de boletos, que serán vendidos en 500 pesos cada uno.
El vocero del Sindicato Unidos para la Transformación de México, Juan Ortíz Granados, aseguró que la corrupción en los trabajos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, son evidentes. Esto, a pesar de que la promesa para su construcción era, precisamente, acabar con este delito.
Uno de los proyectos emblema de la gestión de Andrés Manuel López Obrador es señalado por transportistas ante la falta de transparencia en las condiciones de trabajo, abusos de poder de mandos militares y falta de pagos.
“Están engañando al presidente. No se está acabando con la corrupción, se la están llevando para allá, para Santa Lucía”, dijo Juan Ortiz Granados en entrevista paraCuestione.
La movilización de transportistas y manifestación frente a Palacio Nacional el pasado 13 de enero denunció supuestas anomalías de los tenientes coroneles Luis Calderón Fernández y Jesús Cándido Abreu Callejas, y del mayor José Cruz Vargas Rangel.
“El presidente dijo que uno de los principales motivos del cierre del aeropuerto - Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)- era porque en su totalidad representaba un punto de corrupción. Dentro de esa totalidad, los tres (mandos) mencionados trabajaron en ese punto. Ellos eran parte de Texcoco, ellos son los responsables de la Pista 6 y de la barda perimetral”, señaló Ortiz Granados.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la construcción del NAIM, entre ellas en la Pista 6, tal y como se precisa en la “Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero”.
¿De qué se acusa a los mandos militares?
El líder de transportistas exige una investigación contra los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por varios posibles actos de corrupción.
“Hay 400 unidades de empresas en Santa Lucía, sesenta son nuestras y el resto están al interior. Los contrataron de manera irregular. Lo que sí sabemos es que esas unidades son propiedad de los militares”, aseguró Ortiz Granados.
Reconoce que en el acuerdo con la Sedena se establecieron costos para el traslado de materiales pétreos –tezontle, granito, arcilla, arena, grava, gravilla-, acero y material eléctrico.
Señala que en distancias menores a 30 kilómetros se les paga cuatro pesos con 15 centavos más IVA por metro cúbico transportado; mientras que para distancias mayores a 30 kilómetros es de tres pesos con 85 centavos más IVA por metro cúbico transportado.
“Lo que no dicen ellos (Sedena) es que en un inicio se habían manejado que iban a ser 52 kilómetros y de momento, nos cortan a 31. Además, nosotros costeamos un peaje. Exigimos se nos respete el acuerdo”, insistió Juan Ortiz.
Resguardan Santa Lucía por seguridad nacional, pero…
En el boletín de la Sedena del pasado 18 de diciembre de 2019 se establece que la Confederación de Sindicatos Unidos por la Transformación de México trasladará dos terceras partes y las organizaciones locales una tercera parte de los materiales de Texcoco a un depósito en el exterior del Campo Mil. No. 37-D, Santa Lucía.
“Por ser un proyecto de seguridad nacional a nosotros no nos permiten ingresar, pero ustedes pueden comprobar que unidades que no son de la Sedenase mueven al interior. ¿Qué sucede ahí? Si lo vemos por costos, hasta están gastando de más”, expresó el vocero de transportistas.
¿Qué responde la Sedena?
De entrada, la Sedena niega los señalamientos del vocero de los transportistas. Afirma que se han realizado reuniones con los inconformes y que no se les permite acceder a la base aérea por salvaguardar las instalaciones militares.
Además, explica que en Santa Lucía se alojan unidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, depósitos y almacenes y escuelas militares, que en su conjunto son consideradas de seguridad nacional. Aunque no ofrece una respuesta a las presuntas anomalías que son encabezadas por mandos militares.
Ante los señalamientos del líder de transportistas, ¿se debe de investigar las anomalías de mando militares.
La violencia no ha cesado en el país. Con un promedio de cuatro asesinatos cada hora, equivalentes a 97 crímenes al día, el 2019 cerró como el año más violento en por lo menos los últimos 22 años. Del número total de víctimas de la violencia que hubo el año pasado en México el 2.8% fueron por feminicidio.
La más reciente actualización del índice de víctimas e incidencia delictiva que hace el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) no es alentadora. ejecentral publicó en su edición impresa del pasado 9 de enero que, con base en las cifras oficiales registradas de enero a noviembre, la actualización de información de diciembre indicaba que 2019 culminaría probablemente con 35 mil 568 homicidios intencionales.
El cálculo no sólo fue cercano, sino que incluso superó la expectativa, y el año pasado hubo oficialmente un total de 35 mil 588 víctimas por muerte violenta, mil seis de las cuales fueron por feminicidio. El 52% de las muertes por homicidio doloso y feminicidio se concentraron en ocho estados.
Los 8 más violentos
Las ocho entidades más violentas del país en 2019 fueron: Guanajuato con 3 mil 558 víctimas, el estado de México 2 mil 981; Baja California (2 mil 880); Jalisco (2 mil 723); Chihuahua (2 mil 580); Michoacán (2 mil 062), y Guerrero con un total de mil 891 víctimas de homicidio y feminicidio.
En 2019 ninguno de las 32 entidades de la República quedó exento del asesinato de mujeres. Pero fueron dos estados que resultaron los más mortíferos: Veracruz y el estado de México, que culminaron el año con 163 y 125 víctimas de feminicidio al cierre estadístico. Fueron los únicos dos casos donde el número de crímenes superó el centenar de víctimas.
Por debajo de esas dos entidades se ubicó la Ciudad de México y Nuevo León con 67 feminicidios en cada estado respectivamente; Puebla con 60 víctimas, Jalisco registró 55 asesinatos de mujeres. En tanto, Sonora y Morelos se ubicaron con 41 y 40 respectivamente.
En específico del mes de diciembre, las entidades con más muertes violentas se concentraron en Guanajuato con 332 víctimas, estado de México con 269, Michoacán se ubicó en el tercer lugar con más homicidios en el mes al sumar 230, Jalisco sumó 212; mientras que Baja California y Chihuahua se ubicaron en la quinta y sexta posición a nivel nacional con 199 y 170 víctimas respectivamente.
Sobre las entidades con más feminicidios registrados sólo en diciembre a la cabeza se colocó el estado de México con un total de 16 casos, le siguió Jalisco con nueve feminicidios; siete casos tuvo la CDMX, mientras que Sonora, Nuevo León y San Luis Potosí sumaron cada uno un total de seis crímenes. En tanto que Chihuahua, Guerrero, Querétaro, Durango, Tlaxcala, Baja California Sur y Yucatán no registraron ningún caso de feminicidio en el mes.
La crisis en un lustro
En cinco años, es decir de 2015 a 2019, el índice de víctimas de homicidio doloso y feminicidio se disparó en un 94%. Las cifras del SESNSP indican que cuando un lustro atrás el índice de muertes violentas en el país rondaba las 50 víctimas al día, para 2019 el índice se elevó a 97 casos diarios en promedio.
El aumento de violencia no fue de la noche a la mañana. Cada año, desde 2015 a la fecha, ha ido incrementándose anualmente la cantidad de víctimas de asesinatos, siendo precisamente el de mayor repunte del periodo los registros de 2015 con 2016, pues hubo un alza del 26.6%, al pasar de 18 mil 312 a 23 mil 187 víctimas de la violencia.
Para 2017 la cifra volvió a crecer, y entre los casos de asesinato y feminicidio se llegó a 29 mil 636 víctimas al cierre de ese año; para 2018 la cantidad despuntó en más del 16 por ciento, y la cantidad de víctimas fue de 34 mil 655 personas asesinadas.
Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, comparecerá por segunda ocasión esta martes ante la Corte Federal de Nueva York, Estados Unidos. La sesión comenzará a las 09:45 horas tiempo local (08:45 tiempo del centro de México).
El ex funcionario, acusado de narcotráfico y aceptar sobornos del cártel de Sinaloa, se declaró “no culpable” de los tres cargos de conspiración para traficar cocaína en Estados Unidos y otro por un falso testimonio. Ahora tendrá que presentarse ante el juez Brian Cogan, famoso por presidir el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Apenas el 17 de enero, la Fiscalía de Estados Unidos y la defensa de García Luna solicitaron al juez que el caso fuese declarado “complejo”, a fin de obtener un plazo de 60 días entre la audiencia de este martes y la siguiente. La carta, enviada el pasado viernes a Cogan, asegura que la Fiscalía propone presentar voluminosas evidencias relacionadas con el acusado, que remiten a los últimos 20 años; aseguran tener registros financieros, de propiedad y de su proceso de nacionalización.
Se espera que el juez tome la decisión de conceder o no el plazo el día de mañana, tras la comparecencia del ex secretario de Seguridad. La última vez que estuvo frente al juez su audiencia duró únicamente 10 minutos. El ex funcionario apareció sin esposas ni cadenas, y custodiado por tres policías. En esa ocasión, tras escuchar las acusaciones en su contra, García Luna volteó a ver a su familia e insistió en su inocencia.
Genaro García Luna aparece en la corte de Nueva York acompañado de los abogados Erin Reid y Cesar de Castro, el 3 de enero de 2020 (Foto: Reuters)
Su nombre salió a relucir durante el juicio contra “El Chapo”, cuando Jesús “El Rey” Zambada, ex jefe de operaciones del cártel de Sinaloa, aseguró haberle pagado millones de dólares en sobornos mientras controlaba la Policía Federal, a fin de brindarle protección al cártel para sus actividades de narcotráfico.
De acuerdo con el testimonio de Zambada, se reunió en dos ocasiones con el ahora acusado en un restaurante. La primera fue en 2005, mientras García Luna era jefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI); la segunda fue en 2006, tras haber aceptado el puesto de secretario de Seguridad Pública.
Ante esas acusaciones que pesan en su contra, se ha filtrado la posibilidad de que el acusado esté entablando nuevas negociaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con la idea de declararse culpable sin presentarse a juicio y así evitar un mayor escándalo. Así lo explicó el corresponsal de Proceso, J. Jesús Esquivel, quien durante la primera audiencia aseguró que declararse “no culpable” era parte de la estrategia para llegar a un acuerdo con las autoridades estadounideses.
Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México; y Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública (Foto: Cuartoscuro)
“Genaro García Luna va a ser asesorado por sus abogados porque sabe perfectamente que si se va a juicio habrá narcotraficantes del cártel de Sinaloa, presentados por el Departamento de Justicia como testigos, en un proceso donde lo van a incriminar”, puntualizó.
Un juicio explosivo contra García Luna podría sacar a relucir el nombre de políticos, militares, jefes policíacos y otras personas relacionadas con el trasiego de drogas. Además, en este escenario, el ex secretario de Seguridad enfrentaría una condena máxima de cadena perpetua, o mínima de diez años.
El arreglo como testigo cooperante traería ventajas a García Luna, pues su caso no se daría a conocer, simplemente se incluiría en un encauzamiento en alguna Corte Federal de los Estados Unidos, es decir se mantendría sellado. Sin embargo, la información brindada podría ser utilizada por el gobierno de Donald Trump para comprobar que otras autoridades mexicanas tendrían nexos con el narco y así realizar nuevos juicios.
El abuelo del menor que disparó contra compañeros y maestros en el colegio donde estudiaba estaría ligado con el narcotraficante argentino Mario Roberto Segovia.
El semanario Proceso publicó que José Ángel Ramos Saucedo, de 58 años, tejió a partir del 2007 y 2008 una relación con una de las mayores redes de contrabando de drogas entre México y Argentina, cuando aumentó la demanda de "cristal" en Estados Unidos y la frontera mexicana.
El abuelo del menor de 11 años se encuentra preso en el Cereso de Torreón, tras ser vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión, de la maestra María Assaf Medina, a quien su nieto mató durante el ataque en el que también quedaron heridos cinco alumnos y un profesor.
"El abuelo del pequeño conoció entonces al narcotraficante argentino Mario Roberto Segovia, quien se convirtió en uno de los principales importadores a México de precursores químicos tras la captura del empresario chino Zhenli Ye Gon y en el inicio de la 'guerra contra las drogas' emprendida por Felipe Calderón", cita Proceso.
"Todo está documentado en expedientes judiciales contra Segovia, que incluyen datos de la detención de una red de mexicanos dedicados al trasiego de precursores".
El semanario indica que la confesión de Alberto Domínguez Martínez, originario de Durango, radicado en la Causa No. 2560 abierta por el Poder Judicial de la Nación (PJN), con sede en San Martín, Argentina, establece que Ramos Saucedo desempeñaba las labores de jefe y operador financiero en la importación de efedrina.
"(Mario Segovia) trabajaba para un grupo inversor mexicano que se dedica a las inversiones inmobiliarias en México, y estaban interesados en adquirir propiedades en Argentina, así como a participar en la fábrica de DVD que el empresario pensaba poner en Rosario. Que el dueño del grupo es el señor José Ángel Ramos Saucedo", señaló en una declaración ante la policía argentina.
El testimonio de Salvador de la Cruz Acuña, otro hombre de origen mexicano, también detenido en Argentina, coincide con el señalamiento sobre del papel que desempeñaba Ramos Saucedo.
El abuelo del menor fue detenido el pasado 13 de enero, tres días después de que ocurrieron los trágicos hechos en el Colegio Cervantes de Torreón y un día después de que titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que sería investigado por los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal, junto con su esposa Rebeca "N" y su hijo José Ángel "N".
En 2019, los 2,153 multimillonarios que había en el mundo tenían más dinero que el 60% de la población del planeta, denuncia este lunes un informe de la organización Oxfam, que destaca la concentración de riqueza en detrimento en particular de las mujeres, primeras víctimas de la desigualdad.
“Esta enorme brecha es consecuencia de un sistema económico fallido y sexista que valora más la riqueza de una élite privilegiada, en su mayoría hombres” apunta la ONG.
El informe anual de Oxfam sobre las desigualdades mundiales se publica antes de la apertura de Foro Económico Mundial (WEF) de Davos, en Suiza, cita de la élite económica y política mundial.
“Los gobiernos de todo el mundo deben tomar medidas urgentes para construir una economía más humana y feminista que valore lo que realmente importa para la sociedad”, apunta Oxfam, que propone poner en marcha “un modelo fiscal progresivo en el que también se grave la riqueza”.
Según las cifras de la ONG, en base a datos publicados por la revista Forbes y el banco Crédit Suisse, 2,153 personas tienen ahora más dinero que los 4,600 millones de los más pobres del planeta.
Por otra parte, la fortuna del 1% de los más ricos del mundo corresponde a más del doble de la riqueza acumulada de los 6,900 millones de personas menos ricas, es decir un 92% de la población del planeta.
Mujeres sufren más desigualdad
“Las mujeres están en primera línea de las desigualdades a causa de un sistema económico que las discrimina y las encierra en los oficios más precarios y menos remunerados, empezando por el sector de los cuidados”, afirmó por su parte Pauline Leclère, portavoz de Oxfam France, citada en un comunicado.
Según los cálculos de Oxfam, el 42% de las mujeres en el mundo no pueden tener un trabajo remunerado por la carga demasiado importante de trabajo de cuidados en el ámbito privado o familiar, frente a solamente el 6% de los hombres.
Pese a que cuidar de los demás, cocinar o limpiar son tareas esenciales, “la pesada y desigual responsabilidad del trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres perpetúa tanto las desigualdades económicas como la desigualdad de género”, afirma la ONG.
Oxfam cifra el valor monetario del trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres de más de 15 años en 10.8 billones de dólares cada año.
La plataforma petrolera Xikin tuvo un invitado de honor poco antes de navidades. Enfundado en un uniforme amarillo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador subió al puesto de control de esta infraestructura marítima, ubicada a 30 kilómetros de la costa de Tabasco, y empezó a hablar de uno de sus temas favoritos: el “rescate” de Pemex, la petrolera estatal, para apoyar la "soberanía energética". “[Antes] no les importaba sacar petróleo, lo que les importaba era la entrega de los contratos”, dijo. Todo un dardo a la reforma de la anterior Administración que abrió el sector a la participación privada. Mientras el Gobierno ha descartado la licitación de más campos petroleros en 2020, empresas y analistas alertan del impacto negativo que puede tener sobre las metas de producción.
El éxito o fracaso de este Gobierno se medirá en barriles, si se atiene a la importancia que el presidente le da al sector en sus discursos. La Administración se ha propuesto alcanzar la meta de 2.4 millones de barriles diarios al final del sexenio en 2024, un aumento sustancial respecto a los 1.7 millones actuales. Para conseguirlo, quiere fortalecer Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, con más inversión y ambiciosos planes de exploración. En 2019, por ejemplo, el Gobierno invirtió un 41% más en la empresa paraestatal que en el último año del exmandatario Enrique Peña Nieto, según la Secretaría de Energía.
Pese a estos esfuerzos, los expertos consultados dudan de que sea suficiente para alcanzar los objetivos de producción sin la ayuda del sector privado. De los 28 pozos programados para 2019, la petrolera solo pudo perforar tres y de los 2.018 millones de dólares disponibles en 2019, solo invirtió 441 millones, según datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el organismo autónomo encargado de regular el sector. Además, en diciembre Pemex recortó su meta en 55.000 barriles respecto a lo previsto unos meses antes.
El comisionado de la CNH Sergio Pimentel ve "prácticamente imposible" llegar a la meta. "Pemex no puede hacerlo todo sola", afirma. "No ha podido invertir lo que está comprometido en las asignaciones y tampoco ha podido llevar a cabo las perforaciones a las que estaba comprometida". El consultor Severo López Mestre coincide en la limitada capacidad de inversión. "Para aumentar la producción tienes que poner todos los juguetes a la vez”, explica.
Uno de esos juguetes empezó a temblar a los pocos días de tomar posesión la nueva Administración en diciembre de 2018. El Gobierno anunció la cancelación de las rondas petroleras, el sistema por el que se han licitado 111 proyectos de exploración y perforación a empresas mexicanas e internacionales desde 2015. Además, se frenó la licitación de siete farmouts, como se conoce a las asociaciones entre Pemex y privados para operar un campo petrolero. Aunque los empresarios tenían la esperanza de retomar ese camino en 2020, la semana pasada López Obrador lo descartó de forma contundente: “¡Cómo vamos a convocar a nuevas rondas! No tiene sentido. Esto no es un asunto político, ideológico, es juicio práctico. ¿Para qué quieren contratos si no invierten?”. El Gobierno ha insistido en que respetará lo ya firmado y que la reforma energética de su predecesor no se va a cancelar. Sin embargo, al suspender las rondas petroleras la ha ido vaciando de contenido.
Para justificar la permanencia del veto, el presidente mantiene que la inversión privada es escasa y que los objetivos de producción no se han logrado. “Están incumpliendo con las condiciones de los contratos”, alertó. Las cifras, por ahora, son marginales si se las compara con las de la petrolera estatal. Solo 29 de los 111 contratos están produciendo; el resto se encuentran en fase de exploración. Desde 2015, la iniciativa privada ha invertido 2.700 millones de dólares en actividades petroleras según la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), y se han alcanzado los 47.000 barriles diarios a finales de 2019, un volumen modesto pero superior a los 10.000 que les asignó recientemente López Obrador. El sector cita datos de la CNH que cubren contratos operados tanto enteramente por privados como en colaboración con Pemex, en el caso de los farmouts.
Evolución de la producción petrolera por parte del sector privado.EL PAÍS (FUENTE: AMEXHI, CNH)
Frente a los argumentos del Gobierno, la iniciativa privada afirma que el lento arranque se justifica por la complejidad del sector y que la intención es llegar a los 280.000 barriles diarios en 2024, una meta todavía lejana. “Es una industria a largo plazo. La maduración de los pozos puede tardar entre cinco y 10 años, pero hay suficientes contratos para ver números muy interesantes”, sostiene el consultor Severo López Mestre. Hasta ahora, las empresas o han cumplido con los mínimos establecidos por contrato o están dentro de los plazos para hacerlo, según la CNH. La excepción es el consorcio liderado por Canamex Dutch. La empresa holandesa-mexicana renunció en 2017 al campo que le había sido adjudicado porque la regalía que habían ofrecido al Estado en el momento de la presentación de ofertas - un 86%- hacía inviable la inversión. Tuvo que pagar una multa de casi dos millones de dólares.
Pese al cumplimiento mayoritario, hay diferencias de opinión sobre si el sector privado está limitándose a hacer lo mínimo para evitar rescisiones de contrato. El director general de la Amexhi, Merlin Cochran, asegura que estas están buscando sacarle el mayor partido posible a los campos adjudicados. En cambio, el consultor David Shields, director de Energía a Debate, afirma que las empresas “no van rápido, van a la mínima” ante el clima de "hostilidad". Los dardos más frecuentes del presidente van dirigidos a las empresas extranjeras ganadoras de licitaciones, que incluyen a gigantes del sector como Shell o BP y representan la mitad del total de adjudicatarias.
Más allá de los barriles producidos, la industria destaca su contribución a las arcas del Estado y de una petrolera estatal en una situación financiera muy delicada. Desde 2015, se han transferido 1.900 millones de dólares al Fondo Mexicano del Petróleo, un fondo soberano que maneja los ingresos petroleros, y 1.671 millones de dólares a Pemex por participar en los farmouts, según Amexhi. La CNH estima que el Estado se quedará con un promedio del 74% de los beneficios potenciales de los proyectos, un porcentaje que está dentro de los parámetros internacionales.
Zama: un yacimiento, dos dueños
El enorme yacimiento de Zama es otro ejemplo de la tensión latente entre Gobierno y privados. Descubierto por la estadounidense Talos Energy tras ganar uno de los contratos de la primera ronda petrolera, se le considera uno de los campos más jugosos de la historia del país. Está situado a baja profundidad y tiene un potencial de más de 1.000 millones de barriles. Como el yacimiento se extiende a una zona asignada a Pemex, ambas partes están negociando la unificación de las áreas y quién de las dos será el operador. Para eso, la petrolera estatal todavía tiene que evaluar las reservas que quedan en su sección del yacimiento, algo que Talos ya ha hecho.
En este contexto, Pemex informó recientemente a la CNH de que iba a dar prioridad a otro pozo, no al que tiene pendiente de perforar en Zama, por lo que la unificación del yacimiento puede sufrir retrasos. El órgano regulador pidió este martes explicaciones a la petrolera sobre el cambio de estrategia. "Nos llama la atención. Es un pozo que está mucho más lejos. ¿Por qué están perforando allí?", se pregunta el comisionado Sergio Pimentel. Según el consultor David Shields es una muestra de que Pemex no quiere cooperar. “No le da prioridad a un proyecto donde tiene que compartir con un privado”, sostiene.
La tensión se vive también dentro del gabinete. Allí conviven dos almas; una estatista, representada por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y otra más favorable a los intereses privados, encarnada por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Este empresario, considerado el poder en la sombra de la Administración, declaró en marzo pasado que en seis meses el Gobierno revisaría la cancelación de las rondas y dio esperanzas al sector. Sin embargo, hasta ahora el primer bando ha llevado la batuta con la bendición del presidente. A la espera de que el viento cambie de dirección, Merlin Cochran, de Amexhi, tiende puentes y pide paciencia. “Queremos rondas”, dice, “pero por lo pronto tenemos que trabajar para que los proyectos lleguen a buen puerto”.
Luego de que el gobierno federal revelara sus planes de combatir los esquemas de subcontratación ilegal, con los cuales se ven afectados los derechos laborales de los trabajadores, el procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Romero Aranda, precisó en Aristegui en vivo: “Lo que buscamos a través de las reformas fue tratar de atacar por un lado a estas factureras bajo los esquemas de delincuencia organizada y por el otro lado, el que no se contraten los servicios”.
En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, explicó que en caso de identificar estos esquemas de subcontratación ilegal, desde la Procuraduría Fiscal podrán presentar querellas alegando delincuencia organizada, lo cual “permitirá tener escuchas dentro de la organización criminal, nos va a permitir tener cateos para traer el dinero en efectivo, a muchos trabajadores les llegan a pagar en efectivo parte del sueldo, nos va a permitir tener infiltrados, nos va a permitir criterios de oportunidad”.
Romero Aranda dijo que eso significa que si logran encontrar al operador del grupo, “podemos darle algún beneficio en cuanto a la pena o el no presentar denuncia contra él si nos pone al jefe de la grupo criminal, esto con prisión preventiva oficiosa”.
El funcionario detalló que al momento en que aquellos empresarios que contrataron un “outsourcing” ilegal deban regularizar su situación fiscal, podrán acercarse al IMSS, al SAT o a la Procuraduría Fiscal y ahí “les vamos a dar un criterio de oportunidad, es decir, si se regularizan y pagan todo lo que dejaron de pagar, nosotros podemos eximir de presentar la querella o no ejercemos acción legal en contra de ellos, siempre y cuando cubran todo”.
El procurador fiscal recordó que en diciembre de 2019 se dio a conocer el caso de alrededor de siete empresas que se regularizaron y pagaron 2 mil millones de pesos. Explicó que en esos casos sí se presentaron querellas; sin embargo se firmaron diversos acuerdos reparatorios con los cuales ya no se ejercerá acción penal.
Estas empresas se comprometieron a pagar todo y además a publicar en algún medio de circulación nacional la situación en la que estaban. “En estos juicios, la Secretaría es el ofendido y la reparación de daños debe de satisfacer a la víctima y nosotros para darnos como satisfechos en el cumplimiento del acuerdo reparatorio estamos exigiendo este requisito y si no lo hacen de esta manera no hay acuerdo reparatorio”, dijo.
“Lo que buscamos es transparencia plena, nosotros queremos dar a conocer quiénes son los que cometieron los delitos y que están obteniendo los acuerdos reparatorios y si es posible que se identifique qué grupo en específico está cometiendo los ilícitos y que tuvo los beneficios”, finalizó.