Luego de que el gobierno federal revelara sus planes de combatir los esquemas de subcontratación ilegal, con los cuales se ven afectados los derechos laborales de los trabajadores, el procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Romero Aranda, precisó en Aristegui en vivo: “Lo que buscamos a través de las reformas fue tratar de atacar por un lado a estas factureras bajo los esquemas de delincuencia organizada y por el otro lado, el que no se contraten los servicios”.
En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, explicó que en caso de identificar estos esquemas de subcontratación ilegal, desde la Procuraduría Fiscal podrán presentar querellas alegando delincuencia organizada, lo cual “permitirá tener escuchas dentro de la organización criminal, nos va a permitir tener cateos para traer el dinero en efectivo, a muchos trabajadores les llegan a pagar en efectivo parte del sueldo, nos va a permitir tener infiltrados, nos va a permitir criterios de oportunidad”.
Romero Aranda dijo que eso significa que si logran encontrar al operador del grupo, “podemos darle algún beneficio en cuanto a la pena o el no presentar denuncia contra él si nos pone al jefe de la grupo criminal, esto con prisión preventiva oficiosa”.
El funcionario detalló que al momento en que aquellos empresarios que contrataron un “outsourcing” ilegal deban regularizar su situación fiscal, podrán acercarse al IMSS, al SAT o a la Procuraduría Fiscal y ahí “les vamos a dar un criterio de oportunidad, es decir, si se regularizan y pagan todo lo que dejaron de pagar, nosotros podemos eximir de presentar la querella o no ejercemos acción legal en contra de ellos, siempre y cuando cubran todo”.
El procurador fiscal recordó que en diciembre de 2019 se dio a conocer el caso de alrededor de siete empresas que se regularizaron y pagaron 2 mil millones de pesos. Explicó que en esos casos sí se presentaron querellas; sin embargo se firmaron diversos acuerdos reparatorios con los cuales ya no se ejercerá acción penal.
Estas empresas se comprometieron a pagar todo y además a publicar en algún medio de circulación nacional la situación en la que estaban. “En estos juicios, la Secretaría es el ofendido y la reparación de daños debe de satisfacer a la víctima y nosotros para darnos como satisfechos en el cumplimiento del acuerdo reparatorio estamos exigiendo este requisito y si no lo hacen de esta manera no hay acuerdo reparatorio”, dijo.
“Lo que buscamos es transparencia plena, nosotros queremos dar a conocer quiénes son los que cometieron los delitos y que están obteniendo los acuerdos reparatorios y si es posible que se identifique qué grupo en específico está cometiendo los ilícitos y que tuvo los beneficios”, finalizó.
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