MANUAL de "TORTURA MILITAR y TRATOS CRUENTOS"...los de la ley van parejo y con la prisa no distinguen de pecadores y penitentes.

A las ocho de la noche del 12 de febrero de 2010 un adolescente de 18 años y un niño de 16 andaban a pie sobre una de las calles de un municipio guerrerense. Ante ellos se “detuvo un vehículo militar”, del que descendieron “varios elementos del Ejército mexicano quienes les apuntaron con sus armas”. El niño se quedó “parado e inmediatamente” los militares lo “empezaron a golpear en todo el cuerpo, lo que ocasionó que perdiera el conocimiento”. El otro joven “entró corriendo a su domicilio y detrás de él dos militares que lo perseguían”. 

Al encontrarlo “junto a un árbol lo detuvieron, lo esposaron y lo golpearon”. “Lo arrastraron varias veces contra un muro de concreto, lo levantaron de los pies y del cuello, lo dejaron caer sobre los escalones de la puerta principal de su casa y lo arrastraron hasta el negocio de materiales de construcción que se encuentra frente a su hogar”.

Después los “militares subieron” a los dos jóvenes “al vehículo militar y los trasladaron a la cancha de futbol que se encuentra a un kilómetro”. Ahí los militares “desnudaron” al muchacho de 18 años, “amenazaron con privarlo de la vida y violarlo”. Al niño “lo continuaron golpeando”. “Después de unos minutos lo aventaron encima” del cuerpo del joven, que “se encontraba tirado en el suelo”. Un militar indicó al niño que se llevara a su compañero porque “moriría en pocos minutos y le advirtió que si denunciaba lo sucedido él también moriría junto con su familia”. Con su amigo moribundo en brazos el niño caminó hasta pedir auxilio. El chico murió por traumatismo encefálico severo. Así lo demostró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la Recomendación 38/2011.

Esta historia es sólo un ejemplo que puede servir para ilustrar cómo se conducen algunos miembros del Ejército en el contexto de lo que llaman Lucha Permanente al Narcotráfico o Aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. No es un caso aislado. Pareciera que es de este modo cruento que, en múltiples ocasiones, se aplica la ley —repetimos, la ley en un país que se denomina democrático—. Así lo evidencian las decenas —sí, decenas— de recomendaciones de la CNDH sobre tortura y tratos crueles dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entre 2006 y 2018. A continuación presentamos algunos hallazgos preliminares que encontramos al leer estas recomendaciones. Los cuales quizá resulten relevantes en la discusión que actualmente tiene lugar sobre la Guardia Nacional que, irónicamente, impulsa un presidente civil con gran respaldo público. 

Antes de continuar, algunas aclaraciones son necesarias. La información que se presenta es pública. Las recomendaciones de la CNDH puede leerlas cualquier persona en la página de internet de la Comisión. Nuestro trabajo consistió en leer lo que ahí estaba escrito y sistematizar, luego, algunos datos que consideramos relevantes.

Se escudriñaron recomendaciones que ha emitido la CNDH entre 2000 y 2018. De ellas se seleccionaron las que tenían relación con la guerra contra las drogas. Luego se eligieron las que evidenciaban prácticas de tortura y en las que perpetradores eran militares. Al final se leyeron y analizaron 79 recomendaciones: más de tres mil 200 páginas de expedientes.

Es importante decir que no en todos los casos la CNDH reconoció, formalmente, que hubo tortura pese a que claramente la hubo con base en la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Según esta Convención, tortura es “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido… cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público”. En el caso que citamos al inicio de este texto, por ejemplo, la CNDH no reconoció que hubo tortura, pese a que los dos jóvenes fueron detenidos ilegalmente para ser interrogados y castigados por militares que transitaban en su vehículo por la calle. Los militares creyeron, dicen, que los chicos eran “sospechosos” de robarse un coche de los “llamados chocolates”. Por eso los sometieron a dolores y castigos brutales, que condujeron a la muerte a uno de ellos. Para los expertos de la CNDH esto no fue tortura. Se trató más bien de violación al derecho a la vida, la integridad y seguridad personal. El chico que sobrevivió fue clasificado como víctima de tratos crueles. Al leer las recomendaciones de la CNDH queda la sensación de que la tortura, como la belleza, está en los ojos de quien la mira. Para esta investigación tomamos en cuenta todas las recomendaciones en las que las víctimas sufrieron actos que, según la Convención, deben considerarse como tortura.

Dejamos de lado múltiples recomendaciones sobre otras atrocidades —desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales— cuya comisión podría alertar sobre la posibilidad de que en México se cometen crímenes de lesa humanidad. Por falta de tiempo también ignoramos las recomendaciones a otras fuerzas de seguridad, como la Secretaría de Marina o la Policía Federal. Nos concentramos en saber cómo miembros del Ejército perpetran actos de tortura —sí, el Ejército en una democracia.

Ciertamente, no son datos “representativos”: las recomendaciones no son encuestas. Pero sirven bien para reflexionar con evidencia sobre el papel del Ejército al encargarse de lo que llaman Lucha Permanente al Narcotráfico o Aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos o lo que sea que diga que está haciendo en la calle (o se crea que está haciendo en la calle). Esta investigación puede ayudar, sin embargo, a estudios previos que, con base en estadísticas, han demostrado que la tortura es una práctica común del Ejército en el contexto de la guerra contra las drogas.1

El que se atreva a leer las recomendaciones encontrará hechos atroces. En ellas se describe cómo parece actuar el Ejército al aplicar la ley, en el contexto de una “lucha permanente”. De quienes depende ahora la decisión de optar o no por una Guardia Nacional debieran, si son responsables de sus actos, echar un ojo a esos documentos. A continuación, exponemos algunos hallazgos que quitan el sueño.

Actividad grupal. La tortura se práctica en equipo. En 78 de los 79 casos víctimas fueron torturadas por grupos militares. Ello significa que los responsables no son unas cuantas “manzanas podridas”; no son militares excepcionales. Las recomendaciones muestran que es actividad grupal que se socializa. Esto permite a los perpetradores compartir —aligerar— el sentimiento de culpa al cometer actos que debieran ser aborrecibles: asfixiar a personas, administrar descargas eléctricas. La tortura en conjunto también hace posible disipar la responsabilidad; facilita el arsenal de justificaciones que todos tenemos ante realidades incómodas: “yo sólo hice lo que los demás hacían”; “no sólo fui yo”.

Víctimas. En 81% de los casos las víctimas fueron hombres. En 14% fueron hombres y mujeres. Sólo en 5% de los expedientes exclusivamente mujeres. No nos detendremos en estas cifras esperables. Hay en cambio dos tipos de víctimas que llaman la atención. En 7.59% de las recomendaciones las víctimas eran menores de edad. Sólo contamos casos en que las víctimas fueron clasificadas así por la CNDH. Hay expedientes desgarradores en los que se habla de niños que sólo son testigos de ver cómo se tortura a un familiar, pero que no fueron reconocidos oficialmente como víctimas en las recomendaciones. Son víctimas que no cuentan. En ocho de los 71 casos —más del 10%— las víctimas eran policías. La guerra contra las drogas no es enteramente como se nos dijo: una lucha en la que criminales se matan entre sí. También es una batalla entre diferentes corporaciones estatales de seguridad (que se matan entre sí).

Un ejemplo viene en la Recomendación 15/2009 (otro caso que la CNDH tampoco reconoce como tortura). Tres policías municipales reciben una llamada de ayuda través del teléfono de emergencias 066, por lo que se “desplazaron en una patrulla… con torreta y sirena encendidas”. En el camino “fueron alcanzados” por un “convoy militar, cuyos elementos sin mediar aviso o advertencia les dispararon”, hiriendo de gravedad al conductor. Después, elementos del Ejército los llevaron a “un terreno baldío”. Ahí los interrogaron sobre unas armas, “los hincaron, golpearon en las costillas y patearon en los tobillos”. Fueron luego retenidos en una instalación militar, en la que permanecieron horas antes de ser entregados al Ministerio Público. Los militares violentaron a los policías porque la patrulla “se encontraba en una actitud sospechosa”. Porque no hay nada más sospechoso en México que una patrulla con la torreta y la sirena prendidas para acudir a un llamado de emergencia.

Métodos de tortura. En los 79 casos analizados hubo violencia física. No hablamos de cachetadas, sino de actos de brutalidad gratuita y desproporcionada perpetrados por militares para infligir castigo u obtener una confesión. Tomamos como ejemplo la Recomendación 22/2010. Es una recomendación similar a las que citamos antes, pero en la que la CNDH sí reconoce actos de tortura. Un grupo de militares torturan a un hombre en su propia casa. Lo llevan después a una bodega, “donde lo desnudaron y lo golpearon en las plantas de los pies con lo que pudo ser un cinturón y después con un palo”. Fue interrogado sobre drogas y armas. La víctima orinó “coágulos de sangre” porque desde el momento de su detención, y durante 10 horas, elementos del Ejército lo golpearon antes de “presentarlo en las instalaciones de la PGR”. Cruento viene de crúor: lugar donde la sangre corre.

Quienes promueven la militarización del país dirán que una golpiza brutal no es tortura, sino maltrato. Lo mismo pensarán, quizá, puristas del derecho. Ana Laura y Beatriz Magaloni en un artículo publicado en esta revista advertían, por ejemplo, que “dejando a un lado las patadas, los puñetazos y las cachetadas, agresiones como asfixia”, “toques eléctricos”, son tipos de violencia que cualquier organismo internacional de derechos humanos clasificaría como tortura. Si nos atenemos a esta clasificación, lo que encontramos fue lo siguiente.

En 39 casos hubo algún tipo de asfixia (49.3%), en 29 casos se usaron descargas eléctricas (36.7%). En nueve casos violencia sexual (11.3%). Estas cuentas no suman 79 (casos) o 100%, porque una sola víctima pudo haber padecido distintos tipos de tortura. Sirva de ejemplo la Recomendación 045/2012:

le aplicaron toques en los genitales y en el pecho por alrededor de 30 minutos, le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, lo patearon en distintas partes del cuerpo, lo golpearon con un palo que tenía algo blando en la punta repetidamente en la cabeza, le metieron la cabeza a un tambo de agua fría, le colocaron un embudo en la boca y uno por uno los elementos militares orinaron en el embudo…

En 22 casos (27.8%) hubo lo que no hemos podido definir todavía: acaso sadismo o encarnizamiento. Son casos en los que a un hombre le introducen por el ano una lámpara de luz (Recomendación 77/2010); a otro lo golpean hasta dejarlo inconsciente, para luego enterrarlo vivo: murió de “asfixia por enterramiento” (Recomendación 38/2012).

La tortura no viene sola. La tortura está precedida o seguida de otros abusos. En 64 de los 79 casos analizados hubo retención ilegal (81%). En 68 expedientes la víctima fue detenida ilegalmente (86%). En 25 casos ocurrió allanamiento (32%); en 14 hubo robo (18%). En al menos 10 recomendaciones hubo privación de la vida (13%); en siete agresiones sexuales (9%); en tres desapariciones forzadas (4%). Pareciera que es fácil torturar, porque antes fue sencillo detener y retener a alguien ilegalmente. Este es el contexto que ha facilitado la guerra contra las drogas.

Los periodos de retención ilegal son atemorizantes. Los detenidos arbitrariamente —y torturados— no son puestos a disposición del Ministerio Público de inmediato. En 25% de los casos las personas detenidas pasan entre cero y 12 horas con lo militares. En 49% de los expedientes los militares retuvieron ilegalmente a personas entre 13 y 72 horas.

Discurso de negación y retórica justificativa. En el 95% de los casos el Ejército articuló un discurso oficial para rechazar la evidencia de lo ocurrido o para reinterpretar los hechos. Es decir, ante acusaciones de víctimas o de la CNDH sobre actos de tortura, la Sedena elaboró una serie de argumentos, a veces fantásticos, para negar la evidencia o minimizarla. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes de 16 y 18 años la Sedena reconoce que los detuvo, pero asegura que los soltó en un campo de futbol. Para el Ejército, el chico murió porque “probablemente se ahogó”, ya que se encontraba ebrio (Recomendación 38/2011). Las preguntas que surgen ante la historia (mágica) de la Sedena son obvias. ¿Por qué si los jóvenes eran “sospechosos” de robarse un auto fueron liberados en vez de ser trasladados antes autoridades correspondientes? ¿Por qué los soltaron en un campo de futbol?

El informe médico asegura que el joven “presentó fractura craneana que abarca huesos de la bóveda craneana y occipital”, “edema y derrame sanguíneo subdérmico, fractura de tabique nasal, doble fractura de ambos maxilares superior e inferior, erosiones y laceraciones epidérmicas a todo lo largo y ancho de la espalda hasta las regiones glúteas y en las extremidades superiores e inferiores”, así como en “la parte interna de ambos muslos, pies y piernas”, “heridas causadas por golpes con puntapiés, arrastre con o contra un objeto contundente y que, por necesidad, fueron mortales”. Para los militares murió en la borrachera.

En 95% de las recomendaciones la Sedena confecciona una retórica justificativa para legitimar lo que hace. Todos los torturados eran “sospechosos”. Personas que iban de camino al trabajo generaban suspicacia sin razón aparente. Otras que veían la televisión en casa fueron torturados porque alguien hizo una llamada anónima. Nunca parece haber una investigación detrás, sólo el azar. El argumento que facilita este tipo de prácticas es sencillo: se está aplicando la ley (de armas o algo así) o se está en una “lucha permanente” (que en las recomendaciones es una lucha contra personas que caminan en la calle).

En 75% de los casos los militares sí entregan a los torturados al Ministerio Público. Podrían no hacerlo. Algo recurrente en las recomendaciones es que militares involucrados justifiquen sus actos con el argumento de que las víctimas eran criminales. En algo estaban metidos. El problema es que, según los expedientes, no era así. Cuando las víctimas son presentadas ante el Ministerio Público, repentinamente, se vuelven la encarnación de Pablo Escobar: conducen autos sospechosos con armas, kilos de marihuana o cocaína, relojes lujosos. Entre la detención y puesta a disposición del Ministerio Público las personas sufren una transformación fantástica.

Este discurso oficial permite todo. Los militares involucrados afirman que nada ocurrió. Algunos médicos militares firman expedientes en los que se asegura que el torturado no presentaba síntomas de nada. Los responsables de la Sedena de responder las acusaciones de la CNDH rechazan cualquier evidencia. Este discurso autoriza a cometer atrocidades, porque quienes las perpetran saben que sus acciones serán justificadas, ignoradas, minimizadas. Lo que hacen nunca es tortura o es otra cosa o nunca ocurrió.

Acto público, acto privado. La tortura se ha considerado como un acto privado, porque tiende a ocurrir en un sitio secreto, donde los agentes del Estado no dejan rastro. Es una práctica absolutamente prohibida en cualquier régimen medianamente democrático. Pero, al mismo tiempo, la tortura es un acto público: en él intervienen agentes estatales, servidores públicos. Así lo entendieron Ana Laura y Beatriz Magaloni cuando estudiaron la tortura en México. Para ellas, los actos de tortura “no suceden de modo casual o espontáneo”, sino “cuando existen espacios institucionales que los avalan y los propician”. Las recomendaciones de la CNDH, sin embargo, muestran una realidad distinta, más inquietante. En 27% de las recomendaciones la tortura fue un acto visible al público, espectacular: grupos de militares torturaban en la calle, en un bar, en la casa de las víctimas. No parecen tener empacho en hacerlo. En 34% de los expedientes los militares torturaron dentro de sus instalaciones. En 39% de los casos la tortura se perpetró en un espacio público y también en una instalación militar.

Toques eléctricos. Una práctica de tortura es someter a una persona a descargas eléctricas. Esto, se creía, tenía que ocurrir dentro de una instalación especial. De este modo lo comprendieron también las Magaloni: la tortura supone “tener un espacio de interrogatorio con las condiciones y los instrumentos que permitan llevar a cabo el tipo agresiones antes descritas”. Las recomendaciones de la CNDH, sin embargo, desmienten esta creencia. En 34% de los casos los toques eléctricos ocurrieron dentro de una instalación militar. En 14% de las recomendaciones ello ocurrió fuera de una instalación militar. En 52% este tipo de tortura fue utilizado dentro y también fuera de recintos militares.

Instalaciones militares. En 72% de las recomendaciones hay evidencia de personas que fueron retenidas en una instalación militar. En una democracia las personas no son retenidas en instalaciones militares. 

Los actos de tortura reportados por la CNDH ocurrieron en el contexto de lo que, de acuerdo con las recomendaciones, es la participación del Ejército en la “lucha permanente” contra la delincuencia organizada o el narcotráfico o cualquiera de sus variantes. Un Ejército que, por cierto, no fue democratizado durante la transición. La evidencia en las recomendaciones sugiere que lo que es permanente es el estado de emergencia que permite la suspensión de facto de cualquier derecho de aquellas personas detenidas por militares, que son retenidas en instalaciones militares y torturadas. La ironía es evidente: un estado de emergencia crónico.

La guerra contra las drogas parece facilitar y autorizar un contexto en el que militares implementan políticas públicas sobre drogas y crimen organizado de manera cruenta. Ello ha dado pie a otras ironías: la tortura se ejerce de manera arbitraria, pero sistemática; brutal, pero organizada; espectacular, por motivos insulsos; e impune, pero apegada a ciertas reglas formales de derecho (como presentar a los torturados ante el Ministerio Público). Esto debe alertar a quienes ahora debaten la creación de la Guardia Nacional. El presidente López Obrador, un civil, se justifica con el argumento de que los militares son sólo “pueblo uniformado”. Las recomendaciones de la CNDH parecen indicar que la realidad es más compleja, perturbadora, cruenta. 

Javier Treviño Rangel

Doctor en sociología por la London School of Economics. Profesor-investigador Cátedra Conacyt en el Programa de Política de Drogas del CIDE.

Sara Velázquez

Licenciada en derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Asistente de Investigación en el Programa de Política de Drogas del CIDE.

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1 Ana Laura y Beatriz Magaloni, “Un método de investigación llamado tortura”, nexos, marzo de 2016.

"OPERATIVO BANDIDO" de la MARINA DESAPARECIO a 5 MAS en TLAQUEPAQUE JALISCO ...sigue combate al crimen con mas crímenes.

Un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en Tlaquepaque, Jalisco, derivó en la desaparición de al menos cinco personas, el pasado 13 de marzo, denunciaron organizaciones que integran la Alerta Temprana Red.

De acuerdo a una Acción Urgente fechada el 22 de marzo, las organizaciones notificaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la detención y desaparición forzada de Eligio Sánchez Radilla, Lázaro Edgardo Sánchez Robles, César Hernández Téllez, y “por lo menos otras dos personas más”, a las que no se identifica.

Las organizaciones destacaron en la AU-008-220319, dirigida también a los secretarios de Gobernación y Marina, Olga Sánchez Cordero y Rafael Ojeda, que dos de las víctimas son familiares de desaparecidos por fuerzas armadas durante la llamada “guerra sucia”.

Eligio Sánchez Radilla y Edgardo Sánchez Robles, son sobrinos de Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla Pacheco desaparecido por el Ejército mexicano el 25 de agosto de 1974, adicionalmente, el segundo es nieto de Baltazar Navarrete Aparicio, también desaparecido en 1974 por elementos castrenses.

Las organizaciones denunciaron que el 13 de marzo entre las 16:40 y 17:00 fueron detenidos por elementos de la Semar, Sánchez Radilla de 41 años, Sánchez Robles de 26 y César Hernández Téllez de 26 años, cuando se encontraban fuera de la casa del último en la colonia Francisco I. Madero en Tlaquepaque.

“De acuerdo con información de testigos, ese día hubo un operativo de la Marina y a partir de ese momento otras personas también están detenidas desaparecidas”, puntualiza el documento girado también al subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, así como al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez a Jan Jarab, representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por testimonios presenciales, las organizaciones aseguraron que elementos de la Semar detuvieron esas tres personas y a por lo menos otras dos más, pero la dependencia “no lo acepta y se ha negado a proporcionar cualquier información a los familiares por lo que hasta la fecha no se ha podido confirmar su paradero ni se sabe de la situación física y legal de los detenidos-desaparecidos”.

Ante el temor por la vida y la seguridad de las personas desaparecidas, las organizaciones que integran Alerta Temprana Red, exigieron “la presentación inmediata y con vida” de Sánchez Radilla, Sánchez Robles, Hernández Téllez “y los otros detenidos-desaparecidos por fuerzas del Estado mexicano”.

Las organizaciones demandaron al presidente “respeto a la integridad física y psicológica” de los detenidos desaparecidos, así como que se proporcione “información inmediata y verídica sobre el paradero y la situación legal y el estado de salud” de las víctimas.

Al rechazar “la fabricación de delincuentes” y mantener la exigencia de “la liberación inmediata y sin condiciones” de las personas detenidas-desaparecidas, las organizaciones pidieron a los organismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos, que “expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al Estado mexicano al rápido cumplimiento de las peticiones”.

fuente.-(imagen/web)

LA "HERENCIA FUE de MUERTE" y CUANTOS HEREDARA AMLO ?: HAY 40 MIL DESAPARECIDOS y 26 MIL CUERPOS "SIN IDENTIFICAR"...casi 7 mil "perdidos" tan solo en Tamaulipas.

El gobierno de México heredó de 40 mil personas desaparecidas y 26 mil cuerpos sin identificar que permanecen en los servicios médicos forenses del país, indicó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.

Lo anterior lo afirmó durante la Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en la que también estuvo el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, el representante de la ONU en México, Jan Jarab y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana.

López Obrador expresó que la grave problemática de desapariciones arbitrarias que vive el país se debe a las políticas económicas que gobiernos anteriores implementaron.

El Ejecutivo se comprometió a destinar los recursos necesarios para resolver la crisis de desapariciones en el país (Foto: Cortesía Presidencia)

"Esto que estamos padeciendo, es el resultado, es el saldo, es el fruto podrido de la política económica neoliberal que se impuso durante 36 años, es el saldo, la más dolorosa herencia que más lastima, dejada por esa política económica".

También el titular del Ejecutivo se comprometió a destinar los recursos necesarios para resolver la crisis de desapariciones en el país.

"Los queremos vivos, ese es el deseo y vamos a dedicar todo lo que se necesite. El Estado mexicano se va a dedicar a la búsqueda de los desaparecidos, no sólo es asunto de una comisión, que ya se integró y que estoy seguro que lo van hacer muy bien, sino que es una responsabilidad de estado, es decir, todas las instituciones… Que no falten los recursos, no hay límite presupuestal, no hay techo financiero, es lo que se requiera", indicó el presidente de México.

“Los queremos vivos, ese es el deseo y vamos a dedicar todo lo que se necesite”, dijo López Obrador (Foto: Cortesía Presidencia)

El gobierno de México reinstaló hoy el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, puesto en marcha en octubre de 2018 durante la pasada administración, y el cual no tuvo ningún efecto ni respuesta, y "sólo fue una gran simulación", recalcó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

Encinas reconoció que en materia de búsqueda de personas falta un gran trecho por recorrer y a la fecha, 19 estados no cuentan con su respectiva Comisión Nacional de Búsqueda.

Ante el presidente, el subsecretario precisó que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), a cargo de la comisionada Karla Quintana, contará con un presupuesto de 400 millones 71 mil pesos.

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas contará con un presupuesto de 400 millones 71 mil pesos (Foto: Cortesía Presidencia)

De esos recursos, abundó, el 50 por ciento se destinarán a las labores de búsqueda en estados que cuenten con la respectiva comisión local, monto superior a los seis millones de pesos que recibió esta instancia en 2018.

En el Sistema Nacional de Búsqueda participarán víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, así como los diferentes órdenes de gobierno.

Además de que se debe de contar con un registro administrativo de detenciones, con el banco nacional de datos forenses, el registro nacional de fosas y establecer un protocolo homologado de búsqueda en toda la República.

López Obrador también se comprometió con los familiares de personas desparecidas a que se evaluarán los resultados de la comisión (Foto: Cortesía Presidencia)

López Obrador también se comprometió con los familiares de personas desparecidas a que se evaluarán los resultados de la comisión, "En tres meses nos vamos a volver a ver aquí, aquí voy a estar con ustedes para evaluar… para saber cómo vamos".

También indicó que para el mes de septiembre de este año se espera que los 32 estados de la República cuenten con dicha comisión, y reiteró que no se utilizará a las fuerzas de seguridad para "reprimir o masacrar al pueblo", para enfrentar la violencia vive México.

"Un compromiso que es muy importante, de fondo, el compromiso de no enfrentar el grave problema de inseguridad y de violencia con el uso de la fuerza, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, la paz es fruto de la justicia".

"No vamos a utilizar el uso de la fuerza para enfrentar los problemas de origen social, no es la ley del Talión, no es ojo por ojo , no es diente por diente, nos quedaríamos tuertos y chimuleos todos, a eso apostaron las autoridades anteriores.", dijo el presidente mexicano.

Fuente.-

DERRIBARON el "PORTON" con CAMIONETA para ENTRAR a DOMICILIO y MASACRAR a FAMILIA LIGADA a la CROC por "FALLIDA EXTORSION" en VICTORIA...lo mataron con todo y familia, nadie los busca y nadie ofrece recompensa.

imagen/Redes Sociales/

Un grupo de hombres armados del cartel dispararon contra un empresario local, su hijo y su hija en esta ciudad en lo que las autoridades creen es una operación fallida de extorsión. Se cree que la familia no está vinculada a ninguno de los cárteles de droga que operan en la ciudad.

Asesinan a Fiscal Antisecuestros y ofrecen recompensa de 5 millones de pesos por la captura de sus atacantes...

La ejecución múltiple sucedió esta semana en el fraccionamiento Del Valle cuando un grupo de cinco hombres armados del cártel chocó contra la puerta principal con una camioneta SUV y luego irrumpieron en la casa en busca de Héctor Manuel Arredondo Damián, de 41 años.

Durante el ataque, los hombres armados también mataron a la hija del empresario, Nayelli, de 21 años, y a su hermano, Héctor Antonio, de 24 años. Fuentes policiales consultadas por Breitbart News revelaron que Arredondo no estaba vinculado al crimen organizado, sino que fue víctima de los cárteles de droga que continúan aterrorizando a la región.

Ciudad Victoria es la capital del estado fronterizo de Tamaulipas y es uno de los territorios por el que luchan entre facciones rivales de Los Zetas. Según un informe del noticiero local Hoy Tamaulipas, Ciudad Victoria es una de las ciudades más peligrosas de Tamaulipas con 33 asesinatos en dos meses; o un tercio de los 112 asesinatos registrados en todo el estado en enero y febrero.

Arredondo, empresario transportista, estaba estrechamente vinculado con el liderazgo de un sindicato de trabajadores conocido como CROC y tenía un papel de decisión en los contratos y acuerdos del sindicato. Si bien las autoridades no han revelado si Arredondo había recibido alguna amenaza directa, el CROC ha sido objeto de numerosas amenazas y planes de extorsión por parte de una facción de Los Zetas conocida como Cartel del Noreste y también por el Cartel del Golfo.

fuente.-(Original English Link/Uncensored images)

LA VIOLENCIA "CRECE,CRECE y CRECE" CON y SIN LOPEZ OBRADOR...pero ya no es el borracho,es el cantinero.

En el actual gobierno, la trágica realidad de la violencia no sólo sigue, sino que se incrementa. El primer bimestre del 2019 es el más violento del que se tenga registro, con 5,803 personas asesinadas, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La cifra supera el nivel alcanzado en el 2018, que para el mismo periodo era antes el más alto. El crecimiento de un año a otro es de 13 por ciento. De 5,803 asesinatos, 5,649 son homicidios dolosos y 154 feminicidios, de acuerdo con el Índice Delictivo del SESNSP.

Los datos muestran que existen más asesinatos de los que reconoce el presidente y su gente. En los hechos, el número total y el promedio de los asesinatos ha crecido desde que llegó la nueva administración.

En el Informe de Seguridad que el gobierno ofrece todos los días sólo reconoce que entre enero y febrero hubo 4,622 homicidios dolosos frente a 5,803 del SESNSP. 

El promedio diario de asesinatos en enero fue de 92 y en febrero de 99.8, según el SESNSP y el gobierno sólo acepta que en enero fueron 75 y en febrero 83.1 

La información del gobierno reporta 20% menos de los asesinatos que están teniendo lugar. ¿La alteración de los números es para decir que su estrategia funciona y ahora estamos mejor?. 

El presidente y el gabinete de seguridad conocen los datos del SESNSP. ¿Por qué no los reconocen? Ciertamente que éstos no dicen lo que quieren oír. La realidad desmiente al presidente y a los suyos. 

En los tres meses que tiene el gobierno los homicidios crecen. Febrero es el mes con mayor promedio diario de homicidios desde que se tiene registro. Es el mes más violento de los últimos 21 años. 

El presidente en su informe de los 100 primeros días de su gestión aseguró que el promedio diario de homicidios había descendido de 91.3 a 88.2 en los meses de su mandato. 

Los datos del SESNSP muestran que esa afirmación es falsa. La realidad es que de enero a noviembre del 2018 el promedio diario fue de 91.2 homicidios y en los tres primeros meses del actual de 94.7. 

En el primer bimestre del 2019 ha crecido la tasa de los homicidios en 18 de las 32 entidades federativas. Los mayores incrementos se registran en Nuevo León, Quintana Roo, Jalisco, Sonora y la Ciudad de México. 

Las cifras de la seguridad que ofrece el SESNSP son preocupantes. Dan cuenta de que los homicidios aumentan y que la estrategia del nuevo gobierno no está funcionando. ¿Lo hará en el futuro? 

Preocupan también los datos que ofrece el gobierno. ¿Su gente engaña al presidente? ¿El presidente se autoengaña? ¿El gobierno ante su fracaso inicial quiere engañar a la sociedad? Las respuestas a estas preguntas por la vía de los hechos, se quiera o no, pronto se van a conocer. 

fuente.-raguilar@eleconomista.com.mx (imagen/internet)

ESTRATEGIA "SANGRIENTA de CABEZA" MATA 3 PISTOLEROS y LESIONA INOCENTES de PASO...la prioridad no es la integridad de quienes debieran proteger.

Con un Gobierno Incapaz de poder articular una estrategia distinta que si no puede detener al menos contener, la exacerbada violencia  por accion y omisión  continua manifestándose  en Tamaulipas bajo la gestion del delincuente panista metido a gobernador Francisco Garcia Cabeza de Vaca y acude recurrentemente a la "táctica de matar" que pocos o nulos resultados a generado y de manera poco frecuente "toma detenidos",lo que imposibilita  resolver delitos, desapariciones y ejecuciones   que crecen todos los dias ante el infructuoso esfuerzo de la nutrida presencia de Militares y federales que han secundado el fracaso como ya lo ha reconocido el Presidente de la Republica Andres Manuel Lopez Obrador.

Y es que ayer una serie de balaceras registradas casi simultáneamente en varias colonias de Reynosa sembró nuevamente el pánico entre conductores y peatones que quedaron atrapados por accion de policias y criminales que dejaron al menos  tres abatidos confirmados y de nueva cuenta civiles ajenos lesionados por la irresponsabilidad de las autoridades quienes debieran priorizar la integridad física de su persona y bienes.

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"NO ERA SICARIO,ERA ESTUDIANTE": RECUENTO SANGRIENTO de INOCENTES ABATIDOS por la ESTRATEGIA POLINEGRA de CABEZA de VACA...mas de 50 inocentes masacrados.

De acuerdo a lo publicado por el periódico El Norte,Las balaceras empezaron a reportarse por el Bulevard Hidalgo entre 17:50 horas y 18:20 horas, a la altura de Plaza Real, donde los sujetos armados en fuga lanzaron muchos ponchallantas para escapar de los policías, quedando varados conductores ajenos a los hechos por ponchaduras.

Luego casi al mismo tiempo reportaron una persecución y enfrentamiento en la Colonia Lázaro Cárdenas que terminó en la contigua Colonia Cavazos con tres sujetos abatidos que quedaron dentro de un vehículo.

Por la colonia Lomas Sección Las Fuentes hubo reporte de otra persecución a balazos entre policías y pistoleros, desconociéndose el saldo de esta acción.

Minutos después, un convoy de elementos de la Policía Federal División Fuerzas de Apoyo sostuvo un enfrentamiento contra sujetos armados detectados en la avenida Bugambiilas de la colonia del mismo nombre en el cruce con el Viaducto.

En ese lugar quedó una camioneta suburban guinda chocada y los sujetos armados aparentemente alcanzaron a fugarse, pero reportes en redes aseguraban que a varias cuadras del lugar agentes ultimaron a un sujeto armado, que quedó tendido.

En el Tianguis Los Muros de la colonia del mismo nombre una persecución policiaca contra sujetos armados terminó en un choque contra una familia ajena a los hechos, donde al menos una persona quedó herido de gravedad y tres más con lesiones, por lo que fue necesario la intervención de los cuerpos de Protección Civil y de la Cruz Roja.

En esta acción no se reportaron detenidos.

Con informacion de:

PAGAN HASTA 50,000 DOLARES para que HIJOS SEAN CIUDADANOS de ESTADOS UNIDOS...los ricos batallan menos.

La ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense ha sido por décadas una práctica migratoria reservada para inmigrantes con alto recursos ecónomicos.

Son cientos de mujeres embararazadas las que llegan de Rusia cada año a EEUU para dar a luz en suelo estadounidense y así poder asegurar la ciudadanía de sus recién nacidos, reporta un informe de la agencia AP.

En el sur de la Florida donde explica el reporte se ha disparado la llegada de mujeres rusas para dar a luz se llega a cobrar entre $20,000 y hasta $50,000 dólares. Este gigantesco precio les asegura la atención médica, vivienda y toda la logística para alcanzar el sueño americano de sus hijos.

El incentivo de las madres no es solo las oportunidades que representan para sus recién nacidos poder vivir y gozar de las distintas ayudas que ofrece el gobierno de EEUU, sino que cuando esos menores cumplan los 21 años de edad puedo solicitar la ciudadanía para sus padres.

El informe de AP asegura que las mujeres rusas son parte de una creciente ola de “turistas de nacimiento” que incluye un número considerable de mujeres de China y Nigeria.

No se conoce con exactitud cuantas mujeres embarazada entran al año a EEUU para dar a luz.  La cifra más reciente viene del Centro de Estudios de Inmigración que estimó que en 2012, aproximadamente 36,000 mujeres nacidas en el extranjero dieron a luz en los Estados Unidos y luego abandonaron el país.

Por su parte el presidente Donald Trump se ha pronunciado una y otra vez en contra del turismo de nacimiento en su cruzada en contra de la inmigración legal.

El magnate ha llegado al punto de proponer ponerle fin al derecho de la ciudadanía por nacimiento, propuesta que divide a los expertos constitucionalistas.

Anton Yachmenev de la compañía Miami Care que organiza dichos viajes para mujeres embarazadas, dijo a la AP que alrededor de 150 familias rusas al año usan su servicio, y que hay cerca de 30 empresas de este tipo en la zona.

Es así como el sur de Florida se ha convertido en el destino favorito para las mujeres rusas debido al clima tropical sumado a la gran cantidad de población rusa en la zona.

fuente.-Diario Nueva York/

"COLOSIO y OBREGON": DOS MAGNICIDIOS y 2 CANCIONES que TRASCENDIERON los ASESINATOS...en el Mexico de siempre.

Dos canciones atraviesan los dos magnicidios más famosos del México moderno. El 17 de julio de 1928, mientras el militar y candidato presidencial Álvaro Obregón era tiroteado a quemarropa en un restaurante, una banda tocaba en directo la ranchera limoncito: Al pasar por tu ventana / me tiraste un limón / el limón me dio en la cara / y el zumo en el corazón. El 23 de marzo de 1994, cuando al terminar un mitin en Tijuana dos balas perforaron el cuerpo del candidato Luis Donaldo Colosio sonaba por los altavoces La culebra: De pronto veo venir / cerquita de mí / yo vi a una culebra / mirando hacia mí.

Las dos muecas pop del destino vuelven ahora a hacerse carne en el 25 aniversario del asesinato de Colosio, el heterodoxo político priista que encarnó breve y trágicamente el sueño de una apertura democrática en el país. Una novela gráfica y una serie de Netflix retoman aquel punto de inflexión histórico, que cerró de golpe cualquier esperanza de un nuevo amanecer y hundió aún más a México en otra oscura crisis política, institucional y económica.

Limoncito es la canción con la que arranca la novela gráfica Matar el candidato (Sexto Piso). Sus autores, F.G. Haghenbeck y Bef, dos veteranos historietas mexicanos, hacen sonar la ranchera en una cafetería mientras una escritora recibe de su editor la propuesta de retomar en la actualidad la investigación el caso Colosio. La canción banda de La culebra también juega un papel importante en Historia de un crimen: Colosio, la serie de Netflix estrenada este viernes. “Cualquier mexicano que tenga una edad escucha esa canción y le remite automáticamente al suceso. Es más que un icono musical. Incluso hay teorías conspiratorias que dicen que la canción es la que marca los pasos de actuación del pistolero”, cuenta Hiromi Kamata, una de las directoras de la serie.

Las dos obras remarcan su carácter ficcional pese a basarse en un hecho histórico a modo del género estadounidense de la crónica criminal o True Crime. Armadas con un fuerte trabajo de documentación, las dos tocan muchas de los variantes de la conspiración que ha manejado México durante estos años a partir del sumario judicial.

Desde la hipótesis de los dos diferentes pistoleros, a la llegada al lugar de los hechos del entonces gobernador de Sonora Mario Beltrones como enviado especial del presidente y la posterior desaparición durante horas de Mario Aburto -sentenciado y encarcelado como único responsable del crimen-, o la teoría de la tres Aburtos que se fueron suplantando –el detenido, el torturado y el sentenciado-, y la sombra de la némesis de Colosio, Manuel Camacho Solís, el favorito en las quinielas para ser nombrado candidato presidencial, o Raúl Salinas, hermano del entonces presidente Carlos Salinas.

Escena de la serie de Netflix

25 años después, cuatro fiscales instructores y 68.000 hojas de expediente, la versión oficial es que Mario Aburto, un obrero pobre con supuestos antecedentes psiquiátricos, actuó como un lobo solitario. Ninguna línea alternativa logró sostenerse durante el juicio, a pesar de que varios de los fiscales que pasaron por el caso constataron “el acuerdo de varias sujetos para realizar el atentado”.

El expediente, recientemente desclasificado, constata las torturas al acusado y numerosas contradicciones entre los testigos. Llegó a haber cuatro detenidos, entre ellos policías de Tijuana y miembros del equipo de seguridad de Colosio. Pero el agujero negro nunca se esclareció, quedando abierta en el imaginario popular la puerta del complot político, el ataque del narco o la reacción de la Iglesia.

“Uno de los objetivos de este libro es no olvidar y mostrar la fragilidad en la que vivimos. 25 años más tarde seguimos pagando las consecuencias de aquel año bestial”, apunta el viñetista Bef. En septiembre, seis meses después, también fue asesinado a balazos José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI y cuñado del presidente Salinas. 1994 fue además el año del levantamiento zapatista en Chiapas y del Tequilazo, una hemorragia de capitales internacionales que endeudó y empobreció a miles de familias mexicanas.

“Es una invitación a los jóvenes que no tenían la suficiente edad para que revisiten la historia del país. Los mexicanos tenemos tendencia a la desmemoria”, añade la directora de la serie, un encargo de la propia Netflix que arranca con este título una saga de ficciones basadas en crímenes históricos. En la serie de Colosio, al igual que en novela, una mujer funciona como hilo conductor de la trama. Si en Matar al candidato es una escritora la que va haciendo avanzar la acción, en el filme es Diana Laura Riojas, la viuda del político, que moriría de cáncer poco después del asesinato y que nunca aceptó la versión oficial.

fuente.-Diario Español/