Cárteles del narcotráfico y empresarios crean verdaderos “ejércitos privados”. Utilizan compañías extranjeras para armar grupos paramilitares con capacidades de Fuerzas Especiales. Las mismas compañías también trabajan legalmente con instituciones de gobierno.
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Empresas como la tequilera José Cuervo y también cárteles del narcotráfico y grupos antiinmigrantes han contratado a empresas especializadas en proveer “ejércitos privados”, para administrar servicios de vigilancia, inteligencia, defensa y adiestramiento en prácticas de tortura, documenta Paloma Mendoza Cortés maestra en gobierno y asuntos públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Hoy, estos grupos entrenados tienen capacidad de retar a las autoridades y bloquear la serie de cambios impulsados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, e incluso, su propio proyecto de Estado, al que ha llamado la “Cuarta Transformación”.
La académica demuestra que desde 2009, el Grupo de Trabajo especializado en mercenarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó sobre “el adiestramiento privado de policías federales relacionados a prácticas de tortura”.
Asimismo, refiere que Pemex y la CFE “contrataron en julio de 2007 los servicios de la empresa estadounidense SY Coleman Corporation, con sede en Virginia, especializada en vigilancia del espacio aéreo y defensa antimisiles, para la creación y operación de un centro de vigilancia aérea y monitoreo de instalaciones energéticas y eléctricas de carácter estratégico en Veracruz”.
En su tesis El proceso de toma de decisiones: La función de la inteligencia estratégica, para obtener el doctorado en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Mendoza Cortés señala que en México la iniciativa privada ha recurrido al uso de empresas militares privadas y de seguridad (MPF’s, por su acrónimo en inglés), “como la tequilera José Cuervo que posee su propio ‘ejército privado’ para la seguridad de sus campos de agave”.
Refiere que el propio Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, el órgano de inteligencia civil del Estado mexicano hasta antes del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador) reconoció la presencia de actividad de grupos de mercenarios en la frontera sur del país, conformados por exkaibiles de Guatemala y egurkhas de Nepal.
“También existen reportes de la contratación de paramilitares y ejércitos privados para asesorar a grupos antiinmigrantes en la frontera México-Estados Unidos” muy activos en estos momentos de crisis migratoria.
Mendoza Cortés, egresada del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de la Universidad de la Defensa Nacional (Washington, DC, Estados Unidos), considera que la interminable crisis de seguridad en México, la incapacidad de las policías, la débil regulación en seguridad privada y el desgaste de las Fuerzas Armadas ha posicionado al país como un mercado de negocio para las MPF’s en materia de seguridad en todos sus niveles y dimensiones, al servicio del narcotráfico, delincuencia organizada, instituciones públicas y empresas privadas, grupos antinmigrantes, y policías federales.
Las empresas Black Mamba (TPS Armoring), el SandCat y SandCat MX (Blindajes Epel e IBN Industrias Militares IBN Military Industries, INBRA USA Inc, Plasan), han dado servicios a la propia Sedena para su industria de blindaje del vehículo Karnaf, actualmente en fase de pruebas para operaciones especiales y de alto impacto; así como para los vehículos WBA Miura y WBA Hurricane.
En ese sentido, afirma que “como consecuencia de la asimetría de las amenazas a la seguridad y la privatización de la violencia, las Empresas Militares Privadas y de Seguridad representan la ruptura del paradigma del monopolio de la violencia legítima del Estado y plantea la coexistencia de militares de Estado con milicias privados como tendencia global”.
Refiere que empresas como Lockheed Martin (aeroespacial), General Dynamics-NASSCO (TIMSA), DynCorp, Kroll, ArmorGroup, MPRI, Constellis, Raytheon han desarrollado diversas actividades en México, principalmente atraídas por los fondos de asistencia del gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad (Iniciativa Mérida), pero limitadas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Sin embargo, señala que en ocasiones se ha hecho público el empleo y asesoría de MPF’s por parte de los traficantes de drogas en México, tal es el caso de los cárteles Arellano Félix, Los Zetas, Caballeros Templarios, Golfo, Jalisco Nueva Generación, entre otros.
“De acuerdo a información de la DEA [la estadunidense agencia para el control del trasiego de drogas], el cártel de los Arellano Félix fue adiestrado en el manejo de lanzagranadas y ametralladoras pesadas, encriptación de dispositivos, sistemas de visión nocturna e intercepción de señales de radio, adquisición de armas en Estados Unidos, incluso se ha señalado que organizaciones criminales han contratado los servicios de exmilitares estadounidenses con cursos de fuerzas especiales como los Green Berets”, destaca la académica.
Mendoza Cortés, a la sazón profesora en el Heroico Colegio Militar y en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, indica que el cártel de Los Zetas ha sido considerado como el primer ejército privado contemporáneo en México, al ser exmilitares (suboficiales desertores) y no civiles con conocimientos y organización militar en aras de un fin político o ideológico (paramilitares).
Los Zetas “utilizaron para el beneficio privado de una empresa criminal constituida por el Cártel del Golfo de Osiel Cárdenas, conocimientos y técnicas adquiridas durante el adiestramiento que recibieron del Estado como parte de su formación profesional militar en México, el curso de Fuerzas Especiales en Israel, y en Estados Unidos el curso de Rangers; inclusive, entablaron relación con policías y militares colombianos vinculados en el adiestramiento de su organización criminal”, asienta.
La Procuraduría General de la República (PGR) reconoce la existencia de campamentos de adiestramiento de Los Zetas por exkaibiles de Guatemala, en la frontera de Brownsville, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas. “Precisamente, en 2009 la empresa estadunidense Jax Desmond Worldwide JDW ofreció al gobierno mexicano sus servicios de consultoría para organizar los operativos contra el narcotráfico, especialmente en contra de Los Zetas”, acota.
Ejércitos privados al servicio de los cárteles del narcotráfico
Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada de la Universidad George Mason de Virginia, Estados Unidos, compara al cártel de Los Zetas con tres grandes empresas transnacionales: Exxon-Móbil, corporativo del sector energético con múltiples subsidiarias; Halliburton, especializada en inversiones en hidrocarburos, y Blackwater, de servicios de seguridad y experta en captación de cuadros militares de alto nivel de capacitación.
En entrevista con Contralínea, la especialista considera el riesgo de que exmiembros del Estado Mayor Presidencial puedan contratarse con empresas privadas de seguridad, consultorías y no descarta que muchos de ellos engrosen las filas de la delincuencia organizada.
“Por supuesto, la desaparición de este ente militar altamente capacitado y adiestrado, y el anuncio de la Guardia Nacional del nuevo gobierno genera la expectativa de que muchos deserten y se incorporen a la delincuencia organizada”, considera.
Correa-Cabrera considera que Los Zetas ya no son propiamente una organización de narcotráfico y se comportan más como una corporación trasnacional, merced al proceso gradual de militarización y paramilitarización en algunas regiones del país afectadas para responder a Los Zetas y otros grupos similares, que configura en México un nuevo tipo de guerra civil (incluyendo el dominio cibernético), conocida como “guerras híbridas”.
Autora del libro Zetas Inc., Cabrera-Correa destaca que el tráfico ilícito de drogas es sólo una de las actividades de este grupo criminal y representa apenas una porción cada vez menor de sus ganancias, que ahora se han trasladado a las ventas y robo de hidrocarburos y minerales, en donde actúan como una corporación trasnacional que abarca una red de negocios, sin dejar huella de control centralizado, lo cual protege otras unidades de negocio cuando una sola unidad en conflicto con la ley o es atacado por un grupo rival.
La investigadora sostiene que el gobierno de López Obrador no podrá contener la violencia sólo con la incipiente creación de la Guardia Nacional, debido al variopinto de organizaciones criminales que poseen sus propios “ejércitos privados” de alta especialización y capacitación en el arte de la guerra.
“Nunca como ahora la violencia asociada a estos grupos ha tenido repercusiones para la seguridad y el desarrollo del país, donde uno de los efectos perversos de las políticas adoptadas fue haber confundido las agendas de la seguridad pública y de seguridad interior”, asegura por su parte el coronel de infantería Diplomado del Estado Mayor, Jesús de Miguel Sebastián, del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (IIEAM).
Enfatiza que el ataque frontal del Estado a los cárteles, unido a la contención del tráfico de drogas del sur hacia el norte, dio lugar a “una balcanización de estos grupos criminales, de manera que calcula que actualmente hay más de 45 grupos armados relacionados con el narcotráfico”.
El catedrático explica que los cárteles de Sinaloa, Los Zetas, Caballeros Templarios, el Golfo, Familia Michoacana, y Jalisco Nueva Generación adquirieron mayor capacidad al modificar sus estructuras, su forma de operar, y formar a sus propios ejércitos paramilitares, orientando su lucha al control de territorios, enfrentar a grupos rivales y a las fuerzas de seguridad.
Señala que los enfrentamientos entre grupos paramilitares constituyen el principal generador de violencia en la mayoría de las regiones del país, como ponen de manifiesto las disputas entre los cárteles del Pacífico y Beltrán Leyva en Sinaloa; las del Golfo y Los Zetas en Tamaulipas y Nuevo León; Jalisco Nueva Generación y los Templarios en Michoacán; o la confluencia de varios grupos en Guerrero.
Alerta que a esta preocupante afectación de la seguridad interior, que pone en riesgo la seguridad nacional, se ve agravada por la posibilidad que estos grupos adopten comportamientos mucho más violentos, llegando al enfrentamiento directo con las fuerzas policiales y militares, y que podrían en último extremo ataques terroristas a la sociedad civil.
“No estamos hablando de meros grupos delincuenciales, sino grupos armados con un elevado grado de organización, inteligencia y capacidades operativas y logísticas, lo que les permite realizar acciones de amplio alcance en espacio y tiempo”, subraya Miguel de Jesús Sebastián, maestro en seguridad nacional en el IIEAM.
En ese contexto, advierte que “no se deben olvidar las condiciones de crisis social en localidades en las que las organizaciones del narcotráfico tienen un notable arraigo, y cuya acción se ve favorecida por el lento desarrollo de las políticas de prevención o desvío de recursos para los programas sociales de apoyo a la disminución de la violencia, como consecuencia de la corrupción institucional”.
El ejército privado de la Familia Michoacana
Los Caballeros Templarios, el ejército privado de La Familia Michoacana que surgió en mayo de 2006, fueron capacitados por los gobiernos de Estados Unidos, Israel y Egipto en el arte de la guerra e inteligencia que usaron como estrategia para trasiego de drogas, lavado de dinero, infiltración de estructuras militares y del gobierno en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La formación de líderes, sicarios y operadores de los Caballeros Templarios fue similar a la que obtuvieron los miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) del Ejército Mexicano, quienes pasaron a formar parte del Cártel del Golfo y después se independizaron como el cartel de Los Zetas.
Al respecto, el análisis de la agente ministerial Rubí Esbeidit Anduaga Goicochea, contenido en el proceso penal 121/2011 –instaurado en contra de Martín Rosales Magaña, brazo derecho de Jesús Méndez Vargas, el Chango, cofundador de la Familia Michoacana–, describe a los Caballeros Templarios como el “prototipo de individuos capaces de despliegues rápidos por tierra, mar y aire; de operaciones de emboscada e incursiones, francotiradores, especializados en asaltar edificios y operaciones aeromóviles de búsqueda y rescate de rehenes”.
Afirma que los cabecillas, sicarios, operadores financieros, halcones y escoltas del cártel poseen ametralladoras M-16, fusiles MGL, ametralladoras 5-A, calibre 5.56, las cuales fueron usadas por primera vez por elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerza Especiales en 1994 en Chiapas en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
PMF’s, organizaciones al servicio de la guerra
Las empresas militares privadas, sostiene Paloma Mendoza Cortés, egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), son organizaciones de negocios y comercio en servicios profesionales intrínsecamente relacionados a la guerra, cuerpos corporativos especializados en proveer habilidades militares, incluyendo operaciones de combate, planeación estratégica, inteligencia, evaluación de riesgos, apoyo operacional, entrenamiento y habilidades técnicas, logística, apoyo operativo, sistemas de armamento, adiestramiento.
Agrega que como empresas internacionales y marcas registradas, las MPF’s llevan a cabo intensivas campañas de lobby (cabildeo) y mercadotecnia para promover sus servicios, como son las ferias internacionales especializadas en servicios de seguridad, especialmente a través de sus páginas de internet y redes sociales, por lo que usualmente son confundidas con compañías de seguridad privada.
Precisa que su catálogo de servicios va desde el entrenamiento, logística, construcción, mantenimiento y administración de bases militares en operaciones, apoyo operativo, traductores, intérpretes, interrogadores, hasta resolución postconflictos, que refleja en la variedad de clientes que contratan sus servicios desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), empresas multinacionales (especialmente compañías petroleras), gobiernos débiles o en situación de crisis, dictadores, guerrilleros, grupos del crimen organizado.
En términos generales –prosigue la catedrática Mendoza Cortés–, las MPF’s ofrecen todo tipo de servicios relacionados con la seguridad externa (funciones tradicionales de las Fuerzas Armadas, contraespionaje, contrainteligencia) y seguridad interna (que son funciones de la policía y aduanas) que se concentran en ámbitos de seguridad, información, inteligencia y logística (incluido el suministro de armamento.
Por ejemplo, dice, para el caso de políticos, empresarios o “personas VIP [very important people]”, las empresas investigan el área, diagraman estrategias de seguridad y análisis de riesgos, y disponen de agentes de seguridad especialmente entrenados para la custodia de personas. Realizan acciones en seguridad de transporte internacional de mercancías, contra el crimen organizado, lavado de dinero, etcétera.
Paloma Mendoza, egresada del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), afirma que los ejércitos privados con sede extranjera tienen actividad en México, coexisten con filiales y oficinas locales de empresas multinacionales y nacionales especialistas en logística militar, policial y de seguridad privada, industria aeroespacial, blindaje, ciberseguridad, en sistemas de seguridad, negociación en secuestros, equipamiento, geolocalización y capacitación.
“Una buena parte de ellas cuentan con reconocimiento legal como empresas de seguridad privada y ofrecen su catálogo de servicios a los órganos de gobierno e iniciativa privada en eventos internacionales como la Expo Seguridad México, en cuya última edición 2017 la Asociación Mexicana de Blindadores Automotores (AMBA) lanzó al mercado vehículos tácticos utilizados por fuerzas de seguridad”. Así como Blindajes Epel, en 2000 socio fundador de la Asociación Mexicana del Blindaje Automotriz AMBA, en 2010 estableció una alianza con la empresa estadunidense con base en Wisconsin (establecida en 1913), Oshkosh Defense, y se convirtió en el distribuidor exclusivo del vehículo SandCat TPV de Oshkosh en 2011.
Para 2014, Blindajes Epel había logrado la venta de 300 vehículos de este tipo, principalmente a la Sedena. En 2015 estableció una planta de blindajes para producir vehículos tácticos en México. Actualmente produce el vehículo SandCat MX en versiones corta, larga y para transporte de reos. Incluso impartió cursos a personal de Sedena en agosto de 2016.
Por su parte –anota Paloma Cortés, egresada del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe)–, Industrias Militares (IBN Military Industries INBRA USA Inc), fundada en 2002 por un empresario mexicano, reconocida en materia de blindajes y tiene una alianza con la empresa israelí Plasan para la comercialización y mantenimiento de vehículos tácticos Guarder, Stormer y Sandcat, de los cuales los dos últimos ya son ensamblados en México en el complejo militar industrial de IBN en la ciudad de Aguascalientes.
“Su catálogo de servicios incluye: blindaje nivel urbano, gobierno, diplomático y aeroespacial; drones, ‘productos de inteligencia’ (detectores, interceptores y encriptadores), renta de vehículos blindados; fabrica chalecos blindados, un laboratorio de balística, un centro de tecnología, investigación y desarrollo y un centro de inteligencia y geolocalización. De igual forma ofrece cursos de capacitación en técnicas de defensa israelí”, apunta la especialista.
Destaca que Wendler Blindajes Alemanes WBA ha sido utilizado por la División de Gendarmería de la Policía Federal desde la celebración del centenario de la industria militar de México, marco en el cual se hizo la presentación de los prototipos de los vehículos blindados DN-11, Titán y Cimarrón con el propósito de disminuir costos y proyectar a la industria militar de México a nivel internacional.
Las tres dimensiones de la guerra de cárteles
Xavier Servitja Roca, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, considera que la amenaza del crimen organizado a la seguridad nacional, no se podría entender sin analizar la aparición de los ejércitos privados dentro de las estructuras de las organizaciones criminales.
En entrevista con Contralínea, dice que la formación de estos brazos armados al servicio de los cárteles del narcotráfico tiene especial incidencia sobre lo que el experto define como las tres dimensiones de la “guerra de los cárteles”: la guerra entre las diferentes organizaciones por el dominio de plazas (intercárteles); la guerra por el control de las mismas (intracárteles); y, finalmente, la guerra contra la autoridad pública.
En concreto, dice, la aparición de ejércitos privados tiene su origen en la guerra intercárteles, intracárteles y la guerra contra las instituciones del Estado. “La hegemonía que ejercen los cárteles mexicanos sobre las rutas de los tráficos ilícitos aumenta la competición entre ellos para arrebatar las plazas a los grupos rivales”, apunta Servitja Roca.
Este choque deriva en un enfrentamiento abierto intercárteles y la creación de “ejércitos privados” formados por exmilitares o policías con experiencia en combate y manejo de armas, defensa de plazas y ataque a sus enemigos con mayor efectividad, y está protagonizada por lo que se denomina como el cártel de tercera generación.
Finalmente, Paloma Mendoza Cortés considera que es necesario replantear los paradigmas en seguridad y defensa para incorporar a la praxis y estudio la manera que influyen las actividades de las empresas militares privadas y de seguridad en las Fuerzas Armadas del Estado, así como los puntos a favor y en contra dentro del marco constitucional, derechos humanos y rendición de cuentas.
En ese contexto, no descarta que las Fuerzas Armadas mexicanas responderán a la tendencia global de uso de contratistas privados “tal vez para incrementar la capacidad de su fuerza de cara a la ausencia de fuerzas de seguridad capaces de reemplazarlas en sus actuales actividades de seguridad pública y seguridad interior”.
Fuente.-José Réyez
