"CONFESO a CHINGADAZOS" y la SUPREMA CORTE le REVOCA "SENTENCIA" de 32 AÑOS por HOMICIDIO...7 años preso,podria ser liberado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió revocar una sentencia de 32 años de prisión impuesta a una persona por el homicidio de una mujer en Veracruz, tras concluir que los jueces a cargo del juicio ignoraron que la confesión incriminatoria del procesado, en la que se sostenía todo el caso, pudo haberse obtenido bajo tortura física y psicológica.

Se trata del caso de Yarold Christian Leyte Quintanar, preso desde hace casi siete años en un penal de Veracruz. Su historia, incluyendo la narración y pruebas de la tortura que sufrió y las múltiples irregularidades en torno al procedimiento, fue abordada por Animal Político en esta nota y en el reportaje Matar en México: Impunidad Garantizada, publicado en mayo pasado.

La decisión de la Primera Sala de la Corte no significa la libertad en automático para Yarold, sin embargo, se trata de un amparo que por primera vez, y tras cuatro años de batalla legal, revoca la sentencia condenatoria y ordena a un juez que revise si las pruebas que ya existen (entre ellas peritajes que certifican las lesiones que sufrió Yarold tras ser detenido) acreditan la tortura. 

En caso de que no exista actualmente evidencia suficiente para acreditarla, la SCJN ordenó a los jueces que realicen una investigación exhaustiva, incluyendo la aplicación del Protocolo de Estambul.

La sentencia de la Corte, de la que este medio tiene copia, condena el hecho de que el juez de Veracruz que inicialmente dictó condena ni siquiera ordenó que se iniciara una investigación de la tortura denunciada por el proceso. Es decir ignoró por completo el hecho.

Y también considera que fue incorrecta la decisión de un Tribunal federal, que después de analizar por segunda vez el caso sí ordenó que se investigara la tortura pero, al mismo tiempo, ratificó la sentencia condenatoria en contra de Yarold, minimizando el hecho de que su cuestionada confesión incriminatoria era la pieza central de la acusación del Ministerio Público de Veracruz.

“Soslayar una denuncia de tortura, sin que se realice la investigación correspondiente, ubica necesariamente en estado de indefensión a quien la alega ya que al no verificar su dicho, se deja de analizar una eventual ilicitud de las pruebas con las que se dictará sentencia (…) únicamente será posible determinar el impacto de la tortura en el proceso penal, una vez que ésta se haya acreditado, como resultado de una investigación exhaustiva y diligente”, señala la sentencia de la Corte correspondiente al amparo en revisión 1389/2018.

El caso fabricado

Solo en 5 de cada 100 homicidios que se cometen en México autor del crimen termina procesado y sentenciado. Es una impunidad del 95 por ciento. Peor aún: existen casos en donde los acusados de cometer el crimen no son los verdaderos homicidas, sino personas a las que se fabrican pruebas para incriminarlos en el momento.

El reportaje “Matar en México: Impunidad Garantizada” abordó como parte de esta vertiente el caso de Yarold Christian Leyte Quintanar, sentenciado a 32 años de cárcel por el homicidio de la ejecutiva del banco “Compartamos” María Teresa González González, crimen ocurrido en 2012, en Tuxpan, Veracruz. Unos días después del asesinato, policías judiciales detuvieron a Yarold, quien fue exhibido en los medios como “el asesino de Valle Alto”.

La prueba central del Ministerio Público en contra de Yarold fue su supuesta confesión, en la que él dice que mató a González accidentalmente dentro de su casa, pues forcejeó con ella luego de que lo buscó para cobrar un adeudo que él tenía con el banco.

La investigación presentó múltiples irregularidades que quedaron documentadas en el expediente, y que Animal Político pudo verificar. Por ejemplo, está el testimonio del gerente del banco donde trabajaba la mujer asesinada, quien negó que Yarold fuera cliente suyo y tuviera un adeudo con ellos. También se encuentra el análisis del perito oficial que dictaminó que la víctima no murió en la casa de Yarold (como asegura en su supuesta confesión), sino en el lugar donde fue encontrada: una casa enfrente a la del domicilio del procesado.

Pero sobretodo está la denuncia detallada de Yarold, en la que señala que su confesión fue fabricada y que la firmó después de ser torturado por un tiempo prolongado. Hay constancias ministeriales y periciales que acreditan que Yarold fue retenido por varias horas antes de quedar a disposición del MP, y que presentaba varias lesiones físicas y daño sicológico.

La historia completa de su detención y de la narración de su tortura puede consultarse en este episodio de la miniserie que acompañó el reportaje Matar en México. Aquí se recupera un fragmento de los maltratos que Yarold sufrió a manos de los policías que lo detuvieron, narrados por su madre:

“Lo empiezan a ahogar, lo enderezan, le comienzan a dar descargas eléctricas… aun así el seguía sin confesar así que cortan un arma, se la ponen en la cabeza y le dicen que lo van a matar. Mi hijo pese a todo eso sigue diciendo que él no sabe de qué homicidio le hablan ni conoce a la víctima, y es cuando de repente le dicen que va a confesar porque va a confesar, entonces lo levantan del cabello, lo ponen en una reja y escucha a su esposa llorando, y le dicen que si no confiesa van a matar a su esposa y a uno de sus hijos… es cuando él acepta firmar la declaración que ya le habían preparado…”

Pese a lo anterior el juez de Tuxpan a cargo del proceso mantuvo como prueba válida la confesión de Yarold, y cuatro años después de la detención – y por presiones de la propia defensa para que ya dictara una sentencia – dicho juez condenó a 32 años de cárcel al joven. A partir de ahí inició la batalla legal con apelaciones y amparos en varios juzgados y tribunales, incuso federales, que terminó en la resolución de la Corte que revoca dicha condena.

¿Qué sigue para Yarold?

La resolución de la Primera Sala de la Corte dejó finalmente sin efecto la sentencia de 32 años de prisión que se había dictado a Yarold. No obstante, esto no significa todavía que el joven pueda recuperar su libertad.

Lo que los ministros ordenaron es que el caso regrese a los jueces pero con la orden de que se analice si la evidencia que ya existe es suficiente para acreditar la tortura que sufrió el procesado y, de ser así, se declare ilegal tanto su confesión como toda evidencia ligada a ella.

El abogado de Yarold, Guadalupe Salmones Gabriel, dijo que si esto ocurre el caso quedaría en automático sin elementos suficientes para sostenerse, lo que derivaría en la libertad del joven.

Pero en caso de que no exista evidencia suficiente de la tortura en este momento, la Corte ordenó que se abra una investigación a fondo y que se aplique el protocolo de Estambul, que permite certificar si una persona fue sometida o no a este tipo de maltratos. De ser este el escenario, la resolución podría conocerse en aproximadamente un año.

En este contexto el abogado Salmones Gabriel consideró que la resolución de la Corte “se quedó corta” y fue una decisión “salomónica”, pues si bien representa un avance clave en el caso, esta pudo ir más allá y ordenar de una vez el cierre del caso ante el cúmulo de irregularidades que se han documentado.

“Yarold ya lleva casi 7 años en prisión y todavía tendrá que esperar ya que, por ejemplo, el sistema judicial en Veracruz no tiene personal certificado que aplique el protocolo de Estambul, entonces se tendrá que esperar el apoyo de la Comisión estatal de Derechos Humanos que tampoco tiene ese personal, entonces habrá que pedirle a nivel nacional. Es decir, esto es un proceso engorroso debido a que el sistema de impartición de justicia en México no es expedito”, dijo el litigante.

Pese a esta situación el abogado está convencido de que la libertad de Yarold es cuestión de tiempo, no solo por el hecho de que la tortura que sufrió es plenamente verificable (con peritajes que ratifican las lesiones), sino porque este caso ha carecido de los mínimos elementos de prueba desde el inicio.

”Lamentablemente (Yarold) no tuvo una defensa real desde el inicio y eso afectó mucho. Los abogados de oficio estuvieron pero no hicieron ningún trabajo. Tuvimos que llegar hasta esta última instancia. Hoy tenemos claro que Yarold va a salir pero desafortunadamente no será de forma inmediata”, dijo el litigante.

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NOMBRAMIENTOS en FUERZAS ARMADAS con "CRITERIO OBRADORISTA",UN GENERAL ALEJADO de CIENFUEGOS y UN MARINO CERCANO a E.U...no son los mejores,es lo que hay

El general Luis Cresencio Sandoval González y el almirante José Rafael Ojeda Durán son las dos piezas castrenses con las que Andrés Manuel López Obrador intentará atacar la violencia e inseguridad y, de paso, contrarrestar las críticas ciudadanas hacia las Fuerzas Armadas. 

En el caso de Sandoval González, quien estará al frente de la Sedena, la nominación fue bien vista porque no es cercano al saliente general Salvador Cienfuegos; con respecto a Ojeda, López Obrador continuó la tradición en la Semar, pero eligió a un marino cercano a Estados Unidos.

En lo que fueron sus designaciones más esperadas, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aplicó una doble medida para designar a los nuevos secretarios de la Defensa Nacional y de Marina. Al tiempo que mandó un mensaje de acercamiento a Estados Unidos, en el sector castrense mantuvo la expectativa sobre las investigaciones de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en el sexenio que termina.

Con la nominación del general Luis Cresencio Sandoval González al frente del Ejército, un general de división de 58 años, descabezó la línea de mando del saliente general Salvador Cienfuegos, con quien las confrontaciones fueron la constante desde antes de la campaña presidencial.

En la Marina-Armada de México, en cambio, optó por seguir la tradición al nombrar al almirante José Rafael Ojeda Durán, quien formó parte del mando de esa institución en el actual gobierno y está por cumplir 65 años, la edad que lo mandaría a retiro.

Como próximo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, López Obrador aseguró que los próximos altos mandos del Ejército y la Marina tienen carreras sin mancha en el tema de violaciones a los derechos humanos, luego de 12 años del combate militar al narcotráfico. 

Hasta su designación, Sandoval era el comandante de la IV Región Militar, con sede en Monterrey y que comprende los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. En el sexenio pasado esa jurisdicción militar se vio involucrada en casos de violaciones a los derechos humanos de civiles.

A su experiencia de mando, que incluye su paso en 2016 como comandante de la Octava Zona Militar, en Reynosa, Tamaulipas, se suma la administrativa y de manera destacada sus cursos de formación en Estados Unidos. 

Sus colegas del Pentágono lo conocen por sus cursos en escuelas militares estadunidenses: administración de recursos de defensa, en la Naval Postgraduate School, en Monterey, California; superior de defensa continental, en el Colegio Interamericano de Defensa (CID), en Washing­ton; operaciones de apoyo a la paz y hemisferio occidental y asuntos globales, en el Colegio Industrial de las Fuerzas Armadas, y el CID, donde también hizo cursos sobre inteligencia y comando y medios de comunicación. En el Colegio de Defensa del Ejército mexicano se graduó como maestro en administración militar para la seguridad y defensas nacionales.

De mantenerse en el cargo todo el próximo sexenio, Sandoval, el general que nació en Ensenada, Baja California, tendrá todavía un año para seguir en el servicio activo, lo que no ha ocurrido prácticamente con ningún secretario de la Defensa en la historia reciente. Pertenece al arma de Caballería, la misma del general Audomaro Martínez, el militar más cercano a López Obrador, su paisano, a quien apoyó abiertamente desde su primera candidatura presidencial en 2006.

Tradición y ruptura

El almirante Ojeda tiene maestrías en administración naval y en seguridad nacional en el Centro de Estudios Navales, en México, pero forma parte de un cuerpo armado que, desde antes que el Ejército, se acercó a la Marina estadunidense, con la que desde hace años participa en ejercicios navales internacionales comandados por Estados Unidos.

Antes de ser inspector y contralor general de la Marina, fue comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, con sede en Mazatlán, a donde llegó pocas semanas después de la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, en una operación iniciada por la Marina en Los Mochis, pero concretada por la Policía Federal.

El presidente electo sorprendió con sus decisiones en Defensa y Marina. Mandos del Ejército consultados por Proceso dicen que Sandoval no aparecía en las ternas que se barajaban en los mandos castrenses. “Fue algo que no esperábamos”, comentó un jefe militar el pasado miércoles en un foro sobre las fuerzas armadas realizado en la Universidad Anáhuac.

“A los generales que estaban en la línea de mando después del general secretario sólo les queda esperar su retiro y recibir su pensión del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas”, declaró un mando cercano al saliente Cienfuegos.

Refirió que ocurrió lo mismo cuando Vicente Fox designó al general Clemente Vega García. Ese movimiento le permitió al panista deshacerse de la plana mayor que entonces estaba identificada con el PRI.

En la Marina tampoco se esperaba la designación de Ojeda Durán. Aunque su nombre sí se mencionaba entre los prospectos, había otro candidato que se daba casi como un hecho: el almirante José Luis Vergara Ibarra, quien incluso en plena sucesión publicó y promovió muy activamente su libro La seguridad nacional de México. Hacia una visión integradora.

El investigador en temas navales Guillermo Garduño, quien durante casi tres décadas fue profesor en el Centro de Estudios Navales (Cesnav), donde tuvo como alumno al próximo secretario de Marina, explica que López Obrador en este caso se ajustó a la tradición de seleccionar al mando más antiguo.

“La Marina tiene una tradición muy importante en la figura del comodoro. No es en modo alguno un grado, sino una jerarquía moral que se establece respecto al almirante de mayor antigüedad”, dice el también profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana.

El presidente electo retomó esa tradición que se había roto con la designación del actual secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, dice Garduño, quien también fue profesor de la Universidad Naval.

Ojeda fue el alumno más joven de Garduño en la generación 1994-1995 de la maestría en seguridad nacional del Cesnav. Entonces era un capitán de navío y hoy todos sus compañeros de la maestría ya pasaron a retiro. Hasta antes de su nombramiento estaba a punto de la jubilación. Lo mismo le pasó al exsecretario Francisco Saynez Mendoza, el titular de Marina con Felipe Calderón, dice el investigador.

Los criterios de selección

Luego de la sorpresa que causó el lunes 22, cuando anunció las designaciones en su cuenta de Twitter, López Obrador sólo dio a conocer uno de los criterios que aplicó para la selección: que no estuvieran implicados en casos de violaciones a los derechos humanos, como sí lo estaban algunos de los finalistas cercanos a Cienfuegos, sobre todo por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Horas después de que Cienfuegos hizo público su reconocimiento al general Sandoval como su sucesor, López Obrador informó que, con el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hizo una investigación sobre los generales y almirantes con posibilidades de ser los nuevos jefes militares del país.

“Confieso que antes de decidir quiénes iban a ser los secretarios de Defensa y de Marina, pedí una investigación, muchas indagatorias, a la CNDH. Y cuando recibí la información del comportamiento de todos los generales en activo y almirantes, ya decidí quién iba a ser”, dijo el presidente electo, en el palacio de Lecumberri, que fue la penitenciaria donde fueron encarcelados muchos de los opositores al régimen del PRI y que ahora es la sede del Archivo General de la Nación.

López Obrador no abundó más sobre los otros elementos para decidirse por Sandoval y Ojeda. Sólo dijo que ese mismo criterio aplicará para los otros nombramientos que faltan en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y en la Marina, como los subsecretarios, los jefes de Estado Mayor, los inspectores y contralores generales y oficiales mayores, así como el comandante de la Fuerza Aérea, y algunos mandos territoriales y navales que se hacen con el aval del presidente de la República.

Convertido en comandante en jefe de las fuerzas armadas cuando asuma formalmente el poder, López Obrador dio a conocer la aplicación de ese criterio justamente al presentar los resultados de la Consulta para la Pacificación y Reconciliación Nacional.

Reiteró que su gobierno “no le apostará a la guerra” ni ordenará “violencia extrema” contra la población. Sin mencionar a las fuerzas federales, dijo que el Estado “es el principal responsable de la situación de violencia”.

Aseguró que en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, la Comisión de la Verdad “llegará al fondo” y negó que con la investigación el Ejército se debilite. “Cuando se actúa con la verdad, las instituciones salen fortalecidas”. Y en lo que podría dar un giro a las actuaciones judiciales hasta ahora, expresó su rechazo a la práctica de “echarle la culpa siempre a los de abajo, a los que reciben órdenes”. 

Preocupaciones castrenses 

De acuerdo con las consultas de este semanario con militares en retiro, en los mandos salientes de la Sedena y de la propia Marina “hay preocupación” por los temas de violaciones a los derechos humanos que marcaron a las instituciones castrenses en el sexenio que termina: Tlatlaya, Ayotzinapa y Tamaulipas, principalmente. 

Los dos primeros casos implican al Ejército y el tercero a la Marina. “Si se quieren hacer las cosas distintas, esos casos tendrían que reabrirse para saber verdaderamente qué pasó. Pero no para quedarse ahí, sino para que se establezcan responsabilidades, desde las órdenes que se dieron hasta la manera en que se cumplieron”, dice un general retirado cercano al equipo de López Obrador, quien prefirió omitir su nombre.

El próximo subsecretario de Gobernación para los derechos humanos, Alejandro Encinas, ha adelantado que las investigaciones que se pudieran abrir en el trabajo de las comisiones de la verdad anunciadas no serían en contra de las fuerzas armadas, pero si hubiera elementos castrenses implicados se procedería contra ellos.

El reconocimiento de Cienfuegos

Momentos antes de las declaraciones del presidente electo, Cienfuegos Zepeda expresó su reconocimiento a quien será su sucesor, el general Sandoval González: “Es un hombre maduro, experimentado, leal, con muchísima experiencia, y un hombre bastante valiente para tomar decisiones que se tengan que tomar”, dijo en lo que pareció el último capítulo público de la confrontación que tuvo durante mucho tiempo con el ahora presidente electo.

Cienfuegos hizo esa declaración en Huixquilucan, Estado de México, en el campus de la Universidad Anáhuac, luego de inaugurar el foro “La Defensa del Estado Mexicano, marco jurídico para las Fuerzas Armadas”. Poco después de hacer ese breve comentario, el jefe del Ejército subió a la camioneta que lo llevaría de regreso a la Sedena.

Sobre “la valentía para las decisiones que se tengan que tomar” tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Un general que durante todo el sexenio fue cercano colaborador del titular de la Sedena aseguró: “Hemos dejado que la autoridad y la justicia civiles investiguen y sancionen esos casos. Es más, lo hemos hecho desde antes de 2014, cuando se estableció que la justicia militar ya no debe investigar casos en los que hay personal civil involucrado”. 

–Pero en el caso de Ayotzinapa no hay claridad sobre el papel del Ejército –le comenta el reportero. 

–Nosotros no tuvimos nada que ver. Eso está demostrado en las actuaciones judiciales. Es más, esa noche nosotros fuimos en auxilio de los civiles. 

–¿Y la Comisión de la Verdad que ordenó la justicia federal? 

–La rechazamos. Parece una celada. No compartimos la decisión de los magistrados y esperamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva que hay imposibilidad jurídica de cumplir esa sentencia.

Resaltó que el próximo presidente seguirá apoyándose en las fuerzas armadas para tareas de seguridad, pero que tiene una ventaja: “El gobierno que se va ya pagó el costo político de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI). El próximo presidente ya no tendrá que hacerlo”. 

Tanto Sandoval como Ojeda han sido defensores públicos de la legislación sobre la participación del personal castrense en labores de seguridad interior. Hace ocho años, cuando los militares estaban presionando en el gobierno de Calderón para obtener esa ley, Sandoval González, entonces general de brigada, reprochó a las autoridades civiles por el incremento de la inseguridad:

“Las fuerzas armadas no pueden entrar en auxilio de una autoridad civil que no tuvo capacidad suficiente para enfrentar un problema de seguridad pública (y) que por falta de capacidad se convirtió en un asunto de seguridad interior y nacional”, reportó el 19 de octubre de 2010 el periódico La Jornada sobre la participación del entonces jefe de la Sección Quinta (de Planes Estratégicos) del Estado Mayor de la Defensa, en un seminario realizado en la Cámara de Diputados.

Apenas en febrero pasado, un mes después de que entró en vigor la LSI, Ojeda Martínez aseguró que la presencia de los militares en las calles se debe a las necesidades de seguridad en el país: 

“Muchas personas se preguntan el porqué de la presencia de las fuerzas armadas en las calles. Y la respuesta, aunque compleja, es porque respondemos a las necesidades actuales de la sociedad”, dijo el próximo jefe de la Marina, originario de Xalapa, Veracruz.

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"NI TEXCOCO,NI SANTA LUCIA",DICE el SUB-COMANDANTE MARCOS del EZLN PORQUE QUIEREN BENEFICIAR a MAGNATES...cuestion de dinero y dinerosos

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Consejo Indígena de Gobierno (CIG) recalcaron su rechazo a la construcción del Nuevo Aeropuerto de México "en el lago de Texcoco o en cualquier lugar".

"Nosotros pensamos que ambos (Texcoco y Santa Lucía) llevan al despojo de los territorios circundantes, a la devastación ambiental, a la mercantilización de la vida comunitaria con su llamada aerotrópolis", señalaron en un comunicadoemitido este sábado.

Los zapatistas argumentaron que lo que se busca con esta obra es "beneficiar a unos pocos magnates, como Carlos Slim, Carlos Hank Rhon, Bernardo Quintana e Hipólito Gerard Rivero, cuñado de Carlos Salinas de Gortari" y agregaron que con esa obra, al igual que con otros megaproyectos "están decididos a arrebatar lo que es nuestro".

Toda vez que transcurre el tercer día de la consulta sobre el futuro del nuevo aeropuerto, las representaciones indígenas señalan que "la pregunta debería ser si estamos de acuerdo en que continúen o no por ese camino, que conduce a todos a la muerte, a la guerra, al extermino" y para determinar el lugar para construir la infraestructura.

Agregan que los pueblos originarios no pueden avalar su propio exterminio y aseguran que el gobierno entrante finge hacer una consulta "aunque falsifique votos, aunque los compre o los consiga con engaños al pueblo de México".

El EZLN, el CNI y el CIG, refrendan que las dos propuestas "llevan a hacer de nuestro país la pieza necesaria que le permita el libre flujo al capital trasnacional, que facilite la entrada y salida de mercancías, a la explotación de todo cuanto tenemos, para el beneficio de unos poquitos".

Recordaron los hechos ocurridos en Texcoco y San Salvador Atenco en mayo de 2016, cuando el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y el entonces presidente, Vicente Fox, ordenaron un operativo para reprimir a manifestantes que derivó en torturas físicas, psicológicas y sexuales a decenas de mujeres.

Esas obras, agregaron, "siembran violencia, destrucción y muerte en todo el mundo" y "obligan a los pobladores afectados, a migrar en busca de la vida que le arrebataron a sus lugares de origen".

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CRIMINALES LIBERAN a ABOGADO y EMPRESARIO SECUESTRADOS en N.L y el SUR de TAMAULIPAS...empoderados y apoderados.

El abogado Diego Adrián O'Farril quien fue secuestrado por hombres armados afuera de su despacho, en el sector de La Purísima, ya fue liberado, aseguran fuentes policiacas.

Trascendió que la liberación se dio durante la madrugada y que la víctima ya está con su familia.

El plagio fue cometido 1 de octubre a las 9:15 horas, afuera de las oficinas de la firma O'Farrill Abogados, ubicada en la calle Hidalgo 906, en su cruce con Vallarta, en la Colonia Mirador.

El plagiado es hijo del también abogado Patricio O'Farrill.

En Tamaulipas otro empresario propietario de la Funeraria Lopez ubicada en la Ave. Ejercito Mexicano # 503 de la ciudad de Tampico quien había sido plagiado por sicarios del Cartel del Golfo el pasado viernes fue liberado por sus captores de acuerdo a publicaciones en redes sociales que han dado cuenta tambien de plagios semejantes en la zona conurbada.

Con información El Norte/Redes Sociales/9mmlibertad.

"REVELADORA ENCUESTA":"ERES USUARIO IPHONE o ERES ANDROID",2 SISTEMAS y 2 PERFILES DISTINTOS...en comun,les gustan mas los perros que gatos.

Son más felices, más extrovertidos y más aventureros. Ganan más, gastan más y tienen más amigos. Así son los usuarios de iPhone en comparación con los de Android, según una encuesta realizada en los Estados Unidos por la compañía de bienes de consumo Slickdeals. Lo único que tienen en común estos dos perfiles de personas es que a ambos les gustan más los perros que gatos como animales domésticos.

Según publicó The New York Post, que tuvo acceso al estudio, el usuario de iPhone pasa 4 horas y 54 minutos por día mirando su dispositivo, contra 3 horas 42 minutos que le dedica el usuario de Android. Eso significa que iOS obtiene la atención de sus usuarios unos 76 días completos por año.

El equipo iPhone gana más y se saca más selfies.

El salario promedio del usuario de iPhone es de USD 53.251, contra USD 37.040 del de Android, según esta medición de 2.000 personas, 1.000 por cada sistema operativo de telefonía móvil. También se sienten más contentos con sus empleos: sólo el 20% de los usuarios de Android lo está, contra el 33% de los de iPhone.

Los del equipo iOS gastan en ropa USD 117,13 por mes, contra USD 62,36 del equipo Android; y en tecnología, USD 100,88 contra USD 50,83. La misma tendencia se ve en el consumo de productos de belleza: USD 82,71 contra USD 40,40. Acaso por eso se toman 12 selfies, contra 7 del sistema de Google.

El equipo Android se considera más frugal. (Dado Ruvic/Reuters)

Si mandan 57 textos por día en lugar de 26, puede ser porque los usuarios de iPhone tienen cinco amigos cercanos en lugar de tres. Su noche ideal se pasa fuera con amigos, en lugar de en el sofá mirando una película o leyendo un libro. Sucede que los usuarios de Android se consideran los más frugales, y suelen buscar ofertas y descuentos.

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De las "MUERTAS de JUAREZ al MONSTRUO de ECATEPEC",YA SON 25 AÑOS de FEMINICIDIOS en MEXICO...una sombra violenta extendida por todo el pais.

Enero de 1993. En Ciudad Juárez, Chihuahua, aparecieron los cuerpos de Angélica Luna Villalobos y Alma Chavira Farel. Tenían 16 y 13 años, respectivamente. Las dos fueron asesinadas y abandonadas en predios. Alma fue encontrada el día 23 y Angélica, 48 horas después.

La era de los feminicidios en México había comenzado y su primer capítulo lo inauguraban "las muertas de Juárez": las mujeres asesinadas en aquella ciudad fronteriza que desde hace 25 años apila los expedientes de cerca de 1.700 víctimas.

Desde entonces, el feminicidio es una sombra violenta que se extiende prácticamente a todos los estados del país, y es más oscura en entidades como Sinaloa, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México, que ocuparon los primeros lugares de las estadísticas en el país en 2017.

El Estado de México es una de las entidades con más feminicidios en el país. (Foto: OCNF)

Sombra al fin y al cabo, el feminicidio se escurre en la oscuridad de las mediciones oficiales, porque resulta que no todos los homicidios de mujeres son considerados feminicidios –que implica combinar el crimen con los componentes de odio y género.

Pero la precisión para distinguir un feminicidio de un asesinato de una mujer tropieza con la impunidad. ¿Cómo saber cuándo hubo un componente de odio en el homicidio de una mujer si no hay investigación con resultados y la mayoría de los crímenes quedan sin responsable ni castigo?

Por eso, no concuerdan las cifras de homicidios de mujeres con feminicidios, queoficialmente comenzaron a contabilizarse en 2015 en las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Un ejemplo: las cifras oficiales reportan que el año pasado hubo 701 carpetas de averiguación previa por el delito de feminicidio. Pero al mismo tiempo los homicidios de mujeres sumaron 3.324 casos.

La brecha es considerable y difícil de explicar si además se considera que el feminicidio no está tipificado como delito en 13 de las 31 entidades.

El delito de feminismo en México. (Gráfica: OCNF)

Por lo tanto, se habla aquí de un número redondo: en 25 años suman aproximadamente 40.000 los asesinatos de mujeres en México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Y serían más si se considera que a la fecha hay como 9.000 desaparecidas. Pero la sola cifra de asesinadas significa el cupo completo de un estadio de fútbol como el de la Ciudad Universitaria, ubicado en el sur de la capital mexicana.

La mayoría de estos asesinatos están concentrados en el periodo de la guerra contra el narcotráfico, que comenzó el ex presidente Felipe Calderón en 2006 y mantuvo el gobierno de Enrique Peña Nieto de 2012 a la fecha.

Durante este periodo, el número de homicidios de mujeres escaló de 1.183 en 2006 a 2.642 en 2012, y llegó 3.324 en 2017.

Habrá que esperar el cierre de 2018 y la suma de episodios tan lamentables como la pareja feminicida de Ecatepec, que se atribuye la muerte de al menos 10 mujeres de ese municipio del Estado de México.

Narcotráfico y feminicidios

De Ciudad Juárez a Ecatepec, el feminicidio ha transitado casi de manera paralela por la ruta de la violencia y el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, y el tráfico y la trata de personas.

Familiares de víctimas exigen justicia ante el incremento de los feminicidios en México. (Foto: Cuartoscuro.com)

El principio de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, por ejemplo, coincidió con el arribo de Amado Carrillo, "El Señor de los Cielos", a la cúspide del cártel de Juárez, en 1993.

La ciudad, como territorio estratégico del trasiego de droga hacia Estados Unidos, se convirtió después en uno de los escenarios más violentos en México: por la ofensiva contra los cárteles que incluyó la militarización, y por la disputa de la plaza entre cárteles.

Sólo en la primera etapa de la guerra contra el narco, entre 2007 y 2010, Ciudad Juárez pasó de 300 homicidios a 3.000 y se convirtió en la más peligrosa del mundo, según los datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC.

Durante aquel periodo de violencia escalada, nadie se dio abasto. Ni siquiera los productores de bolsas de cadáveres. "Pedíamos como mil al mes y nos decían: no tenemos tantas porque no sólo eres tú. También está Monterrey, Durango, y no tenemos la capacidad", recuerda Héctor Hawley, quien se desempeñó como jefe de peritos de la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres.

Con el asesinato de mujeres ocurrió algo similar. En 2001, Juárez tenía una lista de 31 mujeres asesinadas y el número ascendió a 306 en 2010, de acuerdo con los datos de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Así se ve el mapa del feminicidio en México. (Imagen Google)

Impunidad y omisión 

Desde entonces, la investigación de los feminicidios en México ha tropezado con la inoperancia de un sistema de justicia donde predomina la impunidad. Pero hay casos que rompen la norma.

Durante su paso por la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres, entre 2003 y 2007, Héctor Hawley se dedicó a elaborar protocolos periciales para los crímenes de mujeres.

"Necesitábamos que los policías resguardaran la escena, que no la contaminaran", dice el perito criminalista. Así, organizó todas las evidencias de los delitos contra mujeres acumuladas en el Servicio Médico Forensede Ciudad Juárez.

Pero un día, de pronto, le dieron la orden de quemar toda la evidencia. Hawley no lo podía creer. Allí podía haber evidencia útil, le argumentó a sus superiores. Le respondieron con la instrucción de fotografiar para elaborar un archivo. Pero en la fiscalía no había cajas ni presupuesto para comprarlas, de modo que fue a los supermercados y las tiendas de conveniencia a pedir que se las regalaran.

"Rescatamos evidencias genéticas que datan de 1993, pero sólo de mujeres. No pude rescatar más porque no me dejaron".

Por fortuna, dice, muchas de esas evidencias se incorporaron entre 2004 y 2005 a los laboratorios de genética forense. En cambio, todo lo que correspondía a los hombres y otros eventos fue desechado y dejado en una fosa en el panteón.

La experiencia de Hawley como perito en la investigación de crímenes de mujeres se repite en todo el país, a pesar de normas y protocolos de investigación para indagar casos de feminicidio.

El acecho de los cárteles

La experiencia de Juárez se repitió en otras partes del país. Allí donde operan los cárteles o las bandas criminales, las mujeres se convierten en víctimas y botín de guerra. O como dijo alguna vez la socióloga colombiana Tania Correa, en un territorio de conquista que sirve para escarmentar al oponente a través de sus parejas, sus hijas, sus hermanas.

"Algunas de las jóvenes secuestradas, (los cárteles) las convierten en amantes de los jefes o como juguetes sexuales de la tropa con altas posibilidades de ser asesinadas y a otras las envían directamente a la prostitución", describe Sanjuana Martínez, escritora y cronista, autora del libro La frontera del narco.

Entre 2010 y 2012, cuando la violencia del narcotráfico se elevó a una temperatura que el país no había conocido, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, una organización civil integrada por una red de agrupaciones de mujeres, documentó la muerte por violencia sexual de 4,112 mujeres y la desaparición de 7,088.

La exigencia de castigo para los feminicida es constante en México (Foto: Twitter)

En su momento, la coordinadora de esta organización, María de la Luz Estrada, dijo que esos casos podían estar relacionados con los llamados "levantones del placer", es decir, con el secuestro de mujeres a manos de narcotraficantes que las utilizan para su explotación sexual.

"Comenzaron en el norte, pero es obvio que se han extendido en todo el país y nos tomaron por sorpresa", dijo entonces Bárbara Ybarra, fundadora de la organización Buscamos a Nuestras Hijas, tras el rapto y asesinato de su hija Gabriela Arlene Benítez.

Gabriela desapareció en Xalapa, capital de Veracruz, el 13 de julio de 2011, cuando salió de su casa para hacer ejercicio. Su cuerpo apareció tres meses después en un campo baldío con la cabeza separada y sin brazos. No se supo si hubo violencia sexual porque la policía cremó el cuerpo sin autorización de su familia y sólo informaron que había muerto por asfixia.

Los feminicidios en México han inspirado a grupos de mujeres que bordan las historias de la víctimas. (Foto: Bordando Feminicidios)

Bárbara afirmaba entonces que con la llegada de los "Zetas" a Veracruz habían comenzado las desapariciones de muchachas, "pero no lo relacionamos hasta que los padres nos conocimos y sacamos conclusiones, pues por ninguna había pedido rescate".

El secuestro y asesinato de mujeres a manos de las bandas de narcotraficantes es un tema todavía silencioso en México. Sin embargo, ocurre.

Protestas contra los asesinatos de mujeres. (Foto: Reuters)

Apenas en agosto pasado la policía rescató en Carichí, municipio de Chihuahua, a 13 mujeres –5 de ellas menores de edad– secuestradas por integrantes de grupo criminal Gente Nueva, brazo armado del Cártel de Sinaloa.

Las autoridades informaron de su rescate y de la detención de los responsables, pero nada explicaron sobre las circunstancias en que esas mujeres habían sido privadas de su libertad.

Ecatepec, la pesadilla revivida 

En el recorrido del feminicidio en México hay tantas rutas que es imposible recorrerlas todas en un solo viaje. Habrá que adelantar el trayecto hasta Ecatepec, Estado de México, reciente escenario del "Monstruo Feminicida" detenido a principios de octubre en la colonia Jardines de Morelos.

La pareja feminicida de Ecatepec enfrenta hasta ahora cargos por el asesinato de una sola mujer. (Foto: Fiscalía del Estado de México)

El caso, escandaloso por tratarse presumiblemente de un asesino serial, deja atrás la recurrente historia de violencia que viven las mujeres en el Estado de México, donde murieron asesinadas 463 mujeres en 2017 y sólo 64 de esos casos fueron considerados feminicidios.

Ecatepec es el epicentro de los asesinatos de mujeres en el Estado de México, desde hace al menos 6 años, cuando se descubrió en 2012 el llamado "tiradero de mujeres", a partir de la desaparición y asesinato de una joven de nombre Dulce Cristina, de 17 años.

Hombres armados se la llevaron de las puertas de su casa junto con su novio, una noche de enero de 2012. Apareció después abandonada en el "tiradero de mujeres", de la colonia Hank González.

Altar frente al domicilio donde encontraron restos de mujeres víctimas de la pareja feminicida. (Foto: Especial Twitter)

Las autoridades detuvieron a tres hombres como presuntos responsables del asesinato de Dulce y su novio, pero su padre siempre reclamó que detrás del crimen estaba La Familia Michoacana, que entonces dominaba en el Estado de México. Nadie le hizo caso.

El asesinato de Dulce quedó enterrado bajo los escombros de aquel terreno que las autoridades convirtieron después en una reserva ecológica. El tiempo, sin embargo, no disipó la pesadilla de los feminicidios en Ecatepec, que ahora revive en un monstruo de carne y hueso.

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"ASESINATOS,SECUESTROS,DESAPARICIONES" en ACAPULCO con TODO y DESPLIEGUE de MARINOS,FEDERALES y SOLDADOS...lo único seguro es lo inseguro.

En Acapulco se viven días duros: la noche del viernes un empresario fue asesinado; el miércoles, un locutor; el lunes y el domingo mataron a un hombre e hirieron a cuatro en el zócalo. Días atrás, esparcieron cuerpos desmembradospor las calles, mataron a cuatro mujeres e intentaron secuestrar a cinco y denunciaron una decena de desaparecidas. Los asesinatos contra las taxistas no paran, tampoco en las colonias, ni en la costera Miguel Alemán.

Los hechos de violencia en los últimos 10 días han sido duros y constantes. Hay miedo. En las redes sociales los mensajes de indignación y de temor abundan. Los mismos acapulqueños se llaman a protegerse y denuncian la inacción gubernamental. Como un grito de desesperación surgió el hashtag #Nosestánmatando. En las calles, familiares de desaparecidos y de los asesinados han marchado sin encontrar respuestas.

El domingo 21 de octubre, uno de los días más concurridos en el zócalo, un grupo armado llegó a un costado de la Catedral y le disparó a un joven. Las balas lo dejaron herido, pero la ayuda llegó tarde. Murió.

Antes, a unas cuadras atacaron un despacho de abogados, cuando en las calles había muchos transeúntes.

Al otro día, nuevamente al lado de la Catedral, hombres armados dispararon contra los comerciantes que vendían elotes, tacos, bolillos. Tres quedaron heridos y una persona más murió. Minutos antes, a kilómetros de ahí, en la avenida Ejido, una de las más transitadas, dejaron bolsas negras con restos humanos, y sobre la vía tiraron una cabeza, dos brazos y una pierna. El hallazgo no detuvo el tráfico: los autos les pasaron por encima.

Respuesta a operativos. Toda esta violencia es considerada por la alcaldesa Adela Román Ocampo (Morena) como mensajes de las bandas delictivas por la intervención que fuerzas federales hicieron en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El 25 de septiembre, elementos de la Marina, el Ejército, las policías Federal y Estatal tomaron la dependencia por estar presuntamente infiltrada por el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA). Detuvieron a dos mandos acusados de asesinato y detectaron que menos de 50% de los agentes están certificados, así como un faltante de 342 armas. Desde esa fecha, la seguridad quedó en manos de la Marina y la Policía Estatal.

Pero la violencia no se detuvo e, incluso, para algunos sectores se ha exacerbado. Sobre todo contra las mujeres, en una semana mataron a cuatro e intentaron secuestrar a cinco.

El pasado 12 de octubre asesinaron a tiros en la calle Solidaridad, en la colonia Progreso, a la médica de IMSS Reyna Valenzo Pérez. A partir de este crimen se vivieron protestas para exigir justicia, pero también comenzaron a salir denuncias por la desaparición de otras.

El día 15 del mismo mes, en la colonia Bocana, cerca de la costera Miguel Alemán, fue encontrado el cuerpo de la profesora Itzel Vega Padilla, tenía ocho días reportada como desaparecida. Después, en la colonia Juan R. Escudero rafaguearon a una mujer que vendía bolillos. Quedó tendida bajo su canasto con pan. Fue trasladada al hospital, pero murió cuando recibía atención médica.

En el fraccionamiento Real Palmar fue encontrado en un fosa clandestina el cadáver de otra mujer, identificada como Alma Brisa González, una mesera de 37 años cuyos sus familiares la reportaron desaparecida desde el 12 de octubre. La última vez que la vieron fue en la colonia El Coloso, en la periferia. Sus familia la identificó por un tatuaje.

En tanto, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero(UAGro), Javier Saldaña Almazán, denunció que desde el lunes 15 al miércoles 18 de octubre hombres desconocidos intentaron secuestrar —en tres escuelas— a cinco estudiantes, todas mujeres.

En prevención desde el lunes 22, los planteles de la UAGro en Acapulco son vigilados por el Ejército.

Pero en Acapulco siguen matando: la noche del miércoles 24 asesinaron a Gabriel Soriano Kuri, locutor y productor de Radio y Televisión de Guerrero (RTG), cuando regresaba de cubrir el informe regional del gobernador Héctor Astudillo Flores.

Por este crimen, trabajadores de RTG y reporteros protestaron, pero las autoridades no han dado resultados. Sólo dicen que lo mataron porque rebasó a un carro. Los acapulqueños, la comunidad cultural, los reporteros se indignaron. Aún no terminaba esa irritación, cuando la noche del viernes 26 comenzó otra: sujetos armados asesinaron al empresario César Zambrano, promotor cultural y dueño de las tradicionales papelerías El Partenón.

En medio del aumento de la violencia, en Acapulco los policías municipales vigilan las calles desarmados y será hasta noviembre cuando se nombre al titular de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

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SENTENCIAN a 60 AÑOS de CARCEL a CORONEL "CUATE de CIENFUEGOS" y 3 OFICIALES por 7 EJECUCIONES...la hacían de Militares,policías,M.P,Juez y "Verdugos".

La sentencia emitida el sábado 13 en la sala de oralidad del Centro de Justicia Penal Federal contra cuatro militares, encabezados por el coronel Marín Pérez Reséndiz, fue terminante: se les declaró culpables de delitos contra la administración de la justicia, desaparición forzada y de los homicidios de siete civiles en julio de 2015. 

Los cuatro recibieron la máxima pena, 60 años de prisión, en el juicio civil que duró tres años (causa penal 43/2015).

Comandados por el coronel Pérez Reséndiz –del 97 Batallón de Infantería asentado en Fresnillo y quien presumía su amistad con el titular de la Sedena, general Salvador Cienfuegos–, los sentenciados participaron en un operativo el 7 de julio de 2015 en el municipio de Calera. 

Llegaron de madrugada a la casa de la calle Francisco I. Madero 106 y, pese a no tener jurisdicción, realizaron un cateo en busca de un “jefe de plaza” del narco en ese domicilio.

El coronel y sus subalternos: el capitán segundo de Infantería José Manuel Castañeda Hernández, el teniente de Infantería Víctor Manuel González Aldrete y el subteniente Juan Ordóñez Prado levantaron, torturaron y asesinaron a siete personas, presuntamente del Cártel de Jalisco Nueva Generación: un adulto, cuatro muchachos de entre 15 y 17 años y dos mujeres (Proceso 2021).

Durante el proceso acusatorio, algunos testigos, entre ellos varios militares, expusieron que González Aldrete y Ordóñez Prado fueron quienes dispararon contra los siete ocupantes del domicilio cateado.

Para emitir su fallo, el juez de Distrito con carácter de Tribunal de Enjuiciamiento en este centro de justicia federal se apegó al artículo 25 del Código Penal Federal para evitar exceder la pena de 60 años, puesto que el desglose inicial de las sentencias individuales sumó más de 200 años para cada uno de los cuatro militares juzgados. 

A Pérez Reséndiz y Castañeda Hernández, acusados de participar como auxiliadores en la comisión de homicidio calificado, los fiscales les habían impuesto una pena de 22 años por cada uno de los siete homicidios, tres cuartas partes de la pena máxima de 30 años que establece el Código Penal Federal.

Por lo que atañe a González Aldrete y Ordóñez Prado, coautores materiales, las penas impuestas eran de 30 años por cada víctima; es decir, 210 años de prisión.

Tres de los cuatro militares recibieron también una sentencia condenatoria de cinco años y seis meses de prisión y una multa de mil días de salario mínimo por delitos contra la administración de justicia, puesto que debido al servicio que prestaban, pero sobre todo a su rango, tenían pleno conocimiento “de que no podían hacerse justicia por su propia mano”.

Por la desaparición forzada, también probada por la fiscalía, la condena fue de siete años por cada víctima –esta fue la pena solicitada por los fiscales–, en total 49 años, aunque el juez expuso que por el grado de culpabilidad en que ubicó a los cuatro militares, habría impuesto 13 años y nueve meses a cada uno por cada víctima.

Las tres penas impuestas sumaron 212 años de prisión para el coronel Pérez Reséndiz y el capitán Castañeda Hernández; 264 años y seis meses para el subteniente Ordóñez Ortega y 259 años para el teniente González Aldrete, absuelto del delito contra la administración de justicia.

Historia de una masacre

Tras la irrupción de los militares a la casa de la calle Francisco I. Madero 106, los familiares de las víctimas acudieron a las instalaciones militares, cárceles municipales, hospitales, oficinas del Ministerio Público del Fuero Común y Federal. Viajaron a la capital zacatecana y acudieron al Congreso local. Nadie les dio información.

Entre el 16 y el 17 de julio de 2015 aparecieron los siete cuerpos: cuatro en una finca abandonada cerca de una presa en la comunidad La Tesorera y tres en una zona rural entre Fresnillo y Jerez. Todos tenían disparos en la cabeza. 

El coronel Pérez Reséndiz y sus subalternos fueron detenidos el 19 de julio y recluidos en el penal militar de La Mojonera, en Jalisco. La Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado en el cual expuso que no toleraría actos contrarios a las leyes por parte de sus elementos, “sin importar jerarquía, cargo o comisión”.

La organización Zacatecanos por la Paz documentó el caso con el fin de llevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al equiparar la gravedad de lo ocurrido en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, y Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de ese mismo año.

Según el expediente del proceso contra el coronel Pérez Reséndiz y sus subalternos, el convoy que salió de la sede del 97 Batallón de Infantería de Fresnillo hacia Calera lo integraron cuatro oficiales y 30 tropas, que se desplazaron en las unidades 0897359, 0897362, 0897365, 0897351, 0897350, 0897370, 2323308 y 2322306.

A las 6:30 de la mañana de aquel 7 de julio de 2015, los soldados treparon por el muro del frente de la casa y se dirigieron a la planta alta, donde sometieron a los siete moradores. Y se los llevaron.

Cerca del mediodía, el subteniente Ordóñez entregó un arma corta al teniente González Aldrete y se separaron. González Aldrete se fue hacia La Tesorera. Al llegar, se puso unos guantes de látex y caminó hacia una casa abandonada, a donde llevó a cuatro de los detenidos: Germán Martín, Beatriz Adriana y los menores Víctor Hugo y José. Adentro, les disparó en la cabeza. 

Luego de las ejecuciones salió de la casa y fue en busca del subteniente Ordóñez para devolverle el arma y le dijo: “Haz lo tuyo”.

Ordóñez se llevó a los otros tres civiles –María Alejandra y los menores Guillermo y Jorge David– hacia la comunidad El Naranjo, donde los ejecutó. 

Poco después, los militares regresaron a la sede del 97 Batallón de Infantería. El capitán Castañeda Hernández instruyó a elementos de tropa para que alteraran los itinerarios, recorridos y los odómetros que marcaban el trayecto recorrido horas antes.

Sin embargo, los datos de prueba presentados por familiares de las víctimas y testigos del operativo durante el juicio corroboraron que el operativo fue ilegal; que el coronel Pérez Reséndiz carecía de facultades para actuar en el municipio de Calera “al no estar dentro de su sector de responsabilidad”; que ninguno de los siete detenidos fue puesto a disposición de ninguna autoridad ministerial; que se ocultó su ubicación y se mintió a los familiares que acudieron a la sede del 97 Batallón a preguntar por los cinco hombres y las dos mujeres.

Además, el Tribunal de Enjuiciamiento fue específico en resaltar como agravantes el hecho de que cuatro de las siete víctimas eran menores de edad; que todos presentaban huellas de violencia física, y que los militares actuaron bajo la consigna de que las víctimas “eran delincuentes”.

La causa penal incluye declaraciones según las cuales el teniente Aldrete reprodujo en su teléfono celular un video en el que uno de los detenidos presuntamente aparecía ejecutando a personas del grupo criminal enemigo. 

En el juicio, la defensa de los inculpados presentó ese video como prueba y pidió que se proyectara en una audiencia. El juez de la causa no lo autorizó, pues “si bien las víctimas pudieron haber cometido alguna conducta delictiva… esa circunstancia en ningún momento justifica que los acusados cometieran los ilícitos por los cuales se les juzgó”.

Durante la audiencia de desahogo de pruebas, la defensa de los cuatro militares preguntó a los testigos si habían visto al teniente Aldrete disparar contra los civiles. “No vi, escuché”, respondió uno de ellos. Y agregó: “Había únicamente dos personas en el cuarto: un civil desarmado y un militar armado. No hay mucho qué rascarle”.

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