En el municipio de Naucalpan, Estado de México, un general retirado que ocupó altos cargos se apropió del área verde de una zona habitacional y la vendió para que se construya un centro comercial.
Los colonos se organizaron para impedir el despojo y demostraron con documentos que el militar simuló actos jurídicos, utilizó su influencia y pasó por encima de la ley, además de que funcionarios de varias administraciones municipales cambiaron el uso de suelo para favorecer al infractor. De todas formas, la justicia mexiquense le dio la razón al general.
El general Alfonso de la Torre Martínez, quien fue presidente del Tribunal Superior de Justicia Militar durante el sexenio de Miguel de la Madrid, se retiró del Ejército pero no de los negocios inmobiliarios: la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Country Club lo acusa de usar su influencia para despojar al municipio de Naucalpan de un predio de 800 metros cuadrados.
Según ellos, el militar vendió el terreno en 1 millón 350 mil pesos a inversionistas que pretenden construir ahí un centro comercial, cuyo costo superará los 22 millones.
Desde hace tres años los colonos de ese fraccionamiento, así como los de La Herradura y el Huizachal, encabezados por la delegada municipal Graciela López Cuesta, han solicitado en vano a las autoridades de Naucalpan y de justicia del Estado de México que impidan la construcción de la plaza.
Aunque el predio originalmente fue cedido al municipio por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mediante Banjercito, para que se construyeran viviendas destinadas a familias de militares, por lo que no puede contar con escritura de propiedad, el pasado 6 de junio el magistrado Carlos Antonio Alpízar Salazar, de la Segunda Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo en Naucalpan, dictaminó que el predio era propiedad privada.
El abogado de los colonos, Marcos Javier Ortiz Ampudia, muestra en entrevista con este semanario un documento fechado en 1991, mediante el cual el general De la Torre Martínez se apropió indebidamente del terreno. Se trata de un contrato simulado de compraventa.
En el papel, donde dice “contrato privado”, se precisa que el terreno es irregular porque no está inscrito en el Registro Público de la Propiedad. Sin embargo, sí se encontraba en el padrón catastral del municipio de Naucalpan. Y a pesar de eso el militar pagó 60 mil pesos y se quedó con el predio, de forma triangular, que hasta entonces era un área verde pública en la confluencia de la avenida La Herradura y la calle General Plutarco Elías Calles.
De acuerdo con los registros de la Dirección General de Desarrollo Urbano de Naucalpan, la donación de Banjercito se concretó el 18 de diciembre de 1990. Inicialmente la zona destinada al uso habitacional se llamó Héroes de la Revolución y en 2002, por acuerdo del cabildo, cambió a Fraccionamiento Lomas de Huizachal.
Al investigar el estado legal del predio, los colonos detectaron que en 1996 el ayuntamiento modificó indebidamente el uso de suelo y otorgó la licencia DLCA/0996/14 para uso comercial, a pesar de que no se tienen contemplados carriles de acceso y salida en una vialidad, como se exige en los reglamentos urbanos.
En una carta fechada el 9 de octubre de 2014, la asociación de colonos Leandro Valle-Huizachal solicitó al municipio de Naucalpan que respetara dicho predio al que ellos le han gestionado y procurado vigilancia y trabajos de reforestación.
Para entonces De la Torre Martínez comenzó a levantar una barda alrededor como si fuera propiedad privada, aunque no contaba con una escritura certificada o protocolizada que acreditara su posesión legal.
En febrero de 2016 los colonos de los fraccionamientos Huizachal, Country Club y La Herradura interpusieron un recurso de “acción popular” –una forma constitucional que permite a la ciudadanía resarcir actos de autoridad– ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, a fin de solicitar que se respetara el predio como área pública.
Entre sus argumentos, manifestaron que los funcionarios del ayuntamiento actuaron indebidamente al permitir que el particular se apropiara de terrenos del dominio público al otorgar licencias de uso de suelo comercial.
“Desconocemos los procedimientos de desincorporación de un predio del dominio público que haya efectuado la autoridad correspondiente de la Subdirección de Patrimonio Municipal –exponen en su recurso legal–, pero venimos observando en lo que va de estos últimos años, desde el cercamiento con muros hasta la construcción de lo que a todas luces son locales comerciales, en un área verde o de donación de nuestro fraccionamiento, con el contubernio o complacencia de la autoridad municipal, que no ha realizado la defensa legal y jurisdiccional del predio que es patrimonio municipal.”
En un comunicado, los colonos señalaron que De la Torre obtuvo ilegalmente una licencia de construcción del ayuntamiento de Naucalpan cuando era jefe de Guardias Presidenciales de José López Portillo. Agregan que en el expediente del caso consta que “el general presentó documentación apócrifa, se hacía pasar como dueño del terreno y posteriormente gestionó un procedimiento de inmatriculación como estrategia para quedarse con el predio”.
Indican que en 1997, cuando el militar era director general de Caballería de la Sedena, “obtuvo de manera irregular una clave catastral, con el propósito de pagar el impuesto predial durante cinco años consecutivos y de esta manera evidenciar la supuesta posesión pacífica y continua del predio. De esta manera buscaba adjudicarse legalmente la porción de tierra invadida”.
El año pasado se empezó a construir un centro comercial en el terreno y ellos iniciaron acciones legales para defenderlo. “Fue entonces que constatamos, con documentos legales, el despojo al municipio y los actos ilegales de diversos funcionarios públicos pertenecientes a varias administraciones”, relatan.
La Asociación de Colonos del Fraccionamiento Country Club encabeza las inconformidades ante el ayuntamiento de Naucalpan por este problema. El año pasado el colectivo de colonos obtuvo de un tribunal administrativo la suspensión de obras con el amparo 48/2016; pero los trabajos continuaron.
Una carrera polémica
Según los colonos naucalpenses, el general De la Torre ha utilizado como escudo a la Sedena para apropiarse del terreno, que vendió con la complicidad de autoridades municipales y estatales.
Precisan que en 1982 fue agregado militar de la embajada de México en España y volvió al país dos años después, al ser designado director general de Caballería. Conservó ese puesto de diciembre de 1984 a marzo del siguiente año, ya que en el último tramo del sexenio de Miguel de la Madrid estuvo al frente del Tribunal Superior de Justicia Militar (TSJM).
“El general De la Torre Martínez tuvo una gestión polémica al frente del tribunal. En esa época, varios mandos castrenses fueron acusados de complicidad con el narcotráfico, pero sus conductas no tuvieron sanción alguna por parte de la justicia militar. El propio (secretario de Defensa) Arévalo Gardoqui enfrentó acusaciones directas por parte de la agencia antidrogas estadunidense, que lo vinculó al Cártel de Guadalajara y lo señaló como cómplice del asesinato de Enrique Camarena Salazar, agente de la DEA secuestrado, torturado y ejecutado por órdenes del narcotraficante Rafael Caro Quintero”, señalan los colonos en su demanda.
Indican que en esa época el general De la Torre enfrentó una acusación por fraude que presentó contra él la firma American Express en España, que incluso pidió su extradición (Proceso 627).
“El militar hizo mal uso de la tarjeta American Express número 3756-1023-03001. Al final de su gestión como agregado militar de la embajada de México en España, De la Torre Martínez canceló primero su cuenta en el Banco Exterior de España, donde tenía depositados los fondos que respaldaban el uso de la tarjeta de crédito, y después realizó cargos desproporcionados por 1 millón de pesetas (60 millones de pesos de entonces). Enseguida salió del país sin pagar. Cuando la compañía quiso cobrar, encontró que la cuenta de su cliente había sido cancelada.
“Después de cuatro años de requerimientos infructuosos de la filial mexicana al presidente del Tribunal Superior de Justicia Militar, American Express presentó una denuncia penal por fraude en Madrid, el 14 de septiembre de 1988, y solicitó formalmente la extradición a España del alto mando castrense. Sus superiores le ordenaron al militar pagar lo que debía para detener el escándalo”.
El entonces apoderado de American Express en México, Francisco Manuel Abascal, señaló que la empresa lo demandó después de casi tres años de estar pidiendo a través de cartas, telefonemas y entrevistas al general que saldara su adeudo. Incluso envió los talonarios de las compras.
“Ahora se niega a pagar cualquier suma. Dice sentirse apoyado por la gente que está en el poder. Presume de esa influencia”, señaló en aquel tiempo el abogado de la institución financiera.
Al final el general no tuvo otro remedio que pagar, pero lo hizo en abonos.
A pesar del escándalo, De la Torre Martínez continuó ocupando altos cargos en la Sedena en los siguientes 10 años. Regresó a la Dirección General de Caballería del 16 de diciembre de 1994 al 1 de marzo de 1997, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando el general Enrique Cervantes Aguirre estuvo al frente de la secretaría.
Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue director general de Personal de la Sedena, bajo el mando del secretario Antonio Riviello Bazán.
A decir de los colonos, paralelamente a sus altos cargos De la Torre Martínez acumuló un cuantioso patrimonio, no siempre de manera lícita, como en el caso del predio del que se apropió en Naucalpan con la simulación de actos jurídicos.
Sin embargo, el abogado de los colonos, Javier Ortiz Ampudia, señala que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México emitió un injusto fallo en contra de la demanda de acción popular, pese a que sus clientes presentaron las pruebas de que el terreno no está matriculado en el Registro Público de la Propiedad, de las irregularidades cometidas por el municipio de Naucalpan y de la ilegal apropiación del terreno por De la Torre Martínez.
El magistrado del mencionado tribunal Carlos Antonio Alpízar Salazar dictaminó el pasado 11 de julio que el predio es propiedad privada. De nada valió que le expusieran las contradicciones de la Dirección Jurídica y de Patrimonio Municipal, así como los documentos mediante los cuales Banjercito donó los terrenos para lotificación de vivienda y las pruebas de que se trataba de un área pública.
El abogado de los colonos dice al respecto: “Nosotros pensábamos que el magistrado iba a emitir la sentencia de manera favorable a los colonos porque el municipio había reconocido que el terreno era propiedad municipal. Pero resultó todo lo contrario: emitió una resolución en la que nos sobresee el juicio porque señaló que no era área pública ni zona verde.
“Estoy sorprendido con la respuesta de las autoridades porque actuaron como si fueran los demandados y porque mostraron tener un interés particular, y no estar del lado de los ciudadanos. El tribunal no tomó en cuenta que la acción popular que interpusimos fue para que la autoridad municipal revisara sus propios actos, como otorgar la licencia de construcción de manera indebida y reponer cualquier decisión que se hubiese tomado. El tribunal no se puso del lado dela gente.”
En 2013 De la Torre Martínez vendió el terreno, supuestamente por 1 millón 350 mil pesos. Sin embargo, el abogado Ortiz Ampudia lo pone en duda porque, dice, en el mercado inmobliario un predio de ese tamaño en dicha zona cuesta más de 7 millones.
La disparidad le genera una sospecha: “Hay una operación fraudulenta, el precio es de risa. Creemos que repartió mucho dinero para que en este terreno se ponga un negocio que, cuando se termine, va a tener un precio en el mercado de 22 millones de pesos”. El litigante adelanta que los colonos continuarán con sus intentos de recuperar su zona verde.
Graciela López Cuesta, presidenta de los colonos del parque residencial Country Club, sostiene que el general De la Torre Martínez “se robó” el predio del municipio, que hubo servidores públicos implicados porque dieron permiso para la construcción de la barda perimetral y que el presidente municipal de Naucalpan, Édgar Armando Olvera Higuera, dio una orden para que el terreno se convirtiera en una plaza comercial.
“Sabemos perfectamente bien que un terreno de estas características no puede cambiar el uso del suelo, y menos en una zona habitacional de media densidad y familiar. Estamos sorprendidos del poco interés del municipio para recuperar su predio. Son nuestras únicas áreas verdes en toda la zona”.
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