La violencia desatada por los grupos criminales, la corrupción de los cuerpos policiacos y la opacidad gubernamental llevan a la investigadora de la Universidad de Stanford Beatriz Magaloni a hablar “del colapso del Estado mexicano”.
La académica comenta que un ejemplo claro de la descomposición de las instituciones es la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.
MONTERREY, NL.- México es un Estado mafioso, sostiene la investigadora Beatriz Magaloni Kerpel. Y expone sus argumentos: una parte considerable de los cuerpos policiacos del país está infiltrada por organizaciones criminales y las autoridades ocultan los índices delictivos para evitar que la población se alarme.
Adscrita al Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford, California, la especialista en temas de seguridad asegura que el Estado mexicano se encuentra atrapado en una espiral de violencia que se recrudeció durante la gestión del panista Felipe Calderón Hinojosa, quien declaró la guerra al narcotráfico.
La estrategia gubernamental para descabezar los cárteles sólo provocó que el crimen organizado se desorganizara, pues la violencia se dispersó. Eso dio origen a grupos pequeños de delincuentes que abarcaron más espacios, comenta Magaloni, quien ha realizado estudios en torno a la violencia y la gobernabilidad en México y Brasil durante siete años.
Cuando se le pregunta sobre la forma en que el gobierno anterior y el de Enrique Peña Nieto abordaron el problema de la criminalidad, Magaloni, quien cursó un doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Duke, se excusa: “Faltan estudios concluyentes, con datos duros, sobre la materia”.
Sin embargo, habla de las conclusiones de un análisis efectuado por investigadores de la Universidad de Stanford sobre el calderonismo. Según las estadísticas consultadas, dice, con las intervenciones de Calderón, como la captura de líderes y lugartenientes de organizaciones criminales, se dispersó la violencia. “La llegada de Calderón disparó el fenómeno”, puntualiza.
Magaloni ha visitado barrios conflictivos en el Estado de México y de Jalisco para conocer in situ cómo funcionan las dinámicas sociales perniciosas. En tiempos de Calderón, ella y sus compañeros detectaron que tras la captura de algún capo poderoso se incrementaban las ejecuciones.
Por lo general, eso fue resultado de las pugnas intestinas en un mismo cártel o una forma en que las organizaciones intentaban contrarrestar los ataques de las agrupaciones rivales que les disputaban la hegemonía en algunas plazas.
“Nos concentramos en hombres y mujeres mayores de 39 años, así como en los menores de 15 metidos en el tráfico de drogas. Al final, supimos que había un incremento significativo de muertes tras las intervenciones (de Calderón)”, explica.
Y si bien los datos revelaban que ese tipo de violencia duraba alrededor de seis meses, Magaloni y sus compañeros detectaron también que muchos de los muertos eran civiles, no sicarios. Cuando los pistoleros se quedan sin líder, modifican sus actividades delictivas para obtener ingresos.
Conocido como “el problema de la hidra”, ese fenómeno hace que la estructura delictiva se concentre en espacios pequeños y los delitos se diversifiquen, lo que implica un mayor sufrimiento para la población”, comenta la especialista.
Según los estudiosos, cuando el Estado comienza a descabezar a las bandas criminales debe establecer una estrategia de seguridad permanente para la región que pierde el poder de facto con la captura de los capos.
Pero eso no ha ocurrido en México, pues en muchas entidades y municipios las corporaciones policiacas locales, la mayoría de las cuales están altamente infiltradas por el crimen organizado, no fueron depuradas, abunda la investigadora.
Crisis solapada
Las investigaciones de Beatriz Magaloni sobre gobernabilidad, reducción de pobreza, clientelismo electoral y violencia criminal han sido publicadas en la revista American Journal of Political Science, así como en World Development, Comparative Political Studies y Latin American Research Review.
El jueves 4 asistió al Cuarto Congreso Internacional Estado, Democracia y Derecho, organizado por la Asociación Mexicana de Ciencia Política y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, entre otras instituciones.
Ella sostiene que América Latina es la región más violenta del planeta.
El Continente Americano alberga a 8% de la población mundial y en él se comete 30% de los homicidios del mundo, dice. El país más violento de la región, según las estadísticas consultadas por la investigadora, es Honduras, y el que ocupa el último lugar en materia de homicidios es Canadá; México se encuentra en el lugar 16 en ese rubro.
De acuerdo con los estándares internacionales, donde se registran de 40 a 100 muertes por cada 100 mil habitantes al año, se habla de una “situación casi de guerra”. Cuando la cifra es de 10, como en México, se dice que hay “una epidemia de violencia”.
Según Magaloni, la inequidad y la distribución desigual del ingreso en el país, así como la falta de oportunidades para los jóvenes, son aprovechados por las organizaciones criminales, cuyos capos les ofrecen trabajo.
“Si está bloqueado el ascenso social, hay incentivos mayores para aquellos que no tienen oportunidades y quieren asociarse con bandas criminales. Eso es universal”, sostiene la especialista.
Otro factor es la debilidad del estado de derecho. Conocedora del fenómeno, que ha observado desde 2010, cuando inició el Programa de Pobreza y Gobernabilidad en el Centro Freeman Spogli, comenta que esta “percepción” es difícil de medir, por lo que recomienda a los politólogos adentrarse en el tema.
Los factores de impunidad, corrupción policiaca, ineficacia de la autoridad, castigo a pobres y ausencia de Estado en comunidades afectadas por la violencia, insiste, “deben ser objeto de mayor análisis e investigación, pues no son todavía bien comprendidos a nivel teórico y práctico”.
Refiere que en México la policía está capturada por las organizaciones criminales, con sus excepciones.
“Esta penetración del crimen organizado en las instituciones podemos llamarlo ‘Estado mafioso’. Eso es más notable en México que en otros países, como Brasil, donde si bien hay más violencia, las fuerzas policiales no están tan penetradas por el crimen como aquí”, comenta Magaloni.
Pone el ejemplo de las autodefensas en México como una muestra de la debilidad institucional. Grupos de ciudadanos decidieron organizarse para repeler las agresiones de los grupos delincuenciales, pues las autoridades están coludidas con los criminales.
La desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 24 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, es un ejemplo claro de la descomposición de las instituciones y “del colapso del Estado mexicano”, reitera la investigadora.
Adelanta que un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford realiza un estudio sobre el tema para saber cuánta confianza tiene la ciudadanía en las fuerzas policiacas. Al final, diseñarán un mapa en el que mostrarán qué prácticas policiacas deben aprovecharse y cuáles deben ser rechazadas.
Los académicos han tenido problemas para obtener información relacionada con la inseguridad en México, sobre todo con la extorsión, pues algunas instituciones se muestran renuentes a entregarles los datos que requieren.
Al asumir la presidencia, Enrique Peña Nieto cambió la política del combate a la delincuencia, dice Magaloni: Comenzó por restarle difusión al fenómeno; incluso instruyó a algunos medios de comunicación para que ocultaran noticias sobre hechos delictivos de alto impacto.
Pese a ello, lo violencia no se ha atenuado. Organismos internacionales contabilizan 23 mil desaparecidos de 2007 a la fecha. Y aunque las cifras varían, existe una estimación de que 40% de esos delitos ha ocurrido en los primeros cuatro años del actual sexenio.
“Las dos crisis de violencia más fuertes de los últimos años en Michoacán y Guerrero –comenta– se le vinieron a Peña Nieto porque ignoró el tema de una forma injustificable.
“Ayotzinapa y las autodefensas nos revelan que México ya es otro. Y el Estado no puede cerrar los ojos ante esas organizaciones (criminales). No podemos seguir hablando de gigantescos cárteles, ya que hay grupos criminales por todos lados.”
Esta pulverización de los antiguos grandes consorcios ha provocado que pequeñas células delictivas independientes operen por su cuenta. Son mucho más numerosas y actúan contra la población.
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