El amor era para la foto; la factura, según la Fiscalía, era de verdad. Entre vestidos blancos, anillos y sonrisas de recién casados, una presunta red de Massachusetts habría convertido el matrimonio en un servicio migratorio con tarifa: entre 38.000 y 40.000 dólares por unión. Cupido, al parecer, también aceptaba mensualidades.
El Departamento de Justicia anunció este miércoles la detención y acusación de seis personas por su presunta participación en una trama que habría organizado cientos de matrimonios fraudulentos durante más de una década. Según las autoridades, el mecanismo permitió que migrantes sin situación regular obtuvieran la residencia legal y, en algunos casos, posteriormente la ciudadanía estadounidense.
Al frente del supuesto negocio estaba Jennifer González, de 43 años. La acusación le atribuye una operación de unos doce años, con entre 18 y 20 enlaces anuales y ganancias estimadas en seis millones de dólares, que habría destinado a comprar negocios y propiedades en la República Dominicana.
Álbum de bodas, expediente migratorio
En una fotografía de hace tres años, Jessica Tavares, ciudadana estadounidense de 31 años y residente de Massachusetts, aparece vestida de blanco junto a un migrante brasileño. Sonríe en una escena que parece tomada después de formalizar el matrimonio. En otra imagen, de 2024, Erica Daniels, de 29 años y también de Massachusetts, intercambia anillos con otro brasileño.
Para los investigadores, aquellas estampas no eran únicamente recuerdos de boda: formarían parte de una puesta en escena destinada a convencer al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos —USCIS— de que las relaciones eran auténticas.
Según la investigación, González enseñaba a sus clientes a construir una vida conyugal sobre el papel: abrir cuentas bancarias conjuntas, contratar seguros de vida, tomarse selfis y reunir documentos que acreditaran una convivencia. No bastaba con decir «sí, acepto»: había que producir el archivo del supuesto romance.
La documentación se preparaba en un plazo de tres a cuatro meses. Los clientes firmaban compromisos de pago y, de acuerdo con los videos y audios obtenidos por las autoridades, González cobraba una entrada de 3.000 dólares en efectivo. Después, debían entregar 500 dólares mensuales al supuesto cónyuge.
La Fiscalía sostiene que algunos ciudadanos participantes se casaron más de una vez. El texto de la acusación descrito no permite establecer si esos matrimonios fueron simultáneos; atribuirles bigamia sería añadir un delito por cuenta propia.
El «sueño americano», con entrada y cuotas
Un colaborador de las autoridades que se presentó como cliente declaró que González decía querer ayudar a sus contratantes a alcanzar el «sueño americano». Según los investigadores, la aspiración venía acompañada de contrato y calendario de cobros.
En una grabación, González promocionaba Massachusetts como un lugar «santuario», donde los inmigrantes recibían mucha ayuda y que, precisamente por eso, no le gustaba a Donald Trump.
«Massachusetts es el mejor lugar para ti. Eso es un hecho», se le escucha decir.
Conviene separar el argumento comercial de la realidad jurídica: las políticas santuario, como las de Boston, limitan la colaboración de las autoridades locales con determinadas actuaciones federales de inmigración; no constituyen una autorización para cometer fraude matrimonial. Esas restricciones han provocado un enfrentamiento judicial entre la ciudad y la Administración Trump.
La fiscal federal del Distrito de Massachusetts, Leah Foley, respondió este jueves en Boston con una frase a la medida del caso: el sueño americano «no está a la venta».
«Se gana. Y cuando intenten apropiarse indebidamente de él para obtener ganancias, los haremos responsables», sostuvo.
Casados para Inmigración; solteros para las ayudas
La investigación también apunta a otra presunta conveniencia documental. Según los documentos judiciales citados, varios acusados declararon no estar casados para obtener prestaciones del programa de asistencia alimentaria SNAP.
Es decir: matrimonio para un trámite, soltería para otro. El estado civil, supuestamente, cambiaba según la ventanilla.
A González se le atribuye haber gastado más de 120.000 dólares recibidos de ese programa. Esa cantidad corresponde a las prestaciones señaladas en la investigación y no debe confundirse con los seis millones que las autoridades atribuyen al negocio matrimonial.
Del «sí, acepto» al banquillo
En las grabaciones, González reconocía que el regreso de Trump a la Casa Blanca había endurecido el escenario: «Estamos en un nuevo gobierno, las cosas son un poco más difíciles».
El desmantelamiento, anunciado en agosto, de otra presunta red de once personas dedicada durante una década a organizar matrimonios fraudulentos entre ciudadanos estadounidenses y migrantes chinos añadía una advertencia cercana.
Ahora, los seis acusados afrontan cargos que, según la información difundida, contemplan máximos de hasta diez años de prisión por albergar a inmigrantes indocumentados y por conspiración para hacerlo, además de hasta tres años de libertad supervisada y multas de hasta 250.000 dólares por cada cargo aplicable.
Los delitos de fraude matrimonial y conspiración para cometerlo prevén, por su parte, hasta cinco años de cárcel, tres de libertad supervisada y multas de hasta 250.000 dólares por cargo. Son penas máximas posibles, no condenas impuestas ni una suma automática.
La investigación continúa. La Fiscalía tendrá que demostrar que detrás de los anillos había un negocio delictivo. Porque una boda puede fabricarse para la fotografía; una culpabilidad no debería fabricarse para el titular.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/CARLA GLORIA COLOMÉ/
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