A Raúl Rocha Cantú le volvieron a poner una orden de aprehensión sobre la mesa. Ahora falta que lo pongan a él frente al juez. Después de los jaloneos judiciales y del ir y venir de su condición de testigo colaborador, la Fiscalía General de la República consiguió una nueva orden de captura contra el empresario de Miss Universo, esta vez por presuntamente encabezar una organización que habría lavado casi 3 mil millones de pesos entre 2014 y 2025. Porque una cosa es acumular expedientes y otra, bastante menos lucidora para el boletín, ejecutar las capturas.
Según la información proporcionada, el juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, ordenó detener a Rocha Cantú, a su hijo Mauricio Jesús Rocha Botello —presidente de Miss Universe México— y a otros cuatro presuntos implicados por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La nueva embestida tiene antecedentes: en agosto ya se había informado de otra solicitud de aprehensión por una estructura empresarial que, según la investigación, habría servido para mover recursos ilícitos. El expediente cambia de capítulo; la pregunta sigue siendo cuándo dejará de ser persecución de papel.
De las coronas a las cuentas
La acusación no describe precisamente un concurso de transparencia. La FGR sostiene que el dinero circulaba mediante una estructura de tres niveles: empresas presuntamente de papel que inyectaban recursos, una sociedad que los concentraba y cuentas personales que los recibían y enviaban a otros destinatarios sin una relación comercial, laboral o fiscal que justificara las operaciones.
En el centro aparece GI Euromex, señalada como la gran concentradora. Alrededor figuran Impulsora Eagle, Legacy Equity Group, Soluciones Gasíferas del Sur y las operadoras de alimentos y bebidas Naucalpan y Malibú. Mucha razón social y, según la imputación, poca actividad real que explicara semejante circulación de dinero.
La Fiscalía coloca a Rocha Cantú, Andrés Javier Vázquez Ruiz y Alberto Charlan Salazar como presuntos dirigentes de la organización. A Mauricio Jesús Rocha Botello, Heliodoro Vargas Durán y Luis Aquilino Vásquez les atribuye funciones de supervisión.
En el caso de Rocha, el señalamiento no descansa únicamente en aparecer en las actas: la investigación lo identifica como fundador y secretario de GI Euromex, presidente de Legacy Equity Group y accionista mayoritario y presidente de Soluciones Gasíferas del Sur. Además, habría tenido facultades para autorizar transferencias mediante la banca electrónica de GI Euromex en Intercam. Es decir, según la acusación, no estaba nada más para la foto.
La pasarela del dinero
Los movimientos descritos en el material proporcionado ayudan a dimensionar el expediente:
- GI Euromex recibió depósitos por 1,830 millones 582 mil 280.78 pesos entre febrero de 2015 y diciembre de 2025.
- Impulsora Eagle registró depósitos por 762 millones 761 mil 209.62 pesos entre agosto de 2018 y noviembre de 2025.
- Las cuentas personales de Rocha Cantú recibieron 125 millones 76 mil 522.33 pesos.
- Vázquez Ruiz recibió 224 millones 744 mil 797.97 pesos.
- Charlan Salazar registró depósitos por 54 millones 696 mil 706.23 pesos.
Conviene no hacerle al expediente la misma magia que se investiga: esos movimientos no deben sumarse automáticamente como si cada transferencia fuera dinero distinto, porque la propia imputación describe recursos que pasaban de unas cuentas a otras.
La ruta señalada llevaba dinero de las operadoras Naucalpan y Malibú y de Impulsora Eagle hacia GI Euromex; de ahí salía hacia Rocha, Vázquez y Charlan. También se describen movimientos hacia Soluciones Gasíferas del Sur e Inmobiliaria Sarajoce. Una circulación que, para la Fiscalía, no era precisamente el resultado de vender refrescos y servir banquetes.
Y antes del lavado, las armas
El antecedente tampoco es un asunto de lentejuelas. Reportes sobre la investigación han vinculado la red atribuida a Rocha con empresas de seguridad privada presuntamente utilizadas para abastecer de armas a grupos criminales, entre ellos el Cártel del Golfo y el Grupo Sombra. Segurimex aparece entre las compañías mencionadas en esa trama.
Un reportaje de El País documentó, además, gestiones de operadores de empresas de seguridad vinculados con la red investigada y conversaciones que aludían a “El Cape”, identificado como lugarteniente del Cártel del Golfo.
El contraste es suficientemente brutal sin necesidad de inventarle adornos: por un lado, el negocio de las coronas y los reflectores; por el otro, investigaciones sobre combustible, armas y dinero de presunto origen criminal.
La corona pendiente: ejecutar la orden
Rocha Cantú también arrastra el antecedente del Casino Royale de Monterrey, del que era dueño y donde murieron 52 personas en el incendio provocado por sicarios en 2011, según el texto proporcionado. Ese episodio no acredita las nuevas imputaciones, pero forma parte del historial público que acompaña al empresario.
Ahora la FGR vuelve a la carga con otro expediente y otra orden. Lo que todavía tiene que demostrar no cabe en una conferencia ni en una filtración: que puede ejecutar la captura y sostener sus acusaciones ante un tribunal.
Porque, hasta ahora, la gran pasarela sigue siendo judicial: desfilan razones sociales, cantidades millonarias y órdenes de aprehensión. Falta ver al acusado comparecer y a la Fiscalía probar lo que sostiene.
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