«LIDERESA de MORENA CONVIERTE LIGAS de DIPUTADA que PODRIA ser CONSIDERADA COLABORADORA del TERRORISMO, en ATAQUE PARTIDISTA»…importa el mensaje,no el mensajero.

En Tamaulipas, donde lastimosamente aún gobiernan los «malos oficios» de Américo Villarreal Anaya, la dirigencia de Morena quiere que sus aspirantes dejen de darse hasta con la cubeta. La lideresa estatal Guadalupe Gómez Núñez pide respeto, disciplina y unidad rumbo a 2027, y recuerda que las convocatorias prohíben las descalificaciones entre compañeros. 

Qué conveniente sería que, entre tanto llamado a portarse bonito, también se exigiera explicar por qué Magaly Deandar, «suspirante» a la alcaldía, aparece vinculada con un presunto lugarteniente del Cártel del Golfo y si esa relación ha servido para fortalecerlos con dinero público.

Porque una cosa es ordenar la competencia interna y otra convertir la palabra “unidad” en cobija para las preguntas incómodas y los acuerdos entre compañeros no pueden sustituir la rendición de cuentas ante los ciudadanos.

De acuerdo con la información documentada, la diputada de Morena Guillermina Magaly Deandar Robinson dolosamente negó haber solicitado pagos del Congreso a Mario Guitián Rosas, señalado como lugarteniente del Cártel del Golfo y operador de su maquinaria de extorsión en Reynosa, y aseguró que únicamente había utilizado un taller llamado Treviño.

Sin embargo, documentación oficial vasta y sobrada,entregada mediante una respuesta de transparencia del Congreso, aparece LLANTIRES LLC MÉXICO, propiedad del capo por “MANTENIMIENTO TRANSPORTE”.

La publicación identifica el oficio de transparencia como LEG66/UT/314/2026, fechado el 3 de septiembre. El paso exigible es exhibir el expediente completo, no mandar la controversia al taller de hojalatería del discurso.

La misma documentación del Registro Público de Comercio identifica a Mario Guitián Rosas como accionista de Llantires al constituirse la sociedad en 2019: 70 acciones, por 70,000 pesos, de un capital mínimo de 100,000. 

La unidad no es una póliza contra preguntas

A la dirigencia habría que decírselo sin incienso: aun suponiendo que un correligionario hubiera filtrado la información, hacerlo no equivale a insultar a un compañero. Y exhibir a una diputada «humanista» en una clara componendacon el Cártel del Golfo no constituye, por sí mismo, guerra sucia.

El problema del llamado a la concordia aparece cuando se pretende usarlo como respuesta a asuntos que requieren documentos. Una convocatoria puede ordenar la conducta de los aspirantes; no puede borrar sus responsabilidades públicas, menos aún cuando los señalamientos se suman a otros que también apuntan al propio gobernador.

Gómez Núñez invoca las reglas internas y los principios éticos del partido. Precisamente por eso, su discurso tendría que dejar una frontera inequívoca: respeto entre contendientes, sí; inmunidad frente al escrutinio, no.

Porque si para competir se pide disciplina, para ejercer recursos públicos, aspirar a mayores responsabilidades debe exigirse algo bastante más sustancioso: honestidad y no solo en las cuentas. 

La honestidad no es un ambientador para perfumar los expedientes de cuadros de Morena, incluso de aquellos emparentados con integrantes del Cártel del Golfo.

¿Y podría hablarse de colaboración con el terrorismo?

Aquí hay que pisar firme, no acelerar el adjetivo: Estados Unidos designó al Cártel del Golfo como organización terrorista extranjera y como terrorista global especialmente designado. Ambas designaciones entraron en vigor el 20 de febrero de 2025. Ese dato hace pertinente examinar eventuales apoyos a la organización.

La legislación estadounidense sobre apoyo material —18 U.S.C. § 2339B— sanciona proporcionar conscientemente recursos o apoyo a una organización terrorista extranjera, así como intentarlo o conspirar para hacerlo. 

«Si se acreditara que la diputada canalizó conscientemente recursos al Cártel del Golfo mediante un proveedor que actuaba por cuenta de esa organización, el caso podría trascender una irregularidad administrativa y plantear una posible provisión de apoyo material a una organización terrorista extranjera bajo la legislación estadounidense» .

Esto exige probar el destino o la función de los recursos, el conocimiento de la funcionaria, que lo presume al negarlo y la jurisdicción aplicable.

«La Ley Antiterrorista también incorporó al Código de Estados Unidos la disposición 18 U.S.C. § 2339B, que prohíbe, dentro del territorio estadounidense o, en cualquier lugar, a toda persona sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos, proporcionar a sabiendas apoyo material a una organización terrorista extranjera designada como tal por el secretario de Estado. Véase la Ley Pública 104-132, § 303, 110 Stat. 1214, 1250.»

The Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996 gave the Secretary of State authority to designate foreign terrorist organizations whose terrorist activity threatens the security of United States nationals or the national defense, foreign relations or economic interests of the United States. See Pub. L. 104-132, § 302, 110 Stat. 1214, 1248. See also section 219 of the Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. §  1189). The Antiterrorism Act also created 18 U.S.C. § 2339B, which makes it unlawful, within the United States, or for any person who is subject to the jurisdiction of the United States anywhere, to knowingly provide material support to a foreign terrorist organization that has been designated by the Secretary of State. See Pub. L. 104-132, § 303, 110 Stat. 1214, 1250.

Ese es el punto que la retórica partidista no debería tragarse: ni una acusación sustituye una investigación ni un llamado a la unidad sustituye una explicación. 

Que dejen de pelear por las candidaturas, si quieren. Pero que no confundan dejar de aventarse lodo con dejar de revisar las facturas y las ligas con el Cartel del Golfo del gobernador para abajo.

Con información: Justice.gov/ State.gov / Hoytamaulipas/