En Sinaloa, el Gobierno ya encontró qué presumir: no que la gente viva segura, sino que una proporción menor diga sentirse insegura. La gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, atribuyó a la estrategia de seguridad la reducción de ese indicador en Culiacán. El detalle que le arruina el festejo es que el 81.6 por ciento de la población todavía considera inseguro vivir en la capital. Más de ocho de cada diez. Vaya tranquilidad para sacar pecho.
La disminución existe en las cifras frías: la percepción de inseguridad pasó de 90.8 por ciento en junio a 81.6 por ciento en septiembre de 2026. Lo engañoso no es reconocerla, sino venderla como demostración de que la estrategia funciona.
Una encuesta sobre cómo se siente la población no acredita, por sí sola, que hayan disminuido los delitos ni demuestra qué produjo el cambio. La mandataria puso la conclusión donde todavía hacía falta la prueba: “Yo creo que eso es resultado entonces de esta estrategia”. Creerlo desde el templete no lo convierte en evidencia
Y mientras en Culiacán el Gobierno presume el vaso un poco menos lleno de miedo, en Mazatlán se le desborda: la percepción de inseguridad subió de 78.4 a 85.8 por ciento. El puerto quedó como la tercera ciudad del país con mayor proporción de habitantes que se sienten inseguros.
Para ese resultado también hubo explicación de catálogo: una estrategia “muy, muy focalizada”. Si mejora, es mérito de la estrategia; si empeora, hay que esperar a que la estrategia haga efecto. Así cualquiera gobierna el discurso.
Fuera del micrófono, los titulares de Noroeste cuentan otra historia: dos hombres asesinados dentro de un negocio de sushi en Villa Bonita, Culiacán; un artefacto explosivo lanzado al interior de una vivienda en Terranova, Mazatlán; y un adolescente de 16 años asesinado a balazos en una casa de la colonia Presas del Valle, también en el puerto. Un restaurante, una vivienda, un menor de edad: escenarios y víctimas que no caben en la postal oficial de la tranquilidad recuperada.
El balance de Noroeste titulado “Los saldos de la Ola”, con corte del 9 de septiembre de 2024 al 22 de octubre de 2026, dimensiona el desastre en tres renglones: 4,089 homicidios dolosos, 4,525 personas privadas de la libertad y 12,772 vehículos robados.
Son cifras acumuladas de ese periodo, no un termómetro exclusivo del último trimestre ni un saldo atribuible íntegramente a la actual gobernadora. Pero sí son el contexto que cualquier discurso triunfalista tendría que enfrentar, no esconder detrás de una mejoría en una encuesta.
El mismo recuento registra 4,039 personas detenidas y 214 abatidas. Las detenciones forman parte del balance operativo; no son, por sí mismas, un certificado de paz. La gobernadora presume capturas y decomisos como acciones para recuperar la tranquilidad.
La pregunta incómoda sigue intacta: ¿qué resultados verificables están dando para proteger a quienes todavía viven entre el miedo y los ataques?
No se trata de negar una mejoría estadística intermitente. Se trata de impedir que la conviertan en coartada. Porque bajar del 90.8 al 81.6 por ciento de percepción de inseguridad merece registrarse, no coronarse como victoria. Y porque una estrategia no se acredita a fuerza de llamarla “focalizada”, mientras los titulares siguen contando muertos. A la retórica oficial la atropella una realidad que no pide permiso para desmentir el festejo.
Con información: NOROESTE/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: