En la historia política mexicana, la épica del movimiento opositor al régimen del PRI suele recaer en Cuauhtémoc Cárdenas y la generación que le acompañó en 1988 desde el PRD, el primer partido de izquierda en el país. Su aporte a la democracia es indiscutible. El de Cárdenas fue un movimiento que nació dentro del propio sistema priista y germinó hasta escindirse. Sin embargo, hubo un político quijotesco que venció al PRI embistiéndolo desde fuera: Ernesto Ruffo Appel (79 años), militante del conservador PAN, partido que también nació como opositor al régimen (en 1939), pero desde la derecha.
Ruffo, un empresario metido a político, ganó en 1989 la elección de gobernador de Baja California y se convirtió en el primer mandatario en arrebatar al PRI un Estado por la vía electoral, en un momento de una plena hegemonía que pintaba a todo el país de verde. Más de tres décadas después, en un vuelco estrepitoso de la historia, ese atrevido jinete ha sido detenido por la Fiscalía bajo acusaciones de crimen organizado y contrabando de combustible.
Muchos años y eventos pasaron desde aquel 1989: el alzamiento del EZLN, el asesinato de Colosio, el error de diciembre, el ascenso del PRD en Ciudad de México, la llegada del PAN a la presidencia de la República y, en última instancia, la debacle irremediable del PRI. Al concluir su gubernatura, en 1995, Ruffo regresó a sus actividades empresariales, hasta que Vicente Fox, el primer presidente de oposición, panista como él, lo designó comisionado en la frontera con Estados Unidos.
De unos modales tranquilos que lo ubicaban en el PAN más tradicional, en el sentido de no actuar con estridencias, luego se convertiría en senador (dos veces) y diputado federal. Fue vicecoordinador de su grupo parlamentario y, en 2017, aspirante presidencial. Militante del PAN desde que contaba 22 años, fue consejero nacional y miembro de su dirigencia.
Al concluir su último encargo en la legislatura, en 2021, Ruffo retomó su cartera empresarial, donde tuvo una trayectoria que lo ha colocado ahora contra las cuerdas. La Fiscalía General de la República (FGR) ha informado de que la captura del exgobernador en la ciudad de Ensenada se desprende de “una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible” efectuadas, presuntamente, por una compañía “fundada” por Ruffo.
Todo indica que la indagatoria del ministerio público se relaciona con la empresa Ingemar, S.A. de C.V., que en julio de 2025 estuvo envuelta en un escándalo de huachicol fiscal, que es como se le conoce en México al contrabando de combustible. La mecánica consiste en falsear en las aduanas la documentación para declarar menos producto o disfrazarlo de otras sustancias, con el fin de evitar el pago de los impuestos correspondientes.
El huachicol fiscal representa una pérdida milmillonaria para el erario mexicano y el ilícito involucra a empresas tanto de México como Estados Unidos, a agentes aduanales corruptos y a militares o marinos, como se desprende de casos ya destapados.
La investigación contra Ingemar se inició con el decomiso de 15,4 millones de litros de gasolina y diésel almacenados en 129 carrotanques de ferrocarril. El aseguramiento se realizó en el Estado fronterizo de Coahuila, tras haber cruzado la aduana al lado mexicano. En realidad, Ruffo no “fundó” Ingemar. Constituida en 2018 en Ciudad de México, el exgobernador se integró a ella como accionista y secretario del consejo de administración tres años después. Otro de sus socios, Ricardo Thompson Navarro, también ha sido detenido.
La firma de Ruffo obtuvo permisos del Gobierno federal para desempeñarse como importadora de hidrocarburos, es decir, como intermediaria de un vendedor (usualmente en Estados Unidos) y un comercializador (en México). Las investigaciones en torno a aquel megadecomiso de huachicol revelaron la participación de otros actores comerciales en la trama.
La compañía texana Belar Fuels Company LLC había exportado el combustible desde EE UU e Ingemar lo introdujo a México para entregarlo a Crimson Hidrocarburos y Derivados, S.A. de C.V., empresa que también tenía permisos vigentes de comercialización de petrolíferos. Las autoridades señalaron que los presuntos traficantes habían disfrazado cargamentos de gasolina y diésel como desperdicio de combustible o aceite quemado.
Desde ese momento, Ruffo declaró a diversos medios que se ponía a disposición de las autoridades, pero negaba cualquier responsabilidad de su empresa en el delito de contrabando de combustible. El exgobernador precisaba que los ferrotanques no pertenecían a Ingemar y que solo una porción del producto que transportaban correspondía a una operación de su empresa, no los más 15 millones de litros asegurados. También explicó que Ingemar solo gestionaba papeleo en la aduana, consignando el producto y cantidades que el exportador y el importador le indicaban en los pedidos de compra. Ruffo dijo que la labor de corroborar la veracidad de esos documentos con el producto transportado era enteramente de los funcionarios aduanales. “De hecho, nosotros ni vemos el combustible; vemos papeles”, asentó.
La captura del panista se da en un momento muy convulso de la política en Baja California. La actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila, de Morena, el partido oficialista, está en el centro de la polémica tras revelarse conversaciones interceptadas en las que se la oye hablar con supuestos representantes del Gobierno de Estados Unidos.
Mientras ella defiende que se trató de contactos para gestionar la recuperación de su visado ―que Washington le canceló el año pasado―, la gravedad de las cosas está en que Ávila ha ofrecido a sus interlocutores dar información en materia de seguridad a la que ha tenido acceso en su carácter de mandataria estatal. El Ejecutivo de Claudia Sheinbaum ha salido en defensa de Ávila, mientras la oposición demanda que sea indagada por traición a la patria.
Tras la captura de Ruffo, el PAN ha exigido al oficialismo apegarse al debido proceso y al respeto a la presunción de inocencia. En medio de la coyuntura de Baja California, la formación opositora ha señalado que la justicia se debe aplicar de forma igualitaria para los acusados de todos los colores, incluidos los del oficialismo, caso de Ávila y de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa señalado de supuestos nexos con el narco.
“La coincidencia de estos hechos hace indispensable que las autoridades actúen con absoluta transparencia y demuestren que la procuración de justicia no responde a intereses políticos ni a tratamientos diferenciados.
La confianza en las instituciones solo puede construirse cuando la ley se aplica de manera imparcial, sin importar nombres, partidos o cargos públicos”, ha pedido el PAN, en defensa del exgobernador con el que el partido hizo historia.
Fuente: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ZEDRIK RAZIEL/
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