El Secretario de Obras Publicas de Tamaulipas,Pedro Cepeda Anaya,casualmente y solo casualmente primo del gobernador de Morena,Americo Villarreal Anaya,finalmente salio al paso del escandalo,lo hizo visiblemente nervioso y leyendo un comunicado que por lo difícil de creer y entender, pues no se pudo aprender.
Pero nos pusimos a analizar “palmo a palmo” toda la verborrea oficial, para compartirles que eso que les compartio el primo del gobernador nepotista ,una vez “cribado”, resulta ser mas choro que sustancia.
Confrontamos frase por frase
1. “Información falsa. No existe prueba ni evidencia documental.”
- Sesgo y contradicción: Arranca negando todo como buen manual de crisis, sin mostrar documentos ni datos verificables, solo su palabra. Dice “no existe ninguna prueba”, aunque la prensa nacional,EL NORTE,LATINUS y MUCHOS MAS hayan exhibido la relación entre las empresas y el personaje extraditado, José Francisco Mendoza Gómez.
2. “La empresa JF Construyendo no tiene relación alguna con la persona señalada en las notas.”
- Sesgo: Pretende desvincular, pero investigaciones periodísticas han documentado que Mendoza Gómez figuró como administrador y representante legal de JF Konstruyendo desde 2019 y que dos mujeres figuran como accionistas. El secretario omite este dato y no menciona esos nombres ni el periodo concreto de administración.
3. “Megamax SADCB: en los registros oficiales no aparece el nombre de la persona señalada.”
- Inconsistencia: Sostiene que Megamax no tiene relación con el extraditado, pero datos de Latinus y prensa local muestran convenios por 30 millones de pesos (y sumando más de 70 millones entre ambas empresas). No sólo está implicado él; también involucraron a su pareja, Perla Yasmin Garza Quintanilla. Los registros oficiales pueden omitir nombres, pero no necesariamente dejan fuera a la gente detrás de las empresas fantasma o prestanombres.
4. “La Secretaría realiza los procedimientos en términos de la ley… verificado que no estén inhabilitados.”
- Típica verborrea burocrática: Mucho rollo sobre apego a la ley y plataformas digitales, pero la realidad es que el escándalo surge porque hasta 2023 corrieron contratos sin investigar realmente a fondo, solo hasta que la prensa nacional los exhibió y la FGR detuvo a Mendoza Gómez.
5. “Megamax celebró contratos hasta 2023… porque no había ninguna resolución judicial…”
- Sesgo de legalismo: Se amparan en que “no había resolución judicial”, es decir, maquillan la omisión de controles básicos de vigilancia anticriminal justificándose con un vacío legal. Suena a “como nadie nos prohibió, negociamos con quien fuera”.
6. “En 2024 y lo que va de 2025, no ha participado en ningún acto administrativo.”
- Evasivo y tardío: Lo importante es que sí participó, facturó y entregó obra hasta ser extraditado y detenido en diciembre. La reacción es reactiva, no preventiva. Hasta que explotó el escándalo, “se dieron a la tarea de investigar”. Antes confiaron ciegamente.
7. “Cumplió con todas sus obligaciones fiscales… también con todos los requisitos de licitación.”
- Distractor: Casi nunca los narcoempresarios presentan adeudos fiscales. El cumplimiento formal no garantiza que no haya lavado o colusión criminal. Que pagaran IMSS e INFONAVIT no los exime del posible lavado de dinero ni del tráfico de influencia.
8. “Compromiso con la transparencia… estamos en contra de la desinformación y la calumnia.”
- Clásico gobierno a la defensiva: En vez de abrir toda la documentación, amenazan veladamente a la prensa y victimizan a la autoridad. Nunca mencionan revisar expedientes ni investigar a fondo dónde fallaron los controles internos ni cómo evitar que vuelva a pasar.
Lo que dice la prensa nacional y los hechos incómodos
- Investigaciones de Latinus, ElNorte o Artículo 7 demuestran:
- Contratos multimillonarios a empresas vinculadas a Mendoza Gómez, extraditado por narcotráfico en agosto 2025
- Mendoza Gómez fungió como representante legal y administrador de las empresas beneficiadas.
- Hubo omisiones graves en la vigilancia de antecedentes y beneficiarios reales.
- Autoridades sólo “investigaron” después de la detención y la difusión nacional del caso.
Conclusión
El comunicado oficial es un festival de negación y legalismos que no toca el fondo real del escándalo. Responde tarde, con verborrea administrativa y cero autocrítica; no entrega pruebas, no menciona documentos, ni ofrece apertura del expediente completo a la prensa ni a la sociedad. Se dedica más a descalificar que a esclarecer. La prensa nacional, con datos oficiales y reportajes, exhibe una cadena de negligencias y colusión. El gobierno corre tras la prensa, no al revés. La transparencia que prometen es la del espejo empañado.
Con informacion: Redes/medios
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