“SEGURIDAD EXTREMA al RATON”: “OVIDIO YA NO esta BAJO CUSTODIA de NINGUNA PRISION FEDERAL pero BAJO RESGUARDO ESPECIAL”…considerado TESTIGO de ALTO VALOR”.

Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, dejó de aparecer como interno bajo custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP) el 14 de julio de 2025, según los registros oficiales. Esto ha desatado interrogantes, interpretaciones y especulaciones en diversos medios y fuentes judiciales sobre su verdadera situación penitenciaria y legal.

¿Qué significa que Ovidio “deja de estar en custodia” del BOP?

El estatus de “no estar en custodia” en los registros del BOP ( 72884-748) indican que el reo ya no se encuentra en una prisión federal convencional ni bajo la custodia ordinaria del sistema penitenciario, pero esto no implica necesariamente libertad absoluta. Esta designación suele utilizarse en casos donde un interno es transferido a:

• Custodia de otra agencia estadounidense.
• Un “programa de protección de testigos colaboradores” operado por la Oficina de Alguaciles Federales.
• Régimen de resguardo especial o lugares secretos, por motivos de seguridad o por colaboración judicial.
• Libertad condicional, arraigo domiciliario o traslado temporal por motivos judiciales.

En el caso de Ovidio Guzmán, diversas fuentes periodísticas y judiciales coinciden en que, tras haberse declarado culpable de múltiples cargos federales y llegar a un acuerdo de colaboración judicial el 11 de julio de 2025, fue retirado de la lista pública del BOP como parte de su transferencia a resguardo especial para testigos colaboradores. Esto busca tanto garantizar su seguridad como maximizar su cooperación con el Departamento de Justicia de EU en investigaciones estratégicas.

Claves del acuerdo de colaboración judicial

El acuerdo firmado por Ovidio con la Fiscalía de EU incluye compromisos inéditos para un líder del Cártel de Sinaloa. Entre los principales puntos destacan.

• Aceptación de responsabilidad penal por liderar una empresa criminal y diversos cargos de narcotráfico.
• Renuncia a apelar cualquier condena, sin importar su severidad.
• Confiscación de bienes por un monto equivalente a 80 millones de dólares.
• Colaboración plena como testigo en procesos civiles y penales, proporcionando testimonios, documentos y pruebas sobre operaciones criminales.
• Reconocimiento expreso de haber ordenado homicidios y actos violentos, y de su liderazgo en “Los Chapitos”.
• Obligatoriedad de colaborar en investigaciones abiertas y futuras, tanto en Chicago como en otros distritos.
• Renuncia a cualquier beneficio migratorio, legal o diplomático debido a su nacionalidad mexicana.
• Garantía de que la pena de muerte no será solicitada, pero la cadena perpetua sí es posible.

El acuerdo determina que la sentencia mínima posible, dependiendo del nivel y utilidad de su cooperación, es de 20 años de prisión, aunque los fiscales podrían recomendar penas menores a cadena perpetua si su colaboración es considerada “sustancial”. La decisión final queda en manos de la jueza federal Sharon Johnson Coleman y la audiencia de sentencia permanece pendiente, dependiente del curso de las investigaciones y aportaciones de Ovidio.

Implicaciones y significado político/judicial

• Este es el primer caso donde un miembro directo de la familia Guzmán se declara culpable y asume el rol de testigo colaborador ante la justicia estadounidense.
• El retiro del registro público del BOP refuerza la hipótesis de un pacto de colaboración de alto nivel, con posibles repercusiones para la estructura del Cártel de Sinaloa y otros grupos criminales.
• Es previsible que la información y testimonios provistos por Ovidio sean usados en procesos judiciales futuros contra otros líderes y operadores criminales,asi como gobernadores,politicos,policias y militares de alto rango en Mexico.

Consideraciones finales:

• Ovidio no está “libre” en el sentido jurídico pleno, sino bajo un régimen especial de resguardo federal en espera de sentencia final, mientras colabora efectivamente con la justicia estadounidense.
• El retiro de los registros públicos del BOP debe interpretarse como parte de un mecanismo operativo y de seguridad para testigos de alto valor.
• El proceso judicial sigue abierto, la sentencia final dependerá de la calidad de la cooperación y se revisará en 2026.

Esta situación abre múltiples aristas de investigación: consecuencias sobre el Cártel de Sinaloa, impacto en casos pendientes en México, y la estrategia bilateral frente al narcotráfico y crimen organizado.

Con informacion: NOROESTE/ MEDIOS/