LA “LEY VALE poco MAS que POCO”: “DANZA de CIFRAS de VIOLACIONES COMETIDAS por MILITARES dejan VER que NO SABEN TRANSITAR por CAMINO de LEGALIDAD para COMBATIR el DELITO SIN COMETER MAS DELITOS”…tortura, ejecuciones, desapariciones, allanamientos y detenciones ilegales

Lo que revelan las cifras de militares involucrados en violaciones a derechos humanos

El reporte citado por EL ECONOMISTA de más de 300 militares señalados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por delitos graves—tortura, ejecuciones, desapariciones, allanamientos y detenciones ilegales—tiene capas de significado que, al analizarlas severa e irreverentemente, dejan poco margen para la ambigüedad institucional.

Impunidad militar: una constante y no una excepción

• Sentenciados vs señalados: De los 318 militares involucrados en las recomendaciones de la CNDH, solo 23 han sido sentenciados en más de una década, mientras que otros 16 están prófugos y 16 fueron absueltos. La gran mayoría ni siquiera ha enfrentado juicio definitivo, lo que da rostro concreto a la impunidad castrense.
• Órdenes judiciales ignoradas: Los números reflejan que a pesar de existir recomendaciones nacionales e internacionales para que los militares respondan ante la justicia civil, el fuero militar —con sus propias reglas y silencios— sigue siendo campo fértil para la evasión de sanciones efectivas.
• Élite intocable: Ningún general ha sido condenado, incluso en casos de violencia sexual documentada dentro de las Fuerzas Armadas. Los procesos suelen ser archivados, ralentizados o simplemente ignorados.

¿Militares afectivos o efectivos?

• Poca eficacia, muchos excesos: El despliegue militar no ha significado una disminución comprobada de la violencia ni el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Las cifras no muestran menores tasas de homicidio ni menos crimen, sino mayores reportes de abusos y delitos cometidos por quienes deberían ser garantes de legalidad.
• Estrategia fallida: El involucramiento masivo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, lejos de resolver la crisis, parece indicar incapacidad para combatir el crimen respetando la ley, y a menudo se traduce en la comisión de más crímenes por parte del propio Estado.

Reflexión entre líneas: sin justificaciones ni rodeos

• Descomposición institucional: Los datos sugieren un cuerpo militar con profundas resistencias al escrutinio judicial, donde la disciplina es más mito que praxis cuando se juzga a sus propios miembros.
• Letra muerta en derechos humanos: La narrativa oficial sobre el respeto a los derechos humanos se cae ante la obstinada realidad de expedientes cerrados, archivos polvosos y familias de víctimas sin justicia efectiva.
• Porcentaje ínfimo, daño enorme: Apenas 3% de los casos de violaciones graves llegan a una sentencia condenatoria. Eso no es solo ineficacia judicial: es un mensaje claro de que la ley vale poco si llevas uniforme.

Violencia, poder y discursos oficiales

Las cifras y las historias detrás de ellas dibujan el perfil de un Estado que, al elegir la militarización, ha renunciado en los hechos a transitar por los caminos de la ley y la transparencia. Los soldados —que deberían proteger— son en demasiadas ocasiones señalados como perpetradores, y rara vez como responsables ante los tribunales.

Esto, leído entre líneas, indica:

• Impunidad sistémica, no incidental.
• Protección corporativa antes que rendición de cuentas.
• Estrategias de seguridad que privilegian la fuerza sobre la legalidad.

El mensaje subyacente es severo y sin disimulo: los efectivos no son ni afectivos, ni efectivos. Son, en la práctica, un emblema de cómo el Estado prefiere tapar el sol con un dedo antes que afrontar y corregir el fondo de su crisis de legalidad y derechos, pero se entiende, en ninguna dictadura o régimen autoritario se les confronta,se les suma.

Con información: ELECONOMISTA/