La narrativa oficial que construye el gobernador Rubén Rocha Moya, y que busca respaldar con la presencia recurrente del Gabinete de Seguridad federal en Sinaloa, desnuda más su debilidad que su eficacia. Lejos de ser “mágico”, el gabinete federal parece un dispositivo de control de daños ante la evidencia incontrastable del fracaso en el combate al crimen organizado.
Reconocimiento tácito del fracaso
Rocha Moya no oculta la magnitud de la crisis: en seis meses, los homicidios se dispararon un 266% respecto al año anterior, de 244 a 893 asesinatos, según cifras del SESNSP. Su declaración de “no estar satisfecho” es apenas un eufemismo, casi una confesión tácita de que la administración estatal y federal han sido rebasadas por el poder de fuego y la capacidad corruptora del narco.
Lejos de dar soluciones o asumir responsabilidad política, el mandatario recurre a la rutina del señalamiento: se limita a reconocer el “problema latente” y pone su expectativa en más patrullas, en renovaciones de tropa, en visitas de altos funcionarios federales. Esto no es una estrategia: es una huida hacia delante, un reconocimiento de que la gobernabilidad está condicionada—y limitada—por actores ilegales que se disputan el control territorial.
Currículum manchado y contexto político
El gobernador Rocha Moya no llega a esta coyuntura sin pasado: carga con señalamientos previos de permisividad y cercanía con cacicazgos regionales; su paso por sectores educativos y por el Senado, donde fue tibio en la discusión sobre militarización, le preceden. En Sinaloa, el peso del narco es histórico y estructural, difícilmente ajeno a la elite política local. Esta es, por tanto, una crisis que trasciende su administración, pero que en sus manos se ha agudizado, como lo muestran las cifras y los señalamientos en su contra que mas temprano que tarde lo llevaran a la carcel,asi sea del otro lado del Río o la valla.
El gabinete federal como espectáculo
El “refuerzo” del Gabinete de Seguridad federal parece más una puesta en escena que una solución de fondo. La presentación de Omar Garcia Harfuch detenciones y su narrativa de éxitos policiacos, no se traduce en reducción real y sostenida de la violencia. El propio gobernador admite que ni los operativos coordinados, ni la llegada de más vehículos blindados, han dado resultados palpables: el repunte de homicidios y robos persiste.
Impotencia institucional y narrativa de escudo
El discurso oficial abandona la autocrítica real y apela al arropamiento del Poder Federal como un escudo de legitimidad. Se presume que la “merma” de células criminales debilita al Cártel de Sinaloa, pero los números de asesinatos subrayan lo contrario: la fractura de liderazgos solo intensifica las disputas y, en consecuencia, la violencia.
El verdadero mensaje entre líneas es preocupante: el Estado no tiene el control total; el gabinete acude como bombero tardío, mientras el incendio se extiende.
En conclusión:
No, el gabinete no es mágico; ni su sola presencia ni la reiteración de cifras de “éxitos” pueden revertir la brutal realidad de Sinaloa, donde la violencia se ha desbordado y el gobernador sólo puede ensayar explicaciones plagadas de resignación. La confesión de insatisfacción ante los números es la admisión de que están perdiendo la guerra —una guerra que no admiten que podría ser, en parte, consecuencia de su propia inacción, connivencia histórica o incapacidad estructural.
Con informacion: NOROESTE/
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