La violencia electoral avanza sin freno en México. Noé Ramos Ferretiz, candidato a la presidencia municipal de Ciudad Mante (Tamaulipas), realizaba un recorrido de campaña el pasado viernes, cuando fue interceptado y apuñalado varias veces.
El político del Partido Acción Nacional (PAN) murió en medio del acto proselitista en la colonia Azucarera, ante la conmoción de sus simpatizantes e imágenes sobrecogedoras de carteles de propaganda manchados de sangre.
El principal sospechoso huyó sin dejar rastro, a plena luz del día. Sería detenido un par de días más tarde.
Horas después del crimen en Mante fue hallado el cuerpo de Alberto Antonio García, aspirante de Morena a la alcaldía de San José Independencia (Oaxaca). Su esposa, la edil de la localidad de menos de 5.000 habitantes, fue liberada viva tras estar secuestrada durante dos días. Los homicidios de Ramos Ferretiz y de García han sido los dos últimos casos registrados durante el proceso electoral, en el que ya se contabilizan 30 aspirantes asesinados, de acuerdo con datos del think tank Laboratorio Electoral.
En 2021, al menos 30 contendientes fueron asesinados, según datos de la consultora. En el proceso de 2018, hubo 24. A falta de más de 40 días antes de la cita con las urnas del próximo 2 de junio, estas votaciones están cerca de convertirse en las más violentas de los últimos años. “El fenómeno de la violencia electoral ha ido creciendo en el país y cada vez se extiende más, no es sólo una cuestión de cifras, sino también de expansión territorial: hay más focos rojos, más puntos con mayor incidencia de la violencia, más ataques”, afirma Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral.
“No creo que haya que esperar a que se supere el número de víctimas mortales, este proceso electoral ha sido más violento cuando se miran otras aristas, como los atentados y las amenazas”, agrega Daniela Arias, la coordinadora de la organización.
EL PAÍS ha desgranado los hallazgos de la consultora en los últimos 10 meses para entender la espiral de violencia que envuelve esta contienda y que ha dejado un saldo de más de 170 agresiones, entre ellas 29 atentados, 11 secuestros, 77 amenazas y por lo menos, otros 27 asesinatos de actores relacionados con las elecciones, entre familiares de funcionarios, militantes, dirigentes y políticos que no buscaban un cargo en estos comicios, según el último corte actualizado hasta el 19 de abril.
La inseguridad se extiende más rápido de lo que registran las estadísticas. Apenas este martes, un grupo armado trató de asesinar a Arturo Lara, candidato a alcalde de Movimiento Ciudadano en Amanalco, Estado de México. El PRI también anunció que su aspirante a presidente municipal en Zacapu (Michoacán), Lorenzo Martínez, se bajó de la contienda por amenazas.
La violencia letal contra personas que buscaban cargos de elección popular ha alcanzado 13 de los 32 Estados del país y se concentra en el centro y sur del territorio. “Los focos rojos están en Michoacán, Guerrero y Chiapas”, señala Espinosa Silis. Siete de los 30 asesinatos de aspirantes han sucedido en territorio guerrerense. Cuatro más se registraron en Michoacán y otros tres en Chiapas. Oaxaca, El Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Veracruz han tenido dos casos. Ciudad de México, Colima, Morelos y Tamaulipas, uno.
Se habla de aspirantes porque en la mayoría de los casos ni siquiera se había oficializado su registro como candidatos y porque las campañas políticas locales no habían arrancado en muchas entidades. Arias explica que la precampaña y la intercampaña ―la pausa antes de que comience la recta final de la contienda― suelen ser periodos en los que se agudiza la violencia política. La lógica es que grupos del crimen organizado buscan ejercer un control político en los territorios que dominan. Son las organizaciones criminales quienes autorizan quién puede competir y gobernar, en un esfuerzo por mover los hilos de las autoridades locales. “Es una forma de presionar y condicionar las decisiones de los partidos políticos”, comenta.
Manuel Pérez Aguirre, uno de los autores del informe Urnas y Tumbas publicado por el Colegio de México (Colmex), coincide en que los periodos de definición de las candidaturas suelen ser los más violentos. “Hay una temporalidad muy marcada, febrero y marzo suelen ser meses muy violentos, porque es cuando se define quiénes serán los candidatos”, señala. Los investigadores del Colmex partieron de la hipótesis de la injerencia del narco para analizar la violencia en las elecciones de 2021 y, aunque se corroboró en parte, se dieron cuenta también de que el crimen organizado no es el único actor relevante detrás de los asesinatos. También están implicados los propios políticos, que buscan llegar a las candidaturas y a los cargos “a balazos”.
Pero cuando los grupos criminales logran infiltrar los Gobiernos locales y buscan mantener ese control en varios procesos electorales, el análisis cae en un área gris y las líneas que dividen al Estado del crimen organizado se vuelven borrosas y difusas. “En muchos casos, no se podía establecer como tal una separación entre el alcalde que probablemente fue el perpretador y el grupo criminal”, explica Pérez Aguirre.
Los homicidios no son los únicos actos de intimidación. Michoacán es el Estado donde se registran más amenazas, donde 34 aspirantes se han bajado de la contienda tras ser amedrentados por la delincuencia. Ese fenómeno ha afectado a 7 de los 11 partidos con registro en esa entidad. “No tienes permiso, esas son las palabras que ellos utilizan”, contaba a este diario Antonio Plaza, líder de Michoacán Primero, una formación local que compite por primera vez en esta elección. Morelos es el segundo con más candidatos bajo amenaza con 14, seguido de Chiapas con 13. Arias señala que, a pesar de que las propias fuerzas políticas son las que informan de que han sido intimidadas, estos actos muchas veces no se traducen en denuncias formales, lo que impide que las autoridades actúen e investiguen los hechos. En muchos casos, las amenazas no se hacen públicas y los propios políticos se limitan y bajan el perfil por miedo.
Chiapas y Guerrero también son las entidades donde más contendientes han sido secuestrados, con tres casos. Guanajuato y Sinaloa, territorios azotados por la violencia en los últimos años, también han registrado al menos un secuestro, al igual que Oaxaca, Puebla e Hidalgo. La recopilación de Laboratorio Electoral también da cuenta de atentados en Guerrero (6), Morelos (5), Ciudad de México (4) y en otros ocho Estados, desde Tamaulipas y Nuevo León hasta el tradicionalmente tranquilo Campeche. Las víctimas son abrumadoramente del contexto local: aspirantes a presidencias municipales y diputaciones estatales. “Lo que estamos viendo es que hay zonas del país donde hay una total ausencia del Estado, ni las fuerzas de seguridad ni los Gobiernos locales pueden actuar”, asegura Espinosa Silis. “No hay forma de meterle una gran cantidad de recursos a todas y cada una de las policías de los 2.500 municipios”, agrega Pérez Aguirre, que también ve en el orden municipal el eslabón más débil del Estado mexicano.
La violencia ha alcanzado a todos los partidos políticos con registro nacional. Morena es el partido con la mayor cantidad de aspirantes asesinados, con diez. El homicidio de Gisela Gaytán, candidata a alcaldesa de Celaya por el partido de Andrés Manuel López Obrador, llegó hasta la conferencia mañanera del presidente y obligó al Gobierno a reconocer al menos 15 homicidios en este proceso electoral. “Es gente que está luchando para hacer valer la democracia, que está en la calle dando la cara, luchando por otros y duele mucho que esto suceda en nuestro país”, dijo el mandatario a principios de abril.
Los posicionamientos de los partidos frente a la violencia electoral están atravesados por las campañas. En un extremo, la coalición gobernante ha sido reticente a las críticas de la oposición, en un intento por que la estrategia de seguridad de la actual Administración no sea cuestionada. En el otro, los opositores han tratado de llevar la inseguridad a la boleta electoral para capitalizar el descontento. El caso de Gaytán rompió ese esquema al suceder en Guanajuato, el Estado más volcado a la oposición y el único que votó mayoritariamente por Ricardo Anaya en 2018. “Fue la primera vez que Morena tomó el tema y le preocupó, incluso lo tomó el presidente”, comenta Espinosa Silis.
El PAN es el segundo más afectado por homicidios a sus candidatos, pero el que recibe más agresiones de otros tipos. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano destacan por el número de ataques, pese a que son formaciones relativamente más pequeñas. Todos las fuerzas políticas con registro nacional han tenido al menos una víctima mortal en este proceso.
De los 30 aspirantes asesinados, 27 eran hombres y sólo tres, mujeres. Sin embargo, el impacto contra las mujeres se multiplica cuando se consideran otro tipo de agresiones y son casi una tercera parte de las víctimas. Además, entre junio y febrero más de 50 personas han sido sancionadas por violencia política de género.
Pese a que el fenómeno de la violencia política no es nuevo, su estudio sí. Eso ha provocado que existan muchas diferencias entre los números y los criterios presentados por cada consultora. “Las autoridades no tienen cifras oficiales”, señala Espinosa Silis. Para muestra, Etellekt contabilizó en 2021 36 asesinatos de aspirantes, mismo número que Integralia, aunque con diferencias en donde sucedieron y contra quienes. Urnas y tumbas consignó 32 casos directamente relacionados con las aspiraciones políticas, dos más que Laboratorio Electoral.
“México tiene una larga historia de violencia electoral, incluso desde su formación como Estado”, afirma Pérez Aguirre, que recuerda que uno puede remontarse a magnicidios como el de Luis Donaldo Colosio o, incluso, Álvaro Obregón. La dinámica actual, sin embargo, es diferente: en buena parte como un subproducto de la guerra contra el narco. Las líneas entre la violencia electoral y la violencia criminal también se han vuelto difusas y los ataques se han normalizado en contextos atravesados por otros tipos de violencia. “Es algo mucho más sistemático, mucho más ‘normal’, mucho más común y que se da en los ámbitos locales”, agrega.
El ciclo de violencia empieza y acaba en la impunidad. En 2021, no hubo detenidos en más de la mitad de los casos analizados en Urnas y Tumbas, y el porcentaje de casos que culminó en una sentencia fue mínimo. “Las detenciones para aparentar eficacia fueron comunes, sin que esto diera pie al esclarecimiento verdadero de los homicidios”, se lee en el informe. Los casos de este proceso han sembrado dudas sobre la viabilidad de las elecciones y la “gobernanza criminal” en algunas regiones, dicen los especialistas. En Maravatío (Michoacán) fueron asesinados en febrero los candidatos a la presidencia municipal de Morena y el PAN, Miguel Ángel Zavala y Armando Pérez Luna, con apenas horas de diferencia. Meses antes, también fue ultimado Dagoberto García, dirigente local del partido guinda y otro perfil con posibilidades de ganar la candidatura. En Acapulco y en Chilapa (Guerrero) también ha habido múltiples asesinatos de contendientes.
La consideración de otras víctimas más allá de los aspirantes arroja luz sobre las dinámicas de intimidación y disuasión. Desde junio pasado, cuando se inauguró el juego de la sucesión en Morena y hubo un arranque informal de la contienda, 10 familiares de políticos han sido asesinados. Este año, los homicidios en Fresnillo (Zacatecas) contra Juan Pérez Guardado, cuñado del senador Ricardo Monreal, y Jorge Antonio Monreal, sobrino del legislador y del gobernador del Estado, pusieron bajo la lupa las agresiones que afectan al entorno de los políticos. La lista de víctimas incluye sobrinos, hermanos, esposas y familiares políticos, entre otros. La semana pasada fue asesinado José Margay Coutiño, regidor de Villa de Corzo, en Chiapas.
Abrir el foco también pone de manifiesto el doble efecto de una “democracia condicionada y limitada por la violencia”, comenta Espinosa Silis. Data Cívica, México Evalúa y Animal Político estimaron que cada asesinato político impacta en más de un 1% la participación de la ciudadanía, por el miedo a salir a votar. También afecta a quienes compiten: muchas veces los partidos no llenan esas vacantes y sus opciones se limitan a quienes se atreven o “tienen permitido” postularse.
En Jilotlán de las Flores (Jalisco), sólo un candidato llegó al final de la campaña de 2021 por las intimidaciones del crimen organizado y el Tribunal Electoral local anuló los comicios, recordó la semana pasada una investigación de N+. Ese mismo año, se anularon las votaciones en cuatro municipios de Michoacán por la injerencia de la delincuencia, en un reconocimiento inédito de las autoridades electorales. En estas elecciones, el impacto de la violencia ha sido cada vez más visible y un recordatorio permanente de que hacer política implica también vivir y sobrevivir en amplias regiones del país.
fuente.-Elias Camhaji/Diario Español/
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