Casi dos decenas de marines mexicanos de élite recibieron entrenamiento de Estados Unidos antes —y en algunos casos después— de ser acusados de secuestrar a civiles a los que nunca se volvió a ver, según documentos y personas familiarizadas con el caso.
Este vínculo, que VICE World News reporta por primera vez, plantea nuevas interrogantes sobre la supervisión estadounidense de los cientos de millones de dólares que invierte para ayudar a las fuerzas de seguridad mexicanas a combatir la guerra contra las drogas.
Entre las víctimas de los secuestros que aterrorizaron a la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo se encontraba un joven de 14 años secuestrado en una tienda de abarrotes, un hombre esperando una grúa después de un accidente automovilístico que desapareció antes de que llegara el vehículo, y otro hombre que fue sacado a rastras de su hogar en medio de la noche.
Finalmente, en abril —tres años después de la serie de desapariciones—, las autoridades mexicanas arrestaron a 30 marines de la unidad élite de las fuerzas especiales de la armada en relación con los secuestros.
La armada ha estado en la primera línea de la guerra contra las drogas en México y Estados Unidos ha invertido mucho para convertirla en una fuerza letal contra los cárteles fuertemente armados del país. El rendimiento ha sido considerable: los marines han encabezado algunos de los mayores decomisos de drogas en México y han capturado dos veces al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, entre otros fugitivos de alto perfil.
Pero ahora, algunos de los soldados mexicanos en los que Estados Unidos confía están acusados de cometer atrocidades. Al menos 22 de los 30 marines que se encuentran actualmente en una prisión mexicana acusados de desaparecer a cuatro de los civiles desaparecidos en Nuevo Laredo recibieron entrenamiento de Estados Unidos.
Asimismo, otros marines podrían ser arrestados. La Fiscalía General de México ha abierto un total de 34 investigaciones sobre el secuestro y desaparición forzada de 47 personas durante el despliegue de seis meses de la unidad en Nuevo Laredo a principios de 2018. Se han encontrado los restos de 19 víctimas, la mayoría con signos de tortura. Veinticinco siguen desaparecidos y tres fueron secuestrados y posteriormente liberados o lograron escapar.
En julio, el gobierno mexicano se disculpó formalmente con las familias de las víctimas y prometió ayudarlas a obtener justicia.
“El problema no es deshacerse de algunas manzanas podridas, sino que se trata de instituciones que han cometido crímenes generalizados con impunidad”, dijo Stephanie Brewer, directora para México y Derechos de Migrantes en la Oficina de Washington para América Latina, una organización de investigación y defensa de los derechos humanos. “Estamos hablando de ejecuciones, torturas, desapariciones y detenciones arbitrarias”.
Cursos de operaciones en la selva y derechos humanos
Los 22 marines detenidos asistieron a un total de 88 “eventos de entrenamiento” financiados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y el Departamento de Estado entre 2011 y abril de 2020, según información obtenida por VICE World News. Los cursos cubrieron temas como conducción táctica, operaciones en la selva y derechos humanos.
Trece de los marines acusados participaron en 17 eventos de capacitación financiados por Estados Unidos durante y después del momento en que supuestamente secuestraron y asesinaron a civiles en Nuevo Laredo. Los funcionarios que abogan por los derechos humanos de las Naciones Unidas condenaron los secuestros en mayo de 2018 y las autoridades mexicanas comenzaron a investigar la unidad un mes después, pero las capacitaciones continuaron durante otros dos años.
Los cursos duraron desde un par de semanas hasta varios meses. En años recientes, Estados Unidos ha agregado clases sobre derechos humanos y ética policial en medio de una creciente preocupación por los abusos generalizados cometidos por las fuerzas de seguridad mexicanas.
Alrededor del 88 por ciento de los detenidos por la armada entre 2006 y 2016 informaron haber sido torturados o abusados mientras estaban bajo custodia, según un estudio del World Justice Project basado en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. La proporción del ejército es casi tan alta.
El 40 por ciento de las mujeres arrestadas por la armada reportaron haber sido violadas, junto con casi el 30 por ciento de las mujeres arrestadas por el ejército.
El fiscal general de México no ha dado a conocer los nombres de los marines que fueron arrestados en las desapariciones de Nuevo Laredo. VICE World News obtuvo los nombres de documentos gubernamentales y de personas cercanas al caso. Basándonos en esto, pudimos determinar quién recibió capacitación en Estados Unidos.
“Tenemos reportes de que el gobierno mexicano no proporcionó información oportuna sobre soldados y policías implicados en crímenes horribles y que, como resultado, brindamos capacitación a personas que no deberían haber sido elegibles”, dijo a VICE World News el senador Patrick Leahy, demócrata de Vermont. “Es inaceptable e indica la necesidad de fortalecer el proceso de investigación”.
Según una ley que lleva el nombre de Leahy, Estados Unidos no puede proporcionar fondos a las unidades de los servicios de seguridad extranjeros acusados de violaciones de derechos humanos.
Leahy y otros tres senadores demócratas pidieron recientemente al gobierno de Biden que suspenda las exportaciones de armas a unidades de la armada y la policía de México acusadas de abusos contra los derechos humanos. Los senadores destacaron su preocupación por una propuesta para la venta de rifles automáticos por un valor de 5,5 millones de dólares a la armada, “cuyas unidades están implicadas en desapariciones forzadas y torturas”.
En una declaración escrita proporcionada a VICE World News, el Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró su compromiso con la ley Leahy y afirmó que cualquier individuo o unidad implicada en una “violación grave de los derechos humanos” no puede recibir capacitación ni ningún otro tipo de asistencia financiada por Estados Unidos.
El Departamento de Defensa dijo que no selecciona las unidades extranjeras que va a entrenar y concede esa decisión al país anfitrión. El portavoz del Departamento, Christian Mitchell, dijo que la ley estadounidense requiere que “trabajemos con socios militares que sigan la Ley de Conflictos Armados, el sometimiento al control civil y el respeto de los derechos humanos”.
Si bien Estados Unidos desea profesionalizar a los soldados mexicanos a través de los entrenamientos, la estrategia solo funciona hasta cierto punto, dijo Eric Olson, miembro del Woodrow Wilson International Center for Scholars y experto en México y Centroamérica.
“Al final del día, no es una garantía”, dijo Olson. “Entrenar a soldados extranjeros en cualquier país que no pueda responsabilizar a sus fuerzas armadas por violaciones de derechos humanos es riesgoso y no deberíamos hacerlo”.
Sin embargo, Olson agregó que no hay posibilidad de que Estados Unidos corte los fondos, porque las fuerzas militares y las agencias policiacas de México se consideran clave para combatir los cárteles de la droga. “La opción que tenemos es no realizar una investigación de antecedentes o hacerla parcialmente”, dijo. “Es una solución imperfecta”.![]()
Una fuente de las autoridades de Estados Unidos familiarizada con el caso de Nuevo Laredo, quien solicitó el anonimato porque no estaba autorizada a hablar en público, dijo a VICE World News que los marines siguen siendo la fuerza de seguridad más confiable de México, a pesar de las acusaciones de abuso.
“La única unidad que realiza misiones de manera efectiva y honesta para el gobierno de Estados Unidos, incluso de forma reducida, es la SEMAR”, dijo la fuente, refiriéndose a la armada mexicana. “Estados Unidos aprueba y apoya su comportamiento seis días a la semana y quiere quejarse el séptimo”.
Estados Unidos gasta alrededor de 100 millones de dólares anuales en ayuda policiaca y militar en México, dijo Adam Isacson, director de supervisión de defensa de la Oficina de Washington para América Latina. El caso de Nuevo Laredo representa la segunda ocasión este año que las fuerzas de seguridad entrenadas por Estados Unidos en México han sido acusadas de cometer crímenes horribles.
EL GRUPO E$PECIAL:
En febrero, tres policías mexicanos entrenados en Estados Unidos se encontraban entre una decena de acusados de matar a 19 personas al sur de la frontera con el país norteamericano. Los fiscales alegan que los agentes dispararon contra dos camiones que transportaban a migrantes guatemaltecos y luego les prendieron fuego. Las víctimas fueron calcinadas hasta quedar irreconocibles. Los agentes de la policía del estado de Tamaulipas, quienes habían asistido a cursos a través del Departamento de Estado de Estados Unidos —incluido uno sobre derechos humanos— ahora se encuentran en prisión en espera de juicio.
CON PATENTE DE IMPUNIDAD:
El batallón del ejército ahora investigado por su presunta participación en la desaparición de 2014 de 43 estudiantes en el sureño estado de Guerrero también recibió fondos y capacitación de Estados Unidos antes y después del ataque, según información que el Departamento de Defensa proporcionó al Archivo de Seguridad Nacional, el cual fue compartido con VICE World News.
Grave violación de los derechos humanos
El gobierno mexicano desplegó la unidad de las fuerzas especiales de los marines en diciembre de 2017 en Tamaulipas, uno de los estados más peligrosos de México, para enfrentarse a los grupos del crimen organizado que mantienen un control generalizado en la zona. En Nuevo Laredo, una ciudad de aproximadamente medio millón de habitantes que es un importante cruce fronterizo para la mercancía transportada en camiones, el Cártel del Noreste es el grupo dominante
La fuente estadounidense familiarizada con el caso de Nuevo Laredo dijo que los marines mexicanos se están enfrentando a miembros del cártel que empuñan poderosos rifles calibre .50 capaces de derribar helicópteros. “Las esposas no entran en la discusión. No son policías; es lo que falta en la conversación”, dijo la fuente.
A medida que aumentó el número de secuestros en Nuevo Laredo en los primeros meses de 2018, las autoridades mexicanas se resistieron a abrir una investigación sobre su preciada unidad de la armada, a pesar de los reportes de testigos que describieron repetidamente que las víctimas habían sido secuestradas por hombres con atuendos militares.
Es lo que le ocurrió a Jorge Antonio Hernández Domínguez en mayo.
El joven de 18 años nacido en Texas estaba haciendo trabajos de construcción en la casa de su familia en Nuevo Laredo cuando se dirigió a una tienda alrededor de las 9 PM en compañía de otro empleado.
Un convoy de camiones los detuvo en el camino. Hombres armados con uniformes militares sacaron a los dos hombres de su automóvil y los subieron a los camiones, según un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México que analizó los secuestros. Los secuestradores amenazaron a los vecinos y les quitaron sus teléfonos celulares para que no grabaran lo que estaba pasando.
Nunca más se supo de Hernández y del trabajador.
En ese momento de 2018, la Comisión de Derechos Humanos se mostró preocupada y sus representantes ingresaron a las bases operativas de la armada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en el vecino estado de Nuevo León el 16 de mayo para buscar a los civiles desaparecidos.
De manera escalofriante, siete personas más fueron secuestradas y desaparecidas a manos de la unidad de las fuerzas especiales de los marines durante la semana siguiente, según testigos.
La unidad fue finalmente convocada a presentarse en la Ciudad de México el 1 de junio de 2018, dos días después de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunciara públicamente las desapariciones en Nuevo Laredo y criticara a las autoridades mexicanas por no investigar adecuadamente.
La Fiscalía General de México tardaría otros dos años en presentar evidencia contra miembros de la unidad de las fuerzas especiales, en el caso de un hombre de 23 años que desapareció después de que los marines supuestamente chocaran contra su automóvil. La fiscalía dijo que los marines y sus comandantes escondieron el vehículo en el que viajaba la víctima y alteraron los registros oficiales de sus actividades.
Entre los oficiales de la armada ahora bajo custodia se encuentra uno de los comandantes que supervisó la unidad de las fuerzas especiales en Nuevo Laredo durante su despliegue en 2018. Su arresto fue reportado por primera vez por Animal Político.
Según la información obtenida por VICE World News, solo uno de los marines arrestados ha sido señalado por el Departamento de Estado según la ley Leahy por sospecha de abusos contra los derechos humanos, en un hecho ocurrido en febrero de 2021, casi tres años después de su despliegue en Nuevo Laredo.
Los 30 marines que enfrentan cargos de desaparición forzada de personas en una corte federal aún no se han declarado culpables o inocentes.
En una declaración notable, la Comisión de Derechos Humanos de México recomendó en su reporte de 2020 que los comandantes de la armada ordenen al personal que ponga fin “a las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas”, en un reconocimiento tácito de que la armada había permitido que ocurrieran los abusos.
La comisión también pidió investigar a Marco Antonio Ortega Siu, el entonces comandante de la unidad de las fuerzas especiales, por posiblemente ocultar información y mentir en los reportes presentados a las autoridades investigadoras. Ortega Siu, quien jugó un papel fundamental en la recaptura de “El Chapo” Guzmán en 2016, no ha sido arrestado en relación con las desapariciones.
“El gobierno no hizo nada para proteger a sus ciudadanos. Ni el gobierno municipal, ni el gobierno estatal, ni el gobierno federal”, dijo Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, una ONG que trabaja de cerca con las familias de las víctimas. “Hasta el día de hoy, están tratando de proteger a funcionarios como Siu y la cadena de mando”.
“Es hora de que el mundo lo sepa”
El Congreso de Estados Unidos ha sonado la alarma sobre el entrenamiento brindado a los soldados y oficiales mexicanos. En julio, el Comité de Asignaciones del Congreso de la Cámara de Representantes solicitó al Departamento de Estado una evaluación detallada de su programa de capacitación al norte de México, citando la presunta participación de “agentes policiales mexicanos entrenados por Estados Unidos” en la masacre de los migrantes guatemaltecos en enero.
Pero solo un mes después, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, junto con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, honró al comandante de la misma unidad de policía estatal élite por sus contribuciones “excepcionales” a las operaciones conjuntas entre Estados Unidos y México.
En México, el gobierno está dando los primeros pasos vacilantes para reconocer el abuso. En una ceremonia con las familias de las víctimas en julio, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México, Alejandro Encinas, llamó al poder judicial a “cumplir con su responsabilidad” de garantizar justicia para las víctimas.
El almirante Ramiro Lobato Comacho, quien supervisa el cumplimiento de los derechos humanos en la Secretaría de Marina, dijo que las palabras por sí solas no pueden “reparar el daño sufrido por las víctimas”, y agregó que “el camino hacia la verdad ofrece dignidad, consuelo, atención y apoyo” a las víctimas.
Los familiares de las víctimas dicen que no es suficiente.
Los fiscales aún no les han proporcionado información sobre el progreso de la investigación, la evidencia que se ha recopilado o si acusarán a más marines, según sus declaraciones.
Jessica Molina, una ciudadana estadounidense cuyo esposo fue secuestrado de su casa y continúa desaparecido, habló públicamente luego de la disculpa del gobierno.
“Han pasado tres años desde que comenzó esta pesadilla”, dijo Molina. “Es hora de que el mundo sepa lo que pasó en Nuevo Laredo a manos de la unidad de operaciones especiales de la armada”.
***Keegan Hamilton contribuyó a este reportaje.
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