¿Qué pasó? Familiares de víctimas presuntamente desaparecidas forzosamente por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en Nuevo Laredo acusan a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de obstaculizar el acceso a la justicia y de proteger a los elementos navales involucrados. ¿Por qué importa? El hecho no ha sido esclarecido pese a […]
¿Qué pasó?
Familiares de víctimas presuntamente desaparecidas forzosamente por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en Nuevo Laredo acusan a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de obstaculizar el acceso a la justicia y de proteger a los elementos navales involucrados.
¿Por qué importa?
El hecho no ha sido esclarecido pese a que decenas de personas fueron testigos de desapariciones forzadas por parte de elementos de la Semar en territorio tamaulipeco; y aunque la propia Semar pidió disculpas a los familiares de las víctimas por la presunta participación de sus elementos, así como prometió coadyuvar con la investigación.
Contexto:
Entre febrero y junio de 2018 se registraron diversas desapariciones que se atribuyen al la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina (Unopes). Por esos dos casos fueron detenidos 30 elementos navales.
En total, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abiertas 34 carpetas de investigación por la desaparición de 47 personas. De esas tres carpetas, solo tres han sido judicializadas.
Detalles:
Los señalamientos de los familiares surgen luego de que el viernes 5, el juez octavo de Distrito con sede en Reynosa, Faustino Gutiérrez Pérez, concedió un amparo contra el auto de formal prisión, dictado en abril pasado, en beneficio de 12 marinos acusados de las desapariciones forzadas de Noé Ignacio Alférez Hernández y Jonathan Ballesteros Loza, ocurridas el 17 de febrero de 2018.
“Me siento triste, tengo coraje… Mis abogados de la CEAV (Comisión Estatal de Atención a Víctimas) me han tratado de explicar, pero aun así no lo entiendo. Nosotros les dimos todo lo que nos pedían”, le dijo Gregoria Hernández, madre de Noé Ignacio, quien tenía 22 años al momento de su desaparición,Proceso.
Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, dijo ante medios que la decisión del juez «es un agravio” que generó “mucha impotencia, coraje y dolor en las familias”.
“Las autoridades siguen jugando con el dolor de las familias”, lamentó, quien consideró que existe una “estrategia para que haya impunidad” en la que participan el almirante Marco Antonio Ortega Siu, antiguo comandante de las fuerzas especiales de la Marina y señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como responsable de aquel operativo, junto con funcionarios de la FGR y la CEAV.
Según refiere
Animal Político, la noticia de la liberación de los doce marinos llegó un día antes de que las familias de los desaparecidos por la Marina iniciaran búsquedas en las inmediaciones de Nuevo Laredo.
fuente.-
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