A unos días de que el gobierno de López Obrador envíe el paquete económico de 2022 al Legislativo, analistas financieros reflexionan sobre las encrucijadas de la Cuarta Transformación en materia económica. La mayoría advierte sobre los impactos negativos de lo que llaman “la austeridad exacerbada”, sobre la salida de capitales causada por la incertidumbre en inversionistas, y lamenta que el “efecto rebote no le va a alcanzar a México para recuperarse” de la crisis causada por la pandemia.
Sin la inversión que necesita la economía para remontar el desplome de 8.5% del PIB en 2020, el gran desafío del gobierno de Andrés Manuel López Obrador durante los próximos tres años será contener la deuda pública y evitar que aumente más allá de 60%.
De la contención de la deuda pública no sólo dependen las finanzas públicas, explican analistas consultados por Proceso. Además, los pasivos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad representan una presión adicional para la Secretaría de Hacienda rumbo a las negociaciones ante el Poder Legislativo para aprobar el Presupuesto de Egresos para 2022 y presentar la iniciativa de Ley de Ingresos en la que no se espera una reforma, sino propuestas de misceláneas para hacer más eficiente la recaudación, según lo dicho por el titular de la Secretaría de Hacienda.
Al menos en el caso de Pemex, su deuda supera los 113 mil millones de dólares y la revisión a la baja de sus calificaciones para emitir deuda ha encarecido cualquier intento de regresar directamente a los mercados de emisión de bonos. En este momento, con perspectiva “negativa” en el caso de las calificadoras Standard & Poor’s y Moody’s, y “estable” en la medición de Fitch Ratings, el gobierno federal –como emisor de deuda soberana– podría emitir más deuda para apoyar a Pemex. Ese es el dilema.
Durante una reunión con analistas de la calificadora Moody’s, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró, sin embargo, que no habrá cambios legales para que el gobierno mexicano respalde la deuda de Pemex. Hacienda, continuó, no cambiará la ley ni la Constitución para apoyar los pasivos de Pemex. “Ya es tarde para hacer esos cambios”, aseguró.
Sin embargo, reiteró que la dependencia buscará una relación más estrecha con la petrolera. El año pasado el gobierno mexicano comenzó a hacerse cargo de la deuda de Pemex y redujo el cobro de impuestos. Pemex, de hecho, fue la única entidad que recibió estímulos fiscales en medio de la pandemia detonada por el covid-19.
El gobierno federal necesita, por lo tanto, que Pemex y la CFE generen más ingresos para aportar al pago de sus pasivos, lo que permitiría que la Secretaría de Hacienda, al menos en el caso de la petrolera, no tenga que seguir respondiendo por sus vencimientos ante acreedores, comenta Víctor Manuel Herrera, exdirector de la calificadora Standard & Poor’s y hoy a cargo de la firma Miranda Ratings Advisory.
“Si se modificara la Constitución para que el gobierno federal respaldara la deuda de Pemex, entonces se tendría ya que documentar y registrar como deuda pública y la relación con el PIB aumentaría, y eso encendería una alerta para las calificadoras”, explica Herrera.
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