Este año ya es el más letal contra la prensa en México de la última década.
El Gobierno ha informado este miércoles de 19 asesinatos de periodistas en el país al día de hoy. Se ha batido también el récord de más agresiones contra comunicadores, con 224, casi el doble que en 2015, cuando hubo 124.
Los servidores públicos son los principales responsables, al estar detrás de cuatro de cada diez ataques, sobre todo a nivel municipal y estatal. “Hemos tenido una década de enorme violencia contra el gremio periodístico”, ha dicho Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, y ha reconocido que desde 2018, año en que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia, ha habido un “repunte significativo” en la violencia contra los representantes de los medios de comunicación.
Las cifras presentadas por el Gobierno, basadas en el seguimiento de notas periodísticas y el monitoreo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son mayores a los recuentos de las principales organizaciones civiles, que solo registran las que están directamente relacionadas con su labor. “Es importante que se haya hecho un diagnóstico y que se reconozca el problema, pero lamentar y condenar los ataques no nos sirve de nada”, asegura Leopoldo Maldonado, director de la asociación Artículo 19. “La pregunta que tenemos que plantear es por qué el Gobierno no hace nada para frenar esta violencia”, agrega Maldonado.
La violencia contra la prensa se enmarca en la guerra contra el narcotráfico, que ha durado casi 15 años y ha dejado cientos de miles de muertos. Pero los periodistas asesinados no pueden señalarse solo como víctimas colaterales de la ola de violencia porque hay una intención explícita de silenciar su trabajo, apunta Maldonado. El principal detonante, señala, es la impunidad que hace que los homicidios y las agresiones no tengan consecuencias: el 99% no se castiga.
Casos paradigmáticos como los de Miroslava Breach y Javier Valdés han tenido avances, aunque los autores intelectuales de sus homicidios siguen libres, y periodistas reconocidas como Lidia Cacho siguen buscando justicia aun después de más de una década de sufrir agresiones y tortura. “¿Qué podemos esperar de casos de menor perfil y que son menos visibles?”, cuestiona Maldonado. Las peticiones de justicia han llegado hasta las conferencias de prensa presidenciales, la última fue este martes, cuando la madre de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín exigió justicia por su feminicidio, sin esclarecerse desde julio de 2018.
Encinas ha aceptado que entre los 138 asesinatos desde 2010, hay al menos seis que se habían acogido al protocolo de protección a periodistas, cuatro de ellos perpetrados durante el Gobierno de López Obrador. En estas investigaciones ya hay 14 sospechosos vinculados a un proceso penal, aunque aún no se les ha sentenciado. Los Estados más violentos son Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua, que concentran más de la mitad de los asesinatos en los últimos 10 años.
El Gobierno ha asegurado que no se comprometerá la seguridad de los periodistas amenazados tras la desaparición de dos fideicomisos para apoyarlos: el que financia el fondo de protección a periodistas y el que repara el daño a las víctimas. “El Estado está desmantelando las pocas acciones que tiene, si bien son insuficientes”, advierte Maldonado.
La lista de víctimas de este año incluye nombres como el de Jesús Piñuelas, asesinado a balazos en Ciudad Obregón; Julio Valdivia, decapitado en Tezonapa, y María Elena Ferral, muerta a tiros tras recibir amenazas en Papantla. Desde 2010, otros 135 periodistas y sus familias siguen esperando justicia en uno de los países más peligrosos del mundo para realizar su labor.
fuente.-Diario Español/Elias Camhaji/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: