Si alguien todavía tiene dudas sobre la politización de la justicia mexicana, solo tiene que acercarse a escuchar las conversaciones de funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quienes fuera de micrófonos reconocen que están sometidos a presiones “de arriba” para “dar resultados” en el combate a la corrupción.
Algunos personajes cercanos a Alejandro Gertz Manero, Irma Eréndira Sandoval y Santiago Nieto Castillo –la tríada anticorrupción– confían que desde Palacio Nacional les exigen “dar golpes de efecto”, perseguir “peces gordos”, y hasta buscar deliberadamente “esqueletos” en el “clóset” de Enrique Peña Nieto.
Cuando se les pregunta sobre la motivación de Andrés Manuel López Obrador, la respuesta suele ser que el presidente de México tiene el cálculo de que la persecución de los peñanietistas le está dando dividendos en términos de aprobación entre la población, generando una suerte de “efecto de contraste” entre dos gobiernos: uno, “el corrupto”, que utilizó dinero de las arcas públicas para pagar campañas políticas y enriquecer a Peña Nieto y su entorno cercano; y otro, “el incorruptible”, sería su propia administración, la cual, según ellos, está dando signos visibles del combate a los abusos de poder, encarcelando o dictando órdenes de aprehensión contra los malosos del pasado.
En la Fiscalía de Gertz ponen de ejemplo el fracaso del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), un modelo que surgió luego de que la investigación periodística sobre la Casa Blanca de Peña Nieto sumió al gobierno de la República en una crisis de credibilidad insostenible. Nos hacen notar que ese entramado burocrático, anunciado con bombo y platillo a mediados de 2015, sólo ha servido para restar velocidad a los derroteros de la justicia.
AMLO tiene la lectura de que el SNA –desconocido por la población, pero famoso entre los encargados de combatir la corrupción– ha sido extremadamente caro y no ha dado ningún resultado tangible. Los casos de gobernadores corruptos arrestados o perseguidos por la justicia durante el peñanietismo obedecieron a criterios de oportunidad política y no a la eficiencia del complejo aparato anticorrupción, en el que deberían tener un papel fundamental la Fiscalía Anticorrupción, la SFP, las auditorías provenientes del Congreso de la Unión y, por supuesto, los jueces.
Y citan los casos de los exgobernadores –muchos de los cuáles aparecen en una célebre foto con EPN– Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (chihuahua), Roberto Sandoval (Nayarit), Roberto Borge (Quintana Roo), Egidio Torre (Tamaulipas), Ruben Moreira (Coahuila), Mario Anguiano (Colima), Andrés Granier (Tabasco), Fausto Vallejo (Michoacán) y Rodrigo Medina (Nuevo León).
En ninguno de estos casos, nos dicen, tuvieron un papel relevante los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA), que son la expresión local del SEA que creó Peña Nieto.
“LA CAJA CHINA” DE PEÑA NIETO
Con mejor o peor suerte, los exgobernadores no cayeron en el ojo de la justicia porque las investigaciones locales estén dando resultados, sino porque desde Los Pinos se decidía cuál podría ser el mandatario que sirviera como “cortina de humo” para que los mexicanos olvidan la vinculación de EPN con la corrupción. En ese entonces, el planteamiento fue atenerse a la famosa “caja china”, una táctica política que consiste en distraer la atención para dirigirla hacia algún asunto menor, ocultando otro de mayor relevancia.
En los corrillos de la 4T tienen la valoración de que esta estrategia funcionó en parte, porque habría logrado que Peña Nieto no fuera “linchado” aún más por la opinión pública, pero también se piensa que no supo dirigir sus baterías para encarcelar a “un malo del tamaño del presidente”, como el pueblo pedía. El caso de Javier Duarte no bastó. Tampoco los otros exgobernadores perseguidos, porque la mayoría libraron o están por esquivar las acusaciones.
Basados en este cálculo, el gobierno de López Obrador está determinado en construir un caso judicial tan sonoro que satisfaga los deseos de la población de ver a un expresidente en la cárcel. Por eso es tan importante llevar a consulta popular el posible juicio contra Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón, los dos exmandatarios con más posibilidades de terminar tras las rejas.
Por lo pronto, las indagatorias sobre la probable corrupción de Emilio Lozoya, Luis Videgaray, Rosario Robles y hasta la del general Salvador Cienfuegos tienen un común denominador: ofrecerles reducción de penas a cambio de que pongan evidencias y pistas que permitan comprobar que Peña Nieto fue “el jefe de la mafia”, la cabeza que diseñó, operó y se benefició de un esquema de corrupción de dimensiones “monumentales”. En el entorno del fiscal Gertz Manero se insiste en que una posibilidad es llevar a cabo un “maxiproceso” donde el tamaño de los abusos.
“OPERACIÓN JAQUE AL REY”
Todos saben que los tiempos de la justicia son más lentos que los tiempos de la política. Y es por ello que la meta a corto plazo es mantener en los medios de comunicación la noción de que el gobierno de AMLO persigue a los corruptos. El objetivo: incidir en la elección de 2021.
El corte de caja sobre los resultados obtenidos es que “la 4T está ganando de calle” la partida contra “la mafia del poder”, agrupada ahora en empresarios, gobernadores de oposición y partidos adversarios al presidente. La prueba mayor que ofrecen para justificar este argumento es que las encuestas señalan que Morena obtendría la mayoría en la Cámara de Diputados y alrededor de 12 de las 15 gubernaturas en disputa, un golpe no sólo a la competitividad política de la oposición, sino también a sus finanzas, ya que las gubernaturas que detentan PAN, PRI y PRD representan “la caja chica” del movimiento antiobradorista.
En el entorno de Alejandro Gertz, Irma Eréndira Sandoval y Santiago Nieto también comentan con sorna que “los cruzados antiamlo creen que pueden tumbar al presidente”, una noción que luce desproporcionada pero que ha sido ventilada de vez en vez en redes sociales. Ni las derrotas electorales en Hidalgo y Coahuila modulan la exaltación de los cuatroteístas.
Tan es así que, informalmente, varios funcionarios públicos ya llaman “Operación Jaque al Rey” al conjunto de medidas que está tomando el gobierno federal para que Robles, Lozoya y Cienfuegos colaboren para colocar a Peña Nieto como icono de la corrupción contemporánea. “Ya lo es para la población en general”, nos dicen, “pero ahora falta verlo con su traje a rayas” (en alusión a la típica imagen cinematográfica de las personas que terminan en prisión).
Como postre de esta comidilla cuatroteísta, nos relatan que la negociación con Luis Videgaray no va tan avanzada como quisieran en la Fiscalía. Hasta ahora sólo ha pedido que no se le juzgue por “traición a la patria” ni por “asociación delictuosa”, y ha solicitado que la orden de aprehensión se limite a “delitos electorales”. Cuando eso ocurra, han dicho sus abogados, colaborará. Pero por lo pronto no ha dicho ni pío sobre la presunta corrupción de su jefe.
fuente.-@emeequis
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