La reforma al Poder Judicial que hizo suya el presidente Andrés Manuel López Obrador atraviesa por momentos cruciales. Las próximas horas definirán los matices, pero lo que queda claro es que el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se perfila para adquirir “superpoderes”, lo que lo convertiría en el segundo funcionario más influyente del país.
Muchos legisladores se quejan de que se trata de una reforma que concentra el poder en una persona: el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Así lo reconoció el propio coordinador de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal. Senadores que le entienden al tema judicial advierten a sus colegas que estas modificaciones constitucionales permitirían, por ejemplo, los siguientes hechos:
Los llamados jueces ad-hoc. Darle la facultad al presidente de la SCJN, que también es presidente del Consejo de la Judicatura, de designar de manera directa a jueces que resuelvan “casos de interés nacional”.
Convertir los tribunales unitarios en colegiados. Unitarios quiere decir que dependen de un Magistrado y hacerlos colegiados implica que sean integrados por 3 magistrados, lo que llevará necesariamente al nombramiento de cientos de magistrados por el actual Consejo de la Judicatura, dominado por su presidente, el ministro Zaldívar. Esos nombramientos, según la reforma, no podrían ser impugnados. Además del gasto que implicará engrosar la burocracia judicial.
Actualmente hay 200 tribunales unitarios, que en el país atienden asuntos de carácter civil y penal. Han dicho que la reforma no significa mayor presupuesto. Los senadores expertos señalan que es inconsistente, porque no puede haber cientos de magistrados más sin que implique más gasto. Esto, aunque la reforma presuma de austeridad.
Otro objetivo que se busca con esta reforma es combatir la corrupción. En los corrillos de la Cámara de Senadores cuestionan por qué entonces no se toca al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con su renovada Presidencia, a cargo del magistrado José Luis Vargas, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga por su manejo de recursos.
MARTES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2020
Los amparos directos en revisión serían exclusivamente decididos por el presidente de la Corte, sin posibilidad de ser impugnados en el pleno o en cualquiera de sus salas.
Los cabildeos con cada senador clave en este tema ya llevan semanas. Y eso incluye a todos los partidos. Ha trascendido que los del PRI están sumamente sensibles a escuchar las bondades de esta reforma, cuando varios de los funcionarios más influyentes del sexenio pasado están en la mira: Luis Videgaray, Emilio Lozoya, Rosario Robles, Miguel Ángel Osorio, entre otros.
Todo indica que, para aprobarse, la reforma deberá tener algunos ajustes que se definirán en las próximas horas.
fuente.-@emeequis/
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