La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado 4 mil 622 solicitudes para la intervención de comunicaciones privadas para el segumiento de delitos federales, pero los jueces sólo autorizaron 23% de las mismas, a pesar de que es un instrumento que ha probado su eficacia en casos de alto impacto, como secuestros.
Durante los primeros nueve meses de este año, la fiscalía comandada por Alejandro Gertz Manero intensificó las peticiones para intervenir llamadas, acceder al registro de datos y tener la localización geográfica de los los equipos. Pese a que estas solicitudes aumentaron 17% respecto al mismo periodo de 2018, la autorización de los mismos se contrajo en 48%.
En el lapso de enero a septiembre del año pasado, se registraron 3 mil 936 solicitudes y se autorizaron 2 mil 128 (54% de las peticiones). Este año se pidieron 4 mil 622 permisos, pero se autorizaron sólo mil 104 (23%), según datos consultados en Transparencia.
En el periodo que se refiere de 2019, lo que más tiene solicitudes es el acceso de datos, con 79%, seguido de la intervención de llamadas telefónicas con 18% y la geolocalización representa 3%.
LA SEIDO CONCENTRA SOLICITUDES
Dentro de la FGR, la dependencia que hace más solicitudes es la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a través de su Dirección General de Cuerpo Técnico de Control, pues realiza 96% de éstas.
La SEIDO persigue delitos como secuestro, tráfico de personas y de órganos, terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilicíta, pornografía infantil, robo de hidrocarburos.
Los resultados positivos que la FGR reporta por el uso de este “espionaje” se dan más en los casos de secuestro. En su reporte anual de labores de 2018, apunta que, gracias a esta intervención en las comunicaciones, se ha advertido de la privación de la libertad de varias personas.
En uno de los casos describe cómo elementos de la Policía Federal Ministerial, siguiendo las líneas de investigación obtenidas, cubrieron las inmediaciones de la zona centro de Tuxpan, Veracruz. Lograron ubicar a un hombre que, al ser cuestionado, confesó que tenía a dos personas secuestradas. Agentes se trasladaron al lugar para liberar a las víctimas, que se encontraban atadas de pies y manos.
En un hecho similar en los límites de Hidalgo y Veracruz rescataron a un comerciante, tras montarse un operativo en las inmediaciones del domicilio en el que se presumía se encontraba la víctima.
María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa indica que, efectivamente, por las características del delito, en donde más se ocupa la intervención de las comunicaciones es en el tema de secuestros, pero también dan buenos resultados en narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas.
LA DELGADA LÍNEA ENTRE LO BUENO Y LO MALO
Si bien esta herramienta de “espionaje” es efectiva para resolver muchos casos de crimen organizado, también existe la parte de aquellas intervenciones que se llevan a cabo sin autorización.
En 2017, el diario The New York Times destapó el caso de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos que estaban siendo vigilados por el gobierno de Enrique Peña Nieto. En aquel entonces, el procurador Jesús Murillo Karam compró el software “Pegasus” a una empresa isrealí, para realizar espionaje.
“Por estas deficiencias que tenemos, ahorita con la tecnología que hay, tus derechos de privacidad están completamente vulnerados, nos pueden estar escuchando sin ningún problema. Obviamente no van a poder usar esto en un proceso legal y jurídico, porque sería ilegal, pero eso es algo muy cuestionable, es un debate que hay inclusive a nivel internacional”, refiere Novoa
El presidente López Obrador mencionó el tema en su conferencia matutina de este miércoles, al ser cuestionado sobre supuesto espionaje de exfuncionarios de Peña Nieto a su círculo cercano. “No tengo información, pero en el caso nuestro decidimos no espiar a nadie, había esa práctica de espiar a opositores y hemos dado instrucciones de que no haya espionaje, porque era muy vergonzoso, nosotros padecimos mucho de eso”.
DEFICIENCIAS EN LA FORMULACIÓN DE PETICIONES
En entrevista con EMEEQUIS, Novoa explica que algo que puede influir en que los jueces no concedan las autorizaciones, es que los ministerios públicos no dan los argumentos contundentes para que se pueda hacer la intervención y esto se debe a que las investigaciones que se realizan son deficientes.
“Se utiliza mucho desde el inicio, por las bajas capacidades que tenemos de investigación, solamente se tiene como herramienta estas intervenciones telefónicas, el problema es que sin una investigación previa que te dé más elementos es difícil que puedan justificarlo. Al juez no le puedes decir: oye necesito esto porque es la única manera que tengo para conseguir más información”.
Señala que hay un rol muy importante que no está presente en todos los actos de investigación, que son los analistas. Dichos perfiles se requieren para que la información que se genera con cualquier herramienta de inteligencia se pueda procesar y apoyar tanto al policía de investigación como al ministerio público.
Aunado a las bajas capacidades de investigación, comenta que hay muchas restricciones legales en México para acceder a cierto tipo de información para perseguir delitos de alta complejidad, como la identificación de las personas.
“En muchas partes del mundo tienen buenas bases de información sobre las personas que transitan en su país, inclusive el registro de propiedades y de vehículos. En México, si te agarran en un acto criminal ,ni siquiera pueden tomar tus huellas sin tu autorización”.
fuente.-@ptcervantes
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