Para quienes abogamos por mejores políticas de drogas, el objetivo de reformular el combate a las drogas —incluido en el Plan Nacional de Desarrollo— brinda grandes noticias y abre a la vez muchas preguntas. Sí, al menos en el papel, ¡el gobierno mexicano está declarando el fin de la prohibición, proponiendo la regulación de todas las drogas y anunciando mayor oferta de tratamiento para las adicciones! Sin duda, se trata de una postura que hemos esperado desde hace mucho tiempo y que ningún gobierno anterior se atrevió a presentar. Eso no excluye ciertas reflexiones que pueden contribuir a reformular de forma efectiva la política de drogas.
¿Qué entiende el gobierno de AMLO por reformular el combate a las drogas?
Atinadamente, el documento admite que “la estrategia prohibicionista es ya insostenible” por tres motivos: 1) ha generado violencia y una crisis de seguridad pública; 2) ha dado malos resultados en salud pública y no ha reducido el consumo, y 3) criminaliza a los consumidores y reduce sus probabilidades de reinserción y rehabilitación. El diagnóstico es atinado y coincide con lo que desde la sociedad civil y la academia se ha recalcado desde hace muchos años. El Plan presenta la solución: “levantar la prohibición de las (sustancias) que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente (sic) destinados a combatir su trasiego” para redirigirlos hacia programas de “desintoxicación”.
La formulación no es nueva. De hecho, coincide con el discurso del representante de México ante la ONU Juan Ramón de la Fuente en el marco de la Comisión de Estupefacientes en marzo pasado. Dicho posicionamiento reconoció que la política de prohibición ha dejado enormes costos sociales y que es necesario cambiarla, siempre bajo el multilateralismo. No solo propuso un abordaje más humano del fenómeno desde la salud pública y el desarrollo sostenible, sino que enfatizó la necesidad de que cada sustancia sea abordada de manera diferenciada.
Muchas preguntas, mucho por hacer
Pasada la euforia de ver una propuesta así en el PND, viene la reflexión. Primero, el diablo está en los detalles y, en este sentido, la propuesta adolece de varios defectos. El Plan habla de programas masivos de desintoxicación, un fraseo muy desafortunado. En su lugar, pareciera que el documento quiso expresar que se ampliará la oferta de tratamiento. Actualmente, el problema no solo es de disponibilidad, sino de asequibilidad, accesibilidad y calidad.
Segundo, la gran interrogante es cómo todo esto pasará de la lista de buenos deseos a la realidad, pues no es un secreto que AMLO se ha resistido a pronunciarse en la materia. El impulso a la regulación de la cannabis vino desde la ministra Sánchez Cordero e incluso de legisladores de su partido. De aprobarse, será porque las decisiones de la SCJN obligan al Poder Legislativo, pero no necesariamente por el impulso del Ejecutivo. Aunado a eso, sus pocas menciones al respecto han sido desafortunadas: ha dicho, por ejemplo, que hay una relación entre consumo y comisión de delitos, se ha pronunciado por campañas de “no a las drogas” (muy en la lógica nixoniana) para las cuales quiere ser asesorado por el gobierno de Estados Unidos y hasta ha insinuado que el consumo de drogas es síntoma de debilidad. Es decir, hay al menos una tensión entre el discurso del Presidente –no así de otros funcionarios– y el PND.
La buena noticia de que este cambio de paradigma haya sido incluido en el Plan es que eso lo hace exigible. No se trata de un documento cualquiera, sino del instrumento madre que debe guiar las acciones y políticas del gobierno y en ese sentido, habremos de exigir que este nuevo enfoque se haga realidad. El nuevo paradigma debería traducirse entonces no sólo en regulaciones diferenciadas, sino en más y mejor oferta de tratamiento para personas con consumos problemáticos, incluyendo a aquellas que están privadas de su libertad; en concretar una descriminalización efectiva de todas las drogas (cambiando las tablas de dosis de aprovisionamiento personal); en dejar de perseguir a cultivadores y cultivadoras y ofreciendo opciones a las comunidades que están sufriendo por la caída en el precio de la amapola; en medidas de excarcelación y reinserción para quienes han resultado afectados por medidas punitivas; en campañas de prevención basadas en evidencia y no en valoraciones moralinas, entre muchas cosas más. Ello involucra a todas las autoridades en el ámbito de su competencia, lo cual da un amplio margen de acción para la exigencia.
Para muchas de esas medidas, el multilateralismo no tendría que ser un obstáculo sino más bien una herramienta. Específicamente para la regulación de diversas sustancias, el régimen de fiscalización de drogas sí sería un aspecto a considerar, aunque no un obstáculo insuperable, como no lo ha sido para Canadá, Uruguay y otros países. No obstante, cabe advertir que la regulación de todas las drogas parece un objetivo difícil de concretar en un sexenio. Este tendría que ser un proceso paulatino, progresivo, basado en evidencia, que debe ir acompañado de construcción de capacidad técnica e institucional. Claro que podemos aspirar a ser pioneros en la regulación de sustancias que nadie más se ha atrevido a regular, pero debemos hacerlo con cautela y compromiso. Existe experiencia comparada con cannabis, con la regulación de la amapola para producción de medicamentos y se está avanzando en la construcción de propuestas regulatorias para estimulantes.1 En fin, habrá que empezar por concretar la creación de un mercado regulado de cannabis e ir paso a paso. Incluso iría más lejos: habría que comenzar por hacer efectiva la legislación sobre cannabis medicinal que se aprobó hace más de dos años.
Finalmente, es necesario entender que la propuesta forma parte de una serie de acciones que pretenden “cambiar las medidas de guerra por una política de paz y seguridad integral”. No olvidemos que la salida de las fuerzas armadas como frente ante el crimen organizado estuvo precisamente justificada en nombre del combate al tráfico de drogas. La militarización de la seguridad pública hoy en día rebasa a este fenómeno: la guerra contra las drogas terminó pero las fuerzas armadas permanecerán. Sí, la regulación de las drogas traerá muchas consecuencias positivas, pero la militarización y lógica de mano dura creada en torno a su combate, se quedaron. Los beneficios que puede traer la regulación y despenalización efectivas pueden diluirse en medio de lo que parece una nueva ola punitiva. En este sentido, la búsqueda de mejores políticas de drogas también implica la búsqueda de mejores condiciones de seguridad y justicia.
Fuente.-Tania Ramírez
Directora del Programa de política de drogas, MUCD
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