A pesar del acuerdo presidencial de abrir los “expedientes secretos” de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y del Cisen, en el Archivo General de la Nación (AGN), archivistas y demás empleados alertaron: “No será como entregar tortillas”.
El proceso para acceder a los documentos demorará quizá meses o años… No sólo porque aún está pendiente la transferencia del material resguardado por el Cisen, el cual deberá ser revisado y ordenado, sino por falta de personal y, sobre todo, porque su exhibición estará sujeta a los lineamientos de la Ley General de Protección de Datos Personales y a las resoluciones del INAI en torno a cada solicitud.
“Ninguna decisión, aunque venga del Presidente, puede estar por encima de las leyes”, fue una frase coincidente.
El martes pasado, el jefe del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador, firmó un “decreto” para abrir los archivos del Cisen y de la DFS, con la idea, dijo, “de poder revisarlos, porque un día de diciembre llegó el recién nombrado director del Archivo General de la Nación a decirme que ni siquiera él podía ingresar a unas galeras vigiladas por el Cisen… Estaban ahí expedientes políticos reservados, así que se retiró a ese personal y se acordó abrirlos, aunque no todo lo que se dice ahí es cierto, porque se manejaba en función de los intereses del Estado”.
Crónica acudió al AGN y encontró al nuevo director, Carlos Enrique Ruiz Abreu, en trajín despiadado y a los poco más de 200 empleados de la institución entre fojas y escobas, entre carpetas y sacudidores… Ese número fue el primer foco rojo: 219 trabajadores, entre administrativos y archivistas, para manejar 54 kilómetros lineales de documentos, alrededor de 400 millones de fojas —con información desde el Siglo XVI—, más las esperadas en los próximos días, provenientes del desaparecido órgano de inteligencia civil de Gobernación.
“Somos tres pulgas y se nos va la vida en el intento de organizar la memoria histórica del país”, decían en la oficina central.
De ahí el plan lopezobradorista de reclutar a decenas de jóvenes sin trabajo ni estudio, pero con ciertos conocimientos de archivonomía, bajo el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y con el propósito de auxiliar en las labores de sistematización.
Nadie sabe todavía qué cantidad de expedientes llegará, si los enviarán clasificados o será necesario ordenarlos para su consulta, previa autorización del INAI. Tan sólo el desarrollo de inventarios, catálogos e índices llevará su tiempo…
Pero al menos ya se alista un espacio de recepción en el nuevo edificio del Archivo, conocido como Anexo Técnico y el cual tiene un espacio de 24 mil metros cuadrados con 72 depósitos.
La celeridad con la cual el Presidente habló de transparentar el acervo y la ansiedad de periodistas e investigadores por desempolvar historias fue motivo aquí de carcajadas…
SECRETOS DE LA DFS. Hasta el mes de enero se mantenían bajo custodia, en la Galería 1 del propio AGN, miles de documentos de la DFS, de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob. El ingreso a dicha área estaba prohibido incluso para el director en turno. Llegaron al Archivo desde hace 17 años, tras un acuerdo de procuración de justicia publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2001.
“Desde que se trasladaron a esta institución en la década pasada se acordó el apoyo técnico de personal del Cisen, que se encargaba de su administración. En este nuevo gobierno se retiró la guardia y ahora es gente del AGN la que realiza un diagnóstico de los expedientes, para que puedan ser consultados”, describió a este diario el área de difusión del AGN.
También se desconoce cuántos son… “Estamos en proceso de análisis e identificación, no tenemos el número preciso”, se indicó.
Todos, se sabe, se refieren a asuntos ocurridos entre 1920 y 1985.
A pesar del hermetismo y de la vigilancia, más de 2 mil de estos archivos han podido ser consultados de 2007 a la fecha, después de largos procesos de análisis y aprobación del INAI. Para proteger referencias personales, se han elaborado versiones públicas en las cuales se testan o tachan nombres y demás información confidencial, con el fin de proteger a personas y a sus familias. Entre los datos reservados, además de la identidad, están enfermedades y preferencias sexuales, religiosas y políticas.
Si se insiste en ver completo el expediente, debe iniciarse otro procedimiento ante el INAI en el cual se debe demostrar el interés público de la petición, o la importancia de ser difundido para aclarar violaciones graves a derechos humanos. Hasta ahora, son pocos los casos permitidos, aunque el año pasado la UNAM lo logró respecto a documentación vinculada con el Movimiento Estudiantil de 1968.
De estos embrollos y obstáculos sólo se salvan quienes son propietarios del archivo, es decir, los propios investigados o señalados en el documento. Ellos sí pueden acceder a la versión completa, aunque no pueden omitir el procedimiento en la plataforma de Infomex ni la intervención del INAI.
Todos, los 54 kilómetros lineales de papel, se encuentran ya en el nuevo edificio, construido ex profeso para mejorar las condiciones de resguardo, con control de iluminación, humedad, aire y temperatura, y el cual funciona desde principios del año pasado.
La vieja sede, donde operaba la penitenciaria de Lecumberri y estuvieron presos personajes como Francisco Villa, David Alfaro Siqueiros, José Revueltas y Heberto Castillo, va quedando ya en el olvido, con los ecos de sus mil celdas y 13 crujías…
fuente.-
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