En 2017 el mal manejo de los fondos federales que se reparten a los estados ascendió a más de 35 mil millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Aunque se detectaron irregularidades en todo el país hay cinco entidades que concentran la mitad de dichos recursos observados. Entre ellas se encuentran Michoacán y Coahuila que presentan la mayor proporción de malos manejos respecto al dinero que les fue revisado.
Por estas irregularidades, los auditores han identificado 1 mil 111 casos en los que podría presentarse un fraude al erario público que de no esclarecerse daría paso a las denuncias penales correspondientes. La Auditoría también promovió 1 mil 881 posibles sanciones administrativas en contra de funcionarios vinculados con irregularidades.
De acuerdo con la información, en 2017 el monto exacto de recursos observados con irregularidades es de 35 mil 767 millones de pesos de los cuales, 27 mil 231 corresponden a malos manejos en distintos fondos específicos, mientras que 8 mil 536 millones corresponden a las participaciones que se entregan directamente a las entidades.
En caso más drástico es el de Michoacán donde se detectaron irregularidades en el 8.4% de la muestra auditada. Le sigue Coahuila con irregularidades en el 7.9% del total de dinero que fue auditado, Baja California Sur con fallas en el 5.2%; estado de México con malos manejos detectados en el 4.4% del recursos analizado; y Tamaulipas con 4.3%.
El caso contrario es el de los estados donde se registró la menor proporción de recursos observados y por ende, se presupone que gasta mejor. Querétaro es la única entidad en donde no se encontró irregularidad alguna en todos los recursos que se revisaron. Le sigue Sonora con apenas 0.1% de dinero observado; Nuevo León y Durango con solo 0.5%, y Morelos y Chihuahua con 0.7%.
Los fondos y las irregularidades
La ASF identificó los fondos en los cuales se han registrado el mayor nivel de recursos observados por posibles malos manejos, así como las principales fallas registradas en el ejercicio de los recursos.
En el caso de los fondos que tienen una finalidad específica y etiquetada, el foco rojo se encuentra en el programa de inclusión social Prospera, puesto en marcha durante el sexenio pasado y cuya misión – según su página web – es “mejorar el ingreso y el bienestar de las familias mexicanas en situación de pobreza”. Prospera se define como el “programa más importante del gobierno de la república…”
Lo que el reporte de la Auditoría arroja es que del total de la muestra auditada de Prospera el 29.6% tiene observaciones por irregularidades en su manejo. Esto equivale a unos 547 millones de pesos que de no ser esclarecidos podrían dar lugar a que se considere un quebranto al erario público y se presenten las denuncias correspondientes.
Estas irregularidades en Prospera se detectaron aun cuando el número de auditorías realizadas a este programa en 2017 disminuyó en comparación a las de 2016 (al pasar de 32 a 16), luego de que se acordó que fuera la Secretaría de la Función Pública la responsable de encargarse del resto de la revisión.
“En 2017, con base en las auditorías practicadas a este programa, no fue posible determinar en qué medida las intervenciones del programa contribuyeron a mejorar la cantidad, calidad y diversidad de la alimentación de las familias que recibieron los apoyos; el efecto de la orientación en salud y el acceso a los servicios médicos preventivos en la mejora de su salud, ni la contribución de las becas en el fomento de la inscripción y terminación de niños y jóvenes en edad escolar a la educación básica y media superior”, concluyeron los auditores.
Luego de Prospera el segundo fondo donde se advirtió el mayor nivel de irregularidades es en el denominado Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal (Fortalece) con observaciones en el 20.1% de la muestra revisada (en promedio 1 de cada 5 pesos ejercidos). Y con un nivel muy similar le sigue el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) con irregularidades en el 19.8% de la muestra.
Otros fondos en donde se detectaron posibles malos manejos de las entidades en un nivel superior al 10% de la muestra auditada son el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 8FISE) con 14.7%; el programa Escuelas al CIEN con 14.4%; y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) con fallas en el 12.5%.
Entre las principales irregularidades detectadas por los auditores en el manejo de esto fondos está la falta de documentación que compruebe, de forma creíble, el concepto en el que se dicen los estados que se usó el dinero. Esta irregularidad alcanza los 7 mil 286 millones de pesos, un 26.8% de todo el monto observado.
La ASF también alerta de 7 mil 226 millones de pesos, que equivalen al 26.5% del monto observado, que no fueron gastados por los estados pero tampoco se regresaron a la tesorería federal, por lo que es necesario que se aclare en donde quedó ese dinero.
Además se detectaron 3 mil 568 millones de pesos que de las cuentas de estos fondos que se transfirieron de forma ilegal a otras cuentas bancarias de los estados, sin que al momento se haya regresado el dinero. Eso equivale al 13.1% del total.
Los auditores alertaron de 2 mil 343 millones de pesos que los estados reportan que se destinaron a trabajadores, pero que no han podido ser identificados ni localizados hasta ahora.
A todo ello se suman 1 mil 897 millones de pagos improcedentes o en exceso; 1 mil 356 millones ejercidos en conceptos que no estaban autorizados dentro de los objetivos de los distintos fondos; pagos por remuneraciones indebidas por 1 mil 293 millones de pesos; entre otros.
En cuanto a las participaciones federales los auditores detectaron que 14 estados no transfirieron en su totalidad los recursos que le correspondían a los municipios. Estas retenciones ilegales ascenderían a 429 millones de pesos. A esto se suman 27 entidades federativas que entregaron con retrasos las participaciones a sus municipios.
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