La petrolera estatal de México ha comenzado a entrenar y armar a su personal de seguridad, una decisión riesgosa que podría ser contraproducente.
La Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex —encargada de proteger las instalaciones y los recursos de la petrolera— recibió entrenamiento sobre cómo disparar y reaccionar ante los ataques armados, así como en el uso adecuado de la fuerza para evitar la perforación de tuberías de manera ilegal, según un informe de El Universal.
Además, el Ministerio de Defensa Nacional, la Armada Mexicana y la Policía también han recibido entrenamiento para detectar los camiones cisterna que transportan combustible robado y para ir tras las redes criminales involucradas en los hurtos.
La compañía dijo que tomó la decisión de armar al personal de seguridad con el fin de proteger a los empleados y reducir el lucrativo negocio de robo de combustible. Dicha decisión se tomó luego de que un jefe de seguridad de Pemex muriera tras un ataque en una refinería de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, a principios de este año.
Análisis de InSight Crime
La decisión de Pemex de hacer frente a los ladrones de combustible mediante la fuerza armada no proveerá mayor seguridad a sus empleados. Por el contrario, puede incluso ponerlos en mayor riesgo. Tampoco detendrá el robo de combustible mediante tomas clandestinas, una práctica facilitada sobre todo por la corrupción.
Los carteles y las pandillas han sembrado el terror entre los trabajadores petroleros recientemente, con el fin de obtener información acerca de cuándo se bombeará combustible y a través de cuáles tuberías, según un informe de Reuters.
Estos grupos utilizan la violencia para defender sus intereses, y lo seguirán haciendo durante la bonanza del hurto de petróleo.
En el mes de octubre, en Salamanca se presentaron violentos enfrentamientos entre el Cartel de Jalisco Nueva Generación y un grupo conocido como el Cartel Santa Rosa de Lima, los que dejaron como resultado 57 muertos. Dicha confrontación surgió presuntamente en medio de operaciones de seguridad federales, que incluían la inspección de todos los camiones cisterna que salían de la refinería, lo que redujo la cantidad de petróleo susceptible de ser robado por los grupos criminales, según afirmó el ministro del Interior de México, Alfonso Navarette Prida.
Pero la violencia no es lo único que subyace al negocio de robo de combustible. Los sobornos y la corrupción son los que, en gran medida, lo posibilitan. Empleados de Pemex suelen decirles a los ladrones cuándo pasará crudo por las tuberías, y en ocasiones les han entregado mapas de los oleoductos a los grupos criminales. Algunos funcionarios estatales y de la policía federal también han sido acusados de recibir pagos para permitir las perforaciones ilegales de los oleoductos.
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