Desde 2006 Andrés Manuel López Obrador denunció que su oponente en la campaña presidencial de ese año, el panista Felipe Calderón Hinojosa, había declarado la supuesta guerra contra el crimen organizado como una maniobra para procurarse un poco de legitimidad política que no le dieron las urnas. Por eso sacó al ejército a las calles, y como una continuación de la estrategia de militarización del país desde 1994 con el alzamiento zapatista.
¿Qué tipo de legitimidad busca ahora López Obrador con su propuesta de militarizar la seguridad nacional con la anunciada creación de la Guardia Nacional? Con esta propuesta el gobierno que promete la cuarta transformación de la vida nacional, va a terminar como el gobierno de la cuarta militarización del país.
Y si prospera la iniciativa de reforma constitucional anunciada por López Obrador el pasado miércoles 14 de noviembre, y confirmada por el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado el viernes 16, un gobierno supuestamente progresista y de izquierda, habrá logrado lo que no consiguieron los gobiernos de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI): entregar la seguridad pública a los militares y con esto, avanzar en el proceso de militarización de la vida pública nacional.
Hace décadas que porciones significativas de la sociedad mexicana luchan contra el proceso de militarización, impulsado por los sucesivos gobiernos con el pretexto de entregarles las tareas de seguridad pública a las fuerzas armadas.
La decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el jueves pasado rechazando la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior (LSI), parecía coronar dos décadas de luchas y esfuerzos de la sociedad para regresar a los militares a los cuartes y dejar las tareas de seguridad pública en cuerpos totalmente civiles.
Como si fuera una ironía de la historia, unas horas antes de que los ministros de la Corte fallaran contundentemente contra el uso de los militares en labores que corresponden a cuerpos civiles, el presidente electo y los integrantes de su gabinete, presentaron el Plan de Paz y Seguridad Nacional 2018-2014, y anunciaron la creación de una Guardia Nacional, que se integrará por la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval. La Guardia Nacional será un cuerpo que pasará a formar parte de las fuerzas armadas y que en los próximos años incorporará a 50 mil nuevos elementos con formación militar.
Este nuevo cuerpo armado será el encargado de la seguridad pública del país y en ese cuerpo se depositan las esperanzas y estrategias del próximo gobierno para pacificar a México.
Como se sabe, en este momento la Constitución prohíbe expresamente a los militares desempeñar labores de seguridad pública. La LSI pretendía darle ese marco legal, pero la Corte lo rechazó.
Ahora desde el poder Legislativo, Morena pretende emendar la plana a la Corte. El partido de López Obrador se apresta a modificar la Constitución mediante una iniciativa que será presentada el próximo martes en la Cámara de Diputados. Esa reforma permitiría que la Guardia Nacional realice tareas de prevención del delito y además, podría fungir como auxiliar del Ministerio Público.
No es casual que el anuncio del plan de paz y seguridad de quien asume la presidencia en dos semanas haya sido ampliamente cuestionada en la sociedad, entre ellos muchos de quienes votaron por el abanderado de Morena, y en distintos colectivos de derechos humanos del país y del extranjero.
El colectivo #FiscalíaQueSirva declaró que “El involucramiento de las fuerzas militares en la seguridad pública legaliza la militarización del país y subordina a las instituciones civiles que deben ser garantes de un sistema de justicia democrático, acentuando con ello los altos niveles de violencia que sufre la sociedad mexicana”.
Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, pidió a López Obrador “enmendar” su propuesta en materia de seguridad: “El nuevo gobierno debería romper el paradigma militar de seguridad y establecer un nuevo modelo. Deberían ser las instituciones civiles las responsables de la seguridad en el país y deben mantener el control de las operaciones. La propuesta del presidente electo de continuar la militarización debería ser enmendada para enfocarse en el fortalecimiento y profesionalización de las policías civiles”.
En tanto, desde Washington, José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Right Wacht (HRW), declaró que el nuevo gobierno hereda una “catástrofe de derechos humanos que ha sido causada, en gran medida, por la militarización de la seguridad pública en el país”. Esta misma ONG recordó que los dos últimos presidentes utilizaron a los militares en tareas de seguridad no solo con resultados ineficaces, sino desastrosos en materia de derechos humanos. “Las Fuerzas Armadas del país están hechas para la guerra, no para la seguridad pública, y han cometido gravísimos abusos contra civiles, con generalizada impunidad”, declaró el directivo de HRW.
El plan de paz y seguridad de López Obrador es una noticia terrible si nos atenemos a las estadísticas de personas torturadas por los distintos cuerpos armados, según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2016): 88 por ciento de los detenidos por la marina, 86 por ciento de los arrestados por el ejército; y 81 por ciento de los detenidos por la Policía Federal dijeron haber sido torturados durante su detención, publicaron Lilian Chapa Koloffon, Laura Aquino y Layda Negrete (https://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2018/11/15/ejercito-y-marina-bajo-la-lupa/).
Es decir, se estaría entregando la seguridad pública nacional a cuerpos de las fuerzas armadas que sistemáticamente violan los derechos humanos y cuyas recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los acusan de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extraordinarias.
No debemos permitir que la militarización se complete en el país, aún así la proponga una gobierno “progresista”. La propuesta de López Obrador no es sólo una traición a su propia palabra que ofreció retirar a los militares de las tareas policiacas, sino una traición al grueso de sus electores que lo eligieron al cargo, en buena medida rechazando la guerra y la militarización del país que avanzó los dos sexenios anteriores.
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