El mundo mexicano está al
revés. Quienes iban a acabar con la violencia en los primeros 100 días
administración de Enrique Peña Nieto, se encaminan a ser el gobierno donde
mayor muertos, por homicidios dolosos, se hayan registrado, a un ritmo actual
de cuatro cada 60 minutos.
Y quien vio en el gobierno
de Felipe Calderón el origen de todos los males en materia de seguridad,
decidió que para la pacificación del país, cuando llegue a la Presidencia,
recurrirá a la estrategia que precisamente desarrolló el gobierno anterior. Qué
paradoja. La Némesis mexicana, como identificaron al gobierno de Calderón,
resultó tener una estrategia que funcionaba mejor.
Al presentar su plan de
gobierno el lunes pasado, el proyecto de López Obrador pasa por el rediseño
institucional del área de la seguridad, la coordinación y profesionalización de
los cuerpos de seguridad. Prioriza la inteligencia por sobre la fuerza y por el
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los miembros de los cuerpos
policiales. “Ha sido un error reducir la estrategia de seguridad a una
correlación de la capacidad de fuego entre los cuerpos policiales y el crimen
organizado con el único fin de capturar a los grandes capos del narcotráfico”,
dice en el proyecto del plan de gobierno. “Llevamos más de 10 años aplicando
esa lógica centrada únicamente en descabezar cárteles, sin desmantelar su
infraestructura financiera. Los resultados han sido efímeros y pobres”.
Tiene razón López
Obrador, pero en lo cosmético. El documento que le prepararon sus asesores en
seguridad toca los linderos del problema de la seguridad pública pero no lo
ataca de fondo. El problema de la última década obedece a otros factores más
complejos. La violencia en el sexenio de Calderón escaló por el cambio de
incentivos en la lucha contra el crimen organizado de los gobiernos anteriores.
Previamente, la racional era que sexenalmente se atacaba a un cártel, máximo
dos, con lo cual las organizaciones criminales pactaban entre sí plazas y
territorios, sin enfrentarse entre ellas y así evitar que al llevar la
violencia en las calles, la respuesta del Estado fuera equitativamente
violenta.
El viejo esquema –que
algunos han caracterizado como un pacto con los cárteles- se rompió por la
incompetencia del gobierno de Vicente Fox en la lucha contra el crimen
organizado, que en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, pasaron a jugar el rol de
autoridad, apoderándose de municipios en esas entidades. Esa pérdida de control
territorial llevó a Calderón a dejar de combatir con discrecionalidad e iniciar
una guerra de 360 grados, con lo que el incentivo criminal de no pelear entre
ellos cambió a la guerra de aniquilación para evitar perder el negocio y la
vida. La estrategia de Calderón fue similar a la que se siguió en otros países
para enfrentar a las organizaciones criminales en Palermo, Medellín, Nueva York
o Miami, donde el costo de vidas iba a subir. La estrategia era de velocidad:
que tan rápido podía el gobierno descabezar a los cárteles y desarticularlos
operativamente, versus que tan veloz pudieran reemplazarlos las organizaciones
criminales para no sufrir en sus estructuras.
El índice de violencia
comenzó a bajar en mayo de 2011, pero el equipo de Peña Nieto descalificó por
completo la estrategia –porque no la entendió nunca- y señaló que sería
mediante la prevención como lograrían bajar la violencia. Dejaron de combatir
ocho meses a los cárteles, y ante la pasividad, se fortalecieron. La prevención
se redujo a minucias –como repartir lentes a los niños para que pudieran leer y
no dejaran la escuela y se integraran a las pandillas—y durante los dos
últimos años dejaron de dar presupuesto a ese rubro. Desmanteló la Plataforma
México, que aportaba inteligencia criminal, y con una visión torcida de la
seguridad, la Secretaría de Gobernación absorbió a la Secretaría de Seguridad
Pública. El resultado es que en el gobierno de Peña Nieto la violencia se
incrementó a niveles nunca antes vistos y la expansión criminal cubre
prácticamente todo el país.
López Obrador, como
nadie, quiere que siga esta tendencia de victoria criminal. En el plan de gobierno
está su solución. Quizás sin saberlo, pero el proyecto recoge el Acuerdo
Nacional por la Seguridad y la Justicia y la Legalidad que se firmó –incluidos
los entonces gobernadores Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong- en el Palacio
Nacional el 21 de agosto de 2008, donde convierte a la seguridad pública en un
asunto de Estado y enumera una serie de acciones de coordinación y estrategia
de inteligencia que ejecutó Plataforma México hasta que el gobierno actual la
liquidó. El fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de
justicia, así como también la profesionalización de las policías y su
mejoramiento salarial, fueron parte del diseño de Calderón, de donde López
Obrador también recoge en su proyecto, la restitución de la Secretaría de
Seguridad Pública.
El que haya recurrido a
una estrategia ya planteada, no debe llevar a la descalificación del plan de
gobierno de López Obrador. Más bien, habla de una maduración al sostener que la
seguridad pública no debe ser un asunto de interés sexenal sino del Estado
Mexicano.
La improvisación del
equipo de seguridad del presidente Peña Nieto ya mostró el costo que conlleva
la incompetencia. Un sexenio tirado a la basura por los aventureros de este
gobierno ha sido demasiado.
Fuente.-@rivapa /imagen/Twitter
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