El titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo que los ombudsman de las comisiones de Derechos Humanos de Guerrero, Veracruz y Tamaulipas denunciaron, tras el asesinato de su par en Baja California Sur, que han recibido amenazas por parte del crimen organizado
Luego del asesinato de Silvestre de la Toba Camacho, ombudsman de Baja California Sur, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) responsabilizó a los tres niveles del gobierno de la indiferencia que han mostrado ante la indefensión de estos servidores públicos, y dijo que lo violencia contra los defensores buscan inhibir su actuación en las comisiones estatales.
Mientras que en Twitter, Enrique Pela Nieto dijo que el gobierno de México respalda la labor de los ombudsman en el país, a la vez que anunció que la Procuraduría General de la República (PGR) realiza las investigaciones del “condenable ataque”, la CNDH recalcó que las amenazas han sido recibidas en estados en donde reina el crimen organizado y la impunidad.
González Pérez señaló a su vez que el asesinato de Silvestre de la Toba Camacho evidencia “la insuficiencia de las tareas que el tocan a los tres niveles de gobierno y la indiferencia de las autoridades”, lo que, insistió, “propicia condiciones para que se atente en contra de los defensores civiles”.
Durante la presentación de la campaña “Para que un día no tengamos que ser defensores de derechos humanos”, el representante dela CNDH puntualizó que desde 2016, con la emisión de la Recomendación General 24, se trazó una ruta que respalda las actividades de los defensores, algo que ha sido omitido por los gobiernos estatales.
“Los ataques contra los defensores se han incrementado a tal nivel que de 2006 a la fecha se han registrado 34 asesinatos de personas dedicadas a defender los derechos humanos”, sostuvo Luis Raúl González, quien hizo un nuevo llamado a las autoridades a esclarecer los crímenes, tanto de defensores como periodistas, ante la total impunidad que permea este tipo de casos.
Por su parte, el procurador general de justicia de Baja California Sur, Erasmo Palemón Alamilla Villeda, dio a conocer que no había ninguna denuncia previa por amenaza en contra de De la Toba Camacho ni contra su familia. Sin embargo, consideró poco probable que el asesinato del ombudsman y el de su hijo haya tenido como móvil el robo, ya que el ataque se dio desde un vehículo a otro.
Asimismo, la comisionada de Derechos Humanos en Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez, aceptó que también ha recibido amenazas, pero reveló de parte de quien. Sostuvo además que tras el asesinato de su par en Baja California Sur, urge la aplicación de medidas cautelares, tanto de los familiares de la víctima como de los defensores de derechos humanos en el estado.
Con información de Milenio
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