Pegasus sólo se va a utilizar “contra determinados grupos criminales”, nos dijo el general de división Ricardo Trevilla Trejo. En ese entonces, julio de 2012, el director de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) buscaba salir al paso de las informaciones que daban cuenta de la adquisición de un poderoso sistema de espionaje y de una disputa al interior de la dependencia por la sucesión del alto mando. Estábamos en las postrimerías del también violentísimo sexenio de Felipe Calderón.
Sí nos interesaba saber de las pugnas suscitadas entre el generalato por ver quién se quedaba con el quepis de cuatro estrellas para el siguiente sexenio (encarcelamientos, amenazas y muertes se sucedían en esos días entre personal militar, sin que necesariamente esos hechos fueran producto de tales disputas). Pero nos interesaba más saber acerca de las condiciones y los objetivos de los contratos de los que ya teníamos copia: los de la modernización de las capacidades de espionaje de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, cuyas operaciones asignadas son las de inteligencia y contrainteligencia militar.
Miguel Badillo, mi director, me había incorporado a la investigación que él había iniciado y de la que ya había dado cuenta desde el primer día de julio de ese año (2012). Había obtenido la información nodal: los contratos para la modernización del Centro de Comando y Control, sus subcentros y módulos y la instalación de la Plataforma Pegasus. Todo adscrito a la Sección Segunda de la Sedena.
Muy interesantes resultaban las probables irregularidades en los contratos. Pero más aún nos interesaba saber de las capacidades reales del sistema adquirido por las Fuerzas Armadas del país a precios que, en su conjunto, rebasaban los 10 mil millones de pesos (por sí solo, Pegasus costó 2 mil millones de los de entonces). Nos quedaba claro que cualquier persona quedaría desnuda, vulnerable, si ese software malicioso se dirigiera en contra de su teléfono celular. No sólo se tendría acceso a la ubicación permanente del espiado. También a todas sus conversaciones e intercambios de información de cualquier tipo que se realizaran por el aparato: voz, texto, imagen. Todos los chats, correos electrónicos, mensajes msm… Más aún, los operadores de Pegasus podrían hacer funcionar la cámara y el micrófono del smartphone en cuanto quisieran sin que pudiera advertirlo la víctima. Así que toda la vida del espiado estaba expuesta. Adonde fuera llevaría, sin advertirlo, a los espías en su bolsillo.
El general reconoció que se trataba de un asunto “delicado” y, como lo publicamos en ese entonces, nos aseguró que Pegasus no se usaría siquiera contra la delincuencia común. Sólo contra determinados grupos del crimen organizado y contra los grupos armados. Y dijo: “el equipo es para cumplir con nuestras misiones, establecidas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea. En este caso nos referimos a la segunda misión: garantizar la seguridad interior”.
NOTA RELACIONADA:
Siempre nos preocupó que Pegasus se utilizara contra la población.
Durante todo el siglo XX y, a pesar de los esfuerzos de algunos personajes por profesionalizar los servicios de inteligencia, en lo que va del XXI, los organismos de seguridad y defensa nacionales han tenido como objetivo defender al régimen y al grupo gobernante; no a la nación. Y lo hacen con todas las herramientas a su alcance, incluso las que no son legales. Rebasaría a este espacio pretender recapitular la actuación de la Dirección Federal de Seguridad (antecedente del actual Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen) y de la propia Sedena en asuntos como los del 68, el 71, la Sierra de Atoyac, la Guerra Sucia… Todo les pareció válido para defender un grupo en el poder (por cierto, el mismo, aunque de otra generación, que actualmente detenta el gobierno federal).
Hoy no han cambiado mucho las cosas. Las 10 personas espiadas de las que Citizen Lab y The New York Times dieron cuenta (y corroboraron Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales y Social Tic), son sólo un pequeñísimo botón de muestra (Pegasus puede intervenir 1 mil aparatos de manera simultánea). El espionaje ilegal realizado desde las estructuras de la seguridad nacional puede hacerse porque no hay contrapesos. Las instituciones de “seguridad nacional” no rinden cuentas a nadie. Nadie las ausculta. Nadie las vigila. A los integrantes de estas instituciones les gusta decir que sí hay controles y que existe incluso una Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional en el Poder Legislativo Federal. Se ríen para sus adentros. Los diputados y senadores de la pomposa comisión no saben prácticamente nada ni inciden siquiera en la elaboración de la Agenda Nacional de Riesgos (otro documento “secretísimo” del que también el equipo de Contralínea dio cuenta en estas páginas). Bueno, muchas veces, ni la Agenda les dejan ver a los legisladores.
Con instituciones de seguridad nacional e inteligencia sin contrapesos reales, con controles incipientes, con altos índices de corrupción en el ejercicio público y con un grupo en el poder dispuesto a hacer lo que sea para no soltarlo… ¿no era legítimo preocuparse del uso que se le daría a Pegasus?
La semana pasada platiqué con los periodistas Scott Bronstein y Rita Vásquez, quienes por parte del respetado diario panameño La Prensa colaboraron en la investigación de Los papeles de Panamá. Cuando les pregunté qué había sido lo más difícil de la investigación, no se refirieron a los problemas técnicos de acercarse a temas complicados. Tampoco a los obstáculos que desde los poderes económico y político les fueron sembrando. Ni siquiera a las presiones directas y amenazas que recibieron. Scott y Rita coincidieron en que lo más difícil fue soportar una campaña de estigmatización que buscó colocarlos como “traidores a la patria”.
Me sorprendió. El poder utiliza los mismos argumentos en cualquier latitud para ocultar información y denostar a quien arroja luz sobre conductas ilícitas de funcionarios públicos.
Cuando publicamos en 2012 los contratos de Pegasus, se nos dijo que se nos podría acusar de “traición a la patria” por el “daño causado a las instituciones”. Lo mismo, cuando el equipo de periodistas que encabeza Miguel Badillo publicó un reportaje seriado sobre la Agenda Nacional de Riesgos, que reveló que las instituciones del Estado consideran a movimientos sociales pacíficos un riesgo para la nación. También cuando en las páginas de Contralínea se dio cuenta de los exorbitantes sueldos de los funcionarios del Cisen…
Luego de ver con preocupación e indignación casos como los de Pegasus, plataforma utilizada sin que medie ningún requerimiento judicial contra la población, es justo preguntarse: ¿de dónde viene la traición a la patria?
Fuente.-Zósimo Camacho
LOS CONTRATOS IRREGULARES en la SEDENA,NEGO$IANDO con la SEGURIDAD.
En los 3 últimos años (2010-2012) de la administración calderonista, la Sedena, a cargo entonces del general Guillermo Galván Galván, asignó sin licitar 18 contratos a proveedores privados extranjeros por más de 10 mil millones de pesos para la adquisición de equipos y servicios que son utilizados en las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas (Oficio de papel, 1 de julio de 2012).
La justificación de dichas compras multimillonarias, adjudicadas de manera directa y amparadas en el marco legal de la seguridad nacional, era que el Ejército contara con un moderno equipo tecnológico y de comunicación “para investigar a grupos armados (guerrilla) y a la delincuencia organizada (narcotráfico)”. Dicha adquisición fue autorizada por el Comité de Compras del Ejército, en donde participa el propio secretario de la Defensa.
Derivado de esos 18 contratos otorgados de manera directa a dos proveedores extranjeros –AV y D Solutions, SA de CV, y Security Tracking Devices, SA de CV–, algunos generales de la Sedena presentaron varias denuncias ante la Presidencia de la República, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por supuestos actos de corrupción y desvíos de recursos públicos. Las irregularidades se presumían en ocho contratos, por un monto total de 5 mil 628 millones de pesos, “destinados a la compra de equipo de intervenciones telefónicas y espionaje para el área de inteligencia de la Sección Segunda del Ejército”.
La delicada investigación, iniciada en el último año del gobierno calderonista, fue mandada al archivo para evitar causar un escándalo mayor y frenar a los generales que en ese entonces aspiraban a suceder a Galván Galván en la Secretaría de la Defensa Nacional.
Fue también en julio de 2012 cuando el secretario de la Defensa ordenó al titular de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, general Marco Antonio González Barrera, realizar una investigación interna para descubrir a los militares responsables de las filtraciones y denuncias, especialmente en la Oficialía Mayor y en la Subsecretaría, a cargo del general Salvador Cienfuegos Zepeda (actual titular de la Defensa) y Carlos Demetrio Gaytán, respectivamente.
Los ocho contratos de la Sedena en poder de Contralínea, y que el gobierno se niega a transparentar, fueron revisados por la Auditoría Superior de la Federación, la cual resolvió lo siguiente:
Contrato de Fase 1: instalaciones adecuadas
La adquisición de la Primera Fase del Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, fue pactada con Security Tracking Devices el 10 de septiembre de 2010, bajo el contrato 455000033 con folio SAITE-1203/2010. Como en todos los contratos auditados, los productos y servicios fueron adquiridos, administrativamente, por la Subdirección de Adquisiciones de Informática, Transmisiones y Electrónica, dependiente de la Dirección General de Adquisiciones.
El monto total fue de 650 millones de pesos por una adecuación del edificio del Centro de Comando y Control acorde con los nuevos equipos que recibiría y la modernización de las funciones: sistemas de videovigilancia, control de accesos y de videoconferencia; 156 “posiciones de análisis y operación”; nueve estaciones de trabajo para la jefatura, subjefatura y oficinas administrativas y de mantenimiento; sistema telefónico para 200 extensiones y 20 entradas. Además, instalación de los sistemas computacionales Pen Link y TCI, software y hardware para realizar espionaje electrónico. Estos sistemas serían la base de lo que se agregaría en las siguientes fases.
También en esta primera fase se contemplan cuatro estaciones remotas de amplio espectro y dos estaciones remotas transportables en vehículos automotores.
La Sedena pagó por medio de transferencia bancaria a la cuenta 65500952869, con número Clabe 014320655009528691, radicada en Guadalajara, Jalisco, del banco Santander, a nombre de Security Tracking Devices. El proveedor se comprometió a entregar todos los productos y servicios “a más tardar el 31 de marzo de 2011”.
Contrato de Segunda fase: integración de la Plataforma Pegasus
La compra de los bienes y servicios que integran la Segunda Fase del Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la Sección Segunda, se realizó por medio del contrato 4550000007, folio SAITE-539/2012, con Security Tracking Devices.
La Sedena siguió remodelando lugares de trabajo y adquiriendo más equipo: otras 70 computadoras, sistemas de procesamiento de imágenes, 60 teléfonos, sistemas de almacenamiento masivo, red de comunicaciones del Centro de Procesamiento de Datos, instalación del Módulo Central de la Plataforma NSO Pegasus de Monitoreo de smartphones, con capacidad para espiar 400 BlackBerry, 100 symbian y 100 android.
Los pagos, que ascendieron a 1 mil millones de pesos se realizaron también por medio de transferencia bancaria a la cuenta citada.
Contrato de Tercera fase: Pegasus, el espionaje total
La adquisición de la Tercera Fase del Sistema de Inteligencia Regional está amparada por el contrato 4550000006, con folio SAITE-540/2012. Se trata de la puesta en marcha de todo un sistema de espionaje del que incluso se explicitan la funciones en el documento que la Sedena firmó con Security Trackin Devices.
Entre los “componentes” del Sitio Central del Sistema de Control de Procesamiento de Datos se encuentra la “instalación y puesta en operación de Pegasus Mobile Communcation Solution para la plataforma Iphone”, para 400 usuarios.
Con este tipo de software, los agentes podrán “operar con las siguientes funciones de adquisición de datos: extracción de SMS/MSM; lista de contactos; registros de agenda; monitores de e-mail; intercepción de voz; extracción de mensajería instantánea; información de ubicación GPS/Cell ID; captura de imágenes de pantalla y de la cámara; acceso y manipulación del sistema de archivos; información y estado del sistema; información de la tarjeta SIM; información del hardware, sistema operativo y software; denegación de capacidades de servicio, y detener el funcionamiento del dispositivo”.
Todo podrá ser realizado sin que sea detectado por los usuarios espiados, aunque éstos cuenten con aparatos encriptados, con antivirus y antiespías: una de las características de los productos es “ser indetectables en los dispositivos del hardware y por programas de software (antivirus, antispyware) existentes en el mercado”.
El espionaje no se reduce sólo a los aparatos de cómputo, de telefonía y radial. La Sección Segunda se hizo de un Sistema Táctico de Imágenes a través de paredes, con un costo de 90 millones 417 mil 600 pesos. El monto total del contrato, que incluye también más adecuaciones a los edificios, ascendió a 1 mil millones de pesos.
Además de los contratos específicos para las tres fases del Sistema de Inteligencia, la Sedena celebró otros para la Sección Segunda, que complementaban proyectos como Plataforma Pegasus.
Todos se firmaron durante 2011 con Security Tracking Devices. Se trata de cinco convenios para adquirir un sistema de designadores electromagnéticos de señales satelitales de telefonía celular; equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones; otro sistema de designadores electromagnéticos de señales satelitales de telefonía celular; un sistema procesador electromagnético, y ocho estaciones remotas móviles de radiocomunicación y sistemas de inteligencia. A cada adquisición correspondieron los contratos 4500006718 (por 300 millones de pesos); 4500006876 (por 249 millones 999 mil 999); 4500006908 (por 200 millones); 4500000147 (por 1 mil 160 millones), y 4500000525 (por 1 mil 68 millones 499 mil 999 pesos), respectivamente.
Todos los contratos contienen una cláusula de confidencialidad, que obliga a las partes a no difundir el contenido de la negociación. A la letra dice: “Guardar en secreto todos los datos y condiciones especiales de este contrato, así como cualquier circunstancia de orden militar relativa a la Secretaría, y que llegue a su conocimiento o de su personal, como consecuencia de este contrato. La documentación suministrada por el proveedor a la Secretaría debe ser tratada con toda reserva del caso…” Sin embargo, esto ya es público.
fuente.-Miguel Badillo.
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