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| Imagen.-Internet/ |
Ginger Thompson revela, en un extraordinario reportaje para
ProPublica y National Geographic, que funcionarios mexicanos y estadounidenses
provocaron, con su frivolidad y/o corrupción, la desaparición de 60 personas en
Allende, Coahuila, en marzo de 2011.
A partir de 2007 Los Zetas tomaron control del norte de Coahuila. El presidente municipal de Piedras Negras Fernando Purón lo resume: "se apoderaron de todas las actividades comerciales... tráfico de drogas y de armas... compañías y negocios en el sector de servicios, en bienes raíces, en la construcción".
Quienes se resistían o estorbaban eran asesinados o desaparecidos. Por debilidad o complicidad los Alcaldes, el Gobernador y la Federación lo aceptaron.
Toneladas de drogas estaban entrando a Estados Unidos por Piedras Negras y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), fiel a la estrategia de su país, se propuso descabezar la estructura criminal encabezada por los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, el Z40 y Z42 (se brincaron el Z41 por la homofobia tan común en esos grupos).
La DEA chantajeó a lugartenientes de los capos y obtuvo los números de identificación que permitían rastrear los teléfonos celulares de la cúpula criminal.
El Z40 y Z42 hubieran sido atrapados en 2011, pero un jefe de la DEA envió los números a la Unidad de Investigaciones Sensibles de la Policía Federal "pensando que tenían un amigo allí en quien podían confiar".
Dicha Unidad dependía de la Dirección de Operaciones Antinarcóticos, que tenía tres supervisores comandados por un subdirector, que dependía de Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública y hombre de confianza de Felipe Calderón. Uno de ellos informó a Los Zetas del riesgo que corrían.
Los Treviño Morales decretaron la muerte de los traidores y de sus familiares y empleados. Entre los municipios castigados estuvo Allende (una ciudad de 23 mil habitantes cercana a Piedras Negras) donde desaparecieron a 60 hombres, mujeres y niños.
Ginger Thompson documentó que "las autoridades estatales" recibieron unas "250 llamadas de personas" que informaban de la violencia o pedían ayuda. Ninguna autoridad les hizo caso.
Los Gobiernos de México y Estados Unidos envolvieron la tragedia con un pesado sudario de silencio y cinismo. En México han sido detenidos una docena de actores secundarios; ninguno "ha sido acusado de asesinato".
El vocero de la DEA lavó las manos de la institución: ellos no tienen las "manos manchadas de sangre" por lo sucedido en Allende. Los únicos culpables son los hermanos Treviño Morales que están en la cárcel. Se reconfirma que a Estados Unidos le importa poco el costo en vidas mexicanas.
El reto es lograr que los dos Gobiernos acepten la corresponsabilidad demostrada por Ginger Thompson, con el apoyo de la mexicana Alejandra Xanic. Lo que sabemos es por las luchas de los familiares de víctimas y el esfuerzo de periodistas, académicos y un puñado de funcionarios que han entregado información. Al rompecabezas le faltan piezas.
En estos momentos tres instituciones están entregando información a un equipo de investigación de El Colegio de México que coordino: el Gobierno de Coahuila, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El Ejecutivo federal se hace el desentendido.
El actual comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, debe esclarecer la identidad del funcionario que avisó a Los Zetas que sus teléfonos podían ser intervenidos.
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, debe exigir a Washington la identidad de los funcionarios de la DEA que transmitieron la información a la Policía Federal.
El Gobierno de Donald Trump está ligando comercio y seguridad y reclama a México que frene migrantes y colabore con Washington en el descabezamiento de cárteles. Respondamos demandando que la justicia para las víctimas mexicanas se busque hasta la frontera con Canadá.
Allende es una tragedia gestada de manera binacional. Si los Gobiernos de México y Estados Unidos continúan refugiándose en el silencio o el cinismo seguirán siendo cómplices de Los Zetas que desaparecieron en 2011 a 60 personas en Allende, Coahuila.
Colaboró Zyanya Valeria Hernández Almaguer.
Fuente.-Segio Aguayo/Columnista/
A partir de 2007 Los Zetas tomaron control del norte de Coahuila. El presidente municipal de Piedras Negras Fernando Purón lo resume: "se apoderaron de todas las actividades comerciales... tráfico de drogas y de armas... compañías y negocios en el sector de servicios, en bienes raíces, en la construcción".
Quienes se resistían o estorbaban eran asesinados o desaparecidos. Por debilidad o complicidad los Alcaldes, el Gobernador y la Federación lo aceptaron.
Toneladas de drogas estaban entrando a Estados Unidos por Piedras Negras y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), fiel a la estrategia de su país, se propuso descabezar la estructura criminal encabezada por los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, el Z40 y Z42 (se brincaron el Z41 por la homofobia tan común en esos grupos).
La DEA chantajeó a lugartenientes de los capos y obtuvo los números de identificación que permitían rastrear los teléfonos celulares de la cúpula criminal.
El Z40 y Z42 hubieran sido atrapados en 2011, pero un jefe de la DEA envió los números a la Unidad de Investigaciones Sensibles de la Policía Federal "pensando que tenían un amigo allí en quien podían confiar".
Dicha Unidad dependía de la Dirección de Operaciones Antinarcóticos, que tenía tres supervisores comandados por un subdirector, que dependía de Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública y hombre de confianza de Felipe Calderón. Uno de ellos informó a Los Zetas del riesgo que corrían.
Los Treviño Morales decretaron la muerte de los traidores y de sus familiares y empleados. Entre los municipios castigados estuvo Allende (una ciudad de 23 mil habitantes cercana a Piedras Negras) donde desaparecieron a 60 hombres, mujeres y niños.
Ginger Thompson documentó que "las autoridades estatales" recibieron unas "250 llamadas de personas" que informaban de la violencia o pedían ayuda. Ninguna autoridad les hizo caso.
Los Gobiernos de México y Estados Unidos envolvieron la tragedia con un pesado sudario de silencio y cinismo. En México han sido detenidos una docena de actores secundarios; ninguno "ha sido acusado de asesinato".
El vocero de la DEA lavó las manos de la institución: ellos no tienen las "manos manchadas de sangre" por lo sucedido en Allende. Los únicos culpables son los hermanos Treviño Morales que están en la cárcel. Se reconfirma que a Estados Unidos le importa poco el costo en vidas mexicanas.
El reto es lograr que los dos Gobiernos acepten la corresponsabilidad demostrada por Ginger Thompson, con el apoyo de la mexicana Alejandra Xanic. Lo que sabemos es por las luchas de los familiares de víctimas y el esfuerzo de periodistas, académicos y un puñado de funcionarios que han entregado información. Al rompecabezas le faltan piezas.
En estos momentos tres instituciones están entregando información a un equipo de investigación de El Colegio de México que coordino: el Gobierno de Coahuila, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El Ejecutivo federal se hace el desentendido.
El actual comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, debe esclarecer la identidad del funcionario que avisó a Los Zetas que sus teléfonos podían ser intervenidos.
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, debe exigir a Washington la identidad de los funcionarios de la DEA que transmitieron la información a la Policía Federal.
El Gobierno de Donald Trump está ligando comercio y seguridad y reclama a México que frene migrantes y colabore con Washington en el descabezamiento de cárteles. Respondamos demandando que la justicia para las víctimas mexicanas se busque hasta la frontera con Canadá.
Allende es una tragedia gestada de manera binacional. Si los Gobiernos de México y Estados Unidos continúan refugiándose en el silencio o el cinismo seguirán siendo cómplices de Los Zetas que desaparecieron en 2011 a 60 personas en Allende, Coahuila.
Colaboró Zyanya Valeria Hernández Almaguer.
Fuente.-Segio Aguayo/Columnista/
opinion@elnorte.com
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