Esta semana quedó “sellado” un acuerdo entre el gobierno y las fracciones parlamentarias del Senado (PRI-PAN-PRD, PVEM, Panal Y PT) sobre el contenido definitivo de la reforma constitucional que crea el Mando Único para las policías municipales de todo el país, después de 17 meses transcurridos desde que el presidente Enrique Peña Nieto propusiera esa reforma como el primer punto de un decálogo “para mejorar la seguridad en el país”, tras los sucesos de Iguala donde policías municipales coludidos con narcotraficantes desaparecieron y asesinaron a 43 normalistas de Ayotzinapa.
Un año y cinco meses de tensiones y desencuentros llegaron a su fin el jueves pasado cuando el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong y el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, analizaron junto con el resto de los líderes parlamentarios la propuesta “flexibilizada” o “mixta” que presentó el PAN, la cuál modificó la iniciativa presidencial que proponía la aplicación “centralizada” y sin distingos del Mando Único en todos los municipios de la República, a cambio de una que permitirá evaluar en qué casos debe aplicarse ante la incapacidad de los ayuntamientos para prestar el servicio de seguridad pública, y en cuáles casos no aplica porque las alcaldías cumplen con requisitos de capacidad para seguir manejando sus policías.
El proyecto de dictamen consensuado, que será presentado en los próximos días, fue elaborado por un grupo de especialistas que encabezó Gil Zuarth y, con base en la revisión de sistemas policiales de varios países, modifica varios artículos constitucionales y propone un nuevo modelo para la seguridad pública en los 2 mil 454 municipios de México. De entrada, establece la creación de un “Sistema Nacional de Policías”, que sería coordinado por el ya existente Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y que se encargaría de tener una base de datos de todas las policías municipales, un sistema de escalafón y reconocimiento de grados que aplicaría a nivel nacional, un sistema de prestaciones sociales (créditos para vivienda, becas, fondos de ahorro) que estaría a cargo de la instancia federal, y una Escuela Nacional de Policía, en donde se formarían cuadros que podrían ser contratados por cualquier municipio que los necesitara.
El nuevo modelo parte de la premisa de que los municipios tendrán la opción de decidir si quieren seguir manejando la seguridad pública con sus propias policías, siempre y cuando obtengan la “Certificación” que deberá otorgar el Secretariado Ejecutivo del SNSP. Dicha “certificación” consistirá en evaluar si el municipio cumple con las capacidades técnicas, de equipamiento, presupuestarias y de confiabilidad en sus policías para hacerse cargo de la seguridad; en caso contrario, todos los municipios que no reúnan esas condiciones deberán entregar el manejo de la seguridad al Mando Único, que podrá ser del gobierno del estado, cuando éste cumpla con las mismas condiciones mencionadas o, en su defecto, si el estado tampoco puede hacerse cargo, será el gobierno federal el responsable de manejar la seguridad municipal.
Eso sí, la reforma constitucional dispone que en el caso de que un municipio renuncie a prestar el servicio de seguridad o sea obligado por ley a entregarlo, también se le quitarán las partidas federales que se le asignaban para tal fin que serán manejadas ahora por los órganos del Sistema Nacional de Policías.
Policías “portables” y prestaciones federales. Entre las novedades que introduce la propuesta de Mando Único finalmente consensuada entre los senadores de todos los partidos y el gobierno, hay un concepto que vuelve a los policías municipales de todo el país “portables”; es decir que un policía, preparado y certificado por los nuevos órganos que se crearán en el Sistema Nacional de Policías, podría trabajar en una ciudad del país, por ejemplo, en Morelia, y si un día decide cambiarse de ciudad, a Reynosa, podría solicitar su cambio llevándose el grado, sueldo y cargo que detentara al momento de su traslado. Esto iría acompañado de un registro nacional en el cual estarían los policías despedidos por falta de capacidad o “fichados” por corrupción o al no pasar los controles de confianza, que podría ser consultado por cualquier municipio antes de hacer una contratación.
El escalafón también aplicaría a nivel nacional y se ofrecerían, en los nuevos órganos nacionales, cursos de capacitación y actualización a los policías de todo el país en temas como el manejo de armas y uso de la fuerza, además de que, para combatir la corrupción y garantizar el mismo nivel de ingresos, se homologarán los sueldos y se fijaran tabuladores en todo el país, por regiones económicas y por nivel de riesgo de cada municipio.
Los ingresos de los policías se conformarían de dos conceptos: por un lado el pago del sueldo de nómina, que estaría a cargo del municipio o el gobierno estatal o federal, en caso de aplicarse Mando Único, y el pago de prestaciones sociales (créditos, apoyos, becas, cursos) que estarían a cargo del nuevo Sistema Nacional.
Por lo pronto, los acuerdos que tanto se tardaron en el Mando Único avanzan y en la Mesa Directiva del Senado, que preside el panista Roberto Gil Zuarth, estiman que en semana y media estaría discutiéndose en comisiones el dictamen de reforma constitucional que sería votado, y todo indica que aprobado, antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones.
Fuente.-Salvador Garcia Soto
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