Sin trabajo, sin pensión y con tan solo el apoyo moral de
algunos militares en retiro –quienes celebran su libertad-, el General
Brigadier Ricardo Martínez Perea, a sus 70 años, enfrenta un futuro incierto
lleno de deudas, producto de más de 40 años de servicio a la nación, empañados
por la misteriosa acusación de tener de nexos con el crimen organizado y un
encierro, a todas luces injusto, de 15 años en diferentes prisiones federales.
Corría el día 3 de abril de 2001 en las instalaciones del
21º Regimiento de Caballería Motorizada, cuando aproximadamente a las dos de la
madrugada, el Teniente Coronel Velarde Sigüenza y un agente del Ministerio
Público Militar –sin identificar-, le indicaban al General Brigadier Ricardo
Martínez Perea que se encontraba indiciado en una investigación para lo cual
era necesario trasladarlo al Ciudad de México.
“Sin mostrarme documento alguno me subieron a un vehículo
y me llevaron a mi domicilio, el cual se encontraba rodeado por elementos de la
Policía Judicial Militar…solo me permitieron recoger artículos personales,
antes de trasladarme al aeropuerto para abordar un avión militar”, señaló
Martínez Perea en entrevista exclusiva a Estado Mayor.
En el avión mencionado por el castrense, también se
encontraban el Capitán Maya Díaz, el Teniente Quevedo Guerrero y tres elementos
de tropa, todos escoltados por elementos de la Policía Judicial Militar. El
viaje de la aeronave culminó a las 10 de la mañana en la Base Aérea Militar de
San Juan Teotihuacán.
Allí, los tripulantes fueron trasladados a las
instalaciones de la Policía Judicial Militar, donde a Martínez Perea se le
asignó un abogado de oficio –no le permitieron hablarle a su representante
legal-, la cual era una Teniente que no se preocupó en orientar al General
Brigadier o siquiera asistirlo en su declaración…es más, el indiciado, hasta el
día de hoy, desconoce su nombre.
Las causas detrás de dichas detenciones son poco claras,
hasta para el mismo General Brigadier, quien hace algunas suposiciones sobre
las posibles escenarios que hicieron posible su arresto:
“En primer lugar, debemos considerar la negación de
Estados Unidos de dotar a México de la certificación antidroga, la cual incluía
la aportación de varios millones de dólares, debido a los malos resultados en
la lucha contra el narcotráfico, entre los cuales se incluía la fuga del líder
del Cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”, recuerda el militar.
Por otro lado, el 21º Regimiento de Caballería Motorizada
se destacó por la cantidad de aseguramientos de narcóticos armamento e
inmuebles en la plaza de Nuevo Laredo, lo cual hace plausible la teoría de
Martínez Perea sobre una falsa acusación, por parte de las personas afectadas
en búsqueda de venganza.
Por último, vale la pena recordar las declaraciones del
entonces presidente Vicente Fox Quesada y de su vocera oficial, Marta Sahagún,
quienes sin el respeto al debido proceso se aventuraron a enunciar en el mismo
día de la detención del castrense lo siguiente:“Hoy cayó en el combate a
las drogas el General Brigadier Ricardo Martínez Perea junto con dos de sus
lugartenientes, el Capitán de Caballería Pedro Maya Díaz y el Teniente de
Caballería Javier Antonio Quevedo Guerrero, los cuales van a ser procesados y
sentenciados a 15 años de prisión”.
Siguiendo la línea característica del Ejecutivo durante
la administración foxista, “olvidaron” que México es un país de leyes. Sin
siquiera iniciar el debido proceso, sentenciaron a prisión a los indiciados.
Si bien la falta de cautela para anunciar la detención
por parte del Ejecutivo Federal pudiera parecer causa suficiente para dudar de
las ”pruebas” en contra de Martínez Perea, las irregularidades no cesaron ahí.
Más de una docena las relevantes. Con menos irregularidades otros casos de alto
impacto fueron desestimados.
•
En el momento de la detención, a Martínez
Perea no se le hacen los motivos de la misma, solo se le informó que era
requerido para una investigación.
•
A Martínez Perea no se le hacen saber sus
derechos en el momento de su detención.
•
La detención se realizó sin la orden de
aprehensión correspondiente expedida por un Juez facultado.
•
Al General Brigadier se le mantiene
incomunicado durante tres días en las instalaciones de la Policía Judicial
Militar. Se ingresó un amparo en contra de este acto, mismo que fue rechazado
por la propia Procuraduría Militar.
•
Martínez Perea fue intimidado diciéndole
que sus coacusados, el Capitán Maya y el Teniente Quevedo, ya habían declarado
en su contra.
•
Al General Brigadier no le fue
proporcionado el nombre de su acusador, ya que se trataba de un testigo
anónimo, quien a lo largo de sus declaraciones no menciona a Martínez Perea,
así como tampoco hace referencia a los cargos imputados.
•
El derecho a la asistencia de un abogado
personal y/o particular fue negado.
•
Los medios de comunicación emitieron un
juicio y/o veredicto del caso sin que el proceso legal se llevara a cabo.
•
A Martínez Perea se le negó el derecho a
una justicia pronta y expedita, ya que todo el proceso desde la detención hasta
la sentencia, duró aproximadamente dos años, durante los cuales el militar
recibió mil quinientos pesos de sueldo.
•
Jamás existió la presunción de inocencia, ya
que el General Brigadier enfrentó todo el proceso privado de su libertad y fue
tratado como culpable, incluso antes de su declaración.
César Gutiérrez Rebollo, hijo del General Gutiérrez
Rebollo –quién también fuera imputado por supuestos nexos con el crimen
organizado-, tomó la defensa del General Martínez Perea. “ Mi padre me pide
ayudarlo sin cobrar un peso ya que el pobre hombre estaba viviendo un proceso
similar al suyo”, declara Gutiérrez Rebollo. Desde su participación en el
proceso, la defensa puso obstáculos, incluso amenazó con iniciar una nueva
causa penal. Las irregularidades en el proceso continuaron.
•
No se permitieron pruebas pertinentes,
tales como el careo con el Sr. Gilberto ‘El June’ García Mena por falta de
seguridad –según Justicia Militar-, lo cual deja en claro la incapacidad de el
Ejército Mexicano para trasladar a el General Brigadier al Penal de la Palma.
•
Al equipo legal del militar se le negó el
acceso a los registros y expedientes de la investigación.
•
Durante el Consejo de Guerra, dos policías
judiciales militares aseveraron no poder constatar ni corroborar la información
que sirvió de sustento para la imputación de la cual fue objeto Martínez Perea.
•
Existen testigos “de oídas”, quienes nunca
declararon y/o dieron sus nombres en la causa penal 568-2003 por temor a
represalias, según indica Justicia Militar.
•
En la causa penal mencionada con
anterioridad, fueron presentados 72 testigos, quienes en ningún momento
pudieron aportar pruebas contundentes para constatar la culpabilidad del
General Brigadier.
•
La filtración anónima nunca fue investigada
y fue enviada al punto neurálgico Sección Segunda de Inteligencia del Estado
Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional –solamente conocido por el personal
castrense-, lo cual hace deducir que dicha información fue enviada por un
miembro de las Fuerzas Armadas.
•
Existieron miembros del 21º Regimiento de
Caballería Motorizada que fueron objeto de tortura, misma que fue manifestada
en sus declaraciones y a viva voz durante el Consejo de Guerra y que nunca
fueron consideradas para el veredicto.
“Estoy con un futuro incierto, no tengo trabajo, con 70
años de edad sin ninguna pensión sin nada que me respalde, después de 40 años
de servicio al Ejército mexicano”, responde con el aplomo propio de un General,
Ricardo Martínez Perea.
Reflexión que resume la grave situación de involucrar a
las Fuerzas Armadas en labores policiales.
Fuente.- Redacción
Estado Mayor
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