Cada que vez que se aparecen inconsistencias en el caso Iguala, la Procuraduría General de la República (PGR) consigue una declaración o una confesión que llene el hueco, señala el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
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La declaración, advierte, es la prueba reina en México y la confesión el elemento determinante para imputar responsabilidades.
"Muchas veces de manera 'espontánea' en nuevas declaraciones se van añadiendo hechos que corrigen las 'imprecisiones' de versiones anteriores", apunta.
Un ejemplo es la forma como la PGR sustentó que un número menor de normalistas, y no los 43, habrían sido incinerados en el basurero de Cocula.
El 7 de septiembre de 2015, un día después de que el GIEI presentó su primer informe, en el que rechazó la versión del basurero de Cocula, Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, declaró que "un grupo importante", pero menor, había sido incinerado.
"Esta nueva versión, en la cual un número menor de estudiantes habría sido asesinado en el basurero de Cocula, hasta ese momento no había sido expresada en ninguna de las declaraciones rendidas por los presuntos integrantes de Guerreros Unidos", señala el informe.
Los cinco detenidos como presuntos autores materiales de la incineración de los normalistas en el basurero de Cocula hablan de al menos 40 estudiantes llevados ahí.
El 17 de septiembre de 2015, diez días después de las declaraciones de Zerón, Gildardo López Astudillo, "El Cabo Gil", dio la primera declaración referente a que un número menor de normalistas fue llevado al basurero de Cocula.
"Este hecho muestra un problema que se ha dado a lo largo de la investigación en otros momentos, la autoridad le parece dar credibilidad a nuevas versiones, sin claridad sobre los criterios para hacerlo, ni las consecuencias para el conjunto de la investigación y frente a otras declaraciones tomadas hasta entonces", reprocha el GIEI.
Para el Grupo, también es cuestionable cómo se buscó sustentar la versión original de que los 43 normalistas fueron incinerados.
Las primeras declaraciones las dieron Jonathan Osorio Cortés, "El Jona"; Agustín García Reyes, "El Chereje", y Patricio Reyes Landa, "El Pato", detenidos el 27 de octubre de 2014.
Felipe Rodríguez, "El Cepillo", y Miguel Ángel Landa Bahena, "El Duvalín", fueron detenidos el 15 de enero y el 10 de abril de 2015, respectivamente.
Landa Bahena ofrece la declaración más detallada y abunda sobre el número de llantas usadas en la pira. Indica que fueron 40 y no 20 los litros de gasolina rociados e incluso que llevó una motosierra para obtener madera, lo que no dijo ninguno de los otros cuatro detenidos.
En tanto, López Astudillo indicó, sin que se le preguntara, que los autobuses de pasajeros no se usan para transportar droga a Estados Unidos.
"Esa declaración se dio días después de la presentación del informe Ayotzinapa del GIEI de septiembre de 2015, cuando por primera vez es el Grupo quien sugiere investigar el posible móvil del traslado de estupefacientes en los autobuses de Iguala a Estados Unidos", señala el reporte.
El GIEI también cuestiona que en el tercer peritaje del basurero de Cocula se haya planteado al panel de especialistas en fuego si los restos encontrados, la carga de combustible y horas de combustión eran compatibles con las declaraciones de los presuntos responsables.
Según el Grupo, el análisis de la consistencia de los testimonios de los inculpados y cómo éstos habían sido obtenidos no es competencia del panel e ignora los hallazgos sobre el trato a los detenidos.
Tanto "El Duvalín" como "El Cabo Gil", detalla, denunciaron que fueron torturados, y ambos se encuentran entre el grupo de 17 inculpados en los que el GIEI pudo comprobar que fueron víctimas de esta práctica.
Según los informes médicos y el análisis del GIEI, en ambos casos, las lesiones fueron cometidas antes de que dieran sus declaraciones.
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